Uno de los grupos más afectados por las epidemias de VIH y de hepatitis C en México son los usuarios de drogas inyectables. Muchos de ellos son migrantes deportados de Estados Unidos o personas que nunca lograron cruzar la frontera y se quedaron a vivir en Tijuana, Juárez, Nogales o Mexicali. En esta última ciudad, la organización sin fines de lucro Verter A.C. lleva a cabo acciones de reducción de riesgos, para que quienes se inyectan heroína u otras sustancias tengan menor probabilidad de adquirir algún virus.
Verter, al igual que decenas de otras organizaciones de la sociedad civil, realiza acciones de prevención y detección con poblaciones clave, es decir, aquellos grupos más afectados por la epidemia del VIH. A pesar de tener un mayor riesgo para la transmisión del virus, las mujeres trans, las trabajadoras sexuales, los hombres gays y los usuarios de drogas son a menudo los menos alcanzados por las acciones del gobierno, debido a la dificultad de acceder a ellos –ya que muchas veces se encuentran en zonas de consideradas de alta peligrosidad–, al estigma social y a la falta de personal capacitado para el trato digno.
Muchas de las organizaciones que brindan esos servicios corren el riesgo de verse en graves apuros financieros en caso de que se cumpla la orden dada por el presidente López Obrador hace unos días, para “no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano”.
El Estado ha cumplido con su función de rectoría y con la tarea de otorgar tratamiento a las personas que viven con VIH. Sin embargo, en materia de prevención, el Estado no puede solo con todas las tareas. Desde 2006, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la prevención y el control del VIH y el Sida (CENSIDA) comenzó a apoyar a muchas de estas organizaciones, siempre que estuvieran legalmente constituidas, pagaran sus impuestos y tuvieran la capacidad de reportar adecuadamente sus actividades. Año con año se ha lanzado una convocatoria para solicitar financiamiento, la cual tiene requisitos que buscan evitar el desvío de recursos y que se otorguen apoyos a ONG cuyas tareas son diferentes a la promoción de la salud sexual. Los resultados han sido excelentes y en más de diez años, no ha habido ningún problema de desvío gracias al monitoreo que se hace desde el gobierno federal.
En el marco de la Conferencia Internacional de VIH que se llevó a cabo en el 2018 en Ámsterdam, el programa de VIH de las Naciones Unidas (ONUSIDA) reconoció el modelo de “contratación social” de CENSIDA como un ejemplo de buena práctica internacional para el control de la epidemia. La contratación social justamente consiste en que los gobiernos transfieren dinero a las comunidades que están más cerca de las poblaciones clave y que por tanto, cuentan con la confianza de los usuarios y hacen más acciones con menos dinero. Este reconocimiento ahora está en riesgo por una percepción errónea del presidente sobre la labor de las ONG.
Suspender los recursos públicos para la sociedad civil también pone en riesgo a otras organizaciones que desarrollan acciones en otros ámbitos de la vida pública, como la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la participación política, el empoderamiento de las mujeres, entre muchos otros. Apenas hoy se dio a conocer, por ejemplo, que la convocatoria de la Secretaría de Salud para apoyar a albergues de mujeres que son víctimas de violencia, ha sido suspendida, de modo que muchos albergues que atienden a las mujeres más vulnerables podrían cerrar sus puertas sin que el gobierno tenga un plan emergente para cubrir esa necesidad.
¿Y por qué las ONG no sacan dinero de otro lado? La situación es complicada. A diferencia de otros países donde existe una fuerte cooperación internacional, México es considerado un país de ingreso medio-alto, por lo que sus organizaciones no son elegibles para recibir dinero de muchas fundaciones y gobiernos extranjeros. Por otro lado, a diferencia de Estados Unidos, no existe una cultura de donaciones individuales para sostener a dichas asociaciones, aunque hay excepciones. Las grandes empresas que apoyan a la sociedad civil normalmente lo hacen para esfuerzos meramente asistencialistas o incluso para sus mismas fundaciones, con el objetivo de deducir impuestos.
La sociedad civil ha jugado un papel fundamental para la democratización del país. Muchos funcionarios del actual gobierno han colaborado con ONGs en el pasado, y por ello preocupa la ausencia de una clara defensa de la causa ante los embates del presidente, quien considera que toda la sociedad civil organizada es de derecha. Esperemos que los recursos se destraben y lleguen a la población que los necesita. Estos recursos, por cierto, ya están aprobados para las diferentes secretarías que otorgan financiamientos a colectivos, asociaciones y redes.
Inspira Cambio es una asociación que acerca los servicios de detección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual a jóvenes gays y bisexuales. Sus voluntarios aplican pruebas y distribuyen insumos de prevención en horarios en los que el personal de salud no labora y en lugares a los que seguramente tampoco acudirían por temas de seguridad. Pero las poblaciones ahí están, haciéndose cargo de su salud, promoviendo sus derechos. Y aunque gran parte de su labor se mantenga con voluntarios, necesitan apoyos para pagar oficinas, administración, coordinación, traslados y actividades. Inspira Cambio, Verter, los albergues para mujeres víctimas de violencia y cientos de otras organizaciones necesitan y merecen esos recursos públicos. Los resultados de su trabajo están a la vista.
Activista e investigador en salud y derechos humanos.
