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Cassez-Vallarta: las medias verdades de una miniserie

La miniserie documental construye una versión de los hechos que deja fuera a las víctimas y crea una percepción que no es congruente con la resolución de la Suprema Corte que dio la libertad a Cassez.
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El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal (México, 2022) es una miniserie documental basada en una novela que a su vez se inspira en hechos reales, contados desde un lado de la historia. Y aunque el punto de partida es la persecución de los presuntos perpetradores del secuestro de por lo menos ocho personas a principios de este siglo, durante el sexenio de Vicente Fox, la historia que está casi ausente es la de las víctimas.

El documental relata los innegables abusos de autoridad y violaciones al proceso por parte de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que culminaron en la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez como los presuntos líderes de la banda de secuestradores Los Zodíacos. También recoge la experiencia personal de Cassez hasta su condena por 60 años por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército y describe el conflicto diplomático entre México y Francia alrededor de su proceso y condena. Presenta además los argumentos de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea –que denuncia un supuesto acto de intimidación del gobierno a través de la Policía Federal sin precisar lugar, hora o cualquier otro que refuerce la denuncia que realiza 10 años después– y Olga Sánchez Cordero, quienes votaron a favor de la liberación por un amparo liso y llano a la ciudadana francesa desde un primer momento.

En algunos momentos de la miniserie, preponderantemente para señalar inconsistencias e incongruencias en actuaciones judiciales, se presenta a las víctimas, a través de dramatizaciones y lecturas de breves segmentos de sus declaraciones.

En ningún momento se acude a un experto que explique el efecto psicológico que una experiencia trascendental como el secuestro genera en las víctimas, a pesar de que tal peritaje debe constar en las actuaciones ministeriales. Menos aun se explica el proceso postraumático que atraviesa una víctima a la que el secuestrador arrebata toda humanidad, al reducir la razón de su existencia a la de un objeto de intercambio, sujeto a un precio negociable. Tampoco se menciona el temor justificado que puede experimentar una víctima al momento de dar la primera declaración, a sabiendas de que sus captores siguen libres y tienen poder sobre su vida, del que ha tenido prueba suficiente.

La miniserie refiere la existencia de una víctima anterior a Valeria (la joven cuyo rescate habría conducido a la detención de Cassez y Vallart): el empresario Abel Figueroa, secuestrado y asesinado presuntamente por la misma banda que sustrajo a la joven. Ambos casos están enlazados por vínculos comunes, terceros involucrados cuyos nombres se omiten, y que tenían relación cercana tanto con las víctimas como con Israel Vallarta. No se mencionan los abusos sexuales que Cristina Ríos, la víctima supuestamente rescatada en el operativo del rancho Las Chinitas, declaró haber sufrido, ni la llamada a un programa de radio que en 2021 realizó Christian, su hijo, en la que reafirmó el señalamiento en contra de Vallarta y Cassez.

En la narrativa de la serie, las víctimas no son congruentes, y esto genera dudas en la percepción colectiva: tal vez las víctimas simplemente mienten. La misma sociedad que unas semanas antes se había escandalizado por la serie documental Caníbal: indignación total, que ponía a un feminicida, y no a sus víctimas, al centro de la historia, parece estar conforme con que aquí sean un personaje de soporte para presentar las injusticias sufridas por sus presuntos victimarios. El documental pasa de largo que los abusos de poder y violaciones al proceso de García Luna y Palomino revictimizan a Valeria, a Abel Ignacio, a Cristina y a Christian, negándoles justicia desde el mismo momento en que deciden “recrear” el momento de la detención de los presuntos responsables, creando a partir de una mentira una verdad jurídica que 17 años después pone en duda lo que ellos vivieron por días, semanas, meses.

La miniserie no nos dice si las víctimas contaron con asesoría legal coadyuvante con el Ministerio Público, a fin de presentar testimonio en contraposición a los argumentos presentados por la defensa. Sin embargo, la consideración de la inocencia plena de Cassez es una constante hacia al final de la serie. Esto, a pesar de que los jueces adscritos a la Primera Sala de la SCJN fallaron únicamente en el sentido de que se violaron los derechos humanos de Cassez al momento de su arresto y proceso judicial, y nunca respecto a su inocencia o culpabilidad, conforme al proyecto presentado por Arturo Zaldívar. El respeto al principio de la presunción de inocencia no entraña en sí mismo la declaración de inocencia que presumen la defensa y la propia Florence. En su momento, varios juristas estuvieron de acuerdo con la postura del ministro José Ramón Cossío, que se inclinaba por la reposición del procedimiento.

Zaldívar es, por cierto, el mismo ministro que el 6 de julio de 2016 propuso desechar la posibilidad de entrar al estudio de las violaciones graves a derechos humanos, semejantes a las argumentadas por la defensa de Cassez, ejercidas en la persona de Nino Colman Hoyos Henao, acusado también de secuestro en 2009 por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La decisión del juez mantiene hasta la fecha privado de su libertad al colombiano naturalizado mexicano.

Otro sesgo perceptible en la miniserie es la referencia a la comunidad judía como un grupo que ha acumulado tal cantidad de poder que puede sustraerse al orden público común al resto de la ciudadanía mexicana. El documental omite mencionar que, dado el nivel de inseguridad y criminalidad que impera desde entonces, en todo México han surgido grupos de vigilancia ciudadana, que en ocasiones han alertado con mantas a los delincuentes de las consecuencias inmediatas a las que se harían acreedores en caso de intentar cometer un delito en contra de los integrantes de una determinada comunidad.

Esos grupos son el antecedente directo de los Comités de Vigilancia Ciudadana, hoy denominados Comités de Seguridad Ciudadana, que empezaron a ser reconocidos como auxiliares en la ejecución de los planes de seguridad pública de los gobiernos federales a fines de la administración de Fox. La conformación de grupos de resguardo y vigilancia vecinales no es un fenómeno exclusivo de la comunidad judía.

Si es identificable un sesgo narrativo en la miniserie, este no puede ni debe ser condenable en la novela que le da origen. A fin de cuenta, la novela es un género literario que precisa de la exaltación de las emociones para involucrar al lector. El problema se suscita cuando de una novela o un documental, cuya motivación se centra en las emociones, se pretende generar una percepción que no es congruente con los efectos de la resolución de la SCJN, o sembrar por lo menos la semilla de una hipotética verdad jurídica en la percepción colectiva, por la deliberada presentación de solo una parte de los hechos, una verdad a medias.

Si hay una característica propia e innegable en la ley, su marca distintiva, es la objetividad con la que deben confrontarse los hechos y actos en análisis. La ley no obedece a emociones, o por lo menos, no debiera hacerlo. Si hay un elemento que de origen vició el procedimiento que debió garantizar justicia a víctimas y victimarios en el caso Cassez-Vallarta fue el montaje televisivo, que buscó la manipulación de las emociones a favor de la AFI, en una sociedad harta de impunidad y vulnerabilidad tanto frente a la delincuencia, como frente a la autoridad. El documental El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal, lejos de ayudar a esclarecer de manera objetiva los hechos, alimenta esas emociones. Esto tiene que parar.

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