DespuĆ©s de casi un siglo de prohibiciĆ³n, la mariguana estĆ” a punto de ser legal en MĆ©xico. La Suprema Corte de Justicia de la NaciĆ³n ha integrado jurisprudencia que declara inconstitucional su prohibiciĆ³n absoluta, al tiempo que varios partidos, comenzando por el que controla la mayorĆa en ambas cĆ”maras del Congreso de la UniĆ³n, han presentado iniciativas de ley para regular su producciĆ³n, distribuciĆ³n y comercializaciĆ³n. Se trata de un primer paso para construir una polĆtica pĆŗblica de drogas que, basada en la evidencia, reduzca los riesgos asociados a los consumos peligrosos, les quite el negocio a las organizaciones criminales y le permita al Estado ordenar con criterios de salud el mercado de sustancias. De ahĆ que sea necesario diseƱar con cuidado la legislaciĆ³n correspondiente, con base en la experiencia internacional y tomando en cuenta las caracterĆsticas especĆficas del entorno regulatorio mexicano.
La regulaciĆ³n de un mercado de drogas debe encontrar un equilibrio entre los intereses comerciales de las empresas (cuya finalidad natural es maximizar sus ganancias a travĆ©s del incremento del consumo) y el interĆ©s mĆ”s amplio de la sociedad en la salud pĆŗblica (cuyo objetivo es la minimizaciĆ³n de riesgos para la poblaciĆ³n). Un esquema de regulaciĆ³n muy estricto puede ocasionar un dĆ©ficit en la oferta, lo que a su vez puede llevar a que el exceso de demanda genere oportunidades para la permanencia del mercado negro. En cambio, un esquema de regulaciĆ³n muy laxo puede derivar en un abuso por parte de las empresas que sitĆŗe la salud pĆŗblica de la poblaciĆ³n en segundo plano, incrementando de esta forma el consumo y generando un grupo compacto y organizado de intereses que eventualmente bloquee cualquier intento posterior de regulaciĆ³n (como ha sucedido con el mercado del tabaco y el alcohol).
Desde 2008 en MĆ©xico se han presentado diversas iniciativas sobre regulaciĆ³n del cannabis y sus derivados. Las dos iniciativas mĆ”s robustas hasta ahora han sido las presentadas por Roberto Gil Zuarth por parte del PAN el 7 de abril de 2016 y la reciente de Olga SĆ”nchez Cordero y Ricardo Monreal por Morena el 8 de octubre de 2018. Ambas plantean la creaciĆ³n de un nuevo Ć³rgano regulador para normar diferentes aspectos del mercado.
En la propuesta del exsenador panista āelaborada por un grupo de acadĆ©micos del CIDE y la UAM, ademĆ”s de activistas pro regulaciĆ³nā se proponĆa la creaciĆ³n del Instituto Mexicano de la Cannabis (IMCANN) ācomo un organismo publico descentralizado de interĆ©s social, con personalidad jurĆdica y patrimonio propio, […] con suficiencia presupuestal y sectorizado en la SecretarĆa de Saludā cuyas facultades incluirĆan la regulaciĆ³n del mercado y de la producciĆ³n a travĆ©s del otorgamiento de licencias para las diferentes etapas de producciĆ³n y venta de cannabis, ademĆ”s de determinar las concentraciones de THC y CBD aceptables para el mercado. Pero, mĆ”s importante, la iniciativa planteaba la creaciĆ³n de āuna empresa del Estado, de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurĆdica y patrimonio propios que gozaraĢ de autonomĆa tĆ©cnica, operativa y de gestiĆ³nā, que poseerĆa el monopsonio de la compra del total de la producciĆ³n nacional de cannabis, asĆĢ como su venta a distribuidores al menudeo.
En contraste, la iniciativa de Morena propone la creaciĆ³n del Instituto Mexicano de RegulaciĆ³n y Control del Cannabis como un organismo pĆŗblico desconcentrado de la SecretarĆa de Salud, con idĆ©ntico mandato de regular el mercado a travĆ©s de la expediciĆ³n de licencias y la reglamentaciĆ³n de restricciones al tipo de producto que puede comerciarse. La diferencia mĆ”s importante entre ambas propuestas es que la iniciativa de Morena pretende establecer un mercado regulado pero competitivo en todas las etapas involucradas en la comercializaciĆ³n del cannabis.
El primer modelo, el del monopsonio estatal, se basa en la legislaciĆ³n uruguaya, mientras que el segundo tiene un carĆ”cter mĆ”s liberal. El riesgo que se corre en el segundo esquema es que se integren verticalmente empresas poderosas que controlen todo el proceso, desde la producciĆ³n hasta la distribuciĆ³n al menudeo, y acaben por imponer sus condiciones al Ć³rgano regulador, en detrimento de las medidas de control que reduzcan los riesgos y daƱos potenciales asociados al mercado de una sustancia que implica de suyo riesgos a la salud, aunque estos no justifiquen su prohibiciĆ³n absoluta. De ahĆ que resulte pertinente considerar la idea de un monopsonio estatal como un mecanismo de reducciĆ³n de daƱo que toma en cuenta las debilidades del sistema regulatorio mexicano y los riesgos asociados a dejar en manos del mercado una sustancia riesgosa. Sin embargo, la creaciĆ³n del monopsonio podrĆa implicar tambiĆ©n los efectos negativos de una regulaciĆ³n excesiva, pues el Estado, a travĆ©s del Instituto Mexicano de la Cannabis, le indicarĆa a los productores cuĆ”nto cannabis cultivar y estos no tendrĆan la posibilidad de incrementar sus ganancias a travĆ©s de un aumento a la producciĆ³n, ya que solo el Estado estarĆa autorizado a comprar cannabis, con lo que cualquier excedente de producciĆ³n tendrĆa que ser destruido. AsĆ, los productores no tendrĆan opciĆ³n y solo podrĆan percibir el ingreso que el Estado estableciere, lo que abrirĆa resquicios para la subsistencia de un mercado clandestino fuerte. La propuesta de la iniciativa de SĆ”nchez Cordero y Morena, en cambio, puede ser mĆ”s eficaz para reducir el mercado clandestino, pero mĆ”s vulnerable respecto a la captura y a la promociĆ³n de intereses comerciales.
La propuesta de SĆ”nchez Cordero establece que todos los actores del mercado regulatorio estarĆ”n obligados a implementar acciones para la disminuciĆ³n de riesgo relacionado con el consumo del cannabis, con Ć©nfasis en poblaciones vulnerables: niƱos, niƱas y jĆ³venes. Empero, en un sentido contrario, y de manera polĆ©mica, dicha iniciativa establece la libertad de consumo en espacios pĆŗblicos salvo los considerados libres de humo de tabaco. Si bien esa libertad acabarĆa con la extorsiĆ³n que hoy sufren los consumidores, tambiĆ©n podrĆa exponer a los menores al consumo y, en un paĆs donde el consumo pĆŗblico del alcohol no estĆ” permitido, podrĆa generar reacciones adversas de los grupos conservadores que se oponen a la regulaciĆ³n.
Estos son solo algunos de los aspectos polĆ©micos que el Congreso debe abordar en las prĆ³ximas semanas para alcanzar un primer modelo regulatorio que, sin embargo, deberĆ” ajustarse incrementalmente de acuerdo con la experiencia adquirida durante los prĆ³ximos aƱos.
