Lorenzo Córdova concedió a Letras Libres su última entrevista como presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Como cabeza de esa institución le tocó arbitrar la elección de 2018, que dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, y casi enseguida comenzó a recibir los ataques del presidente. En noviembre de 2022 y en febrero de 2023, por primera vez en la historia de México, millones de ciudadanos en todo el país salieron a defender su institución electoral. Lorenzo Córdova será recordado como un presidente consejero que, con las armas de la democracia, supo enfrentar el autoritarismo presidencial.
Ingresaste al IFE propuesto, entre otros, por el PRD, dirigido en ese entonces por Andrés Manuel López Obrador. Tu padre fue su amigo. Arbitraste la elección en la que resultó electo presidente. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se dio el desencuentro con el presidente López Obrador?
Se dice que me propuso el PRD, pero no tengo constancia de que haya sido así. En 2007 me inscribí para participar como consejero, y no fui seleccionado. Se mencionó mucho mi nombre, afortunadamente no fui lastimado por “la trituradora de famas públicas”, como llama José Woldenberg a este proceso. En 2011 me plantearon la posibilidad de volver a inscribirme, pero para mí era un capítulo cerrado. Después de un año y tres meses de retrasos, las negociaciones se habían estancado, recibí llamadas de los coordinadores parlamentarios invitándome a participar: una designación por consenso resultado de un arreglo entre ellos. La primera llamada que recibí fue la de Armando Ríos Peter, presidente de la Junta de Coordinación Política en ese momento y coordinador del PRD, pero inmediatamente después me hablaron los demás coordinadores. Saber que no le debes a ningún partido político el cargo es algo bueno en este oficio.
Con el licenciado López Obrador no tenía una relación particular. El vínculo que tenía con él se dio a través de mi padre. En el último periodo del PRD se frecuentaron mucho y esta relación continuó hasta la formación de Morena, del que mi padre fue fundador. Él siempre guardó distancia con los líderes del PRD. Fue muy crítico con las dirigencias personalistas que existieron en el PRD. Por sus estudios sobre Lázaro Cárdenas se granjeó la amistad de Cuauhtémoc, sin dejar de ser muy crítico respecto a su liderazgo, como lo fue también con Porfirio y con López Obrador. Con éste último, con el paso del tiempo, estrechó lazos. López Obrador fue muy generoso en el trato con mi padre, decía que había sido su maestro. Mi padre no se acordaba de eso, pero lo asumía por cierto. En los años setenta la Facultad de Ciencias Políticas era muy pequeña y prácticamente todos los que pasaron por ahí habían tomado clases con él.
Se forjó una amistad entre ellos al grado de que López Obrador fue el padrino de la boda civil del segundo matrimonio de mi padre en 2009. Convivimos en la casa de mi padre, en Tlalpan, donde se realizó la ceremonia y el festejo. Más tarde, a través de varios amigos comunes, como José María Pérez Gay, nos reunimos en su casa cuando el era presidente del PRD. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones. Públicamente nunca hubo ningún trato descortés, al contrario. Recuerdo una de las últimas veces, regresando de Querétaro, en la conmemoración del centenario de la Constitución, nos encontramos en la famosa barbacoa Santiago, y me acerqué a saludarlo. Le dije que había que vernos, y el trato fue muy cordial. Luego, al principio de su gobierno, cuando coincidíamos en los actos oficiales, el trato fue igualmente cordial. Desde mi lado nunca hubo una ruptura. Cierto que nunca López Obrador aceptó un acercamiento. En varias ocasiones, a través de múltiples interlocutores, como Julio Scherer, Alejandro Esquer, Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López, yo planteé que era importante encontrarnos. Para mí era importante explicarle cómo funcionaba el INE, aclararle muchos de los malentendidos que tiene el presidente respecto al Instituto. Creo que al presidente se le ha mal informado o no conoce lo que es el INE, por lo que buena parte de sus descalificaciones tienen que ver con esa falta de conocimiento. El presidente me mandó decir, luego de varias insistencias, que no quería que nos viéramos porque no quería que se interpretara que se metía con la autonomía de INE. No insistí.
En el fondo no es que se haya roto la relación. Hay quien dice que tiene que ver con la elección de 2006, pero en 2006 yo no estaba aquí. En ese año firmé un desplegado, con muchos otros intelectuales y periodistas, que sostenía que no había pruebas de lo que él argumentaba, que el Tribunal Electoral era quien tenía todos los elementos y que lo dejáramos decidir. Esa era la esencia del mensaje. No sé siquiera si se enteró que yo había firmado ese documento porque fue hasta hace poco que comenzó a mencionarlo.
Recuerdo la llamada que le hice después de ganar la elección de 2018. Él me dijo, tuteándome: “Lorenzo, te has ganado un lugar en la historia”. Un par de semanas después, el INE aprobó sancionar a Morena por un caso de corrupción en el fideicomiso para la reconstrucción. El gobierno anterior nos había presionado muchísimo, pública y privadamente, para que sancionáramos el caso antes de las elecciones, cosa que no hicimos porque no teníamos elementos para poder hacerlo. Había ilícitos, desde mi punto de vista, pero no teníamos elementos para suponer que el dinero de ese fideicomiso había ido a parar a la elección. No íbamos a manchar la elección y hacerle el juego político a quienes gobernaban en ese momento. Sin embargo, al estar convencido de que había irregularidades, los consejeros decidimos aprobar una sanción dos semanas después de la elección.
