Cuando el pasado viernes el viceministro de Cultura cubano Fernando Rojas apareció en Mesa Redonda, programa televisivo célebre por su función de “apagafuegos” propagandístico, una sensación de expectativa cedió paso al desánimo o la indignación entre los intelectuales cubanos que estaban frente a las pantallas. Por un arte de magia, en la cual Rojas “el Malo” ha demostrado un nivel de habilidad envidiable, la anunciada “rectificación” pública se convirtió en ratificación amañada y “gradual” de la norma más polémica del último decenio cultural en la isla: el Decreto 349.
Desde la llamada “guerrita de los emails” (un debate ocurrido en 2007, a raíz de la presentación en la televisión de uno de los más afamados censores de los años 70), no se había producido en Cuba un consenso tan amplio entre intelectuales y creadores contra una acción gubernamental. El bautizo cultural del nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, y del nuevo Ministro de Cultura, Alpidio Alonso, no se aleja demasiado del fiasco cuando artistas de muy variados credos, desde Silvio Rodríguez hasta Luis Manuel Otero, pasando por un Premio Nacional de Artes Plásticas como José Ángel Toirac, un actor popular como Luis Alberto García o una “artivista” de renombre internacional como Tania Bruguera han expresado, de diversas maneras, su oposición a la primera ley que firman ambos.
Para lidiar con esta resistencia ha sido designado (por ese poder real cuyos hilos sigue manejando Raúl Castro) el viceministro Rojas, con larga experiencia en disfrazar de diálogo su vocación de censor. Del grupo de opositores más recalcitrante, ese que tras varios actos de protesta pública propuso una sentada frente al MINCULT –evocando la peor pesadilla de los gobernantes cubanos: el uso democrático del espacio público–, se ocupó directamente la policía política la semana pasada. Amenazas, casas sitiadas, arrestos e interrogatorios: el habitual modus operandi contra disidentes y opositores políticos que se atreven a expresarse en la calle. Sorprende la valentía tozuda de ese llamado “grupo de San Isidro” (Luis Manuel Otero, Yanelys Núñez, Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Michel Matos, Sándor Pérez, Adonis Milán, los escritores Javier Moreno y Verónica Vega, el pintor Yasser Castellanos, la propia Tania Bruguera, entre otros), que han conseguido llamar la atención nacional e internacional sobre lo que empezó como reclamo gremial. Aunque abortadas por la intervención policial, sus acciones han servido de ejemplo para una movilización más amplia.
Con otro nutrido grupo de creadores, que bajo el lema SIN349 hizo llegar una prolija carta a las autoridades políticas y culturales del país, se orquestó una reunión presidida por Rojas, cuya transcripción habla por sí sola: vaselina burocrática. Los jóvenes (cineastas, artistas plásticos, galeristas) sortearon las digresiones y excusas gubernamentales para dejar claro que el decreto, lleno de ambigüedades y excesos, había sido redactado y amenazaba con aprobarse sin consultar a la comunidad artística ni recabar el mínimo consenso entre los creadores. Fueron recibidos y escuchados, sí, pero se les dejó claro que no tenían potestad para paralizar lo que al gobierno le sigue pareciendo una ley necesaria y urgente para la “correcta actualización cultural” de la isla.
¿Qué plantea el Decreto 349 y por qué ha suscitado una oposición tan masiva en un país donde la censura ha sido una espada de Damocles, más o menos tensa sobre todos los creadores desde hace seis décadas?
La nueva ley actualiza otro decreto, el 226, que data de 1997 y regula la política cultural y la “prestación de servicios artísticos”. Las transformaciones de la sociedad cubana a partir de la aprobación del cuentapropismo extendieron la actividad cultural más allá de las instituciones oficiales hacia unos ambiguos “espacios públicos no estatales”. Muchos de esos lugares son los escenarios más vitales del arte que se hace hoy en la isla. Han proliferado galerías y sedes de teatro en domicilios privados, restaurantes con programación cultural, exhibiciones alternativas de materiales audiovisuales, que ahora serán colocadas automáticamente bajo sospecha. En resumen, la ley exige la aprobación de las autoridades para que los artistas puedan presentar su trabajo al público y crea la figura del inspector que podrá cerrar una exposición o terminar un concierto si determina que estos no están acorde con la política cultural de la Revolución.
Otro de los puntos ambiguos de la norma legal es la definición de la figura de artista y hasta qué punto ésta implica la necesidad de adscribirse a una institución estatal. ¿Existe una cultura cubana más allá de sus instituciones oficiales? Es obvio que sí. ¿Podrá seguir existiendo sin ser vigilada de cerca? Según la actual redacción del Decreto, parece poco probable.
