En enero pasado, el centroizquierdista Bernardo Arévalo, un sociólogo reconocido por su carrera diplomática y parlamentaria, tomó posesión de su cargo como presidente de Guatemala después de un duro enfrentamiento con el gobierno en funciones de Alejandro Giammattei. La fiscal general Consuelo Porras, en estrecha alianza con la presidencia, hizo todo lo que estuvo en sus manos para escamotear la victoria popular de Arévalo en las urnas desde el momento en que este pasó a la segunda vuelta electoral y, luego, ganó las elecciones en agosto de 2023. Llegó a solicitar la nulidad de los comicios presidenciales y el retiro de la inmunidad del presidente electo.
Frente a esto, más de una decena de pueblos indígenas, a través de sus líderes, acompañaron a Arévalo y, entre otras acciones, organizaron en octubre un paro general indefinido. El papel de los pueblos originarios ha sido reconocido por el nuevo presidente, pero no todos sus líderes evalúan del mismo modo su corto período de mando.
Aleisar Arana, líder del Parlamento Xinka y veterano representante indígena, cree que ahora “hay más apertura en lo fundamental: el diálogo y el compromiso” con los pueblos originarios. Mientras otros critican duramente a la nueva administración –es el caso de Thelma Cabrera, excandidata presidencial maya mam que el lunes 17 de junio afirmó que “este gobierno es más de lo mismo”–, Arana destaca que Arévalo es el primer mandatario en visitar territorios como el de los xinka y hace un afilado llamado a los escépticos: “una primavera [democrática] no la va a construir solo el gobierno”.
Arana, agricultor y ganadero, presidió durante ocho años el Parlamento Xinka, que representa a la segunda población indígena de Guatemala después de los mayas, y desde enero se mantiene en la junta directiva como vocal. Fundado en 2004, el Parlamento defiende sus intereses ante las instituciones del Estado, aunque al igual que las demás autoridades de otros pueblos originarios (garífuna y maya) no tiene representación en el Congreso ni otras instancias nacionales. Si bien cada autoridad indígena tiene su propio modelo de toma de decisiones, los xinka escogen por votación su Parlamento, que luego elige a la junta.
Arana cobró visibilidad nacional a partir de octubre pasado, cuando una decena de autoridades ancestrales arrancaron semanas de movilizaciones en defensa del proceso electoral y para exigir la renuncia de Consuelo Porras, quien no renunció y sigue en el cargo pese a las protestas, las repetidas condenas del Consejo Permanente de la OEA y las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Los aliados de Giammattei –la fiscal, congresistas, jueces– no han logrado remover al nuevo presidente, pero se empeñan en obstruir sus pasos con investigaciones penales a su partido y sus ministros, en las que se les acusa, entre otros cargos, de lavado de dinero y daños al patrimonio durante la campaña electoral.
Hombre estoico que navega las aguas polémicas con cautela, Arana ha sido interlocutor en las complejas negociaciones del gobierno con sectores indígenas que han llevado a la firma de un acuerdo de cooperación con el Parlamento Xinka. También asistió a extensas discusiones para frenar las maniobras de Porras, junto con otras autoridades indígenas y actores de peso como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). La compleja coyuntura política reunió efímeramente a adversarios históricos: el CACIF respalda la minería, industria que según Arana no es viable en Guatemala porque daña el medio ambiente y no respeta los procesos de consulta previa a las comunidades afectadas.
Como fruto de sus acercamientos con Arévalo, las autoridades indígenas han conseguido promesas del Estado para saldar una serie de deudas históricas. Destaca la moratoria temporal de la minería metálica (níquel, oro, plata, cobre); Semilla, el partido de gobierno, propuso no conceder licencias para ningún tipo de operación por un período de 10 años. Otras reivindicaciones clave son el reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos, la promoción del desarrollo sostenible y la superación del racismo institucional visible tanto en la exclusión política como en las deficiencias de educación y salud.
Para Arana, y en contracorriente a las críticas, establecer una sinergia con el gobierno constituye el gran respaldo al nuevo mandatario frente a la acción de Porras.