El INE siempre ha sido sujeto de presiones. Yo recibí presiones desde el día que tomé posesión. Me querían imponer un secretario ejecutivo. Rechacé esas presiones.
Dos semanas después de esa llamada en la que López Obrador me dijo que me había ganado un lugar en la historia, ya como presidente electo públicamente dijo que el INE era el autor de una vil venganza. A partir de ese momento se volvió una relación tensa, cordial pero tensa.
El momento en el que se desató toda la agresión y el hostigamiento de parte del gobierno federal, y de los circuitos gubernamentales, fue en la elección del 2021, más bien: de cara a la elección del 2021, cuando tomamos algunas decisiones, muy similares a las que habíamos aplicado a otros partidos, que no les gustaron, como la cancelación del registro de algunas candidaturas, la determinación de un acuerdo para hacer cumplir lo que dice la Constitución sobre los límites a la sobrerrepresentación, etcétera.
Hay quien argumenta que el distanciamiento fue producto de que no nos quisimos bajar los sueldos. No fue así. Ahora ya es momento de contarlo. El INE fue el primer órgano que bajó los sueldos de los altos directivos. Antes incluso de la elección de 2018. Lo hicimos en el 2017 en el contexto del gasolinazo. Lamentablemente un colega impugnó ante el Tribunal Electoral y éste nos impidió bajarnos los sueldos. Durante el periodo de la transición yo lo platiqué con Scherer, le dije que por parte de nosotros había la disposición de reducir el sueldo de los altos directivos, los consejeros y los miembros de la junta ejecutiva, hasta el límite que implicaba no tocar los sueldos y prestaciones de la estructura del servicio profesional electoral. El ajuste significaba una reducción del 10 o 12%, además de que llevamos doce años con los sueldos congelados. Un par de semanas después de haberlo consultado, Julio Scherer me dijo que no, que el presidente nos mandaba decir que había que ajustar los sueldos a lo que él decía, que no era un asunto de querer o no. No lo hicimos, hacerlo implicaba una violación a la Constitución. La Constitución prohíbe que alguien tenga una remuneración mayor a la del presidente, no un sueldo. Nosotros no tenemos una remuneración mayor a la del presidente. La propia Constitución dice que la remuneración no solamente es el sueldo y las prestaciones, sino también todos los beneficios, en especie o económicos, que recibe el funcionario público. En cuatro años la Cámara de Diputados ha incumplido el mandato de la Corte y no ha fijado la remuneración del presidente. Nadie sabe cuál es la remuneración del presidente. Si se toma en cuenta su habitación, su servicio personal, su vestuario, su alimentación, el aseo de sus domicilios, e incluso el personal, nadie tiene México una remuneración mayor. La reducción de lo sueldos fue el pretexto. No hubo un momento de quiebre en cuanto tal sino que, tal vez, el asunto del fideicomiso pudo detonar su animadversión del INE, como consecuencia de lo que sucedió en el 2006. El problema es que en 2006 no existía el INE. No habían ocurrido las dos grandes reformas que impiden que vuelva a ocurrir lo que pasó en 2006.
Si no fue una animadversión personal sí fue un quiebre institucional. Fue un choque directo del Ejecutivo contra el organismo electoral. ¿Crees que el gobierno de López Obrador tiende hacia la autoritarismo, a partir del acoso hacia el Instituto?
El presidente encabeza un gobierno que tiende a la concentración de poder. Como todo poder, es repelente a los mecanismos de control. El INE, como órgano constitucional autónomo, es un órgano de control del poder público y privado. Es un órgano de control de los partidos políticos ya que tiene que fiscalizarlos, auditarlos y vigilar que cumplan la ley. Es un órgano de control de los medios de comunicación porque vigila que no se violen las reglas de comunicación política. Es un órgano de control del poder público porque vigila que los servidores públicos, desde el presidente hasta cualquier funcionario municipal, no violen la debida neutralidad en las contiendas políticas. El INE no solo organiza elecciones, garantiza la integridad de las elecciones, de los derechos políticos y, por lo tanto, es también un órgano de control electoral. Eso es lo que está en el fondo.
Al gobierno lo que le gustaría es que el INE fuera un órgano “de control” como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está completamente plegado a la voluntad de presidencial y dispuesto a ejecutar los designios del poder. En el INE nunca lo hemos hecho, no lo hicimos antes ni lo hacemos con el actual gobierno. Y, por su propia naturaleza, el INE no lo hará en el futuro. Presiones ha habido siempre. Pongo como ejemplo el espionaje telefónico del que fui objeto. Ni la anterior procuraduría ni la actual fiscalía han investigado nada. La impunidad es un sello distintivo del país, antes y ahora. No se sabe quién me espió. Pero me quedan claro dos cosas: una, en México se espía desde el poder; y dos, desde el poder, el anterior no investigaron porque había la intención de lastimar a un órgano autónomo. En estos tiempos de concentración del poder, como pocas veces lo habíamos visto, los órganos de control resultan incómodos. Buena parte de la animadversión hacia el INE tiene que ver con que nunca nos plegamos a los designios del poder. Somos autónomos. No trabajamos, aunque se haya querido promover esa imagen, para la oposición, porque también hemos sancionado a los partidos de oposición. Actuamos de manera independiente, autónoma y eso molesta al poder.
