La lenta muerte de la libertad artística en India

La lenta muerte de la libertad artística en India

La tendencia a limitar el derecho a la libertad de expresión de los cineastas ha existido desde que India es un Estado independiente. Hoy la censura ya no examina si hay desnudos o violencia, sino si la narrativa de una película coincide con el relato del nacionalismo de derecha que está en el poder.
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Este artículo forma parte del Free Speech Project (Proyecto Libertad de Expresión), una colaboración entre Future Tense y el Tech, Law, & Security Program del Washington College of Law de la American University, en el cual se analiza la forma en que la tecnología está influyendo sobre lo que pensamos acerca de la expresión.

La fan fiction no es particularmente relevante en la India, por lo que fue sorprendente ver al imaginario colectivo del país desbordarse en noviembre de 2015. El motivo del frenesí era la película de James Bond Spectre, dirigida por Sam Mendes, y los reportes de que el Consejo Central de Certificación Cinematográfica (CBFC, por sus siglas en inglés), el consejo de censura de la India, había acortado la escena de un beso entre los actores Daniel Craig y Monica Bellucci. De inmediato, surgieron memes sobre el “Bond sanskari”. Sanskari podría traducirse casi como alguien “tradicionalmente culto”, acorde a la sensibilidad hindú. La comunidad en Twitter se lanzó a decir que el Bond sanskari preferiría la leche que un martini. La mayoría de estas bromas iban dirigidas al entonces jefe del CBFC, Pahlaj Nihalani, un modesto productor de Bollywood de los años 90, cuyo nombramiento se anunció solo unos meses después de que produjera múltiples videos musicales en “homenaje” al primer ministro Narendra Modi.

El debate sobre lo que es “apropiado para la sociedad de la India” –y con ello la tendencia a limitar el derecho a la libertad de expresión de los cineastas– ha existido desde que India es un Estado independiente. Sin embargo, las cosas han empeorado desde que Bharatiya Janata (BJP), el partido nacionalista de derecha liderado por Modi, llegó al poder en 2014.

Si bien la censura en Spectre fue objeto de guasa, pronto le siguieron dos casos que se convirtieron en puntos álgidos para el discurso sobre la libertad de expresión en la India. En 2017, el título de Sexy Durga, cinta del cineasta Sanal Kumar Sasidharan, fue denunciado por “denigrar” el nombre de una diosa hindú y se convirtió en un tema de debate durante varios meses. En India, cualquier película que se exhiba en un espacio público debe ser certificada por la CBFC, por lo que el lanzamiento de Sexy Durga se retrasó por unos meses. Durante ese periodo, Sasidharan apareció en el congreso anual de un importante canal de noticias, donde el presentador jugó el papel de abogado del diablo al preguntarle: “¿Por qué no hacer una película llamada Sexy Fátima o Sexy María?”, y posteriormente, añadió: “existe la sensación de que, como los hindúes son más liberales, puedes tomarte libertades con la sensibilidad hindú. Sin embargo, nadie se atrevería a meterse con la sensibilidad musulmana y cristiana”.

Finalmente, Sexy Durga recibió un certificado U/A (apta para mayores de 13 años), con la condición de que Sasidharan aceptara cambiarle el nombre a S Durga. El director cedió. Sin embargo, eso no impidió que el Ministerio de Información y Radiodifusión retirara la película de la programación del Festival Internacional de Cine de la India de ese año.

Alrededor de esa misma época, la película Padmavati (llamada así anteriormente) del director Sanjay Leela Bhansali estaba en la mira de un grupo radical llamado Karni Sena. Fundado con el propósito de proteger el orgullo de los Rajputs, una comunidad perteneciente al estado de Rajastán, el Karni Sena atacó a Bhansali por los rumores de una “secuencia romántica” entre Rani Padmini  (una diosa para la comunidad Rajput) y el antagonista musulmán de la película, Alauddin Khalji, un emperador de finales del siglo XIII y principios del XIV. Los líderes de Karni Sena lanzaron amenazas de muerte contra los actores de la película, amplificadas por ministros del BJP a nivel estatal que ofrecieron recompensas. Eventualmente, la película fue autorizada para su estreno después de que el cineasta aceptara los cinco cambios “sugeridos” por la junta de censura, incluyendo el cambio de título de Padmavati a Padmaavat, título original del poema del siglo XVI en el que se basa la película.