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La fiscal Porras sigue en su cargo e investiga al presidente; se muestra inamovible pese a los esfuerzos del partido de Arévalo, Semilla, que adelanta una iniciativa legal que permitiría su destitución, pero no ha sido aceptada en el Congreso. ¿Usted ve una salida de esta crisis?
Lo que pasa es que siguen reorganizándose los adversarios del presidente, empeñados en prácticas corruptas y en estrategias que pretenden seguir boicoteando las elecciones, como lo demuestra la permanencia de la fiscal Porras y el comportamiento del Congreso, que no se pone de acuerdo. Es prematuro decir que Arévalo no lo está haciendo bien. Hay más apertura en lo fundamental: el diálogo y el compromiso. Vemos las críticas, pero creemos que está avanzando.
Cuando el presidente dio a conocer su gabinete, hubo cuestionamientos respecto a la escasa representación indígena, a lo que se sumó el nombramiento de dos ministras: la de Energía y Minas, Anayté Guardado, y la de Infraestructura, Jasmín de la Vega, ambas provenientes del CACIF. ¿Cómo evalúa los primeros meses de este gobierno en cuanto a los pueblos indígenas?
Estas ministras no cumplían nuestras expectativas, pero ya han salido del gobierno. Todos los ministerios tienen deficiencias tremendas y superarlas es una tarea complicada. Sin embargo, hemos visto la voluntad del ejecutivo. Arévalo visitó a la comunidad xinka en Jutiapa cuando todavía era candidato. Dijo: “Va a ser fácil trabajar con ustedes porque el Parlamento responde a todas las comunidades en tres departamentos del país; puedo llegar a toda la población xinka”. Como presidente ya ha visitado a la mayoría de pueblos que lideramos la resistencia. En la sede del Parlamento Xinka firmamos con él un plan de desarrollo –turístico, de emprendimiento, ambiental y de políticas de salud y educación– en el que se compromete a poner los recursos. Es la primera vez que un presidente de Guatemala nos visita, luego de tres meses de diálogo con Arévalo en la capital.
El año pasado hubo un aglutinamiento entre liderazgos indígenas que no se veía desde la firma en 1996 del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que puso fin al conflicto armado en el país. ¿En qué condición está esa alianza ahora?
Lo que se logró hay que fortalecerlo. Nosotros estamos dispuestos a seguir articulándonos con los demás pueblos. Hemos consensuado dos puntos: exigir la consulta previa para proyectos mineros y energéticos, porque a todos los pueblos en Guatemala se nos ha violado el derecho a la consulta, y oponernos al despojo de nuestras tierras.
Las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, instancia de autogobierno de comunidades maya quiché y clave en las movilizaciones a favor de Arévalo el año pasado, se han quejado de “una primavera [democrática] que aún no florece”. ¿Qué lectura da usted a la significativa ausencia, desde finales de enero, de los 48 Cantones en los comunicados conjuntos de diversas autoridades indígenas?
Una primavera no la va a construir solo el gobierno, también tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. La Guatemala que nos dejaron está casi colapsada. Es prematuro pensar que ya vamos a ver los resultados, quizás ni en este período de cuatro años. Pero tenemos que ir sentando las bases para construir la democracia que todos queremos. Como presidente del Parlamento Xinka conocí a varias de las juntas directivas anuales de los 48 Cantones; con unas se trabaja muy bien y con otras no. Es más fácil articular una agenda de país con períodos más largos de los liderazgos, aunque también se cambió la junta directiva de la Alcaldía Indígena de Sololá y con ellos seguimos trabajando. Con los 48 Cantones ha costado un poco.
La ministra de Ambiente Patricia Orantes dice que el presidente va a cumplir su prometida moratoria a la minería metálica en las próximas semanas, pero a la vez reconoce que el Estado es incapaz de monitorear la actividad minera. ¿Cómo se hará valer la moratoria?
La moratoria sería importante, pero tenemos clarísimo que cuando hemos estado en diálogos de consulta y hemos pedido información a los ministerios, todos tienen una gran deficiencia. No garantizan la salud de las poblaciones ni los estudios de impacto ambiental y cultural. En cuanto no se fortalezcan para que hagan estudios reales, y mientras no se garantice la seguridad del medio ambiente y los derechos culturales, en el Parlamento Xinka creemos que la minería no es viable en Guatemala. Se debe reconocer y preservar intactos nuestros bienes naturales –ríos, bosques, tierras comunales– que son importantes para nuestra espiritualidad.
