Nicaragua: un ritual de aclamación totalitario

Las elecciones en Nicaragua tienen que leerse a la luz del proyecto totalitario que Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren construir en aquel país. Al mismo tiempo dejan ver un creciente descontento de la ciudadanía, que el régimen busca ocultar a toda costa.
AÑADIR A FAVORITOS

¿Cómo analizar las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021 en Nicaragua? Fueron elecciones en apariencia democráticas. Si bien los electores fueron llamados a elegir un presidente de la República, una vicepresidenta y noventa diputados, no tuvieron en cambio ninguna libertad de otorgar su sufragio a candidatos de oposición. Los únicos candidatos autorizados a participar en las elecciones presidenciales fueron el presidente y la vicepresidenta sandinistas en funciones, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ambos candidatos para reelección. Para las parlamentarias solo pudieron contender los candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como algunos candidatos provenientes de otras formaciones con la condición de haber aceptado que la dupla Ortega-Murillo tenga el control del país. Todos los demás candidatos de oposición que reclamaban un sufragio libre con una competición real, fuera para la presidencia o la Cámara, estuvieron expuestos a múltiples persecuciones. Algunos ni siquiera pudieron formalizar sus candidaturas, pues sus partidos les prohibieron participar, o bien estos fueron sencillamente disueltos. Otros, mascarones de proa de la oposición –candidatos a la presidencia o a diputaciones, líderes de movimientos cívicos y de organizaciones de defensa de los derechos humanos, personalidades independientes–, fueron inculpados, desde inicios de mayo de 2021, sin la menor prueba, de “conspiración”, “tentativa de golpe de Estado” y “lavado de dinero”. Salvo raras excepciones, fueron detenidos y luego llevados a prisión, en donde continúan hasta el día de hoy. Retenidos en el aislamiento más severo, sin visitas ni paseos, están además sometidos a múltiples vejaciones y a actos repetidos de tortura (golpes, amenaza de violación, privación del sueño, exposición continua al frío y a la luz artificial, interrogatorios interminables).

Los candidatos del FSLN a la presidencia y a la vicepresidencia, así como 75 diputados de ese partido, al lado de quince candidatos de otros partidos que aceptaron jugar a la oposición, fueron elegidos al término de un escrutinio perfectamente fraudulento como todos los que los precedieron desde las elecciones municipales de 2008. El Consejo Supremo Electoral (CSE), en las manos del FSLN, infló las cifras de la participación en las elecciones y de los votos en favor del Frente. Según el CSE, 65.6% de los electores se presentaron en las urnas y Ortega y Murillo, así como sus candidatos a diputaciones, habrían obtenido el 75.8% de los sufragios. Observadores independientes contradicen estas estimaciones y calculan que la abstención fue de 81.6% y que los candidatos del FSLN recibieron, a lo sumo, apenas el 27% de los votos.

Renovación del somocismo o la huida hacia delante del totalitarismo

Algunos analistas ven en estas elecciones fraudulentas y en el abuso del juego político por parte de la dupla Ortega-Murillo una actualización de las maneras de gobernar de la dinastía de los Somoza (1934-1979). El fundador de la dinastía, Anastasio Somoza García, y después sus hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle, consideraron, salvo un muy breve periodo –el mandato de René Schick (1963-1966)–, que ellos detentaban no solamente el monopolio de hecho sobre la función de presidente de la República, sino también que los miembros de su partido, el Partido Liberal Nacionalista (PLN), debían tener la mayoría en las dos Cámaras. Con todo, siempre concedían dos curules en ambas Cámaras a opositores “leales”, en general provenientes del Partido Conservador.

