En enero de 2017, el diputado local Pedro Kumamoto y los diputados federales Clemente Castañeda y Manuel Clouthier presentaron la iniciativa Sin voto no hay dinero (#SinVotoNoHayDinero), la cual tiene como principal objetivo reducir el financiamiento público de los partidos políticos y que estos se rijan bajo el principio de austeridad. La propuesta plantea modificar los artículos 41 de la Constitución y 51 de la Ley General de Partidos, de manera que el monto económico destinado por el INE a todos los partidos en su conjunto dependa de la votación válida (el número total de votos menos los votos nulos) y no de todos los ciudadanos registrados en el padrón electoral, como ocurre hasta ahora. El monto que resulte será el que se reparta, entre los partidos, de acuerdo a su porcentaje de votación. La iniciativa se votaría en la comisión de Puntos Constitucionales este 30 de abril y de ser aprobada se implementará en las elecciones de 2018. Los impulsores han convocado a participar en la jornada nacional #SinVotoNoHayDinero, que se realizará durante todo el 25 de abril a través de tertulias, paneles y mesas de discusión.
Al proyecto se han sumado hasta ahora los diputados federales Agustín Basave (PRD), Víctor Sánchez Orozco (MC), Ángel II Alanis Pedraza (PRD), Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), Omar Ortega Álvarez (PRD) y Evelyn Parra Álvarez (PRD). En el espectro de la sociedad civil hay 150 organizaciones de quince estados de la República promoviendo y apoyando la iniciativa.
El proyecto argumenta que los partidos “no representan ni rinden cuentas” a la ciudadanía porque cuentan con financiamiento garantizado, incluso en el caso de que los ciudadanos no voten. El propósito de la iniciativa es que las instituciones partidarias se esfuercen por ganarse el voto y logren un mayor acercamiento con el electorado. En un primer momento, la iniciativa presenta un reto para los partidos políticos. Pero creemos que también pone a los ciudadanos mexicanos en una disyuntiva: participar por medio del voto frente a otorgar menor financiamiento a los partidos.
Es primordial recordar que los mexicanos han demostrado estar desencantados de todo aquello que represente política y democracia. Según el informe Latinobarómetro 2016, en México el apoyo a la democracia es de 48% y la aprobación hacia el gobierno es de 25%. Por si lo anterior no bastara, el mismo estudio refiere que 56% de los mexicanos cree que sus gobernantes han perdido credibilidad y no la recuperarán. Por su parte, el estudio de aprobación realizado por Parametría reporta que 69% de la población evalúa negativamente el gobierno actual. El Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México arroja que sólo 20% de los ciudadanos confía en los partidos políticos y los diputados, y 34% en la autoridad electoral. El mismo informe muestra que la abstención de los ciudadanos en las elecciones pasadas fue del 40%, siendo los jóvenes entre 20 y 29 años quienes menos votaron, con un porcentaje de abstencionismo del 46.8%.
Cabe resaltar después de 1997 los niveles de abstención fluctúan entre el 40 y 42%, lo que significa que poco menos de la mitad de los electores mexicanos opta por no votar. Por el contrario, en 1997 y 2000 se presentaron los índices más altos de participación en las urnas mexicanas. El estudio sobre abstencionismo en México, menciona que los altos niveles de participación en 1997 se deben a una mayor credibilidad en las instituciones, mientras que en 2000 los ciudadanos tenían la percepción de que su participación era de utilidad para la alternancia partidista
((Jorge Buendía Laredo, “Determinantes de participación electoral”, en Autores Varios, Deconstruyendo la ciudadanía. Avances y retos en el desarrollo de la cultura democrática en México, Secretaría de Gobernación-Miguel Ángel Porrúa, México, 2002, p. 447.
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En este contexto, #SinVotoNoHayDinero contrapone el ahorro a la participación de los mexicanos en los comicios. Dados los altos niveles de abstencionismo en nuestro país, se podría generar un ahorro –los impulsores de la iniciativa lo estiman en 2,300 millones de pesos–, pero este solo existiría si no votáramos. Estaríamos poniendo a competir al ahorro con la consolidación de nuestra democracia. Si la iniciativa es aprobada, los ciudadanos se enfrentarán a un dilema: votar y garantizarle un ingreso a los partidos, o no votar y ahorrar. Con los niveles tan bajos de aprobación y credibilidad, podemos suponer que en muchos casos los votantes podrían elegir la segunda opción.
A casi 17 años de la alternancia política, la credibilidad de las instituciones es baja y las tendencias de votación han cambiado considerablemente. La iniciativa #SinVotoNoHayDinero se trata de una forma innovadora de retomar las demandas y sentimientos de los ciudadanos, y eso es encomiable. Sin embargo, es fundamental meditar sobre la iniciativa, que surge de un descontento social respecto a las cantidades que se destinan a los partidos políticos, aunado a la poca confianza que tienen los ciudadanos en los mismos. Si al bajo nivel de confianza se le suma un incentivo punitivo para los partidos políticos, se puede llegar a reducidos porcentajes de participación en los comicios y, por tanto, a un sistema democrático que no represente realmente a sus ciudadanos. La iniciativa puede incentivar, sin querer, el abstencionismo como el principal medio de interlocución entre los votantes y los partidos políticos.
Por ello, es fundamental revisar con sumo cuidado el mensaje que la iniciativa puede transmitir y poner mayor atención en difundir las buenas prácticas democráticas con valores de transparencia y rendición de cuentas, tales como la ley 3 de 3, impulsar parlamentos abiertos y retroalimentar el Sistema Nacional Anticorrupción; en suma, todo aquello que brinde credibilidad a las instituciones y no incite al electorado al castigo. Debemos definir nuestras prioridades: ¿reducir el gasto público de los partidos políticos o consolidar una democracia representativa?
Directora de Ollin, Jóvenes en Movimiento A.C