Respecto a la Reforma electoral de López Obrador, ¿crees que tenga la finalidad de controlar al órgano electoral de cara a las elecciones del 2024? Me refiero al Plan A y al Plan B.
El Plan A, sin lugar a dudas. El Plan dinamitaba los cinco grandes pilares del sistema electoral que hemos logrado establecer y garantizar desde la Constitución: la independencia y la autonomía de los órganos electorales, la existencia de un Servicio Profesional de Carrera altamente especializado, una estructura desconcentrada permanente que le permite al INE estar palpando permanentemente el terreno (cómo se mueve la población, donde hay presencia del crimen organizado y la construcción de una relación de confianza con la ciudadanía), un padrón electoral manejado de manera independiente y autónoma y, por último, condiciones de equidad de la competencia, que implican que los gobernantes no puedan meterse en la contienda electoral. Las elecciones son contiendas entre partidos, no entre el gobierno y la oposición. Estos cinco pilares quedaban claramente dinamitados por la reforma constitucional conocida como el Plan A.
El proceso de elección de los consejeros, mediante una votación popular, abría la puerta a que solamente los aparatos gubernamentales o partidistas podrían financiar las campañas. Se trataba de un claro intento de captura y de cooptación del órgano electoral. Estos intentos, por cierto, no son nuevos: hace unos años se presentó, por parte de Morena, una iniciativa que buscaba no solo debilitar al órgano sino capturarlo políticamente.
El Plan B es algo distinto. Aunque también va en contra de los cinco principios que indique antes, y que están en la Constitución, siendo una reforma legal, hemos alegado ante la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales su inconstitucionalidad. Si tuviera que reducirlo a una sola idea diría que el Plan B tiene el propósito de destazar al INE (como dicen que dijo el secretario de Gobernación cuando fue a cabildear o a dar instrucciones al Senado). Hay datos que lo confirman. Con el pretexto del ahorro, el Plan B desaparece el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral. Lo que no se dice es que el costo de las liquidaciones de esas casi 6,000 plazas es multimillonario. El costo rondaría entre 2,500 y 3 mil millones de pesos, entonces, ¿cuál ahorro? Con la desaparición de esas plazas el INE perdería la capacidad operativa que hoy le permiten, por ejemplo, hacer elecciones como las que recientemente hicimos en Tamaulipas, un estado que no es fácil. Todas las casillas que teníamos propuesto instalar se instalaron y todos los paquetes electorales, pocas horas después de que se cerró la votación, estaban en nuestro poder. Se mostró una capacidad y eficiencia operativa del 100 por ciento. El Plan B dinamitaba esa operatividad.
No sé si el Plan B buscaba una captura del Instituto, pero lo que sí tengo claro es que se buscaba crear un problema donde no lo había. Buscaba que se viera comprometida la capacidad operativa del INE, que es su gran fortaleza, la razón por la cual es un punto de referencia a nivel internacional. ¿Para qué? Hay quien piensa que si la organización de las elecciones quedaba comprometida, “a río revuelto, ganancia de pescadores”. A lo mejor hay quien busca que las elecciones se conviertan en un problema, eso es lo preocupante.
Se intentó asimismo capturar al Instituto con la renovación del Consejo, pero la suerte –no solo la justicia y la Constitución– estuvieron del lado del INE, porque los cuatro consejeros que van a llegar son todos profesionales. Aunque se dice que algunos tienen vínculos partidistas, uno: no los tienen todos; y dos: conozco a los cuatro, son personas que se van a comportar de acuerdo con la institucionalidad que siempre ha distinguido a la institución. Esto, por supuesto, no significa extender un cheque en blanco.
Durante tu presidencia en el Consejo General del INE desapareció la palabra fraude del vocabulario político mexicano. ¿Cuál era tu visión de la democracia mexicana en 2012, cuando entraste al IFE, y cuál es la imagen que tienes en 2023? ¿Nuestra democracia es más fuerte o más débil?
Difiero de que la palabra fraude haya desaparecido el léxico mexicano. Muchos siguen hablando de fraude, por ejemplo: el propio presidente. Al justificar, hace un año, su iniciativa de reforma electoral, dijo que la iba a presentar para evitar siguieran habiendo fraudes, esto lo dijo en Querétaro el 5 de febrero de 2022, en la conmemoración de la Constitución.
