Después de casi un siglo de prohibición, la mariguana está a punto de ser legal en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha integrado jurisprudencia que declara inconstitucional su prohibición absoluta, al tiempo que varios partidos, comenzando por el que controla la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, han presentado iniciativas de ley para regular su producción, distribución y comercialización. Se trata de un primer paso para construir una política pública de drogas que, basada en la evidencia, reduzca los riesgos asociados a los consumos peligrosos, les quite el negocio a las organizaciones criminales y le permita al Estado ordenar con criterios de salud el mercado de sustancias. De ahí que sea necesario diseñar con cuidado la legislación correspondiente, con base en la experiencia internacional y tomando en cuenta las características específicas del entorno regulatorio mexicano.
La regulación de un mercado de drogas debe encontrar un equilibrio entre los intereses comerciales de las empresas (cuya finalidad natural es maximizar sus ganancias a través del incremento del consumo) y el interés más amplio de la sociedad en la salud pública (cuyo objetivo es la minimización de riesgos para la población). Un esquema de regulación muy estricto puede ocasionar un déficit en la oferta, lo que a su vez puede llevar a que el exceso de demanda genere oportunidades para la permanencia del mercado negro. En cambio, un esquema de regulación muy laxo puede derivar en un abuso por parte de las empresas que sitúe la salud pública de la población en segundo plano, incrementando de esta forma el consumo y generando un grupo compacto y organizado de intereses que eventualmente bloquee cualquier intento posterior de regulación (como ha sucedido con el mercado del tabaco y el alcohol).
Desde 2008 en México se han presentado diversas iniciativas sobre regulación del cannabis y sus derivados. Las dos iniciativas más robustas hasta ahora han sido las presentadas por Roberto Gil Zuarth por parte del PAN el 7 de abril de 2016 y la reciente de Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal por Morena el 8 de octubre de 2018. Ambas plantean la creación de un nuevo órgano regulador para normar diferentes aspectos del mercado.
En la propuesta del exsenador panista –elaborada por un grupo de académicos del CIDE y la UAM, además de activistas pro regulación– se proponía la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis (IMCANN) “como un organismo publico descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, […] con suficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría de Salud” cuyas facultades incluirían la regulación del mercado y de la producción a través del otorgamiento de licencias para las diferentes etapas de producción y venta de cannabis, además de determinar las concentraciones de THC y CBD aceptables para el mercado. Pero, más importante, la iniciativa planteaba la creación de “una empresa del Estado, de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios que gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión”, que poseería el monopsonio de la compra del total de la producción nacional de cannabis, así́ como su venta a distribuidores al menudeo.
En contraste, la iniciativa de Morena propone la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud, con idéntico mandato de regular el mercado a través de la expedición de licencias y la reglamentación de restricciones al tipo de producto que puede comerciarse. La diferencia más importante entre ambas propuestas es que la iniciativa de Morena pretende establecer un mercado regulado pero competitivo en todas las etapas involucradas en la comercialización del cannabis.
El primer modelo, el del monopsonio estatal, se basa en la legislación uruguaya, mientras que el segundo tiene un carácter más liberal. El riesgo que se corre en el segundo esquema es que se integren verticalmente empresas poderosas que controlen todo el proceso, desde la producción hasta la distribución al menudeo, y acaben por imponer sus condiciones al órgano regulador, en detrimento de las medidas de control que reduzcan los riesgos y daños potenciales asociados al mercado de una sustancia que implica de suyo riesgos a la salud, aunque estos no justifiquen su prohibición absoluta. De ahí que resulte pertinente considerar la idea de un monopsonio estatal como un mecanismo de reducción de daño que toma en cuenta las debilidades del sistema regulatorio mexicano y los riesgos asociados a dejar en manos del mercado una sustancia riesgosa. Sin embargo, la creación del monopsonio podría implicar también los efectos negativos de una regulación excesiva, pues el Estado, a través del Instituto Mexicano de la Cannabis, le indicaría a los productores cuánto cannabis cultivar y estos no tendrían la posibilidad de incrementar sus ganancias a través de un aumento a la producción, ya que solo el Estado estaría autorizado a comprar cannabis, con lo que cualquier excedente de producción tendría que ser destruido. Así, los productores no tendrían opción y solo podrían percibir el ingreso que el Estado estableciere, lo que abriría resquicios para la subsistencia de un mercado clandestino fuerte. La propuesta de la iniciativa de Sánchez Cordero y Morena, en cambio, puede ser más eficaz para reducir el mercado clandestino, pero más vulnerable respecto a la captura y a la promoción de intereses comerciales.
La propuesta de Sánchez Cordero establece que todos los actores del mercado regulatorio estarán obligados a implementar acciones para la disminución de riesgo relacionado con el consumo del cannabis, con énfasis en poblaciones vulnerables: niños, niñas y jóvenes. Empero, en un sentido contrario, y de manera polémica, dicha iniciativa establece la libertad de consumo en espacios públicos salvo los considerados libres de humo de tabaco. Si bien esa libertad acabaría con la extorsión que hoy sufren los consumidores, también podría exponer a los menores al consumo y, en un país donde el consumo público del alcohol no está permitido, podría generar reacciones adversas de los grupos conservadores que se oponen a la regulación.
Estos son solo algunos de los aspectos polémicos que el Congreso debe abordar en las próximas semanas para alcanzar un primer modelo regulatorio que, sin embargo, deberá ajustarse incrementalmente de acuerdo con la experiencia adquirida durante los próximos años.
