Para el recién llegado, Lomas Taurinas todavía es un memorándum del crimen. Por todos lados se respira un aire carcelario, ilegal, mortuorio. Se ha dicho que este lugar es un foso, un cañón, una ratonera.
La tarde de mi visita, el 8 de febrero, es más bien una caja de resonancia donde confluye la música de tres sistemas de sonido que, desde distintos puntos, reproducen a los Tucanes de Tijuana, los Tigres del Norte y un grupo hip-hop. Los corridos hablan de la muerte, como algunas estrofas de la canción “La culebra”, que sonaba al final del mitin del 23 de marzo de 1994, y que, en opinión de muchos, fue la señal para que el asesino disparara la pistola contra Luis Donaldo Colosio, entonces candidato por el PRI a la presidencia de
la República.
Justo en el lugar del asesinato, el comité municipal del Pronasol levantó una estatua de Luis Donaldo Colosio en mangas de camisa. Alguien le ha ido a colocar una calcomanía en el corazón con los tres colores de la bandera, en la que se lee “PRI”. A sus pies hay unas flores rojas que se marchitaron y una cruz que dice: “Democracia-Colosio”. La construcción de esta plaza, seis meses después del incidente, también despertó sospechas. Mucha gente pensó que alguien mandó transformar la escena del crimen.
Por allí anda Agustín Pérez Rivero, fundador de Lomas Taurinas, quien presenció el asesinato. Él no tiene duda que “a Donaldo lo sacrificó Mario Aburto, ese mexicano mal nacido”. Nadie más. Pérez Rivero está casi sólo. De acuerdo con encuestas levantadas por El Universal y Reforma, más del 80 por ciento piensa que el asesinato de Colosio es producto de un complot.
Los fiscales incómodos
En un artículo que publicó Vuelta en mayo de 1997, David Gaddis Smith dice que es natural que el pueblo mexicano sea tan proclive a las teorías de la conspiración, porque la gente suple la falta de información imaginando conspiraciones. También es natural que en un asesinato político la gente levante la vista hacia el poder para encontrar culpables. Pero, en el caso Colosio, las teorías de la conspiración se han llevado a tales extremos que los ciudadanos no están dispuestos a escuchar nada que no confirme sus sospechas de un complot.
La actual Fiscalía Especial del caso Colosio, por ejemplo, está condenada a elaborar filigranas periciales para hacer convincentes sus investigaciones. Cuando el subprocurador especial recibió la oficina, la investigación del caso Colosio había llegado a uno de sus peores momentos. El antiguo encargado de la indagación, Pablo Chapa Bezanilla, perdió la línea fundamental de su investigación cuando el juez liberó a Othón Cortés, presunto responsable del segundo disparo. La hipótesis del complot se venía abajo de nuevo. Chapa Bezanilla fue relevado de su responsabilidad en el caso Colosio, aunque conservó su posición al frente de la investigación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
Al tiempo que la opinión pública cuestionaba que Raúl González, un investigador relativamente desconocido, fuera a aclarar el asesinato, el nuevo fiscal especial dudaba de que Chapa Bezanilla lo dejara trabajar con independencia. Pidió oficinas separadas de Chapa: abandonó la Avenida de los Insurgentes y se mudó a un edificio en la calle Río Rin.
González adquirió notoriedad como primer visitador de la cndh después de su intervención en el caso de Aguas Blancas. En el vado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1995 grupos de seguridad pública del estado asesinaron a 18 campesinos cuando pretendían ocupar el Palacio Municipal de Coyuca de Benítez. Para exonerase de la responsabilidad, el gobierno del estado dio a conocer un video en el que se mostraba que los campesinos habían iniciado la agresión. Luego de una investigación pericial se determinó que los fragmentos en los que se mostraban las agresiones de los campesinos habían sido filmados a una hora distinta, y González concluyó que el video
estaba manipulado.
El primer visitador se hizo fama de investigador eficaz y acucioso; tanto, que al tomar en sus manos el caso Colosio se dio a la tarea de reordenar lo que sus antecesores habían hecho, y mandó llamar a los antiguos fiscales especiales para que rindieran cuentas de la manera en que condujeron la investigación. “Dudábamos de todo y de todos”, dice González, “tuvimos que analizar desde la primera hoja de la indagatoria que nos fue entregada hasta la 20,468”.
Anunció públicamente que agotaría 27 líneas de investigación, muchas de las cuales coincidían con las principales sospechas de complot. Presentó un informe a los seis meses de haber tomado el cargo, en marzo de 1997, en el que expuso las conclusiones de la fiscalía en diez puntos de la investigación relacionados, por ejemplo, con la identidad de Aburto (que, por cierto, ya había sido revisada exhaustivamente por otros fiscales) o las razones por las que se había construido una plaza sobre la escena del crimen. No había revelaciones espectaculares. Esta vez nadie le creyó.
Durante los siguientes meses, la fiscalía se dedicó a aclarar el asunto del segundo disparo. Aunque Montes e Islas habían dejado establecido que Aburto había sido el único autor material del asesinato, la detención de Othón Cortés, su juicio y posterior liberación dejaban de nuevo muchas sospechas que aclarar.
Desde sus primeras declaraciones ministeriales, Mario Aburto confesó ser el autor de los dos disparos, el de la cabeza y el del abdomen. Había, además, un dictamen pericial, elaborado poco tiempo después del asesinato, que determinaba que una bala encontrada en el lugar de los hechos, la bala que le penetró en el abdomen, había sido disparada por la Taurus .38 que llevaba Aburto. Existían además declaraciones de testigos que aseguraban que éste había hecho los dos disparos.
Para explicar cómo alguien colocado a la izquierda del candidato puede meter un balazo por su lado derecho, Diego Valadés habló de un giro. Miguel Montes, el primer fiscal especial, subrayó la hipótesis de que, luego de recibir el primer disparo, el candidato viró 90 grados a la izquierda, de tal manera que su costado izquierdo quedó a la altura del cañón de la pistola de Aburto. Pero el fiscal presentó una gráfica en la que se representaba un giro no de 90 grados, sino de 180. Así, el candidato habría dado un primer giro y, después de recibir el impacto, otro más, también de 90 grados, para quedar tirado como fue encontrado. Nadie creyó en el dictamen de Montes.
El fantasma de la conspiración
El fiscal Chapa Bezanilla asumió que después
del disparo en la cabeza, el candidato estaba imposibilitado para realizar cualquier desplazamiento. Dedujo que debía haber existido un segundo tirador. Chapa señaló a Othón Cortés basándose en las declaraciones de tres testigos que afirmaban haberlo visto apuntar a Colosio con un arma que tenía en la mano derecha. Uno de ellos incluso señaló que lo vio disparar con la mano derecha. Pablo Chapa también dijo que la bala que se encontró en el lugar de los hechos había sido plantada. Con un arma parecida a la Taurus, Chapa disparó a una piel de cochino. La bala atravesó la piel y se enterró en el piso varios centímetros.
Othón Cortés fue detenido y encarcelado en Almoloya. Enfrentó un proceso judicial del que fue exonerado. El defensor de oficio logró probar que los testigos que decían haber visto disparar a Cortés no eran confiables, pues un año antes habían declarado y resultaba sospechoso que hubieran olvidado una información de esa magnitud. Había también un video en el que se veía la mano derecha de Cortés sobre el hombro de Domiro Reyes segundos antes del primer impacto.
El asesino solitario
Al revisar el caso, Raúl González se allegó viejas y nuevas evidencias. Localizó la chamarra de Colosio, que estaba en una bodega de la PGR. También encontró una camiseta manchada con la sangre del candidato, que pertenecía a Javier Hernández Thomassiny, miembro de un grupo de seguridad, “que estaba al lado de Colosio justo en el momento del crimen”.
A través del video los peritos determinaron que, justo antes del disparo, Colosio se mueve ligeramente hacia su izquierda; Aburto dispara; Colosio pierde toda capacidad de movimiento voluntario, pero la inercia del disparo produce que el movimiento de derecha a izquierda se acentúe un poco. Con la evidencia que deja la sangre en la camiseta, los peritos determinan que la cabeza de Colosio se recarga en el hombro de Thomassiny y luego se desliza por el pecho hasta caer al suelo.
Para establecer la posición final de Colosio, los peritos encontraron una fotografía tomada segundos después del atentado. La imagen muestra su cuerpo boca abajo. En la fotografía se ven dos haces de luz solar que dibujan unas rayas en el suelo, y que cruzan la imagen de derecha a izquierda. Con la ayuda del Instituto Nacional de Astronomía determinaron la posición del sol a las 5:12 del 23 de marzo de 1994, hora y fecha del asesinato. Los peritos establecieron la posición del candidato relativa a esos ejes. Conclusión: después de resbalar por el cuerpo de Thomassiny, Colosio cayó hacia adelante y hacia la derecha. El FBI avaló el dictamen.
Los peritos realizaron una animación por computadora bajo la supervisión del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares que les permitió no sólo tener un punto de vista más apegado a la realidad sobre la orientación en la que cae Colosio, sino también calcular el tiempo que tardó en desplomarse su cuerpo. Esto sirvió para determinar que el segundo disparo se produjo cuando el costado derecho del candidato había tocado el suelo; el cuerpo estaba flexionado y dejaba libre el flanco izquierdo.
La chamarra de Colosio, una prenda ensangrentada que tiene una costura en el lado izquierdo (el remiendo al corte que hicieron los médicos cuando recibieron el cuerpo) sirvió para establecer no sólo que de la pistola de donde salió el primer disparo salió el segundo, sino también el origen de la ojiva “sembrada”.
Por un lado, la Fiscalía mandó analizar al FBI las huellas del disparo en la chamarra. Los patrones coinciden con el tamaño y las características del revólver asegurado a Aburto. Por el otro, la chamarra ayudó también a determinar que la bala entró por el lado izquierdo, atravesó la chamara, la camisa y la camiseta, entró en sedal al cuerpo, cruzó tejido adiposo, salió por el lado derecho, atravesó la camiseta y la camisa e hizo una desgarradura en la parte interior derecha de la chamarra, pero no pasó al otro lado. ¿Cómo entonces se perdió la primera bala que atravesó la cabeza mientras que la segunda acabó por detenerse en la chamarra? Aunque parezca opuesto al sentido común, el hueso ofrece menos resistencia que la grasa, de la misma manera que la porcelana ofrece menos resistencia que el plástico.
La Fiscalía hizo muchas otras investigaciones periciales con la ayuda del Instituto de Astronomía de la UNAM, la Facultad de Medicina, el Instituto de Neurología y Neurocirugía, el FBI, la Agencia Nacional de Policía de Gobierno de Japón y el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Presentó los resultados el 24 de julio de 1997, durante cinco horas, ante los periodistas. En los siguientes días se acusó a la Fiscalía de tratar de introducir calladamente la teoría del asesino solitario.
Ciertamente, había un clima propicio para la suspicacia. A principios de marzo de 1994, el candidato Colosio tenía serios problemas políticos. Su campaña no arrancaba. Manuel Camacho Solís, comisionado para la paz en Chiapas, le había robado la atención pública. El presidente Salinas parecía jugar con sus dos gallos. La gente comenzaba a decir que a Colosio lo iban a reventar. La tarde del asesinato, cuando se dio a conocer la tragedia, se respiraba en el aire el complot. ¿Quién había mandado matar a Colosio? ¿Salinas? ¿Córdoba Montoya? ¿El viejo PRI? Hubo una serie de torpezas en la investigación que agudizaron aún más la sensación de que algo había tramado el poder para deshacerse del candidato.
El primer fiscal
La madrugada del 24 de marzo Miguel Montes, que se iba a convertir en el primer fiscal especial, recibió una llamada del secretario particular de Colosio, Alfonso Durazo, para citarlo al día siguiente en el hangar presidencial porque Diana Laura, viuda de Colosio, quería hablar con él. Como a las dos y media de ese día, recibió otra llamada. Era el presidente Salinas. Le dijo que quería que él y Santiago Oñate se hicieran cargo de la investigación. Esa tarde fue Montes a Los Pinos. La negociación duró más de una hora. “Yo tengo que responder de inmediato con algo”, le dijo Salinas, “porque si no lo hago va a haber un disparo”. Montes dijo que, antes de tomar una decisión, quería ver a Diana Laura. Fue hasta la casa que había servido como sede de la campaña de Colosio, en Periférico Sur. Allí lo recibió la viuda. “Señora, ¿por qué yo?”, le preguntó Montes. “Donaldo tenía mucha confianza en usted”, le contestó. “Decía que era un hombre recio.” Montes acabó por aceptar.
Ese mismo día 24, Salinas dio el anuncio de la creación de la Fiscalía Especial. El día 28, cuando Montes tomó posesión, recibió una investigación realizada en cuatro días. Mario Aburto y Tranquilino Sánchez Venegas, organizador del grupo de seguridad del candidato, estaban presos y consignados. Con la consignación de este segundo responsable las ideas de complot parecían confirmadas.
Lluvia de culpables
Para entonces ya circulaba la grabación en video del asesinato, aquella que pasaban obsesivamente las cadenas de televisión y que mostraban el momento preciso en que Aburto saca la pistola, apunta al cráneo de Colosio y dispara. Montes se puso a analizar el video. “Lo veía y lo volvía a ver y comencé a notar algunos movimientos que a mí me parecían extraños y a Emilio Islas [jefe de la policía de la recién creada Fiscalía] también.” Había declaraciones ministeriales de una muchacha que dijo haber visto días antes a Aburto con Tranquilino Sánchez en un jardín de Tijuana. Otras indicaban que García Reyes había sido bloqueado por Sánchez Venegas y que uno de los Mayoral (integrante del grupo de seguridad de Colosio) había impedido que atendieran al candidato después del disparo.
Convencido, el 4 de abril Montes emitió un comunicado en el que afirma que el asesinato de Colosio fue el resultado de una acción concertada de por lo menos siete individuos, cuatro de los cuales habían sido consignados. Montes señaló que el análisis de videos, fotografías y declaraciones conducía “inequívocamente” a la idea de un acuerdo para la realización del crimen. El informe señalaba a Tranquilino Sánchez como la persona que había estorbado el desempeño de García Reyes para facilitar el acceso de Aburto. Vicente Mayoral le había abierto el paso a una persona, el clavadista, que se tiró al suelo con el objeto de detener el trayecto de Colosio para contribuir a que Aburto quedara en posición de dispararle. Otra persona no identificada (luego se sabría que era Hernánez Thomassiny) había hecho claras acciones de bloqueo. Mayoral Esquer se dedicó a estorbar y distraer al coronel Reinaldo del Pozo, del estado mayor, localizado frente a Colosio. Se dijo que Rivapalacio había sido el responsable de reclutarlos. Montes señaló también que antes del homicidio, y durante el mitin, Sánchez Venegas, Mayoral Esquer y Aburto dialogaron en clara actitud de entendimiento.
A partir de entonces, el equipo de Montes se dedicó a ampliar estas afirmaciones. “Pero la investigación nunca me dio esa corroboración”, dice. Conforme avanzaba, comenzaron a aparecer algunas serias dudas. Por ejemplo, Graciela Sánchez, la novia de Aburto, aseguró haber visto a Sánchez Venegas con el asesino días antes en un jardín. Cuando la Fiscalía la citó para ampliar su declaración y le mostraron unas fotos de Sánchez Venegas, no lo reconoció. La llevaron a hacer un recorrido por todos los sitios donde decía haber estado con Aburto y no los conocía. La llevaron a los restaurantes donde aseguraba haber trabajado: nadie supo quién era.
La Fiscalía se encontró con que muchos de los interrogados no decían la verdad. “Lo que pasaba era que todos ellos habían visto el video y estaban influidos por las imágenes”, dice Montes, “porque ese video lo comenzaron a ver desde que Donaldo estaba en el sanatorio”. Se descubrió, por ejemplo, que García Reyes padecía gota y que al analizar su comportamiento en otros actos públicos del candidato se percibía que la gente lo desplazaba con una extraordinaria facilidad. Una revisión más detallada demostró que la persona que lo desplazó no fue Sánchez Venegas, sino una señora que quería entregarle una carta al candidato. “Todos los elementos probatorios que justificaban la acción concertada se debilitaron”, dice Montes.
La gente que lo trataba en esa época lo recuerda como un hombre terriblemente angustiado. “Yo tenía un conflicto personal. Me era difícil tolerar que unos inocentes estuvieran en la cárcel por una acción mía. Además, yo siempre he creído que la función del Ministerio Público es ayudar al juez para encontrar la verdad, que el Ministerio Público no puede adoptar una postura invariable porque eso anula las investigaciones.”
Montes informó al juez del avance de lo que había encontrado. Luego informó al presidente, que lo felicitó, y finalmente fue con Diana Laura, con quien sostuvo una reunión en presencia de los funcionarios encargados del caso. Para entonces las relaciones entre el fiscal especial y la viuda eran muy malas. Diana Laura no le creyó. No volvió a verla.
Montes le avisó al presidente que iba a informar al público el resultado de sus investigaciones. Salinas le pidió que no lo hiciera. La presidencia había hecho estudios de opinión: 85% de las personas creía que detrás del asesinato de Colosio había un complot. “No querían que informara porque iba a provocar un problema político”, dice Montes, “sabían lo que iba a ocurrir y no querían meterse”.
El 2 de junio de 1994 Montes envío un mensaje de 17 cuartillas a la prensa y un video a las cadenas de televisión. Entre otras cosas, dijo que no había encontrado nuevas pruebas para consignar a Sánchez y los Mayoral. Aburto había actuado solo, por lo que descartaba la “acción concertada”.
Se le vino el mundo encima. Los entonces candidatos a la presidencia Cecilia Soto, Jorge González Torres y Cuauhtémoc Cárdenas calificaron el informe como una burla. Porfirio Muñoz Ledo dijo que era un atentado a la inteligencia. Los columnistas escribieron que no había interés por esclarecer el asesinato. Los diputados de oposición señalaron que Montes quería dar carpetazo al asunto. La Iglesia católica demandó la renuncia del fiscal porque, al igual que con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido un año antes en Guadalajara, las autoridades no querían llegar a la verdad. El candidato Ernesto Zedillo leyó en presencia de Montes el informe que había preparado y su comentario fue: “Montes, sus conclusiones me dan gran tranquilidad, pero usted comprenderá que estamos en momentos electorales y yo no puedo hacer comentario alguno, ni aceptarlas”.
Olga Islas, la abogada reticente
El día que Olga Islas de González Mariscal, la segunda fiscal especial, estaba en un crucero por el Caribe celebrando los quince años de una de sus nietas, comenzaron a buscarla desde la Ciudad de México. Cuando finalmente pudo comunicarse con la presidencia de la República, se enteró de que Salinas le proponía que se hiciera cargo de la investigación.
Islas era subprocuradora de averiguaciones previas del Distrito Federal. Sus credenciales eran impecables. Tenía más de quince años relacionada con la procuración de justicia, en cargos técnicos. Era presidenta de la Academia de Ciencias Penales, había recibido uno de los pocos doctorados Cum Laude que ha otorgado la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y era autora de un libro multicitado sobre derecho penal. Salinas no la conocía, pero cuando Montes renunció y le preguntó su parecer al abogado de Diana Laura, Juan Velázquez y a algunos juristas notables, casi hubo unanimidad en su nombramiento.
Cuentan personas cercanas a ella que no quería tomar el caso. Meses antes, el procurador general Diego Valadés le había ofrecido que se hiciera cargo de los procesos del caso Colosio. Rechazó la oferta. Cuando, meses después, finalmente se bajó del crucero, voló de Miami a la Ciudad de México y estuvo frente al presidente, sabía que no había manera de eludir la responsabilidad que le estaban encomendando. Asumió las riendas el 18 de julio de 1994. Una encuesta publicada por Reforma en marzo de 1996 indaga la opinión de la gente sobre cuál fiscal avanzó más en la investigación. A Olga Islas le dan el 1%, la calificación más baja. De los fiscales ciertamente fue la menos polémica. Islas no asumió ninguna postura sobre la existencia de más autores materiales. Se dedicó más bien a preparar el proceso de Mario Aburto. Logró una sentencia de 45 años que, según los expertos, estuvo muy bien presentada. Parecía que con la sentencia no se iban a volver a abrir asuntos tan básicos como la identidad de Aburto y su responsabilidad en los dos disparos.
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Othón Cortés: amistades peligrosas
Pero Pablo Chapa Bezanilla apareció. El nuevo fiscal tenía fama de investigador eficaz. Llevaba una larga trayectoria en la procuraduría cuando Diego Valadés, procurador del Distrito, se lo llevó a las oficinas centrales y le encargó los asuntos especiales, los que la gente de influencia le recomienda al procurador. Al terminar el sexenio ya era director de averiguaciones previas del Distrito Federal.
Antonio Lozano Gracia, el nuevo procurador de la República, el primero de un partido de oposición, le ofreció a Juan Velázquez, abogado de Diana Laura, la fiscalía especial. Velázquez la rechazó, pero le dijo a Lozano que el mejor investigador que conocía era Chapa Bezanilla. Lozano lo mandó llamar y concentró en él las tres investigaciones más importantes del momento: los casos Posadas, Colosio y Ruiz Massieu.
Poco después de que las nuevas autoridades tomaran posesión, comenzaron de nuevo a hablar de un complot. Señalaban que algunos aspectos de las investigaciones pasadas parecían extraños, como la hipótesis del giro, el incidente de la bala sembrada o la alteración de Lomas Taurinas. A finales de febrero de 1995, Lozano anunció la detención de una persona involucrada en el crimen, quien habría hecho el segundo disparo en el costado del candidato. Las personas que sostenían que en el asesinato de Colosio había una conspiración, es decir, casi 80% de los mexicanos, se sintieron reivindicadas. El detenido se llamaba Othón Cortés.
Tras un año y medio en Almoloya, Othón Cortés vive de nuevo en Tijuana con su esposa y sus hijos. Antes del homicidio, pertenecía al PRI y había sido chofer del partido, el que cargaba las maletas, el que iba por los refrescos. Fue a Lomas Taurinas “para que lo vean a uno, para que le den a uno chamba”. Había sido chofer de Colosio en otras ocasiones en que el candidato había estado en Tijuana. “Al licenciando no le gustaban las patrullas”, dice, “o que lo estuvieran cuidando. 'No te pases los altos, oaxaquita', me decía. Por eso el día del discurso en Lomas Taurinas era un amontonadero”.
Cortés no era parte del equipo de seguridad, pero con esa capacidad suya de rondar a la gente poderosa, se sentía con la tarea de mantenerse al lado del candidato. Anduvo junto a él cuando bajó del templete donde había dado el discurso. Todo el mundo quería entregarle cartas “y en un de repente suenan como dos cohetitos, cuaz, cuaz. Volteo y lo veo allí tirado, sangroteando”, dice Cortés. Pasada la confusión, corrió detrás de la gente que se llevaba el cuerpo de Colosio y subió a un auto que lo llevó hasta el Hospital General. Llegó casi junto con la ambulancia y ayudó a bajar la camilla y a cargar a Colosio hasta la puerta del edificio. Sin que nadie se lo pidiera, cerró la puerta del hospital y se quedó a cuidarla. Se enfrentó al gentío que quería entrar hasta que llegó la policía municipal. “Yo siempre he estado en el lugar preciso”, dice Cortés, “si se le cae una pluma al señor, yo estaba allí para poderla levantar”.
Cortés se enteró de la muerte de Colosio en el hospital. Poco más tarde una persona del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se le acercó y le dijo que necesitaban que manejara el carro que guiaría hasta el aeropuerto al cortejo con el cadáver de Colosio. Le dieron las llaves del vehículo. Cortés fue a darle una vuelta, lo limpió, le revisó el aceite, se metió al coche y se quedó dormido. Como a la una de la mañana alguien le tocó la ventana. “Jálate”, le dijeron. Un grupo de personas, entre las que estaba García Reyes, se subió al auto. Alguien tomó una foto, que más tarde serviría como evidencia de que el general y Cortés se entendían de alguna manera. Manejó hasta el aeropuerto y despidió al grupo que tomó el avión rumbo al Distrito Federal.
Desde el primer día pensó que Aburto era el único responsable del asesinato. “Para el complot se ocupa gente inteligente”, dice, “no un pobre diablo como los Mayoral, o como yo”. Año y medio después iba en el auto con su esposa a dejar a los hijos a la escuela cuando un auto se le cerró. Se bajaron unos hombres que le preguntaron “¿Othón Cortés?” Lo detuvieron y se lo llevaron a una casa de seguridad donde lo vendaron y esposaron. Después de tenerlo atado por horas, lo subieron a golpes a un auto y se lo llevaron hasta Mexicali, donde los esperaba un avión de la PGR. Llegaron al D.F. y lo llevaron a la fiscalía que estaba en Insurgentes. Allí le dijeron que ya sabían lo del segundo disparo, que lo iban a ayudar para que la sentencia fuera menor, pero que tenía que confesar que Manlio Fabio Beltrones, García Reyes y Del Pozo estaban involucrados. Cortés se rehusó a firmar la confesión. Le dieron un golpe que le rompió el tímpano.
Después de torturarlo hasta las seis de la mañana lo llevaron a Almoloya, donde permaneció hasta el 7 de agosto de 1996. En marzo había aparecido una encuesta en Reforma en la que se revelaba que 44% de los entrevistados pensaba que Chapa era el que había hecho más por la investigación. El 30 de agosto Chapa fue destituido del cargo en medio del desprestigio provocado por la revelación de testimonios comprados, declaraciones falsas y filtraciones a la prensa. Más tarde, escapó del país, perseguido.
Las virtudes de la discreción
Actualmente hay en el edifico de Río Rin una sensación de calma y vacío. De las 27 líneas de investigación que el fiscal inició al principio de su gestión, la mayoría han sido concluidas con acuciosidad, pero también con poca difusión. Las pocas líneas de investigación del actual procurador están casi todas dirigidas a saber si hubo un autor intelectual. En un ambiente donde la gente todavía no sabe cuántos Aburtos hay, la actual Fiscalía investiga, por ejemplo, si hubo una relación entre Aburto y José Ernesto González Messina, un médico de Tijuana, jefe de un movimiento político llamado Partido de la Unión Americana que propugna que México se una a los Estados Unidos. González Messina es autor de un libro llamado Unión México Estados Unidos de América, publicado en 1988. En alguna de sus páginas el autor hace una apología del asesinato político. Mario Aburto pudo conocer a González Messina directamente o estar influido por sus ideas gracias a la influencia de Rodolfo Macías Cabrera, michoacano como Aburto, que conoce a González Messina y se autoproclama presidente en el exilio.
Otra línea de investigación es el narcotráfico, de la cual el fiscal habla poco. Una más es la que habla del entorno político. “Había un clima adverso para la candidatura de Luis Donaldo”, dice Raúl González. ¿Pero tiene esto conexión directa con el crimen? “Eso es lo que hay que desentrañar. La investigación tendrá fin”, dice, “cuando podamos encontrar un mecanismo para comunicarnos con la sociedad”. En la feria de las desconfianzas, los resultados no sólo deben ser verdaderos sino también creíbles. –