La palabra fraude sigue estando allí. Sin embargo es muy distinto a lo que ocurría hace 35 años. En ese entonces la expresión “fraude” servía para describir algo que ocurría, hoy la palabra fraude es el reflejo de un discurso de fraude a la sociedad. Para decirlo en pocas palabras, el único fraude en materia electoral que existe hoy es el discurso fraudulento de que hay fraude. Ya no hay fraudes. En estos nueve años, y esto puede comprobarse con datos, hubo una gestión exitosa del INE. Cumplimos con lo que constitucionalmente está mandatado, esto es, con organizar elecciones. En estos nueve años se organizaron 331 procesos electorales, entre elecciones federales, locales, ordinarias, extraordinarias, de participación ciudadana, etcétera, y en ningún caso, en ninguna hubo un conflicto postelectoral. Estamos hablando del periodo más largo, en toda nuestra historia, de estabilidad política y gobernabilidad democrática en el ámbito electoral. Litigiosidad, como me gusta decir a mí, ha habido mucha, pero siempre se ha encausado por las rutas. Ha habido impugnaciones ante los tribunales cuyas sentencias han sido todas acatadas. El sistema electoral, entendido como el entramado de procedimientos y de criterios, de procesos, de reglas y de instituciones para renovar pacíficamente el poder, está funcionando. Nunca habíamos vivido un periodo tan largo de tranquilidad y estabilidad política, lo cual quiere decir que el sistema funciona. En este periodo se ha propiciado el nivel de alternancia más alto de nuestra historia. Es de 62 por ciento el promedio de alternancia. La probabilidad que tiene un partido político que ganó una elección de ganar la siguiente ronda electoral es apenas uno de cada dos. La posibilidad de volver a ganar la siguiente ronda electoral es apenas una entre cada tres posibilidades. Es la mejor prueba de que el sistema electoral funciona.
Entre dónde venimos y dónde estamos hay una enorme diferencia, que se puede medir en términos de credibilidad pública. La confianza ciudadana, a pesar de que en el último año hemos sido objeto de una descalificación inédita, desde el poder, de nuestra función, ronda entre el 65 y el 75 por ciento, que contrasta con el 44 por ciento que se tenía hace 9 años. Estos son datos contundentes de que se ha hecho bien el trabajo y de que se ha radicado que las elecciones son confiables y que se ha erradicado ese triste patrimonio de nuestra clase política que es el de recurrir al discurso del fraude, y que la gente se lo crea, cuando pierden una elección.
Debo reconocer que la deslealtad democrática es parte de mis errores. Creí que había más lealtad democrática de parte de los actores, cuando en realidad no la hay. De haberlo sabido, me habría llevado a tomar medidas y proponerle a mis colegas medidas para enfrentar esa deslealtad. Sigue siendo un patrimonio lamentable, que habla de una falta de cultura política y compromiso democrático de los actores políticos, que cuando alguien pierde las elecciones diga que le robaron las elecciones. La gran ventaja es que la ciudadanía ya no lo cree. No es casual que esté ocurriendo algo que era absolutamente impensable y que ha sorprendido a mucha gente en el mundo: la ciudadanía volcada en las calles, no para protestar contra una política pública, no para luchar en favor de una causa como la no violencia contra las mujeres, sino para defender una institución que se asume como propia por la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
No solamente en México sino en varios países de América descendió el aprecio por la democracia. José Woldenberg dice que esto se debe a que la economía le falló a la gente, que no vio mejorar su nivel de vida. ¿A qué atribuyes que haya descendido el aprecio por la democracia?
Coincido con Woldenberg. Se trata de un fenómeno global, no es un problema mexicano. Hace 30 años se hablaba de cuáles eran los problemas de las nuevas democracias, distintos de los problemas de las viejas democracias. Hoy todas las democracias, sin importar su antigüedad o asentamiento en una sociedad, padece de problemáticas y desafíos comunes. Uno de ellos, el más grave me parece, es justamente la incapacidad que han tenido gobiernos democráticamente electos de instrumentar políticas públicas adecuadas para resolver los grandes problemas estructurales en nuestro tiempo: pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y en algunos casos, como el nuestro, violencia e inseguridad. Son problemas globales. Pensemos en Trump. Estados Unidos, a pesar de ser la principal economía del mundo, también vive niveles de desigualdad inéditos en su composición social. Eso está cobrando la factura. México es un país en donde después de más de 100 años de terminada la revolución la promesa de justicia social sigue siendo una promesa incumplida. Han gobernado democráticamente partidos de todas las orientaciones políticas y sigue siendo una promesa incumplida. Todos esos problemas conforman una especie de caldo de cultivo en el abrevan y germinan pulsiones autoritarias, como lo estamos viendo en México y en el mundo. Ese es un gran problema.