La censura ya no tenía que ver con desnudos, masacres o promiscuidad. La censura se centró en si la narrativa de la película coincidía con la narrativa de los nacionalistas de derecha. ¿Estaba fomentando el sentimiento popular de orgullo hindú por el que el BJP fue electo? ¿O lo estaba criticando?

En los últimos seis años, India ha caído del puesto 27 al 53 en el Índice de Democracia publicado por la Economist Intelligence Unit. Durante este periodo, India también pasó del puesto 133 (en 2016) al 142 (en 2021) en su clasificación de libertad de prensa, además de que fue calificado como un Estado “parcialmente libre” por Freedom House. Este descenso podría ser un indicador de cómo se ha reprimido la expresión artística en los últimos años.

Y lo peor podría estar por venir. El 18 de junio, el Ministerio de Información y Radiodifusión dio a conocer el proyecto de Ley (Enmienda) de Cinematografía de 2021, que podría significar el golpe de gracia para la libertad artística en la India. Una de las enmiendas propuestas concede “poderes de revisión” al gobierno central incluso para las películas ya certificadas. Esto, basándose en “quejas” relacionadas con la “soberanía e integridad de la India, la seguridad del Estado, las relaciones amistosas con Estados extranjeros, el orden público, la decencia, la moralidad, o cualquier otro asunto que implique difamación o desacato al tribunal, o que pueda incitar a la comisión de cualquier delito.”

Esta propuesta de enmienda es solo la última de una serie de medidas adoptadas por el grupo en el poder para controlar la libertad de expresión. Una de las primeras señales de la nueva era de censura en el cine de India se produjo con el nombramiento de Gajendra Chauhan (conocido por aparecer en la serie de televisión Mahabharat en 1988) para dirigir el principal instituto cinematográfico del país: el Instituto de Cine y Televisión de la India (FTII, por sus siglas en inglés), financiado por el gobierno. Indignados porque sus conexiones con el BJP parecían ser la mayor credencial de Chauhan para ese puesto, los estudiantes del FTIIse manifestaron durante 139 días. Pero eso no logró cambiar nada. Chauhan ocupó el cargo hasta marzo de 2017, y durante su mandato el campus fue testigo de algunos cambios alarmantes. El cineasta Prateek Vats, un exalumno del FTII que volvió al campus para participar en las protestas contra Gajendra Chauhan, me dijo que había normas estrictas sobre las películas que se podían proyectar para los estudiantes y que a veces se desplegaba a la policía para asegurarse de que el contenido fuera apropiado. Según Vats, algunos talleres se cancelaron porque el profesorado que los dirigía se consideraba “problemático”. Chauhan dimitió posteriormente, pero su sucesor, Anupam Kher, también está vinculado al gobierno del BJP. Su esposa, Kirron Kher, es diputada de ese partido y ha apoyado en repetidas ocasiones a Modi en su cuenta de Twitter. Kher fue presidente del FTII hasta octubre de 2018.

Por otra parte, la anterior jefa del Consejo Central de Certificación Cinematográfica, Leela Samson, presentó su renuncia en enero de 2015, tras un mandato de casi cuatro años, como protesta por la “interferencia política” en el funcionamiento interno del consejo. Samson fue sustituida por Pahlaj Nihalani, responsable de la censura de la escena del beso de Spectre. Poco después, el consejo propuso 89 recortes para Udta Punjab (2016), del cineasta Abhishek Chaubey. El caso se presentó ante el Tribunal de Apelación de la Certificación Cinematográfica (FCAT, por sus siglas en inglés), un organismo creado para escuchar a los cineastas agraviados por las decisiones del Consejo Central de Certificación Cinematográfica, y la película fue finalmente aprobada con un solo corte.

El mandato de Nihalani alcanzó su momento clave con Lipstick under my burkha, de Alankrita Shrivastava, a la que inicialmente se le negó la certificación por ser, en palabras de una carta del CBFC a la productora de la película, “demasiado orientada hacia las mujeres”, además de sus “polémicas escenas sexuales”. No obstante, tras el apoyo abrumador que recibió en redes sociales, la película de Shrivastava se presentó ante el FCAT, que autorizó su estreno con un certificado para mayores de 18 años.

