Las últimas dos semanas buena parte de la agenda periodística electoral ha estado dominada por el aquelarre en torno a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (aquel que diseñaron Norman Foster y Fernando Romero y que será construido por un consorcio de empresas liderado por Carlos Slim) y las intenciones de López Obrador que oscilan entre cancelar el proyecto –y construir dos nuevas pistas en la base militar de Santa Lucía para vuelos internacionales, dejando que el actual aeropuerto se concentre solo en vuelos nacionales– o revisarlo técnicamente y mirar con lupa cada contrato otorgado.
La propuesta de López Obrador no es nueva. En 2015 la presentó argumentado que con el visto bueno de “dos ingenieros” había concluido que la construcción de las pistas en Santa Lucía significaba “en términos generales resolver el problema y ahorrar 100 mil millones de pesos”. Y el año pasado aseguraba que, de ganar Delfina Gómez la gubernatura del Estado de México, ella pediría la interrupción del proyecto, porque el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en realidad se construye en Texcoco, nuestro estado vecino.
En los últimos días, insistiendo en la propuesta, López Obrador ha conseguido que le contesten Ricardo Anaya, Bernardo Lisker, director internacional del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la Aviación de la corporación Mitre; Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes; Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia, Federico Patiño Márquez, Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, José Antonio Meade, Alejandra Barrales Magdaleno, candidata a la gubernatura de la Ciudad de México por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, Sergio Allard, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Xóchitl Gálvez, ahora parte del equipo de Barrales, Margarita Zavala y Miguel Ángel Mancera. Es más: hasta ha logrado que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial acepte la integración de una comisión tripartita (con cinco elementos del gobierno actual, cinco de Morena y cinco del CCE) para revisar la viabilidad del proyecto.
Es decir: López Obrador ha impuesto el tema y ha hecho que el resto de los candidatos y de los actores relevantes modifiquen sus agendas para responderle. Insistir en el asunto no es una necedad de AMLO, como algunos creen, sino una estrategia muy eficiente. ¿Cuál es el costo en términos de votos y de potencial desgaste de su base electoral al seguir machando con este asunto? ¡Ninguno! Si 70% de los mexicanos no ha viajado en avión, ¿por qué habría de importarles en dónde se construye o se deja de construir otro aeropuerto? En el último par de días, para tratar de transferirle algún costo político a la propuesta, los medios han echado luz sobre la posibilidad que, de efectivamente cancelarse el aeropuerto, se tirarían por la borda los 13 mil 500 millones de pesos del ahorro pensionario de los trabajadores (afores) que se invertirán en el proyecto. Pero, de nuevo, ¿cuántas personas tienen afore? De acuerdo con el Gabinete de Comunicación Estratégica, ¡solo 36.2%!
La necedad no está en AMLO sino en nosotros, que insistimos en responderle y en contraargumentar cada una de sus ocurrencias respecto al nuevo aeropuerto. Al hacerlo, aceptamos jugar con sus temas y a su ritmo. En campaña electoral no hay tarjetas amarillas por “las pérdidas de tiempo”, así que, en lugar de desgastarnos con ello, retemos las propuestas –de López Obrador y del resto de los candidatos– que impactarán al mayor número de personas: ¿Cuáles son sus planes concretos en salud, en educación, en combate a la corrupción, en seguridad? A partir del viernes tenemos doce semanas para exigir respuestas. No las perdamos viendo cómo un candidato pasea el balón.
Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.
