“No hay vida digna sin viviendas y trabajos dignos. Por eso salimos hoy a la calle, como cada 1M, para reivindicar lo que es de justicia social: las personas y el derecho, siempre por encima del negocio”, ha dicho la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que se manifestaba contra sí misma. “Quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público. Les estamos ganando”, celebraba unos días antes.
La victoria, todos lo sabemos, es incontestable. El acceso a la vivienda es la principal preocupación de los españoles en las encuestas. El 44% de los ciudadanos que tienen entre 26 y 34 años todavía vive con sus padres. Los precios suben y gracias a las medidas anunciadas se retiran pisos del mercado de alquiler. La población aumenta; los más vulnerables y quienes tratan de incorporarse a la vida adulta tienen más problemas para hacerlo.
Hay pocas victorias comparables: la de la Armada Invencible, la del primer y último viaje del Titanic, la del primer día de la batalla del Somme para los británicos.
Los expertos en vivienda coinciden en que tenemos un problema de escasez. Hay condicionantes que dificultan solventarlo: materiales, administrativos, económicos, electorales, temporales (el plazo del Gobierno es demasiado breve, el de la construcción es largo) e ideológicos (construir y mercado son, por supuesto, anatema). Para disimular esa impotencia se busca un culpable: la realidad no se puede modificar, pero quizá se pueda cambiar de tema. El problema es que hay demasiada concentración de la propiedad, dicen. Sale un informe avalado por científicos del CSIC que lo demuestra. El informe plantea que si tienes un piso y un garaje eres multipropietario; si tienes un piso y un trastero también. Es posible que usted, lector, sea multipropietario si tiene un parchís, un belén o una pecera, quién sabe.
Aparecen voces que lamentan la avaricia del conciudadano: no del fantasmal fondo o el multipropietario, sino la codicia de quien tiene un piso y lo alquila a precio de mercado. Yo no soy casero, pero imagino que los dueños de esas voces piden cada mes a su jefe que les pague menos.
Otra medida brillante: se hace un decreto ley para contentar al socio junior del Gobierno sabiendo que no se va a convalidar en el Congreso, y se crea deliberadamente una situación de inseguridad jurídica. No se resuelve el problema, pero se generan otros nuevos, y representantes públicos alientan la litigiosidad y el enfrentamiento (sin entrar en la alucinante chapuza institucional).
Como ha escrito Ricardo Dudda, el problema de la vivienda no se solucionará. Se pueden prometer tonterías, un poco a la manera de María Jesús Montero, que promete reducir las listas de espera por ley. Y luego ya habrá tiempo: por ejemplo, como apunta Estefanía Molina, si gobierna la derecha. Ahí sí podremos indignarnos.
Publicado originalmente en El Periódico de Aragón.