La democracia va a hacer las cuentas, y está haciendo las cuentas, con esos problemas irresueltos. El aprecio por la democracia tiende a decrecer o, en el mejor de los casos, está estabilizado, lo cierto es que el número de personas que estarían dispuestas a renunciar a las conquistas democráticas a cambio de que se le resuelvan sus necesidades vitales aumenta. Sin embargo, la gran paradoja que se vive en México es la siguiente: los problemas, ahí están; el aprecio por la democracia –que señalan el Índice de desarrollo democrático, Latinobarómetro y la Encuesta de cultura cívica–, tiende a estar comprometido por estas razones. Pese a ello la salud del sistema electoral, en términos de la confianza pública, contrasta con ese hecho. Cierto, la democracia no se reduce al sistema electoral. El sistema de representación política, el sistema de partidos, la libertad de expresión, son parte de la democracia. Índices globales, como el de The Economist, nos coloca en el límite de estar catalogados como un sistema antidemocrático. Paradójicamente, lo que nos salva de estar ahí es justamente la confianza en nuestro sistema electoral. Gracias al INE, a nuestra institucionalidad electoral, y a la confianza pública que se le tiene, no estamos degradados. Dicho esto, no deja de ser una paradoja. Esto se puede explicar por dos razones fundamentales. La primera, el INE es una institución que funciona bien, y que brinda servicios cotidianos a la ciudadanía que son muy apreciados. El INE expide la credencial para votar con fotografía, que no solamente es el único documento oficial gratuito, sino que además es un servicio que funciona con mucha eficiencia y que permite el resguardo de los datos biométricos y personales más grandes del país; brinda múltiples servicios que son muy apreciados: la autenticación de la identidad cuando uno hace un trámite bancario, ante un notario o en el Registro Público de la Propiedad, sirve también para identificar cadáveres desconocidos o encontrar personas desaparecidas. Hay una utilidad social en las funciones que el INE tiene a cargo más allá del uso para fines electorales. El monitoreo de la radio y la televisión, para dar otro ejemplo. El INE es una institución apreciada. En segundo lugar, el hecho de que ha generado estabilidad política. Hay una consciencia cada vez mayor, por parte de la ciudadanía, de que su voto ya no solamente es un derecho que le permite elegir a quien nos gobierna y nos representa sino que también es un mecanismo poderosísimo de rendición de cuentas, que nos permite premiar o castigar con nuestro voto a buenas o malas gestiones públicas. Así se explica el índice de alternancia. Es también una prueba de que no hay fraudes. El fraude lo hacen los gobiernos. Si los gobiernos que no gobiernan bien son echados por el voto ciudadano es que no hay fraudes. Estas dos razones están detrás de ese aprecio público por el INE que tanto molesta a los circuitos gubernamentales, y que constituye hoy ese cinturón de seguridad que le permite al INE operar ejerciendo en cada decisión su autonomía aunque el poder político se moleste.
El secretario de Gobernación declaró que podrías ser investigado al término de tu gestión, viene la persecución luego del acoso. ¿Qué vías cívicas y legales adoptarás para tu defensa?
Es el sello de la casa. El presidente, después de la primera declaración en ese sentido, dijo que no me preocupara, de que no me van a perseguir. Me parece que ese es el anuncio de que me van a perseguir políticamente a mí y a quienes ejercimos nuestras funciones en el INE: resultamos incómodos porque no nos plegamos a los designios del poder. Hay elementos para pensarlo así, no son suposiciones, son datos reales. En los últimos años se presentaron en mi contra tres o cuatro demandas de juicios políticos. Por primera vez, en la época de la transición, en los últimos 32 años, un conjunto de funcionarios electorales, por tomar decisiones en el ámbito de sus responsabilidades, fuimos denunciados penalmente, y no por cualquier personaje, por el que entonces era el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en el Consejo tomamos decisiones, que podían ser impugnadas por las rutas jurídicas previstas para ellos, como el Tribunal Electoral, que buscaban poder cumplir con lo que la ley nos mandata en términos de la revocación de mandato, ante el irracional recorte presupuestal de que fuimos objeto.
Esto formaba parte de los acuerdos implícitos del arreglo democrático: no usar el brazo penal del Estado para perseguir políticamente a funcionarios. Tan era absurda la denuncia que la propia Fiscalía tuvo que desestimarla, después de mantener abiertos los expedientes siete meses y, casualmente, dejarlos así hasta que se realizaron las elecciones de 2022. Pero ahí están: la descalificación pública, las mentiras con las que nos han desacreditado, habla de un ánimo de persecución del poder público. Sobre todo en tiempos en los que para el Gobierno, para el poder, es indispensable la narrativa de que haya algún enemigo del pueblo.
Mucho me temo que, además de que ahora perdemos la protección institucional que nos confieren nuestros cargos (por cierto, hoy se me acaba el fuero), un gobierno con vocación autoritaria, como reiteradamente ha demostrado tener el actual, claro que nos va a perseguir. Lo dijo el secretario de Gobernación, acaba de decir que se nos va a indagar. ¿Por qué se nos va a investigar a nuestra salida y no se nos ha investigado antes?
El INE es la institución más transparente del Estado mexicano. Incluso el titular del órgano interno de control, que ha demostrado una y otra y otra vez intencionalidades políticas en su actuación, no ha logrado demostrar ningún caso de corrupción relevante en el propio instituto, y en todos los casos que se han presentado siempre ha contado con el respaldo de la presidencia del INE. Por cierto, teniendo en cuenta de que hoy se espía en México, como lo ha documentado en numerosas ocasiones la prensa, sabiendo también que hay una animadversión personal del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en nuestra contra, que seguramente indaga, no sé si legal o ilegalmente, nuestros manejos financieros, no ha encontrado nada. Van a seguir con esto porque el régimen necesita construirse una Némesis, aunque yo nunca he sido Némesis de nadie. Va a venir un periodo de persecución.
