En el transcurso de una semana, las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la NaciĆ³n (SCN) han tenido particular relevancia en cuanto a la protecciĆ³n constitucional del derecho de acceso a la informaciĆ³n.
Este miĆ©rcoles 23 de agosto, la Corte otorgĆ³ al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciĆ³n y ProtecciĆ³n de Datos Personales (INAI) la suspensiĆ³n que estaba pendiente de resoluciĆ³n en el recurso de reclamaciĆ³n 229/2023-CA, relativa a la aplicaciĆ³n del artĆculo 33 de la Ley Federal de la materia, que establece el requisito de unĀ quĆ³rum mĆnimo de cinco personas comisionadas para que el Ć³rgano de gobierno del instituto pueda sesionar y ejercer plenamente sus facultades.
Con los votos a favor de los ministros Alberto PĆ©rez DayĆ”n, Luis MarĆa Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek y el voto en contra de la ministra YasmĆn Esquivel Mossa, esta determinaciĆ³n da continuidad al derecho humano y constitucional de acceso a la informaciĆ³n, que se encontraba en el aire desde el dĆa 31 del mismo mes de marzo de este aƱo. Esto, a causa de la deliberada obstaculizaciĆ³n tanto del grupo parlamentario de Morena en el Senado āpor omisiĆ³n, al rehusarse a designar a por lo menos un comisionado o comisionada a partir del mes de abril de este aƱoā y del presidente de la RepĆŗblica, quien el pasado 15 de marzo ejerciĆ³ su derecho al veto de las designaciones previas de los senadores. Gracias a la suspensiĆ³n, el INAI podrĆ” sesionar con cuatro de sus siete comisionados, hasta la designaciĆ³n de los tres restantes.
Por otro lado, el pasado jueves 17 de agosto, el pleno de la Corte resolviĆ³ el recurso de revisiĆ³n 278/2023 promovido por la ConsejerĆa JurĆdica de Presidencia. En este caso, la Corte ratificĆ³ la resoluciĆ³n del INAI de julio del 2022 que ordenaba transparentar las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares que, tan solo en 2020 y en su calidad de servidores pĆŗblicos, ejercieron de manera irregular mĆ”s de 12 mil millones de pesos destinados a la ejecuciĆ³n de la obra en el Aeropuerto Internacional Felipe Ćngeles (AIFA), segĆŗn lo dio a conocer la AuditorĆa Superior de la FederaciĆ³n en su momento.
Este hallazgo de la ASF se funda en la inexplicable autorizaciĆ³n por parte de la SecretarĆa de Hacienda y CrĆ©dito PĆŗblico para que los recursos pĆŗblicos fueran depositados directamente en las cuentas personales de los 23 ingenieros militares residentes, a fin de que pudieran realizar pagos en efectivo a cambio de un recibo simple de gasto o a travĆ©s de la emisiĆ³n de cheques a tĆtulo personal a los distintos contratistas que intervinieron en la construcciĆ³n del AIFA. Es bajo este esquema que se hallan pendientes de comprobaciĆ³n los 12 mil millones de pesos referidos.
AdemĆ”s de lo anterior, una investigaciĆ³n de MCCI mostrĆ³ que la Sedena otorgĆ³ mediante adjudicaciĆ³n directa 70% de una muestra de mĆ”s de mil contratos relativos al AIFA āprĆ”ctica reiterada en este gobierno y contraria a la ley, que pone un tope a las adjudicaciones directas de 30% de los contratos a celebrar por