Sin duda alguna, el décimo aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dará lugar a una avalancha de reportajes y editoriales en los medios masivos de comunicación. Pero es de temerse que la mayoría de ellos centren su atención en los momentos estelares de la gesta neozapatista y en la personalidad del Subcomandante Marcos. Seguramente, una vez más, la situación actual y concreta de los indígenas de Chiapas se mantenga en la oscuridad.
En estas páginas, pretendo paliar en algo esta probable omisión, y hacer un rápido bosquejo de la situación por la que atraviesan las comunidades indígenas que se encuentran en la zona de conflicto.
Las comunidades indígenas
Ni siquiera en el momento de mayor efervescencia política y social, los miembros, seguidores y simpatizantes del EZLN llegaron a ser mayoritarios en las regiones predominantemente indígenas de Chiapas. A pesar de que el Subcomandante Marcos incitó a votar en las elecciones de gobernador de 1994 por Amado Avendaño, candidato de la “sociedad civil” registrado por el prd, el PRI obtuvo un mayor porcentaje de la votación que el partido del “Sol Azteca” (el 48.8% contra el 43%) en el conjunto de los municipios en los que los hablantes de lenguas indígenas constituyen la mayoría de la población.
Desde entonces, las simpatías hacia el EZLN han ido reduciéndose entre los indígenas de Chiapas. En los primeros años, la agobiante presencia de campamentos militares cercanos a las comunidades neozapatistas, la gran inyección de recursos públicos en Chiapas, la criminal política de sectores del gobierno estatal de Ruiz Ferro (1995-1998) de incitar a los indígenas priistas a armarse —que culminó en la masacre de Acteal— contribuyeron a alejar a muchos del movimiento neozapatista.
Pero también ciertas decisiones del EZLN le hicieron perder apoyos y simpatías. En algunos lugares, los dirigentes neozapatistas fomentaron la colectivización de las tierras agrícolas y de los animales de corral de las bases de apoyo del EZLN. Como era de esperarse, estos “colectivos completos” fracasaron estrepitosamente, y muchos indígenas rompieron con la organización armada con el fin de recobrar el usufructo familiar de sus tierras. La prohibición impuesta por la comandancia general del EZLN a sus seguidores, en el sentido de recibir los apoyos que el gobierno repartía en la región, aceleró las deserciones y suscitó innumerables conflictos locales.
El triunfo de Pablo Salazar Mendiguchía, postulado por una amplia coalición de partidos (PRD, PAN, PT y PVEM, entre otros) en las elecciones de gobernador, distanció del EZLN a las organizaciones campesinas que de una manera u otra habían apoyado esa candidatura (CIOAC, ARIC Independiente, ORCAO).1
Por otra parte, las bases de apoyo neozapatistas se encuentran exhaustas tras diez años de destinar una parte significativa de sus cosechas al mantenimiento de los insurgentes, más aún cuando la ayuda proveniente de la solidaridad internacional se ha reducido en forma considerable. A esto ha venido a sumarse la clamorosa caída de los precios del café. Los precios altos que rigieron en los años posteriores al levantamiento facilitaron a las bases de apoyo contribuir al sostenimiento de los insurgentes, pero su posterior desplome las ha colocado en una situación desesperada.
Finalmente, los diez años de permanente movilización y zozobra no han arrojado mayores frutos para los indígenas neozapatistas, fuera de algunas tierras de propiedad privada que tienen invadidas, y para colmo de males no se vislumbra en el horizonte salida alguna al conflicto. Por todo ello, el desánimo ha cundido en Chiapas entre los indígenas base de apoyo del EZLN.
Las formas que ha tomado entre los indígenas su distanciamiento de la organización armada han sido de lo más diversas. En los primeros años, quienes rompían con el EZLN se integraban a los grupos priistas locales. Con el triunfo de Pablo Salazar, las opciones de los desertores se han ampliado de manera considerable. Curiosamente, algunas bases de apoyo que han dejado de contribuir al sostenimiento de los insurgentes del EZLN, que no participan más en las reuniones de adoctrinamiento y que incluso no acuden a los actos que promueve esta organización, siguen reconociendo a los “municipios autónomos” alguna forma de legitimidad y recurren a ellos para resolver sus problemas. Muchos otros indígenas se acercan o se distancian del EZLN según la conveniencia del momento.