Mencionabas lo del secretario de Gobernación. Hace dos o tres semanas el propio Pablo Gómez, titular de la UIF, declaró –por cierto, no sé por qué se mete ese señor en cuestiones electorales, aunque entiendo que es un brazo de persecución del poder— que si hacíamos efectivo el derecho a nuestro finiquito, lo que es un derecho que tienen todos los trabajadores en el país, porque las leyes del trabajo todavía están vigentes, nos iban a denunciar. No quiero ser paranoico, pero es el sello de casa. Lo han hecho y nos están anunciando que lo harán. Es claro que van a irse sobre nosotros. Necesitan hacerlo para validar su narrativa –que se ha demostrado una y otra y otra vez que es falsa– de que en el INE se cometen irregularidades, de que nosotros no actuamos con apego a la Constitución.
¿Qué vamos a hacer? Soy un hombre de leyes, soy abogado. Cada vez que he tenido que recurrir al derecho para confrontar el abuso del poder, lo he hecho, en lo personal e institucionalmente. La reforma legal –abusiva, arbitraria, sin duda aprobada por una mayoría legítima, pero que renunció a la política, en el sentido de construir con las oposiciones las reglas del juego a las que todos van a tener que someterse– la impugnamos ante la Suprema Corte y otros tribunales, y estamos obteniendo en las últimas semanas una serie de triunfos jurídicos. Si en su momento, vulneraciones, violaciones como las que llevó a cabo la Cámara recortando el presupuesto, fueron impugnadas ante la Corte; si los abusos que, desde el poder, que vulneraban los derechos laborales de los trabajadores del INE, fueron impugnados ante la Corte, si en su momento la denuncia penal que hicieron contra algunos consejeros fue enfrentada jurídicamente, como un hombre de leyes, un hombre de derecho, y como ciudadano de la república que confía todavía en la existencia –a pesar de los intentos por derruirlo– de un Estado de Derecho en México, como lo han demostrado los tribunales que han resistido el acoso del poder, recurriré en su momento, si es necesario, a todas las instancias jurídicas que en México los ciudadanos todavía tenemos a nuestro alcance, aunque esto moleste al poder. Estoy seguro que los tribunales, que son los guardianes del Estado democrático de derecho, los últimos guardianes, nos darán la razón frente a los intentos que seguramente van a venir desde el poder.
La raíz política de México, prehispánica y virreinal, es autoritaria y vertical. Luego de un siglo XIX convulso, Díaz restaura el autoritarismo y, con ropajes republicanos, lo continúa el PRI. Son muy pocos los periodos democráticos en México. ¿Piensas que México es un país democrático o uno que tiende hacia el autoritarismo?
Te voy a hacer una confesión. En mi tesis de licenciatura, presentada en la Facultad de Derecho, critiqué mucho una idea que Octavio Paz plasmó en Posdata, en el sentido de que el presidencialismo mexicano es una secuela de la figura del tlatoani y del virrey. Esbozó esta idea primero en El laberinto de la soledad pero la desarrolló en Posdata. Según yo, Paz nos condenaba, debido a la idiosincrasia del mexicano, históricamente hablando, a ser un país que requiere de un gobierno autoritario. Me rebelé ante esa idea. Cuando uno es joven suele ser irreverente con los grandes maestros. Ahora pienso que en México sí hay una tendencia natural hacia el ejercicio del poder en clave autoritaria, aunque tampoco creo que sea nuestro destino manifiesto. La historia reciente lo enseña.
Creo que México adolece de un presidencialismo constitucionalizado, la propia Constitución lo señala. Algunas más, algunas menos, desde la Constitución del 24 y la del 57, quizá ésta última menos, todas establecen un régimen con una presidencia más o menos fuerte. México adolece de un presidencialismo político, resultado del sistema que se fraguó al cabo de la Revolución Mexicana, en el cual el presidente se convirtió en el punto de inflexión y de articulación de todo el sistema político. A partir de lo que Jorge Carpizo llamaba “las facultades metaconstitucionales”, o a partir de lo que Arnaldo Córdova pensaba que era el corporativismo mexicano, articulado en torno al partido gobernante. Si bien es cierto que menguó el presidencialismo político en el periodo de la transición, con la creación de los organismo autónomos constitucionales, esa tendencia ahí está, sigue ahí. México, como dice Ricardo Becerra, adolece de un presidencialismo mental. Te lo explico de otra manera: son pocos los países, como México, en donde en las escuelas elementales, en las primarias, ante la pregunta “¿qué quieres ser de grande?”, están los que dicen “policía”, “bombero” o “astronauta”, pero nunca falta el listillo que dice: “yo quiero ser presidente.” Cuando ocurría eso, los demás que habíamos dicho cualquier otra cosa, le decíamos a la maestra: “¿Puedo cambiar? Yo también quiero ser presidente.” Esta es una expresión de ese presidencialismo mental.
