El que hace una fechoría en una aldea queda señalado ante todos y, a veces, tiene que irse. En una gran ciudad, puede continuar su carrera y hacer una tras otra, porque nadie lo conoce. Tardíamente, se descubre que debía muchas, o nunca se descubre.
Para evitarlo, se inventaron los currículos, fotografías, identificaciones, cartas de recomendación y referencias. Se pide al interesado en un puesto que documente quién es, qué ha hecho, qué puede mostrar como ejemplo de su capacidad, quiénes lo avalan. Esto ha creado una industria del credencialismo. A falta del conocimiento que da el trato directo y continuado, hacen falta intermediarios para confiar en una persona, porque nadie conoce a nadie. Credencial viene de credere: creer.
Nada garantiza que las precauciones funcionen, porque las credenciales pueden ser falsas. Peor aún: el proceso de avalar acaba distorsionando muchas cosas. La educación debería concentrarse en la educación, pero tiende a volverse un negocio credencialero. Los premios dejan de ser una fiesta que celebra lo mejor para convertirse en capital curricular. El aplauso espontáneo queda desplazado por los aplausos enlatados que se producen por consigna o se venden al mejor postor. Las entrevistas en los medios, que supuestamente son para informar al público, sirven para desinformarlo, y hasta tienen tarifas, que no paga el público, sino el entrevistado.
Se han hecho obras de teatro, óperas y películas sobre la importancia del cabello, y hay asistentes que pagan su boleto para ver Sansón y Dalila. Pero nadie va al teatro para ver propaganda de un gel maravilloso que transforma a cualquiera en Sansón, aunque la entrada sea gratuita. Darle al público propaganda, en vez de información, distorsiona la función social de los medios y provoca rechazo.
Las distorsiones que introduce el credencialismo son destructivas. Si la gente no cree en las entrevistas, noticias, declaraciones, títulos, premios ni currículos, todo se complica. Esto lleva a recursos desesperados como el de los políticos que firman sus promesas ante notario, con la esperanza de ser creídos. No sucede en todos los países, y que suceda en México refleja una desconfianza extendida.
La contrapropaganda sobre la falsedad del cumplimiento puede ser eficaz en una campaña electoral, pero no resuelve el problema de fondo, porque es interesada. Más bien refuerza la desconfianza en todos los políticos. Lo que hace falta es la constatación de alguien que inspire confianza y vaya a investigar la verdad de los hechos contra los dichos. Curiosamente, en México no se da importancia a los procesos de verificación. La distorsión credencialista ha llevado al desánimo y el cinismo. Verificar las afirmaciones de los políticos parece tan ocioso como verificar las afirmaciones de un comercial. Pero no hay que tomarlo así, ni siquiera en el caso de los anuncios de remedios maravillosos para la calvicie. Permitir la impunidad declarativa destruye la confianza en la vida pública.
Para empezar a remediarlo, hay que tomar en serio los currículos. Ocasionalmente, hay escándalos por un funcionario que ostenta títulos universitarios que no tiene, o peor aún: oculta fechorías, a veces mayúsculas. Hay fraudes curriculares también en el sector privado, aunque no suelen salir en los periódicos.
En los Estados Unidos existen despachos especializados en preparar un currículo vendedor, y los que buscan empleo pagan por el servicio cosmético. Naturalmente, los reclutadores de personal saben (o deberían saber) leer entre líneas para advertir lagunas, oscuridades, embellecimientos o fraudes. A pesar de lo cual, se cometen errores muy costosos. Tener especialistas independientes que verifiquen todas y cada una de las afirmaciones de un currículo puede mejorar el reclutamiento y evitar sorpresas desagradables.
Los notarios tienen fe pública, y algunos pudieran especializarse en certificar currículos. Recibirían todo lo que documente las afirmaciones del interesado y procederían a investigar la verdad de cada una. Hay agencias de investigación de personal, crédito, due diligence, seguridad y detectives cuyos métodos o servicios pueden combinarse con la notaría. Finalmente, el notario extenderá un currículo certificado que incluya únicamente lo que pudo comprobar, y que podrá ampliar cuando haya nuevos hechos verificados.
El servicio lo pagaría el aspirante, que así ganaría rapidez en el procesamiento de sus solicitudes de empleo, con la ventaja de que las personas que informen sobre él no serían molestadas una y otra vez. La certificación sería portátil de una solicitud a otra.
El mismo servicio, sin costo para el interesado, debería darlo la Secretaría de la Función Pública a todo el personal del sector público. En el caso de que después resulten falsedades, el castigo deberá ser también para el funcionario que no las advirtió. Habría que hacer lo mismo en el Instituto Federal Electoral para todos los candidatos, con cargo a los partidos.
Una opción ciudadana sería construir una Wiki curricular, a la manera de la Wikipedia, donde aparezcan todos los currículos oficiales de figuras públicas para ser objeto de verificación por cualquiera que tenga información y la acredite con seriedad. Contribuiría poderosamente a que se desinflen los currículos mentirosos o exagerados y a que salgan a luz omisiones significativas.
(Reforma, 29 de julio 2012)
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.
