La historia no se reduce a lo sucedido, pues desde ese punto de pasado irrevocable bien podría otearse el devenir y volverse preludio del futuro.
Un hecho: el 9 de noviembre pasado fue aceptada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la Ley de Sociedades en Convivencia, que otorga derechos jurídicos a las uniones de hecho, se trate de relaciones de hombres con hombres, hombres con mujeres o mujeres con mujeres. Lo que se vislumbra: el debate en torno al prejuicio de que esa ley es favorable exclusivamente para los homosexuales, polo en el que afianza la Iglesia Católica su argumento de que representa un peligro para la conservación de la familia, por lo que ya ha anunciado una declaración de guerra contra dicha ley: “Con la iglesia hemos topado, Sancho.”
La historia de esta ley se remonta a casi cinco décadas. En los años sesenta surge a nivel mundial un movimiento homosexual que reclama derechos iguales a los de los heterosexuales: derechos a la salud, laborales, humanos, de respeto a su estilo de vida, así como lo que debieran ser elementales principios jurídicos de protección a sus uniones e incluso derecho a la adopción. De entonces a la fecha, al menos en diez países europeos se han consagrado en la ley los derechos civiles de esta minoría y doce naciones de otros continentes legislan al respecto. En América Latina, Argentina y ahora México han impulsado reformas similares. Aun así, en al menos 73 países del mundo la homosexualidad se castiga todavía con prisión, maltrato físico y la muerte.
Liberados de prejuicios los Estados seculares modernos, sacerdotes, rabinos y mullahs en diversas partes del orbe se han convertido en los principales detractores de los derechos gay. Y con ellos algunos gobernadores de nuestra República, haciendo caso omiso al carácter laico del Estado mexicano. Ellos son responsables morales de los crímenes por homofobia –sólo en el Distrito Federal, cada mes son asesinados dos homosexuales. La Procuraduría General de Justicia de la capital reconoció finalmente tales crímenes, hasta el 2003, catalogándolos como “homicidios homofóbicos”.
El proyecto de una Ley de Sociedades en Convivencia en nuestro país surgió en 2001, por iniciativa de la diputada Enoé Uranga. En 2003, a punto de aprobado, su avance fue detenido por el PRD, que en un desconcertante revés, retiró su apoyo a los homosexuales cuando los representantes de ese partido abandonaron el recinto de la Asamblea Legislativa. Lo escribió bien Sabina Berman:
Que se salga el PAN es previsible. Que medio PRI salga también lo es. No que lo haga el PRD… Después de todo es el partido que ha declarado su adhesión a las causas de las minorías. Las mujeres, los indígenas, los homosexuales. El PRD es el que ha declarado en su acta de principios su obligación de promover sus derechos. Al escapar del voto de esta ley el PRD escapa de otro plano simultáneamente; escapa de su presunción de ser un partido de izquierda moderno” (Enfoque, de Reforma, 2003).
Bien por la rectificación, aunque tardía: esa actitud política regida por la dubitación le restó a Andrés Manuel López Obrador, es innegable, un buen número de votos en la reciente contienda electoral y se los dio a Alternativa. Habrá que reconocer que fue este joven partido, el de Patricia Mercado, el que pugnó por retomar la discusión de esta iniciativa, aprobada ahora sí con 43 votos a favor: 33 del PRD, cuatro de la fracción socialdemócrata, cuatro del PRI, dos del Panal y diecisiete en contra: los chicos católicos del PAN.
Si es cierto que el impulso de esta ley ha sido preponderantemente una lucha de los homosexuales, es importante aclarar que la misma abarca y garantiza derechos a relaciones que no forman parte de la “norma”. Es decir: igualdad ante la ley de mujeres que han vivido con hombres en unión libre por más de dos años, o de hombres con hombres o mujeres con mujeres, durante el mismo periodo. La ley no es una panacea. La que actualmente se cocina en Coahuila es más avanzada que la del Distrito Federal. No todo es Cuautitlán fuera del DF, y los estados del norte, considerados conservadores, están dando un ejemplo de libertad, por lo menos frente a las presiones de la Iglesia.
La Ley de Sociedades en Con-vivencia no es el único logro jurídico de las minorías sexuales. En 1998, el diputado perredista David Sánchez Camacho propugnó hasta conseguir las reformas al Código Civil a favor de las minorías en el DF. Por otra parte, la Ley Federal para Prevenir la Discriminación prohíbe la exclusión de personas por su preferencia sexual, lo mismo que la Ley Federal de Educación en Estudiantes. Y en las entidades federativas poco a poco las constituciones y códigos penales han ido incluyendo la prohibición de discriminar a personas por su preferencia u orientación sexual.
Fue en 1869 cuando, en Alemania, el médico húngaro Karl Benkert inventó la palabra “homosexual” –hombres que aman a hombres y mujeres que aman a mujeres– en un primer debate sobre la discriminación en el Estado prusiano. Hoy se suman ya 140 años de lucha por la reivindicación de los derechos de las minorías sexuales. Y aún falta, pues las religiones mayoritarias siguen considerando contra natura actos que, curiosamente, les parecen de lo más pro natura cuando involucran a sus propios pederastas. ~