Lo vemos todos los días. Cuando el presidente López Obrador recorre el país, todo el mundo se acerca para hacerle una petición: “presidente, ayúdenme con una beca para mi hijo. Presidente, resuélvame esto, mi pariente esta enfermo”. Persiste la idea de que el presidente es alguien todopoderoso del que dependen todos los designios de la sociedad y del país mismo. Eso habla de una vocación poco democrática. Dice Tocqueville en La democracia en América que existía una tendencia histórica inevitable hacia sociedades cada vez más iguales, lo que implicaba que la democracia, como forma de gobierno entre iguales, terminaría instaurándose, pero también decía que la mejor escuela de la democracia es la práctica. Las elecciones, la participación, las discusiones en los ayuntamientos o en los cabildos, en los que la gente se involucra en los asuntos públicos. No creo que no tengamos una vocación democrática sino que los espacios en nuestra historia en los que hemos, puesto en práctica la democracia han sido los menos. Hoy vivimos, luego de 31 años, el periodo más largo de vida democrática en toda nuestra historia. Primero el periodo, después de la Constitución del ‘57, que nos duró muy poco, hasta la Guerra de Reforma y luego el intervencionismo francés. Luego el experimento efímero de Madero. La Constitución de 1917 fue una reacción a ese experimento fallido. Madero fue tan democrático que incluyo hasta los que fueron los sepultureros de la democracia (Huerta y los ex porfiristas.) Estamos viviendo un periodo inédito.
Viendo esto con optimismo te puedo decir: sí creo que existe una fuerte raigambre de pensamiento que indica que necesitamos un líder que nos guíe y que nos resuelva todos los problemas, encarnado en el presidente. Pero también es cierto que nunca antes en la historia del país –y mira que hemos tenido luchas democráticas importantes, desde el 68, incluso antes: los movimientos sindicales, ferrocarrileros, el magisterial, el de los electricistas, etcétera–, habíamos vivido un momento tan largo en democracia, un fenómeno que debería llevarnos al optimismo. No es casual lo que está ocurriendo ahora, al cabo de 30 años de vida democrática. No quisiera decir que es el despertar de una sociedad, pero sí es el cobro de conciencia de la sociedad de que a la democracia se le defiende, que los derechos políticos no son concesiones gratuitas del poder, no es algo que cae de lo alto sino, como todos los derechos a lo largo de toda la historia de la humanidad, son conquistas que se arrebatan al poder y se defienden frente al poder, incluido los derechos políticos, los derechos democráticos, incluida la institucionalidad democrática.
Lo que ocurrió en noviembre y en febrero es algo absolutamente inédito. No es una mera protesta en contra de alguna política pública. Esas la ha habido y seguramente las seguirá habiendo. Es la gente en la calle defendiendo a sus instituciones democráticas. Me lo decían varias personas en el extranjero, en una reunión que tuvimos autoridades electorales en Estocolmo en noviembre pasado. La gente que sale a la calle a defender una institución que es garante de la democracia, no se había visto. Es justo lo que está ocurriendo ahora en Israel. Es la expresión de algo que está surgiendo en el mundo y que podría ser muy benéfico. Son buenas noticias para nuestro sistema democrático. Lo que pasó en febrero, que mutó de la lógica de que “el INE no se toca”, a “mi voto no se toca”, creo que nos da muchas esperanzas de que en México, a pesar de todos los problemas, la democracia ha logrado sentar sus reales. Y que este período, que es el más largo de democracia que hemos tenido, todavía tiene mucho por dar.
Si tu optimismo se funda en una ciudadanía activa y participativa, ¿crees que las instituciones, el entramado institucional, resista el embate autoritario?
Mi optimismo se funda en dos cosas. Por un lado está la reivindicación de la ciudadanía como la constructora, la autora y por ende la defensora de la democracia en México. En México la democracia no se construyó en un día, la democracia no es obra de un solo hombre, de un solo partido, de una sola ideología, de una fuerza política, sino que es el resultado de un compromiso histórico de distintos actores políticos que, a pesar de sus diferencias ideológicas, decidieron pactar condiciones de acceso democrático al poder. Estuvo sustentado en una construcción social colectiva. La democracia es obra de la sociedad mexicana que decidió dejar atrás un pasado autoritario.
En estos días se está revelando que la defensa de la democracia tampoco es obra de una institución, ni de los titulares de alguna institución, ni de algún partido político, sino que es una construcción social. Hay un libro fantástico de John Keane que se llama Vida y muerte de la democracia. Este célebre politólogo australiano identifica cómo la democracia, en formas muy exiguas, particulares y diversas, ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad –desde Babilonia hasta nuestros días, con momentos de esplendor, como la Atenas clásica—de una forma avasallante, aunque ahora con un retroceso también verificable. También dice que las democracias mueren. Cuando la democracia muere podemos encontrar al autor de la muerte de la democracia, aquel o aquellos que se dedican a erosionarla, a desmontarla, a combatirla y, finalmente, a destruirla. Son los responsables directos. Pero también hay otros corresponsables a lo largo de la historia de la humanidad, no son los responsables directos, pero son corresponsables por pasividad, por desidia, por miedo: dejaron que la democracia se desmontara. Son las y los ciudadanos que no hicieron nada por defenderla.