La mina en El Estor siguió operando durante el gobierno de Alejandro Giammattei pese a una orden de la Corte de Constitucionalidad y la policía llegó a reprimir manifestaciones. Aunque el gobierno decretase una moratoria, no necesariamente cambiarían las condiciones en las comunidades.
Cada comunidad tiene que hacer que se cumplan las sentencias. En la minera Escobar en San Rafael, la Corte ordenó que se suspendieran los trabajos, pero lo que realmente los paró fueron dos plantones de resistencia: nos quedamos en un mismo lugar en protesta y no pasaron los insumos para la minera. En El Estor también hubo plantón, pero hay que estar bien preparado, porque no significa que no vayamos a enfrentarnos con las autoridades para hacer cumplir la ley. Tenemos el derecho a la manifestación pacífica aunque hay que evitar las provocaciones y que lleguen los antimotines. No hemos recibido un compromiso de la Policía o del Ministerio de Defensa de que no nos vayan a desalojar, pero sí esperamos que mientras hagamos las cosas dentro de la ley no agredan ni desalojen manifestaciones. Consideramos que con el gobierno actual no van a suceder estas acciones.
En octubre, al inicio del paro, usted me expresó sus esperanzas respecto a una agenda de desarrollo consensuada con los pueblos originarios. ¿En el Congreso han tenido algún acercamiento con la bancada oficialista?
Hemos dialogado con algunos diputados, pero más que nada nos hemos enfocado en los ministerios, porque ahí llegan los recursos. En el Congreso todavía hay un forcejeo con diputados que no representan a sus comunidades. Hay muchos retrasos, más que nada por el bloque más grande del partido Vamos, de Alejandro Giammattei, y sus aliados, que quieren mantener la corrupción. Temen que vayan a quedar al descubierto todas las ilegalidades que han cometido en los últimos gobiernos. El bloque de Semilla, el partido de Arévalo, está tratando de hacer su trabajo. Esperamos que hagan alianzas con otros partidos, pero con los buenos. Queda un trabajo arduo para las próximas elecciones. Si la población no sabe escoger a los probos, no se va a poder cambiar nada tan fácil. Algunos siguen pensando en comprar voluntades para que la gente vote por ellos.
Antes del paro nacional indefinido de octubre del 2024, muchos capitalinos ni siquiera habían escuchado los nombres de las autoridades que durante semanas defendieron los resultados electorales. ¿Han acumulado más influencia en los debates del país?
Hemos estado visibilizando la lucha que hicimos. Nos han invitado a diálogos algunas embajadas, la misma Unión Europea o la OACNUDH [Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos]. Lo más importante es fortalecernos como autoridades, creer que sí podemos hacer las cosas como en octubre en el paro. Poco a poco vamos a concientizar otros sectores acerca de la fuerza política que los pueblos indígenas tenemos. Este año va a ser bastante difícil, quizás vaya a haber más represión. Las élites tienen miedo de quedar al descubierto, de ser perseguidos por la justicia cuando tengamos a una fiscal que no responda a intereses corruptos y cortes comprometidas con la justicia. Las próximas elecciones van a ser muy complicadas. Si queremos salir adelante, tenemos que estar todos.
El MP insiste en investigar supuestas irregularidades electorales, ya descartadas por la revisión de actas, en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP). ¿Usted se encuentra entre quienes creen que el gobierno puede llegar al final de su mandato, pese a la amenaza de lo que el presidente Arévalo ha calificado como un golpe de Estado de parte de la fiscal y sus aliados en el congreso y la corte?
Creo que sí va a llegar, porque vamos a luchar para que termine su mandato mientras Arévalo siga bregando por hacer una buena labor. Ese es su gran respaldo. Va a dejar las bases para que llegue otra administración que siga trabajando por el desarrollo. Siempre tenemos que pensar que las cosas van a funcionar, pero aceptar la realidad de que no va a ser nada fácil. ~
es un periodista franco-estadounidense que cubre la política centroamericana en el medio digital El Faro. Está afincado en Guatemala.
