Todo el mundo sabe que una segunda administración de Trump tendrá consecuencias nefastas para los objetivos ambientalistas y la lucha contra el cambio climático. Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el mundo fue testigo de sus esfuerzos para reducir las regulaciones ambientales y la retirada del acuerdo de París sobre cambio climático. Sin embargo, pocas personas se dan cuenta de cuán peores y profundos pueden ser los daños en un segundo mandato.
El primer mandato de Trump fue muy favorable a los intereses empresariales del petróleo y el gas, ya que su administración impulsó una regresión de las restricciones de larga data sobre la extracción y el consumo de combustibles fósiles. Además de eliminar todas las referencias al cambio climático de los sitios web de la Casa Blanca y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la administración de Trump revocó una prohibición de la era de Obama sobre nuevos arrendamientos de petróleo y gas en el océano Ártico y en áreas ambientalmente sensibles de la costa del Atlántico Norte. Trump también revocó la Regla de Control de Pozos (the Well Control Rule) de 2016, una normativa de seguridad adoptada después del derrame de petróleo de Deepwater Horizon. (Ambos esfuerzos fueron posteriormente detenidos u obstaculizados en los tribunales.)
La primera administración de Trump también redujo las normas contra la contaminación del aire y el agua. Su gobierno invalidó la Regla de Protección de Corrientes (Stream Protection Rule), que limitaba el vertido de aguas residuales tóxicas con metales o metaloides venenosos, como mercurio y arsénico, en ríos o lagos de agua dulce. La EPA de Trump anuló las prohibiciones de varios pesticidas, incluso cuando el propio organismo demostró su toxicidad. Ante las protestas que generó su decisión, Trump suspendió la financiación de varias investigaciones y prohibió el uso de ciertos estudios científicos para sustentar la política en materia ambiental.
Por muy malo que todo esto haya sido para el medio ambiente (y lo anterior es solo la punta del iceberg), un segundo mandato de Trump podría ser mucho peor, porque esta vez los cambios no estarán relacionados solo con la política, sino que apuntarán a la destrucción institucional de la regulación ambiental. En otras palabras, el objetivo no será simplemente cambiar una política aquí o allá, sino incapacitar a las agencias reguladoras ambientales para realizar sus funciones, de modo que, incluso si una administración posterior deseara imponer estándares ambientales más estrictos, le resultará imposible hacerlo. El reciente fallo de la Corte Suprema, de mayoría trumpista, que anuló Chevron vs. NRDC –un principio legal que brindaba a las agencias el poder para interpretar leyes–, solo hará que esto sea más fácil.
Una serie de simulaciones de escenarios realizada en mayo y junio de 2024 por el Centro Brennan, un instituto no partidista de investigación a favor de la democracia con sede en la Universidad de Nueva York, dejó en claro que es probable que una segunda administración de Trump tenga como objetivo no solo cambiar la política, sino también destruir de raíz el poder de agencia en diversos ámbitos. El primer paso será utilizar el “Anexo F” para reclasificar a decenas de miles de funcionarios públicos, y luego despedirlos y reemplazarlos con leales, que serán antirreguladores o compinches de la industria. Las oficinas jurídicas de las agencias y los inspectores generales, cuya función es prevenir la implementación de órdenes ilegales y erradicar la corrupción, estarán, con cierta seguridad, entre los primeros objetivos de tales acciones. El resultado será la aniquilación sistemática de la experiencia, la memoria institucional y las medidas contra las malas prácticas dentro de estas agencias.
Además de perseguir a los empleados de las agencias ambientales, la administración de Trump también buscará disolver o privatizar varias agencias cuyas investigaciones a menudo brindan evidencia a favor de la regulación ambiental, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que además de proporcionar pronósticos meteorológicos (incluyendo avisos de huracanes) es una de las principales entidades de investigación del cambio climático dentro del gobierno federal de Estados Unidos. Si bien Trump puede fallar en convencer al Congreso para quitarles el financiamiento a algunas agencias, en su lugar podrá ordenar que se trasladen a rincones remotos del país a fin de presionar a sus empleados para que renuncien. Destruir las agencias garantizará que, en el caso de que Trump sea reemplazado por un presidente más respetuoso con el medio ambiente, la nueva administración no pueda imponer de nuevo una regulación ambiental sensata porque ya no existirá la capacidad administrativa para hacerlo.
Es poco probable que los tribunales, ahora repletos de personas designadas por Trump, protejan a los ciudadanos contra tales esfuerzos como lo hicieron durante su primer periodo, cuando estaban integrados en su mayoría por gente designada por Obama y Clinton. En general, es probable que los litigios tengan un alcance muy limitado durante una segunda administración de Trump, acaso mucho más centrada y estratégica que la primera. (Tal como lo expresó uno de los participantes en las simulaciones del Centro Brennan: “Esta vez sabrán dónde están las manijas de las puertas.”)
Finalmente, es casi seguro que un segundo mandato de Trump disminuiría de forma dramática la participación estadounidense en foros ambientales internacionales que son esenciales para fomentar la cooperación en torno a objetivos planetarios como la preservación de la biodiversidad, la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción del plástico en los océanos o la prevención de la basura espacial. Incluso las intenciones de Trump de establecer barreras comerciales para proteger a los industriales estadounidenses de la competencia extranjera pueden llegar a ser ambientalmente destructivas, ya que harán más lento el despliegue global de nuevas tecnologías para tratar problemas ambientales, como los paneles solares y los vehículos eléctricos.
¿Qué significaría todo esto a largo plazo? Cuatro años de vandalismo institucional de este tipo no solo paralizarían profundamente la capacidad de Estados Unidos para regular sus propios asuntos ambientales, sino que también neutralizarían su liderazgo a nivel global. Para los partidarios trumpistas, que arguyen “Estados Unidos primero”, eso podría parecer más una peculiaridad que un error, pero para el resto del mundo representaría una señal importante de que ellos tampoco deberían molestarse en abordar las preocupaciones planetarias. Si la economía más grande y contaminadora del mundo demostrara su incapacidad para poner su propia casa en orden, ¿qué incentivo terrenal habría para que grandes países pobres como la India o China o México tomaran sus propias decisiones difíciles? ~
es doctor en historia por
la Universidad de California en Berkeley
y vicepresidente ejecutivo del Berggruen Institute. Su libro más reciente es Children of a modest star. Planetary thinking for an age of crises (Stanford University Press, 2024), al lado de Jonathan S. Blake.
