Amigos, romanos, compatriotas; préstenme oídos.
William Shakespeare, Julio César
La democracia se basa en la idea de que todos los ciudadanos somos iguales en derechos, y por lo tanto todos tenemos derecho a hablar de los asuntos públicos. Pero tal vez el presidente Andrés Manuel López Obrador no comparta esta visión. A juzgar por su retórica, solo “el pueblo” tiene legitimidad para expresarse, mientras que el “no pueblo” la perdió por ser culpable de todos los males, desgracias y calamidades del país. El problema es que solo el presidente define quién es “pueblo” y quién no, de acuerdo con sus intereses, opiniones, juicios y prejuicios.
Tomemos por ejemplo el uso retórico que hace de la palabra “mafia”, que evoca a un grupo de personas organizada para delinquir. Cuando AMLO usa “mafia” para definir a un grupo de la sociedad, pone a ese grupo en una categoría moral inferior. ¿Qué se hace con los “mafiosos”? No se les escucha, ni se les invita a la mesa a debatir asuntos. Se les persigue, se les juzga y se les castiga, para que no sigan haciendo el mal. Cuando un grupo de académicos e investigadores se quejó de los recortes presupuestales, el presidente de inmediato los etiquetó como la “mafia de la ciencia”. Este recurso retórico se llama “reificación” –cosificar a las personas– y al usarlo el presidente resta legitimidad a sus críticos, porque una cosa es decir “no estoy de acuerdo con la opinión de algunos científicos” y otra muy distinta es decir “la mafia de la ciencia está en mi contra”.
Intelectuales, líderes de organizaciones de la sociedad civil, analistas y políticos se han pronunciado en contra del uso del poder retórico de la presidencia contra los ciudadanos. El jefe de Estado nos representa a todos y no debería ni siquiera sugerir que hay ciudadanos que no tienen legitimidad para expresarse. El presidente y sus voceros responden que esto es una exageración, que todo esto es “parte del debate”, que el presidente no puede “quedarse callado”, y que respetan plenamente la libertad de expresión.
Pero hay un grupo al que López Obrador y su movimiento ya le están negando en la práctica el locus standi, el derecho a dirigirse a una audiencia: los gobernadores de los estados que militan en partidos distintos al de AMLO. En cada acto público con el presidente, los gobernadores de partidos de oposición han tenido que cancelar, interrumpir o de plano suspender sus discursos ante la rechifla, gritos y abucheos de una audiencia completamente favorable al presidente. Esto es, presuntamente, porque así lo ha ordenado el comité nacional de Morena. El presidente y su partido lo han negado y el mismo presidente López Obrador ha dicho que rechaza los abucheos por ser actos de “infantilismo político”. Sin embargo, los abucheos persisten. Al 7 de marzo, catorce gobernadores de partidos de oposición habían recibido gritos en su contra durante los mítines en los que acompañan al presidente.
Hay quienes ven en esto un acto de justicia popular, dado el descrédito de la figura de los gobernadores tras años de escándalos de corrupción, impunidad e incompetencia. Es verdad, ser gobernador es hoy un trabajo impopular, pero no nos engañemos: si el presidente dice a diario que sus “adversarios” no tienen legitimidad para opinar, los abucheos solo son una consecuencia real de esa forma de pensar. Pensemos en lo que ocurre en Estados Unidos, cuando a raíz de los ataques retóricos de Donald Trump a la prensa, sus seguidores comenzaron a abuchear, y después a agredir físicamente a los periodistas que acuden a sus mítines.
Algunos gobernadores han anunciado que dejarán de asistir a los actos con el presidente de la República y otros ya lo cumplieron. ¿Esto arregla el asunto? No. Al contrario: es muy nocivo para la democracia que autoridades democráticamente electas no puedan participar ni expresarse en actos oficiales a los que asisten otros poderes del Estado.
Por civilidad política y por el bien de la democracia, los abucheos deben parar. Y no por defender a los gobernadores, sino por una cuestión de principios. La libertad no es un pastel que el presidente y sus seguidores puedan partir y compartir con quien consideren “bueno” y negar a quien consideren “malo”. La libertad para hablar es un derecho de todos, y es el mismo para los gobernadores de cualquier partido que para usted, que lee este artículo. Todos nos arrepentiremos si no nos damos cuenta de lo que está en juego con esas escenificaciones del “pueblo” enardecido pidiendo a gritos que únicamente le “prestemos nuestros oídos” a una sola voz.
Especialista en discurso político y manejo de crisis.