La comparación, por una parte, es fundamentada, pero debe ser precisada y matizada. Primero que nada, hay que dis- tinguir entre diferentes momentos en la historia del reino de la dinastía Somoza, que se caracterizó por una sucesión de periodos de “apertura”, donde se sellaron pactos oligárquicos con los jefes de las filas conservadoras, pero también por periodos de “endurecimiento”, donde los opositores que cuestionaban el rol de primus inter pares de los Somoza fueron cruelmente perseguidos. Estos momentos de liberalización del régimen se debieron a una confluencia de presiones que venían tanto del sector de los negocios en Nicaragua y de los clanes conservadores, como del exterior, en particular de Costa Rica y de una parte de la élite de los Estados Unidos. Así, a fines de 1940 Somoza García concedió un tercio de las curules en las dos Cámaras así como algunos puestos de ministro a conservadores y liberales independientes. Después de un episodio de represión de una brutalidad extraordinaria contra la oposición, al día siguiente del asesinato en 1956 de Anastasio Somoza García, su hijo Luis Somoza Debayle, quien le sucedió en la presidencia (1957-1962), perpetuó esta práctica de pactos oligárquicos con los conservadores. Aceptó incluso no presentarse para un segundo mandato en beneficio del otro candidato, René Schick, salido por supuesto de los rangos del pln, pero que no fue en absoluto un simple vasallo de la familia Somoza Debayle.

Durante quince años (1957-1972) los hijos Somoza admitieron que, a diferencia de la época de su padre, el presidente de la República no podía ser al mismo tiempo el comandante en jefe de la Guardia Nacional. Aceptaron también que nuevos partidos fueran reconocidos y pudieran competir en las elecciones. En fin, una ley que ensanchaba la libertad de prensa fue votada y permitió el crecimiento del gran periódico de oposición La Prensa. No fue sino hasta después del terremoto de 1972 que Anastasio Somoza Debayle puso metódicamente en tela de juicio el pluralismo relativo del régimen. Impuso a los conservadores un acuerdo que permitía su reelección en septiembre de 1974. Acumuló a partir de entonces las funciones de presidente de la República y comandante en jefe de la Guardia Nacional. A fines de 1974, inmediatamente después de una toma de rehenes realizada por un comando del fsln, decretó la ley marcial que no fue levantada sino hasta 1977. Empoderado por el estado de excepción, multiplicó los ataques contra grupos guerrilleros, pero también contra todos los demás sectores de la oposición.

Desde su regreso al poder en 2007 nada ha sido más contundente que el proyecto de Ortega de desmantelar metódicamente los principios democráticos y de instituir un poder dinástico y totalitario. Este desmantelamiento de los principios democráticos ha consistido en reformar la Constitución, permitir la reelección presidencial sin límite de mandatos, poner fin en los hechos a la separación de poderes, someter a la voluntad del ejecutivo los poderes legislativo y judicial y a las autoridades independientes encargadas de organizar los escrutinios con el fin de contrarrestar sus capacidades. Estas disposiciones se acompañaron de una persecución sistemática contra los medios independientes y las organizaciones de la sociedad civil. Ortega instauró paralelamente un poder dinástico en la medida en que rápidamente hizo de su esposa y sus hijos protagonistas de la escena política.

El rol político de Rosario Murillo fue la contrapartida de la presión sobre su hija nacida de un primer matrimonio, Zoilamérica Narváez, para que esta retirara la denuncia de violación puesta en 1998 contra su padrastro Daniel Ortega. Empoderada por esta reprimenda a su propia hija, Murillo empezó a cobrar mayor relevancia al lado de Ortega. Ella fue su jefa de prensa y comunicación durante la campaña presidencial de 2001 y tuvo un papel parecido, esta vez victorioso, en 2006. Entonces se convirtió en un personaje político de primer plano. De 2007 a 2015 fue la portavoz del gobierno, y como tal omnipresente en los medios sandinistas; presidenta de nuevas organizaciones de masa del FSLN–los Consejos de Poder Ciudadano (CPC)– y responsable de la cooperativa Alba-Caruna encargada de administrar las contribuciones venezolanas recibidas para los programas de ayudas económicas a la población. Calificada por su marido como “compañera eternamente leal”, en 2017 se convirtió en vicepresidenta del país. Lo que es más, sin preocuparse por la Constitución, Ortega declaró en la vigilia de las elecciones de 2021 que Murillo no sería solamente su vicepresidenta sino que sería a partir de entonces la “copresidenta de Nicaragua”. Ocho de nueve hijos de la pareja presidencial obtuvieron puestos políticos. Tomaron la dirección de las principales cadenas de televisión y de empresas de publicidad del país, así como de la distribución del petróleo. Algunos tienen incluso hoy cargos oficiales como asesores del gobierno.

