Hablar hoy día de la participación de las fuerzas armadas en la vida pública en México ya no se limita a las tareas de seguridad, que han desempeñado al menos desde 1940. Actualmente, el ejército, la armada y la fuerza aérea realizan actividades de todo tipo: administran aduanas y aeropuertos, construyen obras públicas, llevan a cabo programas sociales, conforman la supuesta institución de seguridad pública federal y comandan la estrategia de seguridad pública, entre otras.
Es difícil imaginar un México en el que las fuerzas armadas no sean uno de los pilares del Estado. Nuestros símbolos nacionales están anclados a ellas, algunas transformaciones históricas de México se lograron bajo una dinámica de combate, y la autodenominada “Cuarta Transformación” parece estar altamente vinculada con la dimensión militar del Estado. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha subrayado ese vínculo en diversos discursos públicos, incluida una declaración en la que compara a las fuerzas armadas con ángeles de la guarda.
En ese contexto, no es tan extraño que el actual gobierno federal utilice a las fuerzas armadas para llevar a cabo aquellas actividades que se consideran prioritarias. Sin embargo, como instituciones de Estado, las fuerzas armadas son muy particulares y su presencia activa en diversas labores del gobierno puede ser problemática.
Las diferencias entre los militares y los civiles suelen transcender el uniforme. Basta preguntar a cualquier persona a nuestro alrededor cuál cree que es la diferencia entre un militar y un civil y es muy probable que responda que los militares son menos corruptos o más responsables. Sin embargo, una vez que nos detenemos a pensar qué es lo civil sin la oposición a lo militar, podremos darnos cuenta de que mucho de lo que atribuimos al personal militar no son más que valores que toda persona debería tener.
Cuando en las discusiones sobre la militarización de la seguridad pública se aborda como solución el fortalecimiento de las instituciones policiales civiles, se nos olvida preguntarnos: ¿cuándo han sido civiles las policías en México? Las fuerzas armadas han tenido influencia en la función policial desde su origen. Para corroborarlo basta leer la historia de la Policía Federal (un breve repaso puede consultarse en la página del gobierno federal bajo el título de “Nuestra historia: 1928-2018. Origen y evolución de la Policía Federal de México”) o revisar el Programa Rector de Profesionalización actual, en donde las fuerzas armadas, ya sea con personal o con doctrina y entrenamiento, han sido parte de la profesionalización policial.
Desde 1994, por rastrear una fecha anterior a la muy mencionada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, activistas y otros actores públicos han alertado que la intervención de las fuerzas armadas en un territorio viene acompañada de un aumento en las violaciones graves a los derechos humanos. En su reciente estudio “The consequences of militarized policing for human rights: Evidence from Mexico”, Jessica Zarkin y Gustavo Flores Macías argumentaron de manera contundente que, cuando las fuerzas armadas realizan funciones de policía, cometen más violaciones al derecho a la vida, la integridad de las personas, la libertad y la dignidad humana.
En otros ámbitos, la participación de militares en tareas de la administración pública ha dejado resultados cuestionables. Por un lado, la falta de transparencia y rendición de cuentas en esas actividades, pero también un aumento significativo en el dinero destinado a las instituciones militares que dista mucho de ser un gasto eficiente para los problemas públicos del país.
Las fuerzas armadas siguen siendo la institución en la que los mexicanos más confían. De acuerdo con datos de Latinobarómetro, la confianza en las fuerzas armadas pasó del 49% en 2020 al 58% en 2023. Sin importar los mensajes y la evidencia que, desde la academia, la sociedad civil y algunos actores políticos han dado a conocer, el respaldo ciudadano hacia las fuerzas armadas es una constante. La gente confía –según puede leerse en el mismo estudio de Latinobarómetro– mucho más en las instituciones militares que en el Congreso o en los partidos políticos. Es decir, la ciudadanía tiene mayor confianza en la autoridad militar que en la civil porque ¿qué es lo civil a fin de cuentas? Y ¿qué gana la ciudadanía con el aumento de la llamada militarización en México?