En México lo que estamos viviendo es justamente la asunción de la ciudadanía, de la sociedad no solo como autora sino como defensora de la democracia. Eso me llena de optimismo. El otro pilar es el de la fortaleza institucional. Nuestra transición, a diferencia de la española, no tuvo un momento de quiebre constitucional. En España, luego de la muerte del Caudillo, hubo un gran arreglo político: los Pactos de la Moncloa, y después una refundación institucional con la Constitución del ‘78. En México no. Seguimos teniendo la misma Constitución que sustentó la que Vargas Llosa definió como la dictadura perfecta. Claro que el cambio democrático implicó un conjunto de reformas profundas a la Constitución. Pero el orden constitucional se mantuvo aunque se adaptó para dar paso a un contexto democrático. Esa adaptación se tradujo en la creación de una nueva institucionalidad en clave democrática. El surgimiento de los organismos constitucionales autónomos, sin excepción, cumplen funciones que en el pasado ejercía el Ejecutivo. ¿Quién hacía las elecciones? El Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación. ¿Quién era el responsable de la de la política inflacionaria y cambiaria? La Secretaría de Hacienda y ahora lo hace el Banco de México. ¿Quién era el responsable de las cuestiones de competencia económica? La Secretaría de Economía, y ahora es la Cofece. ¿Quién es el responsable de vigilar que no se vulneraran los Derechos Humanos? La propia Secretaría de Gobernación. La CNDH nació al interior de la Secretaría de Gobernación. Y así sucesivamente. Todos estos órganos, que hoy son órganos autónomos, sustrajeron facultades para ejercer control sobre el Ejecutivo. Son producto de esta nueva institucionalidad. La propia Corte, antes no era un auténtico tribunal constitucional, y a partir de la reforma de 1994 se convirtió en un auténtico tribunal constitucional, cada vez más robusto, cada vez más potente.
Hemos visto un embate en contra de esta institucionalidad democrática desde el poder –franco, abierto, que tiene el claro propósito de minar la credibilidad, la autonomía y la independencia de estas instituciones democráticas–, este hostigamiento se ha expresado en cinco grandes ejes. El primero es la descalificación franca y abierta desde el poder: “el INAI no sirve para nada; el INE es corrupto, trabaja para la oposición, hay fraudes”, etcétera. El segundo eje es el acoso personalizado contra los titulares de esos órganos. Ejemplo de esto es el senador Salgado Macedonio gritándonos, acompañado de una turba, paseándose con un féretro con mi nombre, amenazando con ir hasta mi domicilio personal, como también la descalificación desde el púlpito presidencial cotidiana en contra de quienes resultamos incómodos: las denuncias penales, las amenazas de juicios políticos, la personalización de este hostigamiento. En tercer lugar, la asfixia presupuestal. En el INE hemos tenido que litigar en la Corte y la Corte nos ha dado la razón. Te restrinjo recursos de modo tal que te coloco en una posición en la que no puedes ni siquiera cumplir con tus obligaciones legales. Cuarto eje, los cambios legales. Si no te puedo controlar, si no te puedo subordinar, entonces cambió la ley (ahí está como ejemplo el Plan B), para desmantelarte y colocarte en una situación de erosión de tu credibilidad pública de tus capacidades operativas. El quinto eje es el de la captura institucional. Este hostigamiento en algunos casos lamentablemente ha sido exitoso. Ahí tenemos a la CNDH que se ha convertido en un apéndice del gobierno, que ha claudicado a su rol de defensa de los derechos y se ha convertido en un órgano que no solamente reproduce el discurso contra el INE, emitido desde el poder, sino que ha claudicado a sus funciones. Sin embargo, hay instituciones que han aguantado. Hay instituciones que han demostrado resilencia institucional. El INE es una de ellas, probablemente la más emblemática. Lo que está ocurriendo con la Corte y con el Poder Judicial me llena de optimismo, porque son instituciones de garantía. La Corte es el último bastión de defensa del orden constitucional y del orden democrático, que está demostrando –a pesar de algunos momentos, que no han sido los mejores de su historia, por la condescendencia con el poder que se llegó a tener– su fortaleza y su independencia. Eso habla de un trabajo bien hecho.
Mi optimismo con la batalla en defensa de la democracia, y esto es también un fenómeno global, se funda en estas dos fortalezas: una sociedad que está dispuesta a defender sus conquistas democráticas, sus derechos y libertades democráticas, sus instituciones democráticas; y por el otro lado, instituciones que son suficientemente robustas para resistir los embates del poder.
No son dos cosas aisladas, te lo digo con la experiencia de haber defendido o tratado de defender la autonomía y la independencia del INE frente al acoso del poder. Es más fácil cumplir esta función –porque las instituciones están sustentadas en un diseño legal y en las personas que las integran– sabiendo que tu institución cuenta con ese cinturón de seguridad que la sociedad está dispuesta a brindar.
Si la Corte recibe ese respaldo ciudadano, con independencia de cuáles sean sus decisiones –porque la Corte tiene que decidir lo que deba decidir–, los ministros sabrán que la sociedad está defendiendo a su Suprema Corte y seguramente eso los hará mucho más fuertes para tomar sus decisiones, incluso si estas decisiones incomodan al poder. Estos dos grandes pilares se retroalimentan. ~
