En el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hemos tratado de resolver la pregunta de si el campo mexicano es competitivo o no utilizando diversas métricas. Nunca hemos llegado a análisis concluyentes, pero nuestra impresión es que el campo en México no lo es. Y si bien las políticas públicas pueden tener un efecto transformador en un sector como el agropecuario, las de nuestro país son más de corte asistencial que productivo, y por ello están más interesadas en preservar clientelas y no en generar valor económico.
En el IMCO definimos competitividad como la capacidad que tienen las regiones, las ciudades, los países, los sectores económicos y las empresas para atraer y retener talento e inversión. El campo en México no está obteniendo ni talento ni inversión en la medida de sus necesidades.
El campo mexicano es un caso grave, patológico, del fenómeno de pérdida de individuos talentosos. Más allá de la emigración del campo a las ciudades, un aspecto que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) detectó hace muchos años es que hay un problema en la sucesión de los negocios agropecuarios de todos los tamaños. Los hijos de los agricultores y ganaderos prefieren estar en actividades afuera del sector.
Podemos achacarlo a la falta de certeza jurídica. Un joven talentoso preferiría no tener que vivir en el pleito constante con el mundo por la tierra, por la cosecha o por el subsidio. En el más reciente informe de competitividad estatal del IMCO hicimos un análisis de causalidad de aquellas variables que tienen mayor impacto en la atracción de talento, y descubrimos que la certeza jurídica es una variable con una causalidadimportante para la atracción de talento.
En el campo mexicano no acabamos de concluir una transición exitosa al pleno dominio de la gente sobre su tierra. El ejido, una forma de propiedad europea del siglo XII, es un sistema de propiedad anacrónico que hace a más de la mitad de la tierra del país perfectamente inútil para la agricultura por contrato, para garantizar un préstamo o para convertirse en una aportación a una sociedad mercantil. Reforma Agraria ha sido la responsable de preservar este anacronismo en el derecho agrario. Esa es una dependencia que está más interesada en preservar a su clientela política que en lograr que el estado de derecho prive en el campo mexicano.
Las cosas en SAGARPA son distintas porque al menos tiene la disyuntiva de atender al sector social o al sector productivo. Sin embargo, el ingente capital que el gobierno inyecta al sector se ha convertido en un sustituto del capital privado, el cual no fluye al sector por las deficiencias comentadas en la propiedad. Esto me lleva a hablar del otro puntal de la competitividad: la inversión. El sector agropecuario es uno de los pocos sectores en México que recibe inversiones por debajo de su aportación al PIB. En el caso de la inversión extranjera directa (IED), el sector capta cerca de 0.5% del total por año, cuando su aportación al PIB está en años recientes entre 4 y 5%. Es decir, el sector capta 10 veces menos IED de lo que sería razonable si sus activos productivos funcionaran bajo una lógica de mercado.
Invertir implica adquirir activos productivos, y no hay muchos disponibles en el sector primario. Los que existen no están a la venta. Comprar tierra es una aventura intergeneracional no apta para cardiacos. No es fácil adquirir participación accionaria en los agronegocios exitosos de México. Tampoco es sencillo establecer negocios competidores a estos. El resultado es que los capitales que podrían ir a este sector se van a otras actividades y otros países.
Por las razones explicadas antes, considero que la política pública debería considerar seriamente la desaparición de Reforma Agraria. La labor de atención a la pobreza que ahí se realiza es altamente cuestionable, y podría ser sustituida fácilmente por intervenciones focalizadas con evaluación periódica mucho más apropiadas, como las que se hacen en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). El registro agrario nacional debería cambiar su enfoque, y convertirse en un registro agrario verdaderamente nacional y no solamente ejidal, que ayude a los registros públicos municipales y catastros a generar certezas en la población sobre quién es el dueño de la tierra. Las reformas al 27 constitucional de la era del presidente Salinas abrieron esta avenida hacia el pleno dominio, requisito indispensable para acabar con el paternalismo a este sector. La política pública debería intentar concluir lo que inició en los años 90.
Un activo productivo que podría atraer inversión a este sector es la genética vegetal y animal. SAGARPA debería moverse hacia patentar algunos genes – nativos del país y estratégicos para el incremento de la productividad – a favor de la nación.
Los científicos del sector (financiados en su mayoría por el gobierno) compraron el argumento de que la genética es un bien público universal. Esto ha hecho que se convierta en un bien mostrenco universal, donde las mentes más avezadas de los negocios en el mundo están obteniendo beneficios y países como México, fuentes de biodiversidad, son simples espectadores. Crear un mercado para la genética implica generar certezas para la investigación en este rubro, y terminar por disipar los argumentos de valor científico disputable de muchas organizaciones ambientalistas.
Es poco lo que puede hacerse por SAGARPA desde adentro. Muchos secretarios en ese despacho, junto con sus equipos, han tratado de mover el eje afuera del asistencialismo y hacia el desarrollo de la agricultura y las actividades primarias en el país. Con diversos grados de estrépito, hemos fracasado en este intento. El clientelismo se tiene que cortar en el Congreso de la Unión. De nada sirve, por ejemplo, que la dependencia trate de consolidar los recursos en menos programas que tengan evaluaciones periódicas, si el Congreso no ceja en el empeño de pulverizar los recursos para que lleguen a diversas clientelas.
Los recursos públicos se han convertido en un sustituto del capital privado en el sector primario mexicano. Estos recursos no han llegado a los participantes más productivos del sector – y tampoco han llegado a los más pobres. Necesitamos que el Congreso deje de disponer sinsentidos para la operación de SAGARPA.
Hay una falsa disyuntiva entre la producción de alimentos de primera necesidad y la producción de valor económico. Ciertamente México debe producir más granos y oleaginosas que los que hoy produce, ¿pero ello tiene que hacerse a cualquier costo? Con datos del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera de SAGARPA (SIAP) en IMCO llegamos a la conclusión de que un núcleo reducido de exportadores hortofrutícolas alrededor de Ciudad Constitución, en Baja California Sur, generan 3 veces más valor económico por hectárea que Sinaloa, que recibe la mayor parte de los subsidios al sector. Cualquier participante del sector empezaría por desvirtuar la estadística del SIAP al conocer esta información, pero los datos ahí están. Producir bajo valor agregado es una garantía de pobreza; generar valor económico permite pensar en resolver necesidades para la población rural por encima de la simple y llana producción de comida. ¿Realmente tenemos un dilema?
Economista (ITAM, 1998 e Imperial College 2009). Trabajé en oficinas centrales de SAGARPA, en los fideicomisos azucareros, y antes de eso en la iniciativa privada. Desde hace 6 años trabajo en el Inst