Este miércoles el viceministro Rojas dijo a la agencia AP que habían decidido incorporar regulaciones anexas al Decreto cuestionado para “suavizarlo”. Lamentablemente, la periodista tuvo que confiar en su palabra, pues estos anexos no se han hecho públicos. Rojas también aseguró que en ellos “quedarán más claras las funciones del cuerpo de inspectores del ministerio de Cultura, que deben velar por su cumplimiento y sancionar a los infractores”. Al parecer, su cerebro de komsomol no puede entender que los artistas no piden inspectores más cultos sino la desaparición del inspector con autoridad para censurar en nombre del Estado.
A propósito del espectáculo televisivo del viernes, un artista cubano hablaba en Facebook de “dinámica de barricadas” y “atrincheramiento institucional”. En efecto, por la pantalla de la televisión solo desfilaron funcionarios y tres o cuatro artistas oficialistas que defienden el decreto. Se evitó mencionar a los opositores y sus argumentos, diluidos en supuestas “inquietudes que se han planteado” y otra serie de eufemismos. Ninguna mención de los revoltosos arrestados, de los numerosos reportes de la prensa internacional ni del comunicado de Amnistía Internacional contra el decreto. Allí se lee que el 349 “augura un mundo artístico distópico en Cuba”, cuyo primer ensayo parece ser, justamente, esta Mesa Redonda sin esquinas disonantes.
¿Por qué los ataques coordinados desde todos los medios oficiales, por qué el uso indiscriminado de la fuerza y la propaganda contra artistas que solo piden participar en las leyes que los afectan y que, en algunos casos, les privarán de su medio de vida? ¿Por qué hasta ahora planea sobre cada palabra del ministro y el viceministro el aura insoportable del paternalismo, incapaz de ver en los reclamos intelectuales algo más que malas lecturas, despistes, malcriadez o la “mano del enemigo”?
Díaz-Canel fue designado el 19 de abril de este año y el día 20 firmó el Decreto, así que no hay que subestimar el contenido simbólico de esta protesta colectiva. Lo que está en tela de juicio es la capacidad del Estado cubano de adaptarse a un nuevo panorama de circulación de la cultura, pero también los límites de una transformación social y constitucional en la que muchos jóvenes intelectuales cubanos aún confían.
He observado este panorama desde el exilio, conozco a varios de sus protagonistas y puedo citar muchas reivindicaciones gremiales aplazadas durante años (¿qué pasó con la Ley de Cine, todavía se acuerdan de ella?). Creo que este decreto no está pensado para que los artistas cubanos paguen impuestos o eliminen la vulgaridad; no es para “elevar los valores” ni eliminar las metáforas obscenas de las letras del reguetón (cosa que, por cierto, seguiría siendo una forma de censura). Este decreto está hecho para aumentar el control y reservar el monopolio ideológico del Estado cubano sobre todo tipo de actividad cultural. Se concibió a partir de la #00Bienal, cuando un grupo de creadores intentó suplir un importante evento oficial, aplazado sin explicaciones convincentes. Está hecho para impedir que grupos y proyectos opositores, como Estado de Sats, se conviertan en promotores culturales; para asfixiar una galería alternativa o el estudio de grabación de Gorki Águila; para impedir proyecciones privadas de películas censuradas, como las que organizaron los productores de Santa y Andrés. Para cercar al llamado “arte de apartamento” y quitarle legitimidad al Instituto de Artivismo recién fundado en La Habana por la infatigable Tania Bruguera. El estado cubano también busca tener el monopolio de cualquier invitación a intelectuales extranjeros que viajen a La Habana: una manera de evitar “sorpresas”. Tampoco quiere arriesgarse a que tengan lugar en espacios privados presentaciones de raperos y reguetoneros donde se escuche alguna canción que critique al gobierno. Para todos esos casos, el Decreto 349 detalla hasta 19 “contravenciones” o violaciones de la ley, y sus respectivos castigos.
Es admirable que, en contra de toda la maquinaria del Estado (y créanme que en Cuba esa maquinaria deshace no solo reputaciones) estos jóvenes artistas y creadores hayan conseguido decir “hasta aquí”. Aunque algo se ha ganado, ahora mismo estamos en un stand-by que parece beneficiar al Estado. Ojalá este asunto del Decreto 349 sirva para que aquellos intelectuales y artistas, sobre todo norteamericanos, que se la pasan reivindicando marginaciones raciales y “latinxs” de todo tipo, pero que cuando hay represión evidente en Cuba abandonan sus ganas de defender a las minorías, entiendan de una vez que el nuevo gobierno cubano y su recién estrenado Proyecto constitucional solo tiene para ofrecer el muy antiguo arte de conservar el poder a toda costa.
(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).