Debemos honestamente aceptar que la militarización es parte de nuestra cotidianidad. Los anuncios publicitarios están llenos de un lenguaje de guerra: la palabra “combatir”, una palabra anclada a la dimensión militar desde su origen, se utiliza como sinónimo de cualquier cosa. Las posturas de personajes públicos sobre la coyuntura actual abusan de frases como “desde nuestra trinchera”, “los enemigos del pueblo”, “hay que dar la batalla”, o cualquier otra metáfora bélica que, de forma casi “natural”, ha llegado al vocabulario cotidiano.
Entonces, no es de extrañar que, como se ha venido haciendo durante los últimos seis sexenios en este país, las autoridades civiles se sientan tentadas por morder la manzana verde olivo. Seguramente nos dirán que no hay otra salida, que se deben tomar medidas extraordinarias ante problemas complejos, que el tiempo se acaba para alcanzar la paz, que no hay otra institución que pueda atender los problemas del Estado mexicano. Y con ello se materializa el discurso del tiempo estratégico que Mark Shaw establece como un elemento de la militarización más allá de la sola presencia de personal militar en tareas ajenas a la defensa.
¿Qué otros inconvenientes conlleva la militarización? Apunto algunos:
1. No permite que las instituciones del Estado desarrollen capacidades para atender los problemas que les competen, sean de seguridad pública o de gestión de desastres. La militarización es una acción paternalista y patriarcal que visualiza a todas las personas que no tengan los atributos militares y bélicos como sujetos de protección sin capacidad de agenda. 2. Aumenta la probabilidad de utilizar medios desproporcionados para la solución de problemas públicos. El gran ejemplo de esto es la política de drogas en donde se han destinado más recursos al combate de grupos criminales que a la atención del problema de salud pública derivado del consumo de sustancias.
3. El gasto que el Estado destina a mantener a las fuerzas armadas y las dinámicas combativas para atender problemas públicos desde una perspectiva combativa es dinero que podría otorgarse a otros rubros como el Sistema Nacional de Cuidados o los refugios para mujeres, como ya lo ha visibilizado Intersecta en su informe “Dinero para reducir la violencia hay, pero ¿en qué lo invierte el Estado?”.
4. La militarización y el militarismo que vivimos actualmente ponen en riesgo la profesionalización de las fuerzas armadas y su compromiso con el régimen democrático, lo que aumenta la probabilidad de que sus integrantes participen en actos de corrupción o que pierdan la capacidad de atender problemas de seguridad nacional del siglo XXI como los ataques cibernéticos.
¿Qué hace entonces a una institución civil en un Estado democrático? Este 2024, esa es una pregunta que las personas tomadoras de decisiones deberían plantearse de manera seria. Y, sobre todo, pensar: ¿hacia dónde se quiere conducir a todas las instituciones del Estado? Incluidas, por supuesto, las fuerzas armadas.
La llamada Cuarta Transformación no ha omitido el factor militar en su ecuación; sin embargo, más allá de lo dicho por el actual presidente en una entrevista de julio de 2019 para La Jornada en donde expresaba que si por él fuera desaparecería al ejército –cosa que está logrando con la conformación de la Guardia Nacional y las tareas que le ha encomendado a la Sedena–, no hay una hoja de ruta en la política pública mexicana que responda a la pregunta ¿para qué queremos fuerzas armadas? Y ¿qué tipo de fuerzas armadas necesitamos de ser el caso? El que haya una respuesta –al menos pública– a esa pregunta puede resultar peor que seguir utilizando a las fuerzas armadas ante cualquier necesidad u ocurrencia. Porque ¿de qué sirve tener un instrumento que es muy caro si no se utiliza de manera correcta? ~
es especialista en militarización y militarismo en América Latina y directora general de la organización de asuntos internacionales Global Thought Mx.
