El desarrollo científico de México, a diferencia del humanístico y artístico, se remonta a unas cuantas generaciones. Apenas en la segunda mitad del siglo XX, el gobierno federal auspició el crecimiento de múltiples universidades públicas y centros de investigación en toda la república que gradualmente se establecieron como una infraestructura humana y material que, aunque todavía insuficiente cuando se compara con la existente en países más desarrollados, constituye ya un valioso patrimonio nacional.
Si bien el crecimiento continuo del sector científico y tecnológico evidencia su pujanza, el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) se encuentra, desde hace varias décadas, muy por debajo del nivel que mantienen otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), e incluso por debajo de otras naciones con un desarrollo comparable al de México, como Brasil, que actualmente mantiene una inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) cercana a 1.1% de su Producto Interno Bruto (PIB). Durante el sexenio pasado, el GIDE apenas llegó a rebasar el 0.4% del PIB de México, una cifra fuera de proporción con las dimensiones y relevancia de nuestra economía en el contexto mundial.
El persistente descuido de este sector parecía estar a punto de cambiar a principios del actual sexenio, cuando el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a elevar gradualmente la inversión en CTI hasta alcanzar un mínimo del 1% del PIB, como establece la ley vigente en la materia desde 2002 y que es el porcentaje mínimo recomendado internacionalmente. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, aparecido a inicios de 2013, se considera a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación como motores indispensables para el desarrollo económico y social del país. Por su parte, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECITI) consigna que “a partir de 2014 el GIDE se incrementará en términos reales el 0.11% del valor del PIB, hasta alcanzar en 2018 el valor del 1%”. El documento incluye una tabla con la calendarización programada para cumplir dicho objetivo.
El comienzo de la presente administración fue promisorio, pues el GIDE alcanzó el 0.56% del PIB entre los años 2012 y 2014. Sin embargo, en 2015 y 2016 se dieron solo aumentos marginales y para 2017, en lugar de incremento, ocurrió una disminución en la inversión federal que redujo el GIDE hasta el 0.51% del PIB. En estos mismos años el presupuesto del Conacyt se ha desplomado alrededor del 25%, un hecho sin precedente desde su fundación. Si bien el presupuesto del Conacyt aumentó de 25,083 millones de pesos en 2012 a 26,964 millones en 2017, para justipreciar este cambio es necesario considerar el equivalente en dólares. Eso significa que durante el actual sexenio ha ocurrido en realidad una reducción de 1,417 millones de dólares corrientes en 2012 a 1,369 millones en 2017.
Así, al inicio del sexenio nos encontrábamos con una inversión en CTI cercana a 0.4 % del PIB, con la promesa de alcanzar el 1% para 2018; cinco años después nos encontramos con una inversión equivalente al 0.51% del PIB, muy lejos de lo prometido y en medio de un ambiente por demás incierto a nivel nacional e internacional. El escenario que presenciamos hoy se compone de muchos planes y proyectos de investigación que seguramente no podrán continuar por falta de recursos, lo que en la práctica condenará a la desocupación o al subempleo técnico al personal de los laboratorios. Aunque los investigadores permanezcan en sus instituciones para no perder sus actuales salarios y prestaciones, algunos de sus trabajos quedarán inconclusos o seriamente recortados en sus metas originales.
¿Qué hacer ahora?
Conviene, primero, enfatizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 correspondiente al Ramo 38 (Conacyt) debe compensar y superar la debacle sufrida en 2017. Para ello es necesario llevar a cabo una labor intensiva de cabildeo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con las cámaras de legisladores, entre otros actores políticos, para convencerlos de que el presupuesto de 2018 destinado al Conacyt tenga, al menos como punto de partida, la cifra asignada para 2016 en vista de que la reducción presupuestal de 2017 fue extrema. De acuerdo con nuestros estimados, para que el actual sexenio mantenga una tasa modesta de crecimiento en el Ramo 38, el presupuesto del Conacyt para 2018 debe ser de 35-38,000 MDP. Un presupuesto menor convertirá al actual sexenio en tiempo perdido para este sector, con las consabidas consecuencias para el financiamiento de la ciencia y la tecnología en las instituciones de educación superior, en los centros Conacyt, en los centros sectoriales y en las universidades públicas y privadas de todo el país. En vista de que solo queda un ejercicio presupuestal para concluir el sexenio, debería existir un tratamiento especial para ciencia y tecnología en el presupuesto federal del siguiente año.
Se han utilizado diversos argumentos para justificar que los objetivos del PECITI no se hayan cumplido hasta el momento. Por ejemplo, se justifica la disminución del presupuesto para el sector de CTI debido a las dificultades económicas que ha transitado nuestro país durante los últimos años e incluso a la despetrolización del gasto público. A este respecto es importante señalar que la definición del 1% del PIB no implica una determinada cifra en pesos o dólares; se refiere concretamente a un porcentaje, que como tal es independiente de las dificultades económicas. Su valor monetario depende solamente del monto anual del PIB, cualquiera que este sea.
Que los objetivos planteados en los documentos oficiales al inicio de la actual administración no se hayan cumplido pone también en riesgo la inversión realizada en los años 2012-2015 en al menos tres vertientes principales: 1) la continuidad de proyectos de investigación hoy en curso, dado que ahora se carece de recursos; 2) la devaluación por obsolescencia de los equipos adquiridos a través del programa de reforzamiento de la infraestructura institucional, y 3) la pérdida de futuros científicos que ahora miran hacia otras direcciones ante la incertidumbre que perciben en el sector.
En términos simples, se trata de la confrontación entre dos visiones de futuro para nuestro país. Una de ellas propone basar el desarrollo nacional en una estrategia para atraer inversiones extranjeras que generen las tan necesarias fuentes de trabajo, con base en tres factores fundamentales: la estabilidad macroeconómica del país, el bajo costo de la mano de obra mexicana y nuestra vecindad con el mayor mercado mundial.
A esta visión es posible contraponer otra que no ignora los factores y condiciones anteriores, pero que insiste en otros objetivos e instrumentos para alcanzar el desarrollo: 1) impulsar la educación en todos niveles, sin descuidar la educación superior, como mecanismo fundamental para mejorar la calidad de nuestra participación ciudadana y las capacidades de nuestra fuerza de trabajo; 2) incrementar el apoyo financiero para ciencia y tecnología hasta que alcance al menos 1% del PIB, a fin de aumentar la competitividad y la productividad de nuestras empresas; 3) concebir a México como un competidor relevante en el panorama actual, no solo por manufacturar productos tecnológicos de aquellas empresas extranjeras establecidas en el país, sino también por contribuir al conocimiento universal y por poner en el mercado innovaciones y productos propios, surgidos de empresas nacionales donde participen científicos y tecnólogos mexicanos. ~
economista
