En el Congreso mexicano se procesa una iniciativa formal impulsada por Ricardo Monreal que propone una adición radical a las causales de nulidad electoral: invalidar los comicios cuando se acredite la “injerencia extranjera”. Es verdad que ningún Estado constitucional debe normalizar que agentes externos pretendan incidir en el destino de sus urnas, es decir, en el rumbo de sus gobiernos. Sin embargo, hay varios problemas con esta iniciativa, y el principal es que no está hecha para proteger la democracia mexicana de agentes de la CIA o desinformadores rusos o dinero chino. En realidad está hecha para poder anular elecciones y ya.
Anular una elección es la medida más drástica de la justicia electoral. Significa dejar sin efectos el ejercicio de un derecho fundamental y desechar la voluntad de miles o millones de ciudadanos. No basta un delito electoral para ello. La tradición jurídica ha puesto sus buenos candados para conservar la decisión emitida en las urnas. Para empezar, las faltas deben ser graves, estar plenamente acreditadas y, sobre todo, resultar determinantes para el resultado. ¿Cómo se sabe eso? La ley lo prevé. Existen candados matemáticos (la diferencia entre el ganador y el segundo lugar, por ejemplo) y porcentajes claros (al menos 20 por ciento de casillas inválidas) para impedir que el voto sea tirado a la basura por una sospecha o por la conveniencia del momento. Incluso ante la comisión de ilícitos probados, el diseño protege la expresión ciudadana si esos ilícitos no alteran el orden del triunfo.
El texto de la iniciativa del legislador Monreal rompe con esta lógica. Propone la nulidad cuando “exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”. Esta frase es alarmante, pues más allá de que no se exige comprobar, al menos, si hubo intervención y qué tan determinante fue, incluye dos palabras diabólicas: “intención” e “influir”.
Determinar la intención es difícil, pero medir la influencia de una intención es aun más complicado. ¿Bastará un tuit de un legislador foráneo, un editorial en la prensa internacional o el informe de una organización de derechos humanos para activar la alerta? Como no tiene marcadores objetivos, indicadores o estándares de determinancia, la causal se vuelve un concepto chiclosísimo, en el mejor de los casos. En el peor: en una coartada para repetir un juego perdido.
Además hay otros caminos, no elegidos por el legislador Monreal. No por ignorancia, que no se le puede achacar a él, sino por la conveniencia de usar una medida extrema. Los otros caminos no necesariamente sacrifican el sufragio emitido y sí castigan a los actores: por ejemplo, multas, pérdidas de registro o incluso cancelación de candidaturas. Si es que se establecen indicadores objetivos, claro está. Pero no incluir indicadores y saltar de inmediato a la nulidad generalizada sugiere un propósito distinto al resguardo de la soberanía.
Para empeorar el escenario y alimentar la sospecha sobre las oscuras intenciones del régimen, es preciso ver el contexto real en el que una decisión así de extrema se tomaría: un contexto de profunda degradación de capacidades del arbitraje judicial. No es que el Poder Judicial o su Tribunal Electoral puedan presumir de ser imparciales cuando de proteger a Morena se trata.
Hay aquí una paradoja: quieren blindar la voluntad popular frente al exterior pero la debilitan desde el interior. Este diseño, de ser aprobado, es un paso más para cerrar la pinza del control autoritario: perpetúa el conflicto poselectoral a favor del partido en el poder y vacía de legitimidad la renovación de autoridades. Qué tramposo Monreal al confeccionar la coartada normativa envuelto en la bandera y el himno. Qué perversa la presidenta al validarla y alinear a su partido en esa dirección. ~