Tanto por su capacidad de asociar a sus hijos al poder como por su voluntad de mantenerse a toda costa en él, o incluso por su deseo de enriquecerse por todos los medios, legales o ilegales, la pareja Ortega-Murillo parece confundirse con los Somoza.

El poder dinástico instaurado por la pareja Ortega-Murillo presenta sin embargo una diferencia significativa con el de los Somoza. Estos últimos buscaron ante todo un sistema de poder que les permitiera enriquecerse con total impunidad. Fueron sin duda ferozmente anticomunistas y más de una vez ejercieron una violencia desmesurada y arbitraria contra sus opositores, pero jamás pretendieron fundar un régimen totalitario. Ahora bien, este último proyecto es el que acaricia indudablemente la pareja Ortega-Murillo. Toda una serie de prácticas y escenificaciones totalitarias que habían sido propias del sandinismo en los años ochenta han sido restauradas. Recordemos particularmente la consigna que expresaba el papel de los dirigentes infalibles e imprescindibles de los nueve miembros de la Dirección Nacional: “DN ordena”. Hoy la propaganda oficial destaca a la pareja formada por “Daniel” y “Rosario”. Si las apariciones públicas de Ortega son contadas y reservadas para las grandes ocasiones, Murillo toma la palabra todos los días en la televisión. A mediodía anuncia las principales medidas tomadas por el gobierno, usando para ello una retórica que mezcla creencias esotéricas y mística cristiana revolucionaria. Sus fórmulas cristianas –“Gracias a Dios”, “Dios mediante”, “primero Dios”– sirven para hacer de ella y su marido los mediadores imprescindibles entre las potencias del más allá y los nicaragüenses. Si esta retórica raya en lo ridículo, es testimonio sin embargo de la voluntad de esta pareja de colocarse por encima del pueblo, pero también de encarnar la esencia del Pueblo y de la familia nicaragüense.

Ante las grandes manifestaciones de abril y mayo de 2018 que paralizaron al país exigiendo una liberalización del régimen, la pareja presidencial retomó más o menos los paradigmas del discurso amigo/enemigo en uso en los ochenta cuando la guerra civil oponía a los sandinistas y a los contras apoyados por Estados Unidos. De la misma manera que en ese entonces los sandinistas no pudieron comprender que sus propias reformas agrarias hubieran llevado a los campesinos a levantarse en armas, en un inicio sin apoyo extranjero y posteriormente con el respaldo de Estados Unidos, en abril de 2018 Ortega y Murillo no pudieron comprender que diferentes sectores de la oposición se hubieran reunido en colisión contra ellos. Estos opositores no pudieron ser considerados como adversarios que reclamaban una apertura democrática, sino bajo la figura de agentes del imperialismo norteamericano cuyo objetivo era dar un golpe de Estado. Los términos empleados por la vicepresidenta para designarlos fueron emblemáticos de este simplismo. Los manifestantes no pasaban de “minúsculos”, “vándalos”, “calamidades”, “delincuentes”, “vampiros”, “terroristas”, “golpistas” o incluso “diabólicos”. Ortega y Murillo no se contentaron con insultos, sino que aplicaron el terror para romper este movimiento. En un país de 6.5 millones de habitantes, se registraron más de trescientos muertos y más de dos mil heridos. Centenares de personas fueron arrestadas y torturadas. Una vez disuelta la oposición, el terror masivo cedió lugar al terror selectivo contra los líderes de diferentes sectores de la oposición. Lo que impresiona en este uso del terror contra los opositores es que, lejos de ser disimulado, fue reivindicado y asumido abiertamente por los dirigentes. Fue y sigue siendo utilizado como una escenificación del poder absoluto del pueblo contra sus enemigos.

