En la Inglaterra del siglo XVIII, imaginar la muerte del rey era alta traición. La ley provenía de 1351, cuando la palabra imaginar tenía un significado jurídico más preciso que el que le damos hoy: concebir o proyectar la muerte del monarca. Pero claro, denle al poder un concepto legal vago y este sin dudarlo lo usará mal. El historiador británico John Barrell dedicó un libro formidable, Imagining the King’s death, a estudiar cómo las autoridades inglesas aprovecharon esa ambigüedad para perseguir a los movimientos radicales que reclamaban reformas políticas.
Me acordé de Barrell cuando supe que la Fiscalía General de la República había acusado de traición a la patria a César Jáuregui, ex fiscal general de Chihuahua, por permitir que agentes estadounidenses participaran, sin autorización del gobierno federal, en una operación contra un laboratorio clandestino de drogas. ¿Por qué me acordé de Barrell? Por la ambigüedad con la que tratan un asunto gravísimo: la traición a la patria.
Empiezo por el principio: la presencia de agentes extranjeros en México no es ilegal ni constituye una invasión. Existen mecanismos de cooperación internacional y procedimientos para acreditar a esos agentes, aunque su actuación debe estar sujeta a límites precisos y no pueden ejercer funciones reservadas a las autoridades mexicanas. El problema del caso de Chihuahua es que no cuidó esos límites ni acreditó a los agentes como es debido. Eso es un delito. Pero entre permitir indebidamente la participación de agentes extranjeros en una operación policial y traicionar a la patria hay una distancia que no se brinca así de un saltito. No se fijen solo en lo que dice la ley. Piensen en la idea: traicionar a la patria es clavarle un puñal a la familia, es escupir en nuestros lazos y lanzarse a los brazos del enemigo.
He intentado imaginar la conspiración que justificaría una acusación semejante. Es decir, he intentado imaginar a Jáuregui cometiendo traición y la cosa tendría que haber sido más o menos así: habría comenzado por introducir agentes de inteligencia estadounidenses en la sierra de Chihuahua para perseguir laboratorios de narcotráfico, una manera bastante singular de iniciar la entrega de un país a una potencia extranjera. La colaboración inicial con un gobierno estatal panista sería apenas el primer eslabón de una empresa más ambiciosa. Después vendrían, sigo imaginando, agentes de mayor rango, infiltraciones en las instituciones políticas, la entrega de secretos militares y, finalmente, alguna operación destinada a someter al Estado mexicano a los intereses de Washington. Todo ello, naturalmente, bajo la apariencia de una operación contra el crimen organizado.
No conozco los elementos completos de la investigación y no pretendo sustituir con una fantasía los hechos. Solo imagino cómo se vería una traición con contenido real de traición. La traición a la patria no es un delito cualquiera. Supone algo más que la transgresión de una norma: implica la ruptura de una relación de pertenencia y de una obligación moral con una comunidad política. Un traidor no es simplemente alguien que hizo algo prohibido. Es alguien que dio la espalda a los suyos. Es un “maldito traidor” y por eso iba al paredón.
Traicionar supone quebrantar obligaciones especiales que no tenemos frente a cualquier desconocido. La gravedad de la traición proviene, en buena medida, de la cercanía entre el traidor y el traicionado. Nos traiciona quien reconocíamos como uno de los nuestros, no quien nunca perteneció a nuestra comunidad.
La acusación contra Jáuregui, leída desde esa perspectiva, adquiere una dimensión que difícilmente puede reducirse a un incumplimiento administrativo. ¿A quién habría traicionado? ¿A los mexicanos, a la gobernadora de Chihuahua, a la presidenta Claudia Sheinbaum? Estoy hablando de traición, no de ilegalidad. La ilegalidad está clara y tiene consecuencias penales, pero la traición a la patria tiene una utilidad política que trasciende las penas en el Altiplano. Transforma una conducta en una deslealtad nivel dios. Digo, nivel pueblo. El acusado no es un infractor así cualquiera; es un enemigo.
Para Morena esto resulta muy conveniente. La defensa de la soberanía ha sido uno de los argumentos más persistentes del movimiento para explicar sus decisiones, reivindicar su autoridad y desacreditar a sus adversarios. La soberanía aparece como una causa superior que permite ordenar el conflicto político entre quienes defienden a México y quienes, por acción u omisión, favorecen intereses extranjeros.
Andrés Manuel López Obrador ya había recurrido a esa fórmula. En 2022, después de que la oposición rechazara su reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, acusó a los legisladores de haber cometido un acto de traición a México. No pasó de una peligrosa perorata en su conferencia matutina pero es un precedente. La identificación entre el proyecto político de Morena, el pueblo y la patria ha sido una de las operaciones discursivas más eficaces del obradorismo pero esta vez no estamos ante una perorata presidencial en la conferencia matutina ni ante una campaña de descalificación contra opositores. Estamos ante una acusación penal, una orden de aprehensión y la privación de la libertad de un exfuncionario. La figura de traición a la patria ha pasado del vocabulario de la confrontación política al ejercicio concreto del poder punitivo del Estado.
No es un cambio menor. La Fiscalía eligió una manera de contar lo ocurrido que ya no distingue entre cooperación legítima, actuación ilegal, intervenciones prohibidas y actos que, esos sí, comprometan la independencia del país. ¿Esto fortalece la soberanía? Ni de lejos. Solo le abre la puerta a la traición como categoría de uso cotidiano contra los enemigos. El traidor a la patria es el enemigo absoluto. ~
