La crisis que lacera desde hace varios años a la nación cubana no puede explicarse por las continuidades o vaivenes de la política exterior estadounidense. Se trata, por el contrario, de una crisis estructural cuyas causas son esencialmente endógenas: el fracaso de un modelo estatista y las decisiones regresivas en inversión productiva, gestión pública, redistribución social y participación política impulsadas por La Habana. Las decisiones de Washington, por su poder y cercanía, impactan sin duda el destino de los cubanos. Pero no lo determinan.
Precisar ese orden causal importa no solo por rigor analítico, sino por sus efectos políticos. Cuando el foco de la explicación se desplaza hacia Estados Unidos como causa principal, se vuelve más fácil reducir la responsabilidad del régimen y normalizar formas de complicidad pasiva de actores internacionales que invocan la soberanía de Cuba mientras soslayan su realidad.
La escala de la tragedia
Para contrarrestar esa distorsión, hay que poner en perspectiva la magnitud del deterioro que se vive en la isla. A partir de 2021, Cuba atraviesa una policrisis –demográfica, energética, macroeconómica, sanitaria y política– de una gravedad no vista desde el llamado “Periodo Especial” de los años noventa. A diferencia de entonces, el contexto geopolítico es mucho menos favorable y no hay un aliado externo capaz de respaldar financieramente al Estado cubano.
En el frente demográfico, Cuba experimenta un colapso acelerado. Entre 2021 y 2024 el país perdió más del 10% de su población, principalmente por emigración hacia Estados Unidos, España, México y otros destinos del hemisferio. A ello se suma una de las tasas de fecundidad más bajas de América Latina (alrededor de 1.3 hijos por mujer) y un rápido envejecimiento poblacional: más del 22% de los cubanos tiene hoy sesenta años o más. El resultado es una reducción drástica de la fuerza laboral, una presión creciente sobre la salud pública y las pensiones, y un desgaste del tejido familiar y comunitario.
La escasez energética se ha convertido en una de las expresiones más visibles del problema. Desde 2021 se multiplican los apagones prolongados, que en muchas provincias superan las quince horas diarias. La decadencia del parque termoeléctrico, la falta de divisas para importar combustible y la dependencia de suministros externos –en particular de Venezuela y Rusia– han producido una inestabilidad casi permanente de la red eléctrica. Los cortes afectan la producción industrial, el suministro de agua, la conservación de alimentos y el funcionamiento de hospitales y escuelas. En ese contexto, la dirigencia cubana ha mantenido su apuesta por la construcción de hoteles que, paradójicamente, siguen subutilizados.
En el frente macroeconómico, la situación es igualmente crítica. La fallida “Tarea Ordenamiento”, implementada en 2021, disparó una inflación de tres dígitos, pulverizando salarios y pensiones. El pib real aún no recupera los niveles previos a la pandemia, las reservas internacionales son mínimas y el Estado enfrenta una severa crisis de balanza de pagos. La dolarización parcial de la economía ha profundizado la desigualdad social, favoreciendo a quienes reciben remesas y excluyendo a amplios sectores sin acceso a divisas. La policrisis no golpea parejo: ha creado una frontera material dentro de la isla. Quien tiene dólares compra tiempo; quien no, queda expuesto a la escasez desnuda. Esa brecha no solo divide consumo; divide futuro.
La crisis sanitaria refleja el quebranto general del aparato público. Aunque el país exhibe logros científicos puntuales –como el desarrollo de vacunas propias contra la covid-19–, el sistema de salud sufre escasez crónica de medicamentos, insumos básicos y personal. Hospitales reportan falta de antibióticos, analgésicos y material quirúrgico, mientras miles de médicos han emigrado o participan en misiones en el exterior. Indicadores particularmente sensibles, como la mortalidad infantil y materna, registran retrocesos.
Finalmente, la política –lejos de resolver o al menos gestionar– actúa como catalizador de todas las demás crisis. Las protestas masivas del 11 y 12 de julio de 2021 marcaron un punto de inflexión y revelaron un profundo malestar social. La respuesta del gobierno de Miguel Díaz-Canel fue predominantemente represiva: detenciones masivas, juicios sumarios y una clausura aún mayor del espacio cívico. Esa estrategia ha debilitado la legitimidad interna del régimen y agravado el aislamiento internacional, al tiempo que ha reducido la capacidad institucional para procesar conflictos, corregir errores y reconstruir la confianza pública.
