Era una tarde extrañamente calurosa de enero en Guadalajara cuando el diputado César Madrigal, con visible entusiasmo, anunció su propuesta: traer de vuelta el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco (ITEI), extinguido tras la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La idea sonaba como un acto de heroísmo político, un intento de devolverle al estado una herramienta clave para la rendición de cuentas. Sin embargo, detrás del discurso apasionado se esconde un problema mucho más profundo: revivir al ITEI no solo es inconstitucional, sino un acto de terquedad que ignora las lecciones del pasado.
La historia de los institutos de transparencia en México es, como mínimo, complicada. Nacidos en 2002 con la promesa de transformar el acceso a la información pública, estas instituciones partieron de un diseño institucional que mezclaba elementos contradictorios: la Ley por la Libertad de Información (FOIA) estadounidense y la estructura del IFE mexicano. Esta combinación resultó en organismos absolutos que, aunque menos malos que los sistemas autoritarios previos, nunca fueron realmente buenos.
Para entender por qué es un error intentar resucitar estos institutos, primero debemos enfrentarnos a su legado de ineptitud. Durante más de dos décadas, los institutos de transparencia fueron incapaces de lograr dos de sus funciones principales:
1. Garantizar que toda la información pública estuviera disponible de manera automática, sin necesidad de solicitudes individuales.
2. Proteger los datos personales, como lo demuestran los persistentes problemas de robo de identidad, fraudes bancarios y tráfico ilegal de información.
Estos fracasos no son casualidades ni accidentes de implementación; son síntomas de un diseño defectuoso. Centralizar el acceso a la información y la protección de datos en un solo organismo no solo diluyó su eficacia, sino que creó un monstruo administrativo autoritario y arrogante, incapaz de cumplir con sus atribuciones.
Ahora, el panorama es aún más sombrío. La reforma constitucional promovida por Morena no solo eliminó los institutos de transparencia, sino que prohibió que los estados los reestablecieran. Aunque esto pueda parecer una barrera insalvable, en realidad es una oportunidad: una invitación a pensar más allá de los paradigmas obsoletos y las ocurrencias.
Un cambio de paradigma: documentación, no información
La solución no está en resucitar un modelo fallido, sino en construir algo mejor. Es hora de dejar de hablar de “acceso a la información pública” y empezar a hablar de “rendición de cuentas, competitividad e integridad gubernamental”. Este cambio no es solo semántico; implica una transformación profunda en cómo concebimos y gestionamos la gobernanza.
El nuevo modelo debería basarse en cuatro pilares:
1. Un Instituto de Estadística: Encargado de recibir, sistematizar y digitalizar toda la documentación generada por las entidades públicas. La experiencia de países como Suecia, que ha digitalizado 200 años de información pública, demuestra que esto no solo es posible, sino esencial para un sistema funcional.
2. Una Agencia de Protección de Datos Personales: Separada del organismo de transparencia, siguiendo el ejemplo exitoso de España, para garantizar una gestión especializada y efectiva de los datos.
3. Una Agencia de Integridad Gubernamental: Supervisora de que la documentación entregada al Instituto de Estadística sea completa, clara y puntual. Este organismo sería el guardián de la rendición de cuentas en tiempo real.
4. Un Tribunal Especializado: Con procedimientos claros y ágiles para resolver controversias en esta materia, respetando el estado de derecho y la división de poderes.
Este enfoque, además de cumplir con la prohibición constitucional de crear nuevos institutos de transparencia, tiene el potencial de superar las deficiencias estructurales del modelo anterior. Más importante aún, distribuye responsabilidades de manera que cada organismo pueda enfocarse en su función específica, sin diluirse en competencias que no puede manejar.
Hacer las cosas bien
El intento de resucitar a los institutos de transparencia no solo es anacrónico; es un acto de ceguera institucional. Como dijo alguna vez José Alfredo Jiménez, “nada te han enseñado los años, siempre caes en los mismos errores”. Resucitar al Frankenstein institucional que fue el ITEI equivale a perpetuar los mismos problemas que lo llevaron al fracaso.
En cambio, tenemos la oportunidad de construir un sistema que no solo sobreviva a los vaivenes políticos, sino que sirva realmente a los ciudadanos. Los gobiernos opacos no son buenos amigos de la inversión, la innovación ni el desarrollo. Los gobiernos íntegros y confiables no son un lujo; son una necesidad para cualquier sociedad que aspire a prosperar.
El verdadero reto no está en volver al pasado, sino en aprender de él para crear algo mejor. Dejemos descansar al viejo instituto de transparencia y aprovechemos esta coyuntura para transformar la rendición de cuentas en México. Porque si algo es seguro, es que no necesitamos otro cadáver institucional; necesitamos un sistema vivo, fuerte y funcional.
Y esta vez, hagámoslo bien. ~
