I. La cuestión venezolana

Venezuela está hoy destruida por la arbitrariedad de un régimen criminal. El país entero afronta el reto existencial de su reconstrucción democrática. De ahí que la lucha por la libertad no sea para los venezolanos una opción, sino una necesidad. No se trata únicamente de un imperativo nacional; es también una obligación hemisférica.

El mayor éxodo del siglo XXI, equiparable únicamente al que sufren países desgarrados por la guerra como Siria y Ucrania, solo se explica como resultado de la confrontación internacional que desde hace décadas se viene librando en este país caribeño; una confrontación que se instaló en los años noventa del siglo pasado, con la inesperada irrupción de un proyecto de poder netamente antiliberal.

Es, como casi siempre, una lucha por el poder y los recursos. Pero el profundo antagonismo de las visiones políticas enfrentadas dota a esta lucha de una trascendencia particular. En pocos sitios del planeta se alinean y confrontan hoy, de un modo tan claro, las fuerzas proxy de las democracias y de las autocracias de nuestro tiempo. Solo se atreven a negarlo los enemigos ocultos de la libertad; aquellos que, en vez de preocuparse por la inquietante presencia de un Estado forajido en la región, operan en realidad como sus socios más o menos encubiertos.

En virtud de todo lo anterior, la “cuestión venezolana” es ineludible para toda América. En un continente que se asume libre, republicano y democrático, la transición a la democracia en Venezuela constituye un imperativo moral y una necesidad geoestratégica. Abogar por lo contrario es dejar abierto el boquete por el que se cuelan las maniobras desestabilizadoras de las más diversas autocracias y actores criminales.

Pero esa transición entraña retos de toda índole. El propósito de estas líneas es enunciarlos, desde sus aspectos más prácticos y urgentes hasta aquellos que revisten un carácter menos tangible.

II. Mucho peor que una autocracia

Toda transición a la democracia está condicionada por el tipo de régimen autocrático al que pretende poner fin. En el caso de Venezuela, se trata de algo bastante más complejo que una autocracia militar. El país ha sufrido, durante más de un cuarto de siglo, las consecuencias de un proyecto totalitario derivado en cleptocracia criminal. Un proyecto de control y expolio que desde un principio antagonizó con las principales democracias de Occidente, mientras se convertía en una pieza funcional para regímenes como los de Cuba, Rusia, China, Irán y Siria, así como también para las guerrillas colombianas y otras organizaciones narcotraficantes en América Latina.

Tal como suele suceder en estos casos, el chavismo consolidó una economía política netamente extractiva y cada vez más orientada hacia un perfil delictivo. Miles de expropiaciones no compensadas rompieron el tejido productivo nacional, mientras que la restricción de las libertades individuales redujo aún más la escasa diversidad económica, truncando así toda posibilidad de crecimiento sostenido. Su interés se concentró más bien en la explotación de los recursos básicos disponibles, repartiendo beneficios entre los sectores más leales.

La suma total del dinero robado o malversado alcanza hoy varios cientos de miles de millones de dólares. Un caos que fue posible y pasó relativamente desapercibido mientras duró el alza inusitada en los precios del crudo (2004-2012), pero que se hizo evidente con su progresiva estabilización. Durante los primeros diez años de Maduro en el poder (2013-2023), el PIB se contrajo en un 80%. A partir de ese momento, el peso de la economía criminal se disparó notablemente.

Desde un principio, la corrupción y el narcotráfico revistieron un carácter funcional para el régimen. Los cuerpos de seguridad del Estado fueron reestructurados y puestos al servicio de un proyecto de poder criminal, encarnado en un partido hegemónico. El régimen no solo pactó con organizaciones criminales, sino que estimuló su expansión y las integró en su esquema de control social. Las tasas de homicidios se dispararon justamente cuando el país vivía su mayor bonanza petrolera.

La censura y el control ubicuos, así como el terror constante, ejercidos por fuerzas policiales, militares y paramilitares, corrompieron las instituciones del Estado y disolvieron la autonomía e independencia de las organizaciones de la sociedad civil. El régimen o bien secuestró a los partidos políticos o bien los persiguió hasta su virtual disolución. El éxodo de un 30% de la población fracturó a casi todas las familias.