Por otra parte, la falta de recursos ha obligado al EZLN a desmovilizar a una parte importante de sus insurgentes. Éstos se mantienen leales a la organización, pero tienen que buscarse su sustento ante la imposibilidad de seguir viviendo en los campamentos de montaña. Algunos se han trasladado a localidades fundadas en tierras de propiedad privada invadidas por el EZLN. Este regreso a las tareas del campo ha sido especialmente dramático para las mujeres que habían tenido responsabilidades militares. Ante la sombría perspectiva de tener que dedicar sus días a moler el maíz, echar tortillas, ir por leña y agua, alimentar los animales y cuidar de los niños —en todo ello sujetas a la voluntad de sus hombres—, algunas han preferido contratarse como sirvientas en casa de activistas de las ONG en San Cristóbal de Las Casas.
Al disminuir la polarización entre priistas y partidarios del EZLN, gracias a la apARICión de nuevos actores políticos y sociales y de innumerables franjas grises, en muchas comunidades se han dado meritorios esfuerzos por reconstruir el tejido social y por impulsar formas de intercambio y de colaboración entre todos sus miembros, independientemente de sus simpatías políticas, presentes o pasadas.
Gracias al trabajo del gobierno de Chiapas, gran parte de los desplazados por “la guerra civil de baja intensidad” han podido regresar a sus lugares de origen. Éste ha sido el caso de “Las Abejas”, la organización a la que pertenecían las víctimas de la masacre de Acteal. En la zona chol también se ha promovido con éxito la reconciliación, después de que en los años de 1995 y 1996 perdieron la vida en enfrentamientos fratricidas por lo menos unas cien personas, tanto neozapatistas como priistas. Allí, los desplazados han podido regresar a sus parajes, las ermitas católicas han reabierto sus puertas y la violencia ha disminuido considerablemente.
En otros lugares, la reconstrucción del tejido social ha sido obra exclusiva de los propios indígenas. Así, municipios constitucionales y municipios autónomos han llegado a pactos implícitos que les permiten coexistir sin demasiadas fricciones. Es común que en comunidades divididas en dos o más bandos, existan instancias de gobierno local en las que todos participan —como pueden ser los comités de educación y las asambleas ejidales o de bienes comunales—, mientras que en el ámbito político cada facción mantiene sus propias formas de organización. Por lo general, este tipo de arreglos se alcanzan con mayor facilidad donde los neozapatistas han quedado en minoría.
A partir de las alternancias del año 2000, el pluralismo ha echado prometedoras raíces en las tierras indígenas. Las elecciones locales de 2001 vieron proliferar las candidaturas a las presidencias municipales. Las campañas electorales y las elecciones se realizaron en perfecto orden. Aunque Chiapas tiene el triste récord de ser la entidad federativa con los más altos índices de abstencionismo, es de destacar que la participación electoral es casi la misma en los municipios indígenas (54% en 2001) que en los municipios rurales ladinos (55.6%), y es muy superior a la de las principales ciudades del estado (en donde, en el 2001, sólo votó el 38.3%). Todavía más sorprendente es el hecho de que, en las últimas elecciones federales (2003), los distritos electorales con mayor participación fueron San Cristóbal de Las Casas (que abarca gran parte de Los Altos) y Ocosingo, es decir justamente aquellos en los que el EZLN tiene mayor presencia y donde hace todo lo posible por que sus habitantes no acudan a votar, incluso quemando las casillas, como sucedió en 1997 y 2003. Este dato nos da una buena idea de la debilidad actual de esta organización armada.
La reacción de los neozapatistas
El EZLN tardó en encontrar una respuesta ante la lenta pero constante sangría de militantes y simpatizantes, ante la autonomía creciente de sus propios “municipios” y ante la importante disminución de recursos financieros provenientes del extranjero. Finalmente, a fines de julio de 2003, el Subcomandante Marcos anunció la creación de las Juntas de Buen Gobierno y del “impuesto hermano”. Según él, las Juntas de Buen Gobierno constituirían una profundización de la autonomía de los pueblos indígenas; además, permitirían evitar o sancionar las violaciones a los derechos humanos que llegaran a cometer los municipios autónomos.
Las Juntas de Buen Gobierno están conformadas por uno o dos delegados de cada uno de los Consejos Autónomos de su zona. Según el mismo Subcomandante Marcos, “el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) vigilará el funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno para evitar actos de corrupción, intolerancia, arbitrariedades, injusticia y desviación del principio zapatista de Mandar Obedeciendo”.
No hace falta leer entre líneas para percatarse de que el objetivo primordial de estas “Juntas” consiste en centralizar las decisiones bajo la “vigilancia” del EZLN, con el fin de terminar con la autonomía de los municipios neozapatistas que cada vez actuaban más por cuenta propia, y que en ocasiones discutían las órdenes que venían de “arriba”, las obedecían a regañadientes o incluso no las cumplían cabalmente. Pero el otro propósito que persigue la creación de las Juntas de Buen Gobierno es el de controlar los recursos de las ONG que trabajan en la zona de conflicto. En efecto, el Subcomandante Marcos, después de criticar duramente a estas ONG, acusándolas de paternalismo, anunció que de ahora en adelante serían las Juntas de Buen Gobierno (no olvidemos que vigiladas por el CCRI) las encargadas de decidir adónde deberán dirigirse las ayudas internacionales. Además, las ONG tendrán que pagar el llamado “impuesto hermano”, que equivale al 10% del presupuesto total de sus proyectos. Supuestamente, este diezmo será invertido en las comunidades más marginadas, pero no es muy disparatado suponer que en realidad servirá para mantener a los insurgentes y a los mandos militares del EZLN.
Aunque tanto el gobierno federal como el estatal hicieron declaraciones en que saludaban la creación de las Juntas de Buen Gobierno, y las consideraban una valiente autocrítica del EZLN, suponiendo ingenuamente que darían lugar a un traspaso de poder del mando militar hacia las comunidades indígenas, no tardaron en sufrir un desencanto. Como era de esperarse, algunas Juntas de Buen Gobierno (en especial la de La Garrucha y la de La Realidad) no cumplieron con el compromiso de respetar a quienes no fueran neozapatistas. Así, en noviembre de 2003 “arrestaron” a dos indígenas del predio “Plan de Iguala 1a Sección” en Ocosingo. Este predio había sido invadido, tras el levantamiento armado de 1994, por simpatizantes neozapatistas. Pero, con el tiempo, el grupo se dividió: unos siguieron apoyando al EZLN y los otros se apartaron de la organización armada. Sensatamente, los indígenas habían acordado dividir el predio de acuerdo con el número de personas que integraban cada grupo. Pero ahora los neozapatistas han decidido que los indígenas disidentes no tiene derecho a quedarse con las tierras, y utilizan a los “presos” como medio de presión para obligar a los demás a renunciar a su parte del predio. Otra fuente de conflictos es la decisión de estas Juntas de Buen Gobierno de atribuirse el derecho de cobrar deudas pendientes a favor de los simpatizantes neozapatistas, recurriendo al uso de la fuerza. Para ello secuestran (“arrestan”, dicen ellos) al supuesto deudor, y exigen a los familiares que entreguen cierta cantidad de dinero a la Junta de Buen Gobierno, la cual, supuestamente, lo transferirá al acreedor neozapatista. Uno de estos casos estuvo cerca de provocar una enfrentamiento entre el EZLN y la CIOAC, ya que el “deudor” militaba en esta última organización campesina. El conflicto sólo se solucionó porque el gobierno del estado cubrió el monto de la “deuda”, aunque sería más preciso decir que pagó el rescate del secuestro.
El “impuesto hermano” también ha desatado múltiples fricciones. Las ONG, que finalmente viven de la simpatía que genera la causa neozapatista en el extranjero, no tuvieron más remedio que aceptar la injerencia de las Juntas de Buen Gobierno en la toma de decisiones relativas al destino de los fondos de ayuda, y han tenido también que entregar el 10% del monto de sus proyectos al EZLN. Pero algunas de las Juntas de Buen Gobierno han ido más lejos, e intentan cobrar este “impuesto” a las empresas privadas que construyen caminos o carreteras en la Selva Lacandona, lo que ha obligado al gobierno de Chiapas a prestarles protección para que continúen sus trabajos. Más grave aún es el hecho de que algunas Juntas de Buen Gobierno han exigido a los indígenas que no simpatizan con el EZLN el pago del 10% de las ayudas gubernamentales que reciben.
Éstas y otras acciones similares amenazan con echar por tierra todos los esfuerzos de las comunidades por reconstruir su tejido social, desgarrado tras diez años de conflictos internos.
Desempleo y migración
Si bien, en términos generales, podemos afirmar que la violencia y los conflictos se han reducido en los últimos tres años —aunque no existe seguridad alguna de que no se vuelvan a producir enfrentamientos sangrientos, sobre todo como resultado de las acciones de las Juntas de Buen Gobierno—, los problemas de fondo que padecen los indígenas de Chiapas siguen sin encontrar una solución satisfactoria.
Uno de estos problemas, sin duda el más grave de todos, es el de la falta de oportunidades laborales. Ciertamente, desde 1994, los gobiernos priistas —federales y estatales— realizaron grandes inversiones en Chiapas para dotar de servicios básicos a la población y para mejorar las infraestructuras, en especial la red de carreteras y caminos. Esta misma política se ha mantenido desde la llegada al poder de Vicente Fox y de Pablo Salazar. Si no surge ningún contratiempo, a fines de diciembre de 2003 se habrá inaugurado la autopista Tuxtla Gutiérrez-Cosoloacaque (Veracruz), que va a reducir el tiempo de viaje entre la capital chiapaneca y la ciudad de México en un 30%. La autopista que comunicará Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de Las Casas se encuentra también muy avanzada.
Estas obras generan un buen número de empleos temporales y, en principio, hacen más atractivas las inversiones en el estado. Sin embargo, la lejanía de los principales mercados, la bajísima capacitación de la mano de obra y la inestabilidad social que impera en la región hacen que Chiapas ocupe todavía el último lugar de las entidades federativas en la preferencia de los inversionistas. La oposición frontal del EZLN y de algunas otras organizaciones campesinas e indígenas a todo tipo de creación de fuentes de empleo no agrícola (fábricas, maquilas o incluso empresas dedicadas al turismo ecológico) obviamente no ha ayudado para nada a resolver esta situación crítica. A pesar de todo ello, Chiapas ocupa el 60 lugar de la República Mexicana en cuanto al aumento de afiliados al imss entre diciembre de 2000 y octubre de 2003 (unos once mil): un resultado sin duda muy meritorio, pero a todas luces insuficiente, dada la dramática falta de oportunidades de encontrar un trabajo mínimamente digno en Chiapas. A ello se debe que un número creciente de chiapanecos —tanto ladinos como indígenas— abandonen el estado en busca de empleo. Sus principales destinos son Tabasco, Quintana Roo y Veracruz.
Más novedoso es el hecho de que los chiapanecos empiecen a migrar a Estados Unidos. En efecto, en menos de una década, Chiapas ha pasado de ocupar el último lugar de las entidades federativas por el número de migrantes al vecino del norte a ser el decimoctavo en la actualidad. Las remesas de los migrantes, que antes tenían una repercusión insignificante en la economía chiapaneca, representan hoy en día el 4.5% del PIB de este estado. Los primeros indígenas que se lanzaron a la aventura más allá de la frontera norte fueron los chamulas, gracias a los préstamos usureros que les otorgan sus caciques. Pero rápidamente han sido imitados por los de otros municipios, no sólo de Los Altos y de la Zona Norte, sino incluso de la Selva Lacandona, región que antes de 1994 atraía a población de otros lugares de Chiapas.
Se podría afirmar, entonces, que la principal consecuencia de la rebelión neozapatista ha sido la de acelerar la integración de Chiapas en el mundo globalizado. Por una parte, el éxito del Subcomandante Marcos se debió a su capacidad para proporcionar a la izquierda europea (y en menor medida estadounidense) de una nueva “causa justa”, para volver a suscitar en ella las utopías y la ilusión de que en un rincón olvidado del mundo —la Selva Lacandona— se estaba construyendo la Arcadia revolucionaria del siglo XXI. Gracias a ello, miles de indígenas entraron por primera vez en contacto con un gran número de extranjeros que se hospedaron en sus comunidades por lapsos más o menos largos, y recibieron un amplio apoyo internacional, tanto político como económico.
Pero, al mismo tiempo, la falta de resultados concretos, tras diez años de permanente movilización, ha generado entre muchísimos indígenas un profundo desencanto. Piensan que ni las promesas del gobierno ni la participación en las organizaciones campesinas e indígenas (incluido el EZLN) les van a ayudar a mejorar de manera significativa sus condiciones de vida. La única opción que vislumbran es abandonar su terruño en busca de trabajo en lugares cada vez más alejados.
Una anécdota que se cuenta en Ocosingo puede resumir acertadamente la transformación de los proyectos de vida de los indígenas de Chiapas, a lo largo de estos últimos diez años. Hace tiempo, un mando militar indígena del EZLN fue severamente reprendido por el Subcomandante Marcos, debido al mal manejo de algunos recursos financieros. El máximo dirigente le ordenó que devolviera el dinero desaparecido. Como el indígena no tenía en su posesión el monto que se le exigía, decidió marcharse a Estados Unidos. Después de un año, regresó a la Selva Lacandona y, con lo ahorrado durante su estancia en el país vecino como trabajador ilegal, saldó su deuda. A pesar de tener la posibilidad de hacerlo, decidió no reincorporarse a las filas del EZLN: por el contrario, habiendo descubierto las enormes posibilidades que ofrece la migración a Estados Unidos, convenció a un buen número de amigos y conocidos a que siguieran su ejemplo y se fueran a trabajar allá como “mojados”. Incluso los ayudó a cruzar la frontera. Hoy en día, este antiguo mando militar del EZLN es uno de los principales “polleros” de Ocosingo. ~
(ciudad de México, 1954), historiador, es autor, entre otras obras, de Encrucijadas chiapanecas. Economía, religión e identidades (Tusquets/El Colegio de México, 2002).
