El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó recientemente la extradición de diez mexicanos para juzgarlos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Lo hizo siguiendo el protocolo del tratado de extradición ratificado en el 2001 por el Senado mexicano. De acuerdo al tratado vigente las pruebas de su culpabilidad se pueden presentar hasta 60 días después de que se les haya detenido y extraditado.
El gobierno mexicano hasta ahora se ha negado a cumplir el tratado de extradición. ¿Para qué renegociar el Tratado de Libre Comercio (TMEC) si México es incapaz de cumplir los acuerdos que suscribe? El 82% de las exportaciones mexicanas se destinan al mercado norteamericano. La suspensión de las negociaciones del TMEC terminaría por hundir a la endeble economía mexicana, que el primer trimestre de este año reportó un crecimiento del 0.1%
¿Los diez inculpados son tan importantes que ameritan que se hunda la economía nacional? Se dice que su defensa no es por estas diez personas sino por principios. Baste recordar que el gobierno mexicano deportó en los pasados meses a 92 reos de forma expedita e ilegal, saltándose todos los procedimientos.
El gobierno norteamericano sustentó la solicitud de extradición con un documento de 34 páginas en el que se detalla la asociación de los inculpados con el Cártel de Sinaloa, una de las empresas criminales más poderosas del mundo. En la exposición destaca la colaboración de este cártel en el proceso electoral en Sinaloa en 2021. Como resultado de esta colaboración resultó electo Rubén Rocha Moya. No fue electo por la ciudadanía, lo impuso una organización criminal. A cambio, el nuevo gobierno se comprometió a dejar en manos de los narcotraficantes áreas tan sensibles como el departamento de finanzas, la seguridad pública del estado y las obras públicas.
¿En qué consistió la colaboración del Cartel de Sinaloa con el Partido Morena? “Candidatos de oposición y familiares de estos fueron asesinados. Grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna. Las amenazas se hicieron extensivas a la poselección, mediante una impuesta ley del silencio sobre todo lo que había ocurrido” (Héctor de Mauleón, “6 de junio de 2001. La elección del narco”.)
Repito: ¿en qué consistió el apoyo que Morena y su candidato Rocha Moya solicitaron del Cártel de Sinaloa? Amenazas, homicidios, secuestros, coacción violenta del voto, selección de candidaturas. Esto es lo que ahora defiende el gobierno mexicano con el pretexto de la soberanía.
Lo que se vivió en Sinaloa también ocurrió en Baja California, Sonora y Nayarit. En Colima y Michoacán la asociación fue con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En otros estados, como Tamaulipas, San Luis Potosí y Durango, la alianza de Morena fue con el Cártel del Golfo y el del Noreste. El operador de esta gigantesca operación electoral fraudulenta fue el actual Secretario de Educación, Mario Delgado. La operación fue consentida y orquestada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué paradoja: el hombre que llegó al poder alegando mañosamente que le hicieron fraude en el 2006 con el tiempo se convertiría en el presidente que operó el mayor fraude electoral en la historia de México.
En el proceso electoral de junio de 2021 hubo 102 homicidios por motivos políticos, 48 intentos de asesinatos, 693 víctimas de hechos violentos (tortura, secuestro, golpizas). Al día siguiente de las elecciones, durante su conferencia matutina, un López Obrador exultante dijo que la delincuencia organizada “se portó muy bien”. A la luz de lo que ahora se conoce, el presidente no se refería a que hubiera sido una jornada pacífica, sino a que los delincuentes se portaron muy bien al ayudar a que Morena ganara la mayoría de las elecciones estatales.
Dentro del grupo de delincuentes que se han convertido en testigos protegidos de la justicia norteamericana proliferan testimonios que indican que López Obrador recibió apoyo del crimen organizado para sus campañas de 2006 y de 2012. Ya en el poder pudo operar a sus anchas. A cambio del apoyo electoral que recibió su partido implementó una política de no confrontación con los grupos criminales, disminuyeron sensiblemente los decomisos, toleró la existencia de miles de narcolaboratorios de fentanilo diseminados por todo el país. Fingiéndose defensor de la soberanía limitó al máximo la acción de la DEA en nuestro territorio. Con la excusa ideológica de que el narco es también “pueblo” consintió que los criminales dominaran un tercio del país aterrorizando a sus habitantes. La gran crisis de homicidios y desaparecidos durante su gobierno, el mayor período de violencia en el México posrevolucionario, tuvo su origen en esta política de tolerancia con los grupos criminales. La connivencia del gobierno con los cárteles del narcotráfico no la inauguró López Obrador, es una complicidad que llevaba décadas, con diferentes modalidades. Pero López Obrador la llevó al límite, con el único fin de concentrar en su persona el mayor poder posible.
Hoy pagamos las consecuencias de esa política de tolerancia y complicidad. El gobierno de Trump ha amenazado a México con lanzarle misiles, con invadirlo con fuerza militar, ha emplazado buques destructores frente a nuestras costas, ha convertido en algo cotidiano el sobrevuelo de aviones espías y drones. Vivimos el peor momento que hayan atravesado las relaciones diplomáticas con nuestro poderoso y abusivo vecino gracias a la soberbia y sed de poder del político de Macuspana.
Ayer mismo, Trump advirtió al gobierno mexicano: “Los encontraremos y los eliminaremos”, refiriéndose a los narcotraficantes. “Si México no actúa, nosotros haremos el trabajo. Lo harán fuerzas terrestres, aunque se quejen en México”.
Varios estados de la República Mexicana son hoy cogobernados por los cárteles del narcotráfico. Eso implica que los ciudadanos de esos estados pagan sus impuestos para hacer más fuertes a esas organizaciones. Significa que la justicia está en manos de los delincuentes. Significa ausencia del Estado de derecho e impunidad. Significa tolerancia con los campos de exterminio y las miles de desapariciones. Significa el control de las carreteras. La extorsión en los negocios. El secuestro de miles de jóvenes. Implica terror, miedo, inseguridad. Todo con la complicidad abierta de los gobernantes de Morena.
México no extradita a los inculpados que solicita el Departamento de Justicia estadounidense por defender la soberanía del país. No los extradita porque sabe que su entrega no detendrá el proceso en marcha, que esto apenas comienza, que a la solicitud de extradición de Rocha Moya le seguirán las de otros gobernadores, otros dirigentes de Morena, y quizá, en último término, el ex presidente López Obrador. Hay sectores en los Estados Unidos que lo acusan de ser el responsable de la muerte por sobredosis de fentanilo (que López Obrador siempre negó que se produjera en México) de más de 200 mil personas. En la guerra de Vietnam murieron 56 mil norteamericanos. A diferencia de los mexicanos, que seguimos tolerando y aceptando resignados la muerte de 800 mil mexicanos por covid, gracias a la pésima estrategia que implementó López Obrador, en Estados Unidos no olvidan esos muertos por sobredosis. Rocha Moya es el primero de una larga serie.
Para defender la profunda complicidad del gobierno actual con grupos delincuenciales, se invoca la soberanía. Pero no nos engañemos. Cuando la presidenta Sheinbaum dice “soberanía” en realidad quiere decir “narcogobierno”. ~