En suma, la policrisis cubana no es coyuntural sino sistémica. La convergencia de colapso demográfico, precariedad energética, descalabro económico, erosión sanitaria y cierre político configura un escenario de declive que se afianza, donde la capacidad del Estado para garantizar bienestar mínimo y expectativas de futuro a la población se encuentra severamente dañada.
Concurrentes del fracaso
Mientras la policrisis se profundizaba, varias democracias occidentales –de Ottawa a Bruselas, pasando por algunas capitales latinoamericanas–, junto con instancias de la onu y la oea y con el circuito de fundaciones y foros que suele enmarcar la conversación liberal sobre Cuba, privilegiaron una lectura defensiva de la soberanía: más blindaje que responsabilidad. En la práctica, esa lectura sirvió de coartada para no hacerse cargo de violaciones persistentes de derechos humanos por parte del Estado cubano y para sostener un marco de impunidad frente a un poder que depreda a sus ciudadanos y extiende su lógica de expoliación incluso hacia los emigrados. Al tratar al Estado castrista como interlocutor fiable y legítimo –mientras se desatienden los reclamos de la disidencia interna, el exilio, la sociedad civil y, cada vez más, de la población– se consuma una anomalía inquietante: reconocer autoridad a un Estado que exige obediencia sin brindar protección, justo lo contrario de lo que exige cualquier orden liberal, en el ámbito doméstico o internacional.
Al preferir el discurso soberanista por encima de la defensa de las libertades, muchos gobiernos democráticos –de izquierda y de derecha– han contribuido a apuntalar un statu quo que se vuelve cada vez más cruel a medida que sus múltiples crisis se agravan. En lo concreto, esa complacencia ha permitido que el régimen mantenga un arreglo económico no solo ineficiente sino predatorio, basado en monopolios estatales, captura de divisas y salarios miserables. Y ha normalizado, además, un cerrojo político impuesto mediante la negación de garantías básicas.
A la vez, el relato internacional sobre Cuba ha operado con un doble estándar: la represión se minimiza, la pobreza se vuelve pintoresca y la ausencia de libertades se excusa en nombre de heridas históricas. Eso choca, cada vez más, con una cruda realidad. La situación de los cubanos bajo esta crisis sin fin y su conciencia de los responsables han llegado a un punto en el que, como reflejan reportajes recientes de medios progresistas como El País, The New York Times y The Guardian, el hartazgo de la gente –análogo al que hemos visto en Irán o Venezuela en fecha reciente– ha generado una nueva disposición a avalar, añorar y agradecer cualquier hipotética acción externa que saque del poder a los responsables de su desgracia.
Ciertamente el doble estándar no es exclusivo de Cuba. Lo peculiar en su caso, sin embargo, es la indulgencia estética: la tendencia a convertir el agravio externo en absolución interna. Y esa absolución no es inocua, el saldo es un abandono reiterado de la sociedad cubana –dentro y fuera de la isla–: la épica antiimperial como amnistía de la coerción doméstica.
El rol del hegemón
En este contexto de parálisis internacional, es comprensible –aunque incomode– que amplios sectores de la sociedad cubana perciban al gobierno de Estados Unidos como el único actor con capacidad y voluntad de destrabar la situación. No porque sus motivaciones estén orientadas a promover la democracia o los derechos humanos –algo inverosímil bajo la administración actual–, sino porque dispone de un repertorio de palancas políticas, económicas, diplomáticas, migratorias o, en último término, coercitivas capaces de modificar la conducta de la dirigencia cubana y abrir, aunque sea de modo incierto, un proceso de cambio. Esa constatación no equivale a una adhesión al trumpismo ni a su visión del mundo: es, más bien, una conciencia pragmática de la correlación de fuerzas y de quién, en el tablero actual, está dispuesto a mover ficha.
La experiencia del deshielo impulsado durante la administración de Barack Obama refuerza el punto. Lejos de aprovechar la apertura para emprender reformas políticas sustantivas, el régimen cubano utilizó el alivio de sanciones y la normalización diplomática como oxígeno sin contrapartidas: consolidó su control interno, captó recursos y aplazó de nuevo cualquier transformación estructural. La oportunidad se perdió no por presión externa, sino por una decisión deliberada de la élite gobernante: preservar intacto su monopolio de poder. Eso conduce a una conclusión ineludible: la crisis cubana precede a Donald Trump y no puede explicarse, con seriedad, como resultado de sus políticas –por discutibles que sean.
