El uso de fuerzas militares en labores de seguridad pública ha planteado desde el inicio de la actual administración una discusión sobre la constitucionalidad de la medida, a la luz de expresiones del presidente Felipe Calderón en varios foros en los que habló literalmente de una guerra contra la delincuencia.
Recientemente, al concluir su 143° periodo ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación respecto a la intervención del Ejército y Marina para garantizar el orden público pues, dijo, sus elementos carecen de la capacitación adecuada para desempeñar labores ordinarias de policía en la preservación de la seguridad ciudadana.
Human Rights Watch, en su informe "Ni seguridad, ni derechos", advierte también un fracaso en la política de seguridad, que no solo no ha reducido la violencia, sino que ha derivado en un incremento drástico de violaciones graves a los derechos humanos. La organización considera un error haber asignado al Ejército un rol central en la estrategia para enfrentar a los cárteles, en lugar de reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México.
Sobre la base de cientos de entrevistas a víctimas y autoridades, peticiones de información pública y estadísticas oficiales, HRW documentó la participación de fuerzas de seguridad en numerosos casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que no son investigados adecuadamente.
En los análisis de la CIDH o Human Rights Watch explican que estas prácticas abusivas son consideradas males endémicos de la estrategia vigente, respaldadas además por una retórica que presenta “la seguridad pública y los derechos humanos como objetivos incompatibles”. Ninguna instancia, sin embargo, juzga la situación en México como un conflicto armado.
En México, la estridencia ha llenado el lugar que la investigación y la documentación de casos deberían ocupar entre grupos que se dicen “defensores de derechos humanos”, pero que privilegian la protesta en redes sociales, los actos simbólicos, la representación de juicios ciudadanos y el emocionalismo que aportan los dolorosos testimonios de las víctimas, dejando a las organizaciones internacionales la tarea de escribir la más importante historia del país en años recientes.
Sin documentar a fondo más allá de la cita hemerográfica, sin haber sometido un solo caso ante el sistema interamericano o siquiera haber hecho una reflexión seria sobre la viabilidad jurídica, un grupo de activistas se han propuesto llevar a la Corte Penal Internacional una solicitud de juicio al presidente Felipe Calderón; sus secretarios de Seguridad Pública, Defensa y Marina, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza, respectivamente, y al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
Los solicitantes basan su caso en falsas premisas y afirmaciones cuya veracidad no resiste al análisis; la más importante de ellas, que México vive un conflicto armado en cuyo contexto se han cometido tanto crímenes de guerra, como de lesa humanidad. Los firmantes, que pretenden respaldar su idea con más de 20 mil firmas dicen que su decisión de recurrir a la CPI obedece a la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales y la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de varios crímenes, enumerados en enunciados generalistas, sin expedientes ni datos del estado de las investigaciones.
La petición que pedían firmar incluye aseveraciones insostenibles como que “[el presidente] Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a los Estados Unidos” o que se ha comenzado a legislar para convertir esa política “en una obligación”. Se acusa a la Marina de difundir fotografías del cadáver del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, sin siquiera haber conocido el testimonio público de los prospectores que participaron en el levantamiento del cuerpo y aseguran sin ninguna prueba que Beltrán fue “mutilado con evidentes fines intimidatorios”.
Los promoventes no analizan en su texto un solo dato a la luz del derecho internacional humanitario ni aluden en momento alguno a los Convenios de Ginebra de 1949 para fundamentar su alegato. No hay referencias a violaciones específicas a la Constitución, leyes o códigos mexicanos y se sostiene la tesis del Estado agresor al tiempo que se omite mencionar la reforma constitucional sobre Derechos Humanos publicada el 10 de junio. Tampoco se explica por qué la inclusión de Joaquín Guzmán Loera ni qué delitos le imputan específicamente.
Se puede hablar de abusos generalizados que han generado hostilidad contra las fuerzas de seguridad entre la población civil, pero el trabajo de registro y documentación no existe o en el mejor de los casos es poco serio y profesional. Intentar que la Corte Penal Internacional lleve adelante un juicio basándose en argumentos endebles que tienen como único fundamento el uso irresponsable de la palabra “guerra” en el discurso presidencial, abarata la denuncia y trivializa la defensa de los derechos humanos.
Los autores secuestran el discurso de los derechos humanos, pretenden poner la ley al servicio de sus revanchas y rencores contra la actual administración, sino es que de su propia necesidad de reflectores. Como escribía recientemente Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), si los argumentos que se pretenden hacer llegar a la Corte Penal vinieran de alguien que nunca hubiera pasado por una escuela de Derecho, el asunto sería irrelevante. Viniendo de expertos en Derecho Internacional, es preocupante.
Leer entre los testimonios de los firmantes expresiones como “Ojalá si se pueda juzgar a este nazi asesino” o “DEBE SER EJECUTADO EN EL ACTO”, muestra lo mucho que se apela al rencor con fines electoreros y lo poco que se contribuye en la comprensión de una crisis de seguridad pública y la responsabilidad del Estado en ella. Al amagar con proceder legalmente contra quienes lo acusan y anteponer la “honra” y “reputación” de sus funcionarios, el Gobierno Federal tampoco eleva la altura del debate.
La guerra es, pues, entre ellos.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
