Venezuela tardó poco en conocer sus fuerzas, y la primera aplicación que hizo de ellas fue procurar desembarazarse de los obstáculos que le impedían el libre uso de sus miembros.
Andrés Bello, Calendario manual de forasteros (1810)

Es un hecho la degeneración y desmaterialización del Estado constitucional y de derecho en Venezuela y de sus formas republicanas. Lo mismo puede decirse de la pulverización de la nación y de sus lazos afectivos; a saber, la fractura y segregación de casi nueve millones de venezolanos empujados a la diáspora y las miles de víctimas de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos. La principal apuesta para Venezuela es restituir las raíces de la nación y construir un sistema político que la exprese de modo fidedigno; que restablezca el equilibrio y la desconcentración de poderes. Y es un desafío que, para realizar la transición esperada, han de tomar en sus manos todos los venezolanos, los de afuera y los de adentro.

Ser nación es lo que impulsa como tarea colectiva y anima con perspicacia histórica en sus compatriotas María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, a tenor del discurso que su hija Ana Corina Sosa leyó ante el Ayuntamiento de Oslo el pasado 10 de diciembre: “En esta larga y dura travesía, los venezolanos hemos ganado certezas del alma, verdades profundas que le han dado un sentido trascendente a nuestras vidas y nos preparan para construir un futuro en paz.” Se trata de un quiebre o giro total en el decurso patrio conocido.

Hay que reconocer que, en Venezuela, el liberalismo ha sido un gran fraude histórico. Gobiernos que se dicen “liberales” han construido el culto de lo bolivariano “como instrumento ideológico” y para facilitar “la cohesión nacional de la que carecíamos”. Se habla de un proyecto nacional en el que persiste la pobreza y se sostiene bajo el despotismo.

Un mes antes del discurso del Nobel, María Corina Machado había dado a conocer un Manifiesto de Libertad en el que aseguró que “en una república libre el único soberano es el pueblo”, por tanto era necesario “levantar una sociedad libre, en la cual el gobierno sirva a sus ciudadanos”. Para esto, dice, no debemos apelar “al poder ni al privilegio, sino a los derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano”; ya que estos no dependen de poder alguno, tiránico o no, pues todos a uno son el fundamento de la verdad y la concreción de la libertad. Nadie, en suma, puede dictar lo que es nuestro por derecho: la libertad. Cabe observar que este manifiesto corre en vía contraria a lo que ha sido la reciente historia oficial de los venezolanos.

El artículo 3 de la Constitución Bolivariana de 1999 cosifica a la persona humana y la pone bajo la tutela del Estado, siguiendo la más estrecha línea del pensamiento constitucional de Bolívar. La versión chavista le encomienda al Estado el “desarrollo de la persona”, de modo que no es la persona la que ha de desarrollarse por sí misma y forjar su proyecto de vida, una idea que no desentona con la doctrina cesarista de Bolívar de que el pueblo es débil y no está todavía preparado para la libertad. Desde ese punto de vista, el pueblo necesita en todo momento del padre bueno y fuerte que le lleve hacia su madurez, en un camino sin final. Y ha sido esta, cabe enfatizarlo, la teleología constitucional venezolana a lo largo de los siglos XIX y XX.

No por azar, uno de nuestros más respetados historiadores contemporáneos, Germán Carrera Damas, ha dicho que “tenemos doscientos años luchando contra gobiernos arbitrarios y por establecer gobiernos de instituciones y leyes, gobiernos liberales, republicanos y democráticos. Doscientos años tratando de fundar el poder civil”. Es en ese estadio, impúber y como nación pendiente de realizarse, en el que se ha mantenido a Venezuela, incluso durante el periodo de nuestra acelerada modernización a partir de 1959.

La génesis venezolana indudablemente es liberal, primero en lo económico y luego en lo político. En 1811, año de la independencia de Venezuela, a la primera Constitución le precede una declaración de derechos del hombre adoptada por el Supremo Congreso, en su sesión legislativa para la provincia de Caracas; a estos derechos habría de servir la organización pública federal y de los gobiernos, alternativos como temporales, de base municipal. “El fin de la sociedad es la felicidad común, y el gobierno –por tiempo determinado– se instituye al asegurarla”, se lee en el texto respectivo.

La primera y luego prosternada manifestación de la libertad, según esos textos liberales primigenios, se refiere principalmente a la libertad de conciencia y religión, de pensamiento y expresión, resumida en la clásica libertad de imprenta para la que no debe existir censura.