Conviene distinguir: elevar costos a una élite represiva no es lo mismo que castigar a una población exhausta. Lo primero puede ser focalizado y condicionado; lo segundo se vuelve indiscriminado y suele fortalecer al aparato que en teoría busca debilitar.
Para entender por qué millones de cubanos –y, de modo análogo, de venezolanos o iraníes– se aferran a la posibilidad de que desde fuera se altere el equilibrio interno, hay que abandonar actitudes moralizantes o paternalistas. Cuando los actores latinoamericanos y europeos que enarbolan valores liberales se limitan a la retórica para evitar costos o complicaciones políticas, la expectativa de que las medidas estadounidenses sean efectivas se convierte en una de las pocas fuentes de esperanza disponibles. No se trata de idealizar a Washington, sino de registrar el vacío que deja la omisión del resto.
Un ejemplo elocuente de la aquiescencia internacional ante el castrismo es la política exterior de México hacia Cuba, reforzada desde 2018. Escudada en una interpretación a modo de los principios de “no injerencia” y “autodeterminación de los pueblos”, ha sido una y otra vez favorable al gobierno cubano –aun en episodios de represión abierta, crisis humanitaria y éxodo masivo–. Esa actitud contrasta con las posturas que México ha adoptado frente a conflictos en Bolivia, Ecuador o Perú, donde no dudó en intervenir diplomáticamente, emitir juicios normativos y asumir un papel activo en la escalada. La selectividad revela que la “no injerencia” no fue, para los gobiernos de la 4T, un principio a honrar, sino un recurso retórico aplicado de manera instrumental. En el caso cubano, ha servido para blindar a un régimen autoritario –aliado de los inquilinos de Palacio Nacional– frente a cualquier escrutinio o acción regional, lo cual ha contribuido a perpetuar la crisis y a deslegitimar el propio discurso latinoamericano sobre democracia y derechos humanos.
Repensar la alternativa
Hay un dato incómodo: la persistencia del colapso cubano también ha sido facilitada por un orden que invoca los valores liberales con facilidad, pero titubea cuando hacerlos valer implica costos. Mientras la soberanía siga operando como coartada de impunidad –y no como marco de responsabilidad frente a los ciudadanos– la crisis cubana seguirá siendo no solo una tragedia nacional, sino un fracaso colectivo de quienes dicen defender la libertad. La mejor manera de contener pulsiones imperiales no es la retórica, sino una acción multilateral previa y verificable: ayuda humanitaria que no sea capturada, protección efectiva de libertades básicas y una ruta de apertura pacífica hacia un sistema político y económico más plural.
Traducido a mínimos, eso implica una secuencia verificable: canales humanitarios que no dependan del aparato coercitivo; liberación de presos políticos y fin de la persecución selectiva como condición de cualquier alivio; garantías básicas de asociación y expresión; y reformas económicas de ciudadanía –derecho a trabajar y emprender sin tutela, certidumbre jurídica, fin de monopolios– que devuelvan margen de vida fuera del Estado. Sin esa gradación, el “diálogo” vuelve a ser solo oxígeno sin contrapartidas.
El Estado cubano ha gestionado esta crisis como un dispositivo de supervivencia, haciendo de la emigración una válvula de escape y una fuente de ingresos, de la ayuda internacional un instrumento de control y de la precariedad un mecanismo de disciplina social. Frente a eso, la apelación ritual a la soberanía es más comparsa que compromiso. Lo que se necesita es, más bien, solidaridad democrática: apoyo humanitario que no fortalezca al aparato coercitivo; protección concreta para quienes ejercen derechos básicos; y una política que deje de confundir “diálogo” con licencia. Para intelectuales, activistas y gobiernos que dicen hablar en nombre de la democracia liberal, el deber no es elegir bando en una disputa geopolítica, sino rechazar la normalización de la represión y del despojo –dentro de la isla y hacia sus emigrados– y negar al régimen el privilegio de la indulgencia moral. Una democracia que tolera esa excepción termina desmintiéndose. ~
