La tragedia de Villas de Salvárcar, sucedida en enero de 2010, no solo originó una acre discusión en la opinión pública sobre la efectividad de la estrategia gubernamental en el combate a los grupos del crimen organizado en varias ciudades del país; el asesinato de esos jóvenes fue también uno de los episodios peor manejados por el área de comunicación del gobierno federal en materia de seguridad. Las declaraciones del presidente Felipe Calderón, quien desde Japón atribuyó el crimen a un enfrentamiento entre pandillas, obligaron a Presidencia (como pocas veces) a ofrecer una disculpa pública a las familias que, justificadamente, repudiaron la estigmatización que las propias autoridades hicieron de sus hijos al tratarlos como delincuentes.
La falta de claridad en este y otros casos de agresiones a civiles perpetradas por fuerzas federales, entre las que se cuenta el asesinato de dos alumnos de posgrado del Tec de Monterrey a quienes, ya muertos, se les sembraron armas para hacerlos pasar por delincuentes, obligó al presidente Calderón y a su gabinete de seguridad a modificar no solo el discurso de guerra, sino a trabajar en una estrategia de control de daños que impidiera ahondar el descrédito del Ejército y la Policía Federal.
El 19 de agosto de 2010, Alejandro Poiré Romero fue designado como vocero federal en materia de seguridad, con la consigna de organizar un mensaje coherente y eficaz sobre las acciones oficiales en materia de seguridad y combate a la delincuencia, además de mejorar la calidad y la oportunidad de la información.
Sin embargo, Poiré ha sido incapaz de articular un discurso que se imponga a los rumores, que dé mayor certeza, abone a la transparencia y revierta la percepción negativa existente. La vocería a su cargo no ha reaccionado con la velocidad que varios episodios delicados le han exigido, con los datos suficientes para frenar especulaciones, ni con los argumentos jurídicos que expliquen algunas medidas tomadas como parte de las operaciones contra la delincuencia organizada.
La detención de Édgar Valdez Villarreal, el 30 de agosto de 2010, fue oficializada más de tres horas después de que los medios comenzaron a difundir la noticia. A ello se añadió que la versión gubernamental que refería labores de inteligencia, de por lo menos una año, para ubicar y aprehender a La Barbie, fue refutada por el diario La Razón que publicó un parte informativo que revelaba que la aprehensión en realidad se había dado gracias a un circunstancial incidente de tránsito. Sin embargo, Poiré consideró irrelevante cualquier explicación sobre las discrepancias, calificó de logro incuestionable la presentación del supuesto delincuente ante el Ministerio Público y con ello zanjó el asunto.
El episodio siguiente, fue aún más desafortunado. La muerte de un hombre y su hijo de 15 años, luego de que elementos de un convoy militar abrieron fuego contra una familia por no acatar una señal para detenerse en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, obligaron a Poiré a obviar cualquier consideración sobre el estado de derecho y a explicar cómo ese asesinato en realidad ponía de manifiesto la intención de garantizar la seguridad de la población mediante retenes y patrullajes militares.
Duramente entrevistado por Carlos Puig en W Radio, al vocero le fue imposible explicar por la vía legal el por qué un convoy militar puede exigir a un civil, en cualquier lugar del país, detenerse sin infracción aparente, o por qué mientras las corporaciones policiacas cuentan con protocolos y sanciones para conductores que desobedecen una orden, los efectivos del Ejército simplemente disparan. De nuevo, Poiré tuvo que admitir un problema de comunicación y la necesidad de revisar la información que tiene la sociedad sobre qué debe hacer ante un retén o una patrulla militar.
Alejandro Poiré ha cometido errores elementales como incorporar a su discurso terminología de narco, que iguala los homicidios dolosos con las ejecuciones, y ha alimentado la especulación al difundir información no confirmada que a la larga termina por dar validez a la palabra de los criminales.
Tras los intensos enfrentamientos del 9 de diciembre pasado en varios municipios de Michoacán entre agentes federales e integrantes del cártel de La Familia, el vocero se plantó ante los medios para declarar que existían “elementos de información” que coincidían en que Nazario Moreno González, líder del grupo delictivo, había sido abatido. Una vez más, no precisó la naturaleza de esos indicios, tampoco los respaldó con fuentes.
Horas más tarde, la Procuraduría General de la República admitiría que no contaba con evidencia de que aquello hubiera ocurrido; tampoco la Procuraduría local pudo acreditar la muerte. Paradójicamente, la única prueba (presentada públicamente) de que Nazario Moreno fue abatido en la refriega no fue aportada por la autoridad, sino que fue obtenida de una llamada telefónica interceptada, en la que el número 2 de La Familia, Servando Gómez, “confirmaba” el deceso mientras arengaba a los pistoleros y la base social de su organización a no bajar las armas.
En su calidad de vocero, pero también de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Poiré parece entender la efectividad de la comunicación social como algo que se mide por las menciones de un tema en los medios. De ahí que la detención de Flavio Méndez Santiago El Amarillo (uno de los fundadores de Los Zetas) fuera minimizada por las propias instituciones de seguridad que privilegiaron como logro la aprehensión de José Jorge Balderas Garza El JJ, a saber, un narcomenudista convertido en celebridad por disparar al futbolista Salvador Cabañas.
Como lo advirtió el periodista José Carreño, el tema que dominó fue el discurso del criminal exitoso, vestido con una playera Polo de Ralph Lauren que explicaba cómo sus ventas de droga crecieron desde que su imagen apareció en televisión, y no el discurso de la autoridad que había tenido un éxito.
El nuevo affaire relativo al fallido operativo para introducir de manera controlada armas a México pone a prueba la capacidad de Poiré para explicar cuánto sabían realmente las autoridades mexicanas y convencer a la opinión pública de ello. Hasta ahora, el fracaso está ahí; no se ha avanzado en confianza, claridad u oportunidad. Lo lógico sería un nuevo cambio, un cese; rápido y furioso.
……………………………….
“Si la gente no se detiene entonces el patrullaje no sirve de nada”. 8 de septiembre de 2010, al explicar el caso de la familia atacada a tiros por miembros del Ejército en Nuevo León por no detenerse a la señal de un vehículo militar.
“No cabe, en modo alguno, por parte de ningún actor, el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales”. 20 de septiembre de 2010, al reprender a El Diario de Ciudad Juárez que tras el asesinato de uno de sus periodistas preguntó en su Editorial a los responsables “¿Qué quieren de nosotros?”
“El operativo […] seguirá avanzando no solamente en la búsqueda de los cuerpos, sino fundamentalmente con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad”. 10 de enero de 2011, al reconocer, un mes después de la supuesta muerte de Nazario Moreno, que el cuerpo del líder de La Familia no ha sido localizado.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
