“¿Pues cuánto tiempo lleva gobernando López Obrador?” Esta pregunta, escuchada al vuelo en un café, ilustra cabalmente las dos muy ajetreadas semanas que lleva López Obrador como “virtual presidente electo” (no será presidente electo sino hasta que el TEPJF le entregué la constancia que lo acredite oficialmente como tal). Desde el día 1 de julio, prácticamente todos los días[1] él o su equipo han anunciado dónde se perfilan los cambios que su gobierno impulsará, tanto en la manera de hacer política como en la de gestionar la administración pública federal.
Hasta ahora las propuestas han sido lo suficientemente ambiciosas (algunas incluso invadiendo facultades entre secretarías) y generales como para mandar dos poderosas señales: por un lado, a sus votantes, quienes en este alud de planteamientos perciben que las cosas no solo van a cambiar, sino que ya están cambiando; por otro, a diversos actores dentro del gobierno federal, congresos, gobiernos locales e iniciativa privada, que reciben el mensaje de que este gobierno tiene un mapa de ruta. Podrá ser correcto, realista o no, pero hay un plan.
Las propuestas, como no podía ser de otra manera, han generado exabruptos, puntos de coincidencia, temores, desacuerdos y llamados a la calma: a esperar a que haya más detalles. Pero no hay nadie que no coincida con la urgente necesidad de acabar con la corrupción, el leitmotiv de esta nueva administración.
Con lo que no ha habido coincidencias, sino un creciente malestar, es con arraigar esa asociación facilona de que el salario que recibe un “alto funcionario” público es sinónimo de “corrupción”, “injusticia”, “canonjías”. Si hay que revisar las remuneraciones que perciben los funcionarios, que se haga. Pero la manera en la que se está anunciando y justificando este “recorte” forzoso (que en términos reales podría afectar solo a ocho mil funcionarios), en aras de la “honrosa medianía”, demerita y enturbia la labor de muchos funcionarios públicos que no solo tienen una genuina vocación de servicio, sino que la ejercen apasionadamente.
Además, llama mucho la atención que la desconfianza se cebe sobre los trabajadores de confianza (que paradójicamente son “de confianza” porque no tienen derecho a formar parte del sindicato de los demás empleados y porque la “pérdida de confianza” es motivo suficiente para despedirlos sin más) y que se insista en que las mejoras pasan por hacer que estos funcionarios trabajen más (de lunes a sábados y cuando menos 8 horas diarias) pero no necesariamente mejor.
Situar a la alta burocracia como némesis del pueblo bueno funciona muy bien en términos de marketing político. Pero muchos de estos funcionarios tienen experiencia, conocimiento técnico, honestidad y compromiso por México. Por fortuna para el país, no todos son unas manzanas podridas.
López Obrador sabe que, citando a Weber, “la pasión no convierte a un hombre en político si no está al servicio de una causa y no hace de la responsabilidad para con esa causa la estrella que oriente la acción”. Él tiene bien clara su causa y, llegado el 1 de diciembre, habrá de ser sensible a la realidad a la que se enfrente cuando tome el mando de la administración pública federal. Solo ahí es cuando estará frente a su reto más importante: “hacer política solo con la cabeza”.
Pd. Mientras tanto en Estados Unidos: “Wanted: Public Servants. Once a prestigious career path, heading to Washington to work in government is losing its luster”.
[1] Recién ahora se tomó unos días de descanso, pero a partir del jueves esperemos más y nuevas noticias.
Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.