Nihalani fue sustituido en agosto de 2017 por el famoso director de cine Prasoon Joshi. Unos meses después de su nombramiento como jefe del CBFC, Joshi entrevistó a Modi en Londres durante un evento ampliamente televisado, en el que su poesía sobre el fakiri del primer ministro (un asceta que ha renunciado a los placeres materiales) se convirtió en material de leyendas. Y de memes.

Vats me cuenta que la intención de la maquinaria del FTII (dirigido por Chauhan) de frenar la libertad de expresión siempre se escondía bajo el vocabulario de “disciplinar” o “racionalizar los recursos”. Anand Patwardhan, cineasta de renombre internacional, reafirma la teoría de Vats sobre cómo la burocracia ayuda a evitar la necesidad de “censurar” activamente las películas colocando a su propia gente en puestos administrativos clave. Patwardhan me contó cómo el Festival Internacional de Cine de Bombay introdujo el requisito del certificado de censura en 2003, un año después de los disturbios en el estado de Gujarat, donde Modi era entonces ministro. Modi fue objeto de intensas críticas, incluso en muchas películas (como Solución final, de Rakesh Sharma) que normalmente habrían aparecido en el festival. Cuando Patwardhan y sus colegas protestaron y organizaron un exitoso festival alterno, el gobierno tuvo que retirar dicha regla.

Técnicamente, el Festival Internacional de Cine de Bombay ya no tiene una cláusula de censura, pero Patwardhan explica cómo, al elegir a las personas que forman parte del comité de selección del festival, el gobierno impide que se proyecten películas que sean remotamente críticas con el establishment. “Ya no tienen que dar una razón de por qué una determinada película no puede presentarse en el festival. Eso hicieron con mi película Reason, que ganó el premio a la mejor película en el IDFA [de Ámsterdam]”, dice Patwardhan.

En los últimos años, los cineastas se han dado cuenta de que en las plataformas de streaming pueden contener menos sus críticas a las ideologías políticas o religiosas. Programas como Juegos sagrados en Netflix, no entraban en el ámbito de la Ley de Cinematografía, y por tanto la junta de censura no podía dictar los términos. No obstante, los críticos pronto se dieron cuenta de esto. Después de que Juegos sagrados fuera reprendida por una referencia poco halagadora al exprimer ministro Rajiv Gandhi, los servicios de streaming lo tomaron como una “advertencia” y acordaron “autocensurarse“. En los siguientes meses, los afiliados al BMJ criticaron en Twitter programas como Leila (en Netflix) y Pataal Lok (en Amazon Prime) por “representar a los hindúes y a los sijs con una mala imagen”. Una revista afiliada al nacionalismo hindú denunció a The family man (en Amazon Prime) por “crear simpatía por los terroristas“. Hubo indignación por la adaptación en la BBC de A suitable boy (en Netflix) de la cineasta Mira Nair, que mostraba a una mujer hindú besando a un hombre musulmán con un templo como telón de fondo.

Las cosas llegaron a un punto de quiebre con Tandav, de Amazon Prime en 2020. La serie, creada por el director Ali Abbas Zafar, fue criticada en las redes sociales por su representación “insensible” de dioses hindúes, que aparecen satirizando las redes sociales en una escena. Se presentaron múltiples denuncias policiales contra los creadores, Amazon Prime, e incluso contra actores individuales en varios estados. Amazon Prime y Zafar emitieron una disculpa inmediata, y aseguraron que las escenas “ofensivas” habían sido eliminadas. A la directora de Amazon Prime (India Originals), Aparna Purohit, el Tribunal Superior de Allahabad le negó la fianza anticipada (una versión preventiva de la fianza para alguien que anticipa su detención tras una denuncia policial) alegando que “los creadores ridiculizan a los dioses y diosas hindúes”. Una semana después, el Tribunal Supremo concedió a Purohit la fianza anticipada. Finalmente, nadie fue detenido y la mayor parte del ruido en torno a las denuncias se calmó unas semanas después. La gran cantidad de casos podría indicar que se trata de una campaña coordinada para intimidar a las plataformas de streaming para que actúen con cautela.

