Es difícil determinar cómo piensa enfrentar el gobierno de México el reto que supondrán, si hacemos caso a todas las señales, los cuatro años de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. De pronto parece que la presidenta Sheinbaum y los encargados de la relación bilateral suponen que podrán contener los peores impulsos de Trump y acomodarse. Eso indican las declaraciones recientes de Marcelo Ebrard, por ejemplo. Otros reportes sugieren que el gobierno está reclutando aliados entre los empresarios mexicanos cercanos al círculo trumpista. Suponen que así le hallarán la lidia al toro.
Parece una apuesta arriesgada. Donald Trump es una figura eminentemente transaccional. No va a acceder a la moderación a cambio de nada. Durante su primera presidencia, dejó de lado las amenazas arancelarias solo cuando México accedió a convertirse en un “tercer país seguro” de facto en la dinámica migratoria de América del Norte y a recibir decenas de miles de inmigrantes tras la puesta en práctica de programas de expulsión como Permanezca en México.
Ahora, Trump ya anunció que la extorsión bajo la amenaza de aranceles se extenderá a acciones mexicanas contra el crimen organizado, además de la cooperación en migración. O México hace lo que Trump quiere, o comienza una guerra comercial. No hay más.
¿Podrá un trabajo diplomático extenso y fino reducir el riesgo?
Esperemos que sí.
Pero hay otra lectura, quizá más preocupante .
Hay señales que sugieren que el gobierno mexicano no se está preparando para el peor escenario. Ante la posibilidad de un huracán, se esperaría la asignación preventiva de recursos. Vemos lo contrario.
Por ejemplo: Si Trump cumple con su palabra y deporta a millones de indocumentados, México podría enfrentar una crisis humanitaria de grandes proporciones y alcances diversos. Veríamos, quizá, ciudades fronterizas repletas de inmigrantes en el desamparo, expuestos al mismo tipo de abuso que condenó a la zozobra y a condiciones infrahumanas a decenas de miles durante la primera presidencia de Trump. La crisis podría crecer de manera exponencial si, como ya ha adelantado el gobierno entrante en Estados Unidos, la deportación masiva se extiende a la comunidad indocumentada con raíces de décadas en Estados Unidos. En ese caso, podríamos ver a cientos de miles de mexicanos deportados a México, separados de sus familias, desprovistos de un ingreso y hundidos en la más profunda desesperación en un país que hace años dejó de ser suyo.
A esto habría que sumar la presión migratoria que generaría la deportación de ciudadanos de otros países, por no hablar de los riesgos específicos de seguridad ante la posibilidad de que Estados Unidos deporte a miles que han sido encontrados culpables de algún crimen. Un porcentaje considerable de ellos no son criminales violentos, pero su deportación indudablemente representaría un reto de seguridad.
Hay señales de que todo esto está en marcha en Estados Unidos.
La retórica de los nombramientos de Trump no podría ser más agresiva. Stephen Miller, el principal asesor de política migratoria de Trump, un verdadero radical, ya adelantó que la maquinaria de deportación se pondrá en marcha desde el primer día.
Texas ha ofrecido a Trump cientos de hectáreas en el sur del Estado para construir campamentos de detención para deportación.
La señales están ahí, y son inconfundibles.
En México, las señales también son inconfundibles… y alarmantes.
El presupuesto rumbo al 2025 no refleja la urgencia del momento ni reconoce la posibilidad de los peores escenarios en materia migratoria ni de seguridad nacional.
Justo cuando debería hacer lo contrario, el gobierno ha propuesto recortar el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). La Comisión ha tenido un presupuesto ridículamente bajo en los últimos años, pero reducirlo en esta circunstancia es irresponsable. En el 2025 tendrá que operar con apenas 47 millones de pesos.
Lo mismo podría decirse del presupuesto de defensa y migración.
México está por enfrentar un reto inédito en su historia. Es perfectamente posible que el país se vea atrapado entre dos movimientos migratorios masivos: la expulsión desde el norte y la insistencia desde el sur. La desesperación de quien busca una vida no se va a terminar si Donald Trump opta por fracturar familias y confinar a miles o millones en campos de concentración. La crueldad no es un disuasor.
Si el gobierno de México no se prepara, las imágenes podrían convertirse en una deuda histórica. Porque algo hay que tener muy claro: el crimen organizado y su maquinaria de extorsión, esclavitud sexual y secuestro ya se está preparando. A lo largo de los últimos años, bandas criminales han construido verdaderos sistemas de extorsión y tortura de migrantes que vienen del sur, exprimiéndoles hasta el último centavo a cambio de dejarlos con vida. ¿Qué harán esas mismas redes ilícitas con miles de deportados, gente que ha pasado una vida construyendo pequeños pero prósperos negocios en Estados Unidos, largas vidas de trabajo?
Duele solo de pensarlo. Sin una acción decisiva, el gobierno mexicano corre el riesgo de agravar la tragedia y dejar una mancha indeleble en su legado. ~
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.
