La cocaína en la farmacia

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Araceli Manjón-Cabeza

La solución

Barcelona, Debate, 2012, 320 pp.

 

¿No sería mejor que quien deseara obtener alguna clase de droga para su consumo personal pudiera hacerlo en un establecimiento oficial, en lugar de llegar a un acuerdo ilegal tolerado de facto con un joven representante del crimen organizado en la esquina de cualquier barrio periférico? Pues sí; o depende. Quizá el mismo lector que se sienta inclinado a responder afirmativamente cuando imagina a un consumidor anónimo camino de la farmacia cambie de parecer cuando piensa que puede ser su hijo quien se planta ante el mostrador para comprar unos gramos de cocaína un viernes por la tarde. ¡No digamos ya si preguntamos a la abuela! Pero unos y otros conforman esa opinión pública sin el consentimiento de la cual es difícil proceder al cambio en las políticas públicas relativas a la droga; un cambio que el constatado fracaso del prohibicionismo a ultranza parece demandar. O al menos esta es la tesis defendida por Araceli Manjón-Cabeza en este documentado y notable trabajo que aboga por la legalización controlada como única solución posible al problema que su prohibición ha traído consigo. La autora es profesora de derecho penal en la Complutense de Madrid, pero también exmagistrada suplente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y exdirectora del Plan Nacional sobre Drogas: como ella misma señala, su experiencia en la represión la ha convencido de su inutilidad.

Acaso sus argumentos no sean especialmente originales, pero tampoco tienen por qué serlo. Durante las últimas décadas se han acumulado suficientes razones en contra de la prohibición y en defensa de su alternativa natural, es decir, alguna forma de legalización. Para Manjón-Cabeza, el problema empieza ya en la sesgada percepción contemporánea de las drogas y su empleo. Su invocación de Paracelso, el alquimista tardomedieval, le sirve para subrayar que la droga es a la vez curación y veneno: todo depende de la dosis. ¿O no basta para suicidarse ingerir una caja de paracetamol, dada su elevada toxicidad hepática? Tampoco son iguales todos los consumos, ni todo consumidor es un adicto; e igualmente obvio es que se puede caer en la adicción de sustancias legales, como el alcohol o el tabaco, en la misma medida en que hay sustancias peligrosas que no caen dentro de la prohibición legal. Es, en suma, un territorio difuso, algo que la autora pone de manifiesto al relatarnos el origen de sustancias como la heroína (debida a Heinrich Dreser, el mismo empleado de Bayer que creó la aspirina) o la Coca-Cola (proveniente de un tónico que contenía cocaína y combatía el dolor de cabeza). Nada de lo cual obsta para reconocer que existen el abuso y la adicción. Sucede, sin embargo, que la prohibición ha demostrado no ser el remedio para combatirlos.

Y no lo ha sido porque no podía serlo. Después de rastrear la genealogía e historia del prohibicionismo, que arranca en las guerras del opio del siglo XIX, alcanza un primer apogeo en la catastrófica Ley Seca norteamericana de los roaring twenties y continúa hasta el presente de la mano de Naciones Unidas bajo el liderazgo global de Estados Unidos, la autora formula con claridad las dos falacias que constituyen su premisa. Primero, la suposición de que la prohibición de una sustancia restringe su disponibilidad; segundo, que la criminalización del consumo lo disminuye de manera efectiva. ¡Basta salir de bares una noche para comprobar lo contrario! Por añadidura, mal parece compaginarse la prohibición total con un marco sociocultural que subraya la libertad individual y ha amasado un cuerpo de conocimientos farmacológicos que invitarían al matiz antes que al trazo grueso. A juicio de la autora, en fin, la mayoría de los males provocados por la droga son hijos de la prohibición. Y esto incluye una costosísima e inacabable “guerra contra el narco” que está sumiendo en el caos a sociedades como la mexicana, cuyo caso, como el de Colombia o Ecuador, el libro trata en detalle.

Si la presunta solución no resulta serlo, habrá que buscar alguna otra. Más concretamente, el consenso punitivo debería dejar paso a un enfoque más realista y humano, o sea, “un sistema de legalización controlada por el Estado”. Sus ventajas estribarían en el control público y la consiguiente medicalización de algunas sustancias; en una mayor inversión en políticas de reducción de la demanda, financiada en gran medida con el ahorro en los costes de la represión, y en el fin de la guerra contra el crimen organizado, así como en la desaparición de sustancias adulteradas –como el crack o el paco–, cuyo surgimiento obedece al régimen de mercado negro. Ahora bien, la autora advierte que las posibilidades y formas de la legalización son múltiples; cada país, sugiere, habría de buscar el suyo, lo que tendría la ventaja de multiplicar los ejemplos que servirían de guía a los demás. Distinto es que el actual consenso internacional en torno a la prohibición pueda experimentar un cambio tan radical; en esto, la autora es forzosamente vaga, porque el camino político a la legalización es mucho más espinoso que el filosófico.

Hasta cierto punto, las reservas son naturales. A fin de cuentas, una situación dada, por problemática que sea, es conocida; la legalización nos conduciría a territorio desconocido. Precisamente, lo que falta es práctica: experimentos sociales que permitan operar mediante prueba y error. La autora menciona algunos avances en ese sentido, como los habidos en Portugal o Argentina; quizá más conocido sea el dramatizado por los creadores de The Wire en su tercera temporada: la creación de un barrio, conocido como Hamsterdam, donde la droga pasa a ser legal, con resultados dispares. Y dispares habrían de ser, en todo caso, porque tampoco estamos hablando de legalizar una variedad del salmorejo.

En último término, el fundamento del abolicionismo es la libertad individual: el derecho de cada cual a hacer con su vida lo que quiera sin interferencia estatal. De ahí que reconocidos liberales, como Milton Friedman o Mario Vargas Llosa, muestren sin ambages su apoyo a la legalización. Más difícil de entender es que defiendan esa libertad quienes la niegan en otras esferas, como la educación o la cultura; como si la neutralidad moral del Estado pudiera parcelarse y servirse a la carta. Claro que, bien pensado, eso es justamente lo que suele hacerse con las restricciones públicas de la libertad individual: graduarlas hasta alcanzar su combinación más justa y eficaz o acaso solo más aceptable en un momento histórico dado. Probablemente, ha llegado la hora de hacer el experimento correspondiente con las drogas y ver qué pasaría si fueran las farmacias las que dispensaran cocaína. ~