Solo unos días después de la controversia de Tandav, el Ministerio de Información y Radiodifusión dio a conocer las Normas de Tecnología de la Información (Normas de los Intermediarios y Código de Ética de los Medios Digitales) de 2021 (que llamaré las Normas para Intermediarios). Además de las plataformas de medios sociales, las normas para intermediarios se extienden a las publicaciones de noticias digitales, así como a los streamers como Netflix y Amazon Prime, entre otros. La Fundación DigiPub News India, un conjunto de organizaciones de medios digitales que trabaja para garantizar un “sólido ecosistema de noticias”, calificó las normas como “un golpe… a la democracia”. Según las normas, cualquier queja contra un programa de streaming podría resultar en que la plataforma reciba una advertencia/censura/amonestación, que se le exija que se disculpe, o que se le pida que modifique el contenido si se descubre que viola el código ético. Como vimos en el caso de Tandav, el “código ético” podría tener implicaciones extensas.

La abogada Devdutta Mukhopadhyay, que ha trabajado en temas de derechos digitales en la India, calificó las pautas como “profundamente preocupantes”, sobre todo porque el poder legislativo no fue consultado en absoluto.

Apenas un mes después de la promulgación de las Normas para los intermediarios, se informó de la abolición del Tribunal de Apelación de la Certificación Cinematográfica (FCAT, por sus siglas en inglés) y de varios tribunales. El FCAT, creado en 1983 como último recurso para que los cineastas apelaran a cualquier queja que pudieran tener contra el CBFC, se dirigirá ahora a un tribunal superior o la Suprema Corte.

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Vats afirma que el Proyecto de Ley (Enmienda) sobre el Cine de 2021 podría ser la sentencia de muerte de la libertad artística en la India: “¿Cómo funcionan los negocios? Cuando uno no está seguro de algo, prefiere no hacerlo, ¿cierto? Así que empezará la autocensura, y se verán múltiples películas patrióticas, así como comedias absurdas. Cualquier organismo al azar podría plantear una objeción mañana. Cualquier burócrata local podría tener un problema con una película: un policía de tránsito podría decir que su profesión no ha sido representada correctamente. Cuando se plantea de esta manera, ¿cuándo se puede terminar una película?”.

Patwardhan teme ser uno de los principales objetivos del gobierno si el proyecto de ley se promulga. “Lo más aterrador y absurdo es que se están dando a sí mismos el poder de retirar los certificados emitidos por los gobiernos anteriores. Todas mis películas han tenido problemas con la censura”. Anteriormente, dijo, los certificados del CBFC habían “sido mi escudo de protección en muchos casos, porque los grupos de derecha han atacado las proyecciones de mis películas en múltiples ocasiones. Sin embargo, como la película tenía un certificado de censura no podían hacerlo legalmente”. Por ejemplo, en la Universidad Ambedkar, en 2019, una proyección de Ram Ke Naam (1992) fue interrumpida por miembros del ABVP, el ala estudiantil de la Rastriya Swayamsevak Sangh, una organización de extrema derecha. Pero tras la promulgación de la Ley (Enmienda) de Cinematografía de 2021, el gobierno podría someter de nuevo todas las películas de Patwardhan, fuertemente antisistema, al proceso de censura, y cancelar oficialmente todos sus certificados de censura si se niega a cumplir con los cambios “sugeridos”.

La buena noticia es que esto aún no ha ocurrido. Según una circular con fecha del 26 de julio, el Ministerio de Información y Radiodifusión ha declarado que la propuesta de modificación de la Ley de Cinematografía se encuentra todavía en “fase de consulta”. Vats y Patwardhan son optimistas respecto a que la legislación no se sostendrá en los tribunales, debido a que hay muchos precedentes que han defendido el derecho de los artistas a la libertad de expresión.

El abogado Ashim Sood calificó las enmiendas propuestas como una “grave preocupación”. Sood señala: “Hemos visto cómo la policía presenta casos de sedición basados en publicaciones de Facebook. Del mismo modo, una denuncia podría anular un certificado de censura”. Él cree que será especialmente perjudicial para los cineastas independientes. “Como un buen fascista, [el gobierno] quiere sofocar las voces disidentes. … Mi esperanza es que la gente se oponga a ello. En el momento en que intenten aprobar este proyecto de ley en el parlamento, tendremos que impugnar en los tribunales y estoy seguro de que ganaremos”, afirma Patwardhan.

Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de SlateNew America, y Arizona State University.