Entre julio y agosto del 2015, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aceptó, ante presiones de comités ciudadanos de la delegación Cuauhtémoc, realizar una consulta para decidir el destino del Corredor Chapultepec. Pero a principios de septiembre la disposición democrática del jefe de gobierno parecía aplazarse.
El día que por fin se formalizó la petición, se hizo por parte del consejo ciudadano de la delegación, el cual está integrado a su vez por los comités ciudadanos de cada colonia. Era 25 de septiembre de 2015, y Mancera había organizado un evento en el Museo de la Ciudad de México para honrar a los rescatistas del terremoto de 1985. Horas antes, el consejero electoral Carlos González, en conferencia sobre el Corredor Chapultepec, aclaraba que el entonces GDF no había ordenado ni solicitado la organización de la consulta por parte del Instituto Electoral local. Si bien Mancera solicitó al instituto una asesoría, nunca ordenó que la organizara. Es muy distinto.
Una vez finalizada la ceremonia en el museo, los medios nos abalanzamos sobre Mancera. Ahí le pregunté cuándo pensaba formalizar la solicitud al IEDF. Hizo una mueca y dijo que me informara mejor, que eso ya se había solicitado desde hacía semanas. Reviré con que el consejero González había dicho públicamente, horas antes, que no tenían ninguna petición. A Mancera se le desencajó el rostro:
–Pues debe haber un error– contestó y salió del recinto.
En ese momento su secretario particular prometió que tendría una respuesta para evitar malos entendidos. La respuesta llegó en forma de boletín hasta las 10 de la noche. En el comunicado el Gobierno local celebró la formalización de solicitud para la consulta que recién había hecho el Consejo Ciudadano de la delegación Cuauhtémoc.
En menos de ocho horas, este consejo, integrado por vecinos supuestamente autónomos de todas las colonias, se había organizado para solicitar la consulta. Recuerdo todavía que un miembro de dicho Consejo ni siquiera sabía lo que estaba pasando; se enteró al día siguiente en el periódico.
El episodio puede dar una idea de qué tan cercanos son los comités ciudadanos y los consejos con los gobiernos en turno. Pero no hay que olvidar que aquella consulta sobre el Corredor Chapultepec representó uno de los mayores fracasos para la administración de Mancera
El martes 30 de mayo se votarán en el pleno de la Asamblea Legislativa reformas a la Ley de Participación Ciudadana. No conocemos con exactitud qué reformas se prevén con respecto a los comités ciudadanos, pues la iniciativa que presentó la diputada Vania Ávila, presidenta de la comisión de Participación Ciudadana en la ALDF, el pasado 23 de mayo, al contrario de lo que dicta la ley, no está disponible en la Gaceta Parlamentaria. Además, la diputada rechazó dar una entrevista para esta nota. Lo único seguro es que los comités seguirán existiendo, pero con menos facultades.
Y es que no solamente Ricardo Monreal desconfía de los comités, sino en general las autoridades. Si bien la ley vigente de Participación Ciudadana les otorga el poder de solicitar plebiscitos y referéndums, los diputados constituyentes les quitaron estos derechos en la nueva Constitución de la Ciudad de México.
De hecho, la propuesta de Constitución de Mancera ya no los contemplaba. Durante los dictámenes, cuando se discutió lo referente a las figuras del referéndum y el plebiscito, los diputados discutieron si sería correcto regresarles esa facultad. Incluso, cuestionaron a Porfirio Muñoz Ledo, diputado representante del Gobierno de la ciudad, el porqué no fueron considerados los comités entre los actores que pueden promover esos mecanismos de participación. En las versiones estenográficas quedó plasmado que Muñoz Ledo no respondió en concreto a esta pregunta, pero se entrevé en su respuesta que el gobierno también piensa que estos mecanismos de participación se han deteriorado.
La idea, nada equivocada, de que los vecinos que integran a los comités están manipulados por los partidos políticos fue excusa suficiente para quitarles facultades.