Un ritual de aclamación

Es a la luz de este proyecto totalitario que hay que comprender las elecciones de noviembre de 2021. No fueron simplemente una imposición por la fuerza que se quiso disimular, sino un momento clave en la reafirmación del proyecto político de la pareja Ortega-Murillo. La campaña permitió recordar la actualidad del principio de división amigo/enemigo entre el FSLN y la parte “leal” de la oposición y el resto de los opositores considerados como “marionetas” al servicio del imperialismo. Encarnación del pueblo nicaragüense, la pareja Ortega-Murillo designó a los llamados a representar al FSLN, autorizó a los asociados-vasallos a presentar sus candidaturas y ejerció el terror contra los opositores designados como “golpistas”. El arresto de más de 36 personas (líderes políticos y sindicales, periodistas y militantes de los derechos humanos), su ocultación, así como las diatribas pronunciadas contra ellos el día de la ceremonia del nuevo mandato de Ortega-Murillo, fueron el momento de la afirmación del poder absoluto de los dirigentes.

Los fraudes electorales cometidos por las autoridades del CSE en favor del FSLN fueron también un elemento clave de la afirmación de la capacidad de Ortega y Murillo para encarnar al pueblo nicaragüense. Estos fraudes pusieron en escena la creciente adhesión de la población a Ortega y sus adeptos. Mientras que Ortega obtuvo sin fraude 38% de los sufragios en 2006 y su partido, el FSLN, 38 curules de diputados, sus éxitos electorales han crecido desde entonces: 62.46% de sufragios y 63 diputados en 2011; 72.44% de sufragios y 70 diputados en 2016; 75.8% de sufragios y 75 diputados en 2021. El sentido de estos fraudes, por supuesto, es mostrar la adhesión creciente del pueblo nicaragüense a la pareja dirigente, incluso si el CSE concede que las tasas de participación en las elecciones generales han disminuido escrutinio tras escrutinio: 73.9% de participantes en 2011, 68% en 2016 y 65.6% en 2021. La sutileza del fraude cometido por el CSE consistió en mostrar que a pesar de ello, a lo largo de los años, el número de votos en favor de Ortega, de su vicepresidenta y sus candidatos a la diputación solo fue en aumento.

Las elecciones generales y las ceremonias de investidura del presidente y la vicepresidenta para un nuevo mandato también fueron emblemáticas de la forma de poder instituida por Ortega desde que una modificación a la Constitución le permite aspirar tantas veces como quiera a la presidencia. Él y su esposa, en tanto autoridades supremas del Frente, fueron quienes designaron escrutinio tras escrutinio a los fu- turos representantes del pueblo, provenientes, claro, del FSLN, pero también en los hechos a los candidatos de oposición autorizados a contender en los sufragios. Las elecciones fueron un ritual de aprobación de sus opciones por el pueblo. En fin, la ceremonia de inauguración de funciones parlamentarias y las que marcaron el inicio de sus nuevos mandatos escenificaron una nación reconciliada y compacta detrás de sus dirigentes.

Tres enseñanzas pueden sacarse de este escrutinio fraudulento. La primera es que tales elecciones son un dispositivo esencial para el funcionamiento de la dictadura instaurada por Daniel Ortega: representan una manifestación de su poder absoluto. La segunda es que estas elecciones son un paso más en la huida hacia delante del régimen totalitario. La prueba es que la pareja Ortega-Murillo continúa metódicamente su cacería de opositores. Las personas arrestadas en mayo del año pasado por la acusación de “conspiración” han sido canalizadas a una justicia amordazada que no otorga ningún derecho a la defensa. Las primeras sentencias en febrero de este año fueron pronunciadas sin la más mínima prueba, y todas son condenas a la máxima pena prevista por la ley, quince años de prisión. La tercera, finalmente, es que la reivindicación de elecciones libres que se hizo en 2018, así como la abstención de más del 80% de los electores en el último escrutinio son el testimonio del rechazo al proyecto totalitario de los Ortega-Murillo por parte de la inmensa mayoría de los nicaragüenses. ~

Traducción del francés de David Noria.

    ×  

    Selecciona el país o región donde quieres recibir tu revista: