La posibilidad que tiene una mujer para establecer un acuerdo, remunerado o no, de gestación para alguien más es motivo de divisiones –irreconciliables, pareciera– entre los feminismos, empezando desde la manera en la que se nombra ese acuerdo: mientras que el término “maternidad subrogada” es criticado por algunas por suponer la maternidad jurídica o emocional de quien gesta, el concepto de gestación subrogada es señalado por otras por considerar que legitima una práctica nociva a la que prefieren referirse como “alquiler de vientres” o “explotación reproductiva”.
Para las autodenominadas feministas radicales,
((A nivel mundial Stop Surrogacy Now es quizá la coalición más conocida, y en México femmva es la más notoria. “No somos vasijas” es un grupo de abolicionismo surgido en España; sus argumentos se pueden consultar en nosomosvasijas.eu.
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la “renta de úteros” es inherentemente deplorable; la única respuesta admisible es rechazarla mediante su absoluta prohibición. Consideran que no es más que una forma de esclavitud disfrazada, reflejo de una estructura de opresión que reduce a las mujeres a meras “vasijas” y se aprovecha de sus necesidades económicas con el fin de enriquecer a una industria millonaria y satisfacer el deseo de unos cuantos por tener hijos biológicos. Afirman que cualquier tipo de regulación normaliza esa práctica y sospechan que cualquier postura distinta a la suya debe esconder un interés económico, una intención patriarcal o una evidente ingenuidad liberal.
Los abusos documentados alrededor del mundo contribuyen a fortalecer estas intuiciones: quienes contratan suelen tener un poder adquisitivo mayor que las mujeres que gestan, lo que favorece situaciones de explotación, sobre todo en acuerdos transfronterizos. Con frecuencia, los intermediarios actúan de manera inescrupulosa, reclutando mujeres en condiciones de marginación y haciéndolas firmar contratos dudosos, omitiendo información acerca de los riesgos a los que se someterán e incurriendo en graves conflictos de interés. Después realizan ferias alrededor del mundo, ofreciendo catálogos de gametos “VIP” y la promesa de entregar un hijo con características específicas –por lo general, blancas y occidentales– con la mayor comodidad posible para quien contrata, lo cual incluye, por ejemplo, que puedan determinar la forma y fecha de su nacimiento.
La existencia de estos casos es innegable, pero son solo una parte de la historia, en la que además el prohibicionismo ha resultado un mecanismo inútil. Lejos de eliminar la gestación subrogada, su prohibición en países previamente permisivos ha llevado a que continúe de forma clandestina o bien migre a otras regiones. La penalización tampoco ha tenido como consecuencia la desaparición de la industria ni de sus representantes más cuestionables, sino el encarcelamiento de mujeres pobres y su mayor precarización. Sin así buscarlo, la prohibición ha profundizado los problemas que pretende resolver.
Los países europeos, representantes destacados del abolicionismo, podrán penalizar estos acuerdos dentro de sus fronteras e implementar dicha prohibición de manera relativamente efectiva, pero no pueden impedir que sus ciudadanos viajen a otros países para llevarlos a cabo. Estados como el francés y el español sin duda lo han intentado, negando documentos de identidad a recién nacidos que llegan al país como resultado de acuerdos de gestación transfronteriza, atrapándolos en un limbo jurídico y geográfico durante años. Esto tampoco ha servido como mecanismo disuasorio. En cambio, le ha valido a Francia dos sentencias en su contra por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (los casos Labassee y Mennesson), en las que se concluyó que el Estado francés había violado el derecho a la vida privada de los niños al negarles el reconocimiento de los vínculos de filiación con quienes habían actuado como sus padres durante más de diez años y con quienes tenían además vínculos genéticos. El tribunal estableció en ambas sentencias que el argumento del Estado francés para no otorgar documentos de identidad no era compatible con su obligación de tomar en cuenta el interés superior de los menores como consideración primordial en todas las decisiones que afecten su vida. A la fecha, la política de Francia continúa siendo negar dichas solicitudes.
Mientras estas naciones insisten en el argumento de que su interés público justifica violar los derechos de niñas y niños, la práctica migra a países con mayor desigualdad e instituciones más débiles, donde los abusos documentados son mayores y donde se termina legislando de manera improvisada en respuesta a escándalos mediáticos y con base en prejuicios y desinformación.
El caso de Camboya es un ejemplo claro: al convertirse en un destino de gestación subrogada internacional tras las restricciones impuestas en países vecinos, el Ministerio de Salud publicó una directriz que estableció la suspensión provisional de la gestación por contrato comercial y su equiparación con el tráfico de personas. Esto llevó, en julio de 2018, al arresto de 32 mujeres por participar en acuerdos de este tipo. Permanecieron seis meses en prisión, todas embarazadas. En diciembre pasado, fueron liberadas bajo la condición de que aceptaran criar a los niños que habían parido como sus hijos.
((Eleanor Lynam, “Cambodia releases detained surrogates”, BioNews, núm. 979, 10 de diciembre de 2018.
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Este no parece ser un resultado deseado por las abolicionistas, que tienden a considerar a las mujeres gestantes como víctimas y no como posibles victimarias de los delitos que su corriente insiste en tipificar; pero es un desenlace imposible de desvincular de las narrativas que han fomentado, pues equiparan la gestación subrogada no solo con la trata de personas sino con la venta de niños. Al mismo tiempo, la noción –durante siglos combatida desde los feminismos en relación con el aborto– de que una mujer embarazada necesariamente genera un vínculo con el producto que gesta es evocada con frecuencia por las abolicionistas para argumentar en contra de la práctica y resaltar que, además de una forma de explotación, implica una cruel separación entre las niñas y los niños resultados de estos acuerdos y sus “verdaderas madres”. De nuevo, lejos de combatir los casos de explotación, esto contribuye al estigma y criminalización de las mujeres que participan en acuerdos de gestación remunerada.
Entre las feministas que no se identifican con el abolicionismo existe un amplio espectro de posiciones y debates. Hay personas críticas de los discursos fomentados por la industria de la reproducción asistida, particularmente en relación con las narrativas raciales que fomenta
((Carolin Schurr, “From biopolitics to bioeconomies: The ART of reproducing white futures in Mexico’s surrogacy market”, 2017.
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y la dicotomía entre altruismo e interés económico planteada por quienes rechazan el “mercado” de la gestación subrogada, pero afirman su legitimidad si se realiza sin dinero de por medio.
((Amrita Pande, Wombs in labour: transnational commercial surrogacy in India, Columbia University Press, 2014, y April Hovav, “Producing moral palatability in the Mexican surrogacy market”, Gender & Society, vol. 33, núm 2, 2019, pp. 273-295.
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Existen organizaciones que documentan patrones de abusos fomentados por intermediarios y trabajan por encontrar la manera de distinguir las situaciones de explotación.
((Por ejemplo, SAMA en la India: samawomenshealth.in
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Hay estudios etnográficos que buscan dar voz a las propias mujeres gestantes y señalan sus motivaciones múltiples, complejas y a ratos contradictorias. La pregunta clave es si se pueden establecer reglas del juego que permitan la existencia de contratos éticamente aceptables y en qué términos. Son cuestionamientos complejos pero genuinos, descartados a priori por la perspectiva “radical”.
El debate entre las posturas feministas con respecto a la gestación subrogada se remite a un desacuerdo de fondo sobre, entre otras cosas, el contenido del concepto de autonomía y la posibilidad de tomar decisiones íntimas, riesgosas y controversiales en contextos de desigualdad y ante intereses de mercado poderosos. Buscar consensos claros entre posiciones tan contrarias sería poco realista. Pero descartar cualquier perspectiva distinta bajo la acusación de intenciones perversas cede el espacio para que clínicas, agencias y otros grupos de interés continúen dominando la práctica y los Estados e instancias internacionales ofrezcan respuestas torpes ante estas realidades. Más aún, descartar la voz de las propias mujeres gestantes por considerarlas enajenadas desperdicia una oportunidad importantísima para acercarse hacia un feminismo más horizontal que esté dispuesto a escuchar, discutir y, de forma honesta, considerar la posibilidad de equivocarse. ~
es coordinadora de investigación del GIRE