–Efectivamente el Gobierno local no dio una explicación. Encontraron a través de la Constitución la forma idónea para minar este espacio de representación ciudadana. Es absurdo pensar que todos los comités estén cooptados– comentó en su momento la constituyente panista Kenia López.
Una de las opositoras a los comités fue la constituyente de Morena, Mayela Delgadillo, quien vivió de cerca el proceso de consulta del Corredor Chapultepec. Durante las discusiones, Delgadillo despotricó contra los comités, señalando que habían sido cooptados, sin reparar en que el resultado final de la consulta fue precisamente el que ella buscaba.
Finalmente, en el artículo 25 de la nueva Carta Magna quedó establecido que los comités no están facultados para solicitar referéndum, plebiscito ni consulta ciudadana. Esto no significa que los ciudadanos en general no puedan exigir plebiscito, pero necesitan al menos el 0.4 % de las personas inscritas en la lista nominal, mientras que los comités están conformados por entre 6 y 12 habitantes de cada colonia. Es cierto que los comités están facultados para solicitar Consulta Popular, pero este mecanismo es el único de entre los contemplados en la Constitución local que no es vinculante.
Cuando este debate se gestó en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, el Consejero electoral Carlos González lo puso en estos términos:
–Están echando al niño con el agua sucia por la ventana. Hay necesidad de transformar los comités a la lógica de las alcaldías. Los comités están metidos en las fauces de un sistema clientelar. Claro que tienen poder. Los consejos y comités pueden incidir. Lograr que las causas tengan éxito, por ejemplo en el derecho de uso de suelo. Para bien y para mal.
Tal vez el caso más emblemático sobre lo que mencionó el consejero González es la denuncia por extorsión que interpuso María Asunción Aramburuzabala en contra de Gabriela Torres, coordinadora del comité de Bosques de Chapultepec, y Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López Dóriga. De acuerdo con la empresaria, exigían 5 millones de dólares para no frenar un proyecto inmobiliario.
Es cierto, como ya señaló Cynthia Ramírez, que los ciudadanos hemos abandonado este espacio que existe desde 1998. Por ejemplo, en la última elección para comité en la colonia Condesa solamente acudieron a las urnas 495 vecinos de los 8,453 que ahí viven. Estos vacíos son aprovechados por líderes de ambulantes como Diana Barrios, quien ocupa actualmente la presidencia del Consejo Ciudadano Delegacional, un cargo desde el cual puede solicitar al IEDF realizar consultas sobre cualquier tema.
Pero también es cierto que poco se habla de sus alcances. Por ejemplo, gracias al Comité de Hipódromo se evidenció la presencia de la Asamblea de Barrios dentro de la colonia. Las colonias Postal y Del Valle denunciaron un dispendio de más de 11 millones de pesos en luminarias solares que nunca funcionaron. Comités Ciudadanos de Coyoacán y asociaciones civiles se unieron para rechazar definitivamente los parquímetros.
Al paso del tiempo los comités han adquirido mayores responsabilidades. Actualmente son ellos, junto con autoridades, quienes deciden el destino de los recursos millonarios generados por los parquímetros en cada colonia.
Es en este contexto que se votarán las reformas a la Ley de Participación Ciudadana. El escenario donde los más de 1,700 Comités Ciudadanos desaparezcan es imposible, pero tal y como quedaron en la Constitución parece improbable que un escenario como el ocurrido con el Corredor Chapultepec vuelva a suceder.
(Ciudad de Mexico, 1990) Es periodista independiente. Ha publicado en Vice Mexico, Chilango, Tierra Adentro, Literal Magazine, Reforma, El Universal y la Revista Temporales de la Universidad de Nueva York. Actualmente trabaja en el Memorial 19S, un proyecto de Quinto Elemento Lab que cuenta las vidas de quienes murieron en el terremoto.
