Dos imรกgenes. La primera corresponde a la ediciรณn del 17 de diciembre de 2009 de un diario matutino que en su primera plana desplegรณ la fotografรญa del cadรกver de Arturo Beltrรกn Leyva tendido en el piso, con los pantalones abajo, cubierto de billetes ensangrentados. En la segunda, tambiรฉn publicada en un diario de la capital el pasado 9 de enero, pueden verse los cuerpos de quince personas decapitadas por el crimen organizado en Acapulco.
La discusiรณn sobre la pertinencia de publicar o no una fotografรญa (si es que este debate se presenta en las mesas de ediciรณn) generalmente se da solo en torno al valor periodรญstico de la imagen. Tal como lo evidenciรณ el director editorial de Milenio al publicar la fotografรญa del cuerpo de Paulette Gebara tras ser hallado entre el colchรณn y los pies de su cama. No son raros los casos de periodistas que piensan que es imposible violar los derechos de una persona fallecida.
Cuestionar las decisiones editoriales de los medios mexicanos desde una perspectiva meramente รฉtica o moral subjetiviza la discusiรณn, porque reduce todo a una cuestiรณn de enfoques. Una de las caracterรญsticas del periodismo es destacar lo excepcional; sin embargo, no puede renunciarse a una responsabilidad marcada en leyes y cรณdigos โanteponiendo argumentos sobre el derecho a la informaciรณn y la libertad de expresiรณnโ para publicar cualquier cosa como si no hubiera consecuencias en ello.
Los periodistas compartimos la responsabilidad de la informaciรณn que transmitimos y tenemos la obligaciรณn de respetar el derecho de las personas y de sus familias a la vida privada y a la dignidad. Escenarios como los planteados arriba exhiben el trato cruel y degradante que se da a las vรญctimas, y que las autoridades estarรญan obligadas a evitar por el agravio que se hace a sus familiares.
Cada dรญa, los informadores somos cรณmplices de violaciones a la ley perpetradas por las propias autoridades. Cuando se pone frente a las cรกmaras a supuestos integrantes de cรกrteles del narcotrรกfico en el Centro de Mando de la Policรญa Federal en Iztapalapa, cuando se permite que Isabel Miranda de Wallace se caree ante decenas de reporteros con el sujeto imputado de asesinar a su hijo โy cuando esto se publica bajo el criterio de interรฉs pรบblicoโ, se violan los derechos procesales y se vulnera la garantรญa al debido proceso que deberรญa proteger a cualquier persona sin excepciรณn, y que no tendrรญa por quรฉ estar subordinada a linchamientos mediรกticos.
La detenciรณn de โEl Ponchisโ, a quien algunos medios llamaron โel niรฑo sicarioโ, es un caso que ilustra esta cuestiรณn. Aprehendido en un aeropuerto mientras intentaba escapar a Tijuana junto a sus dos hermanas, la Secretarรญa de la Defensa se permitiรณ convocar a los medios en una calle oscura de Cuernavaca, en medio de la noche, para hacer la presentaciรณn del adolescente. Se permitiรณ que los reporteros lo fotografiaran, lo grabaran y lo sometieran a un interrogatorio extrajudicial.
En abierta violaciรณn a la Constituciรณn, a la Ley Federal para la Protecciรณn de los Derechos de Niรฑas, Niรฑos y Adolescentes y a la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores โque obligan a resguardar la identidad y otros datos personales de menores de edad dentro de los procesos penalesโ medios como Milenio, La Jornada y Excรฉlsior revelaron el nombre del joven de 14 aรฑos. Menos cuidadosos, otros difundieron fotografรญas y videos en los que no se tuvo el cuidado de distorsionar el rostro de Edgar (su nombre de pila).
Muchas de estas normas debieron seguirse en este y en el caso de Paulette, porque, contra lo que algunos suponen, el derecho a la personalidad y a la propia imagen no mueren ni siquiera cuando el titular de los derechos desaparece.
El caso Diego Fernandez de Cevallos es el mรกs nuevo y acabado episodio de los traspiรฉs de la prensa. Medios como El Universal, que en sus propios cรณdigos de รฉtica consideran la publicaciรณn de informaciรณn y detalles relacionados con el secuestro de particulares como apologรญa del delito, dieron espacio a algunos de sus periodistas para difundir fotografรญas del polรญtico en su cautiverio, cartas de sus supuestos secuestradores y versiones sobre su liberaciรณn que podrรญan haber puesto en riesgo cualquier negociaciรณn para su rescate y aun su vida.
Otros, como el propio director editorial de Excรฉlsior, pusieron sobre la mesa la preocupaciรณn de que los medios terminaran siendo usados para los fines de los delincuentes y rechazaron pรบblicamente que la funciรณn del periodismo facilitara la negociaciรณn de un secuestro. Sin embargo, 24 horas antes de la definitiva liberaciรณn de Diego, ese mismo diario publicรณ pรกrrafos y pรกrrafos de una carta de los โmisteriosos desaparecedoresโ del panista que antes habรญan merecido la crรญtica.
Durante el รบltimo aรฑo hemos visto a numerosos editores y directivos de medios explicando en las redes sociales sus decisiones, como si ello sustituyera elaborar polรญticas editoriales o un cรณdigo de รฉtica claro. En diversas redacciones, hasta la fecha, no parece haber conflicto en tomar videos de interrogatorios realizados por delincuentes y en dar por vรกlidas las confesiones de sus vรญctimas si estas โpor ejemploโ acusan a funcionarios de alto nivel de estar coludidos con los narcos.
No es infrecuente encontrar el lenguaje criminal en medios impresos y electrรณnicos, el uso de โlevantรณnโ por secuestro y โejecuciรณnโ por asesinato; la forma en que contribuimos a popularizar alias que en el peor de los casos son denigrantes y que en otros alimentan la celebridad del delincuente… Es momento de preguntarnos a quiรฉn servimos cuando publicamos, si nuestra prรกctica irresponsable no nos ha ganado la animadversiรณn de aquellos a quienes supuestamente servimos y si la cobertura de la violencia puede hacerse de una manera diferente. Estoy seguro que sรญ.
โ Juan Carlos Romero Puga
(Imagen modificada)
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