Como consecuencia de todo lo anterior, para transitar a la democracia Venezuela debe superar las secuelas que deja el terror totalitario, recuperar las capacidades estatales, eliminar el control criminal de las instituciones y de ciertas parcelas del territorio nacional, alcanzar y mantener un rápido crecimiento económico, y reinsertarse en el concierto de las naciones democráticas.

III. La salida del laberinto

Más que padecer una dictadura, Venezuela ha sufrido un grave accidente histórico que comprometía su viabilidad como Estado nacional, con repercusiones potencialmente muy graves para la seguridad hemisférica. Pero también cuenta con activos muy importantes para consolidar una recuperación que, por fortuna, ya ha comenzado a producirse en diversos planos.

El pasado democrático de Venezuela pervive en la cultura política de una nación que insiste una y otra vez en recuperar su libertad. El talante conciliador de una sociedad acostumbrada a integrar las diferencias ha sido esencial para que el país no cultive conflictos prolongados. El recuerdo de una prosperidad perdida, aunado a las enormes posibilidades de un territorio dotado de toda clase de recursos, alimenta la confianza en una pronta y sostenida recuperación económica.

Por otra parte, las dificultades experimentadas por más de 9 millones de emigrantes y refugiados –acostumbrados hoy a ganarse la vida en los destinos y oficios más diversos– aportan también conocimientos y destrezas que potenciarán la recuperación económica de Venezuela en cuanto sean removidos los controles abusivos y depredadores que hoy la asfixian. La diáspora que hoy se extiende por todo Occidente, conformada por ciudadanos cada vez más interconectados, cuenta con un notable potencial emprendedor.

Este enorme potencial requiere, evidentemente, la acción articuladora de un liderazgo legítimo. Y la ventaja para el país es que dicho liderazgo ya existe. Lo encarnan un presidente electo, como es Edmundo González, y la figura excepcional de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y fundadora de un partido como Vente Venezuela, cara fresca de un renovado liberalismo hispanoamericano. Este liderazgo, fraguado en las más difíciles circunstancias, fue capaz de organizar a un millón de personas para ganarle con autoridad la elección presidencial de 2024 a un régimen acostumbrado a realizar fraudes electorales, y de probar su victoria con la recolección y digitalización del 85% de las actas de votación.

La campaña que condujo a dicha victoria electoral obró, además, un efecto político, social y terapéutico de gran trascendencia. Levantó la confianza de una nación postrada ante décadas de hostigamiento criminal, al potenciar la organización comunitaria para burlar la persecución del régimen y dibujar en el horizonte la posibilidad de una sociedad nuevamente unida, capaz de superar las diferencias artificiales que el chavismo intentó levantar para dominar. Esa campaña obró en sí misma como un espacio para la redención y el reencuentro, como un genuino proceso de reconciliación nacional.

Con las elecciones del 28 de julio de 2024, el país demostró que está listo y ansioso por el cambio democratizador. Solo la brutal represión del régimen impedía el inicio de la transición, pero la fase inicial de la liberación con la que suelen comenzar estos procesos parece haberse puesto en marcha, de modo irreversible, con la extracción de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. La administración de Trump ha anunciado su voluntad de tutelar la transición, obligando en primera instancia a los sucesores chavistas de Maduro a mantener el orden y a cooperar en la reconstrucción de la industria petrolera por parte de los estadounidenses.

Washington está forzando así el reingreso de Venezuela en la geopolítica de Occidente, neutralizando las agendas de chinos, rusos, iraníes y cubanos en el país caribeño. Sin embargo, dicha tarea no podrá ser consumada mientras el chavismo controle las riendas del Estado. Más pronto que tarde, la soberanía nacional deberá ser ejercida nuevamente por su titular inalienable, que es el pueblo de Venezuela, para que una fuerza política nueva y legítimamente electa consume el cambio que anhela toda la nación.

IV. La Venezuela por venir

Revertir la caída libre que sufre el país no será fácil, pero tampoco improbable. Se requiere, eso sí, un enorme caudal de energía creativa que solo puede emerger de la mano de un nuevo proyecto nacional, en el sentido planteado por Germán Carrera Damas. Un proyecto nacional radicalmente distinto a los dos proyectos históricos que el chavismo logró reunir en su seno: el militarista, que desde la fundación de la república pretende reservar su dirección a hombres de armas, y el de la izquierda revolucionaria, que antaño seguía las directrices de Moscú y que hoy actúa en el marco del Foro de São Paulo.

Lejos de perseguir la utopía socialista del “hombre nuevo”, o de atascarse en el culto morboso a los héroes de la guerra fratricida, el nuevo proyecto nacional se levanta sobre la antropología cultural del venezolano real, de carne y hueso. Lo “nuevo” en este caso no es más que el retorno a lo elemental. Es la vuelta al proyecto original, al que constituyó la nación venezolana: el proyecto de la república liberal democrática fundada en instituciones civiles, en el marco de un orden genuinamente constitucional donde rijan las libertades individuales y la división de poderes.

Se trata de una vuelta al sentido común y a la responsabilidad ciudadana, ante la evidencia de que ese “Estado mágico” al que hacía referencia Fernando Coronil ya no existe más, ni puede hacerlo. Aquel Estado que proveía, que acaparaba una renta para luego repartirla en función de criterios clientelares, ha desaparecido. El propio chavismo se encargó de fulminarlo, saqueándolo y haciéndole pagar a la gente un altísimo costo social. Los venezolanos de hoy ya no creen en dádivas, y confían más que nadie en las posibilidades derivadas de su propio trabajo y de su organización ciudadana.

Por eso la única manera de volver a levantar a Venezuela es, en primer lugar, mediante la recuperación del pleno potencial de la asociación ciudadana libre y autónoma, y, en segundo lugar, a través de la reconstrucción de las capacidades estatales. Capacidades que solo podrán recuperarse mediante la implementación de una nueva visión del Estado.

Venezuela requiere el diseño y puesta en marcha de un Estado subsidiario, un Estado pequeño pero fuerte, transparente y eficaz, enfocado en sus deberes principales y con criterios muy claros en la priorización del gasto público, especialmente en materia de seguridad, infraestructura, salud, educación y pensiones. No solo es lo deseable; es también lo único posible en las circunstancias actuales.

En un Estado subsidiario, la organización ciudadana es la base de todo. Los entramados jurídicos, fiscales y burocráticos se adelgazan de forma sustancial, priorizando la claridad, la sencillez y la economía. La captura de la renta o el reparto de cargos pierden peso como incentivo principal para la actividad política. El dinamismo y la creatividad, imprescindibles para la supervivencia de los venezolanos durante el régimen de Maduro, funcionan a tope bajo el abrigo de instituciones claras y de una solidaridad social plenamente compatible con la producción privada y los derechos de propiedad.

Esta visión existe y está reflejada en el programa de gobierno que impulsan María Corina Machado y Edmundo González: Venezuela Tierra de Gracia. Su implementación pasa por la plena apertura de las posibilidades para la asociación ciudadana, bajo una dirección política clara y un fuerte Estado de derecho. Más que una constituyente –artilugio moderno diseñado por la revolución con la vana pretensión de rehacer las sociedades desde cero, aplicado en el país en demasiadas ocasiones–, lo que hace falta hoy en Venezuela es recuperar el sentido y ejercicio de la ley. Y, sobre todo, rescatar al estamento militar para la vida republicana y el orden constitucional.

La reconversión de los militares venezolanos no solo es plenamente factible en el marco de un realineamiento del papel que Venezuela juega en el hemisferio y con el debido acompañamiento internacional por parte de las grandes democracias de Occidente. Es también un paso necesario para fortalecer la seguridad democrática de la cuenca atlántica, que no se habrá completado hasta no asegurar también el cambio democratizador en Cuba y Nicaragua.

Este sueño de libertad que renace en Venezuela no termina en sus fronteras. Ante la regresión autoritaria generalizada, inspira y anima a todo el hemisferio. Una tragedia como la venezolana no ha de repetirse nunca más, y por eso importan tanto las lecciones a extraer de dicha experiencia. Lecciones que constituyen el fundamento necesario para levantar las instituciones de un nuevo orden, y que perdurarán en tanto una nueva generación de escritores y artistas verdaderamente libres sepa recogerlas, darles forma y preservarlas en el tiempo.

Vale la pena que así sea. La experiencia venezolana ha de ser útil más allá de sus fronteras, allí donde los socios del chavismo –y las ideas torvas que le dieron forma– también hayan echado raíces. ~