Se entiende así, durante nuestra fase germinal como nación, que es desde allí, desde la libertad de imprenta, donde surgen las raíces que luego impulsan a la propia persona a ejercer y darle sentido a sus otros derechos fundamentales: reunirse y asociarse alrededor de las ideas y las causas, manifestarlas públicamente y en forma libre, al cabo legitimar con el voto al poder institucional que ha de garantizarle tales derechos. Todos a uno cristalizan en la misma libertad, en su seguridad, en la protección de la propiedad y la igualdad de derechos entre todos ante la ley. Pro homine et libertatis, cabe insistir en ello, es la partida de nacimiento de la nación venezolana. Su autenticidad se falseó una vez caída la Primera República, en 1812.

Equivocadamente se afirma que es en la obra de Simón Bolívar donde convergieron las corrientes de la Ilustración y el liberalismo venezolanos, en virtud de que, a finales de 1812, el Libertador se declararía “siempre fiel al sistema liberal y justo que proclamó mi Patria”. Lo cierto es que, en su célebre Manifiesto de Cartagena, condenó a la república federal venezolana naciente, calificándola de “república aérea” y cuyo fin explicó bajo el argumento de que la nación no estaba preparada para el bien supremo de la libertad. Bolívar atribuyó a la mencionada Primera República “la fatal adopción que hizo del sistema tolerante”, que, a sus ojos, presuponía equivocadamente “la perfectibilidad del linaje humano”.

No es necesario abundar en la historia posterior, pues solo el encono político dominante y reiterado de la época es lo que trastocó el significando de la palabra “liberal”, cuando se tachó de conservador y oligarca al gobierno de José Antonio Páez; siendo que, por el contrario, el modelo imperante para su tiempo –y separada Venezuela de la Gran Colombia– es, en sus formas republicanas, constitucional y sustantivamente liberal.

El deslinde político ya no se trabará alrededor de la persona y la garantía de sus derechos naturales, sino sobre la “geometría” del ejercicio del poder, entre federalistas y centralistas, siendo que Páez y sus sucesores inmediatos fijaron un esquema de gobierno centro-federal próximo al que ya en el siglo XX adoptaría Venezuela, en 1947 y 1961, bajo la república civil. Serán los bolivarianos, casualmente, quienes para volver sobre sus modelos autocráticos y centralistas renovados tremolen las banderas federales que condenara el propio Bolívar.

Con vistas a la actualidad y al porvenir, cabe apuntar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la de 1999, se forjó de manos del autócrata de turno que solo se miraba en su espejo. Es, por tanto, una Constitución iliberal. Quedan a salvo, por democráticas, las obras constitucionales de 1947 y 1961. Ninguna, sin embargo, es la expresión o la consecuencia de la nación como voluntad y entidad, capaz de reconocerla como fuente de sus valores constitutivos.

Venezuela, en suma, ha conocido a profundidad solo la experiencia republicana, a la que todavía llama “liberal”; empero, hasta el día de hoy, en lo político y en lo jurídico se sigue favoreciendo al Estado, sin excepciones. Por lo que desembarazarse del autoritarismo republicano iliberal, a fin de cuentas, es la empresa pendiente para el país. De ello dependerá que la nación vuelva a existir, a fin de reivindicar la dignidad que como personas poseen sus integrantes y para que pueda encontrar un modelo de Estado que la exprese de un modo fidedigno.

Si a mediados del siglo XIX, tras la guerra federal y con el Decreto de Garantías, por un instante, se definió al proyecto nacional como democrático, consagrando que los poderes públicos han de formarse mediante sufragio popular, a mediados del siglo XX el venezolano vuelve a escalar hasta esa condición de elector, pero nada más. Al inaugurarse el siglo XXI, al ciudadano se le considera una prolongación del Estado y de su forma autoritaria, presidencialmente centralizada y militarista. Toda iniciativa libre, desde entonces, quedó sujeta a la voluntad estatal y a los valores eminentes del gendarme.

En suma, en todos estos años, se le ha impedido a la nación venezolana ser la protagonista de su devenir y ser una nación liberal. Lo está alcanzando, finalmente, al lado de María Corina Machado, que no acepta victimizarla ni que se victimice para que pueda ser un “sujeto histórico”. ~

Condado de Broward, 2 de enero de 2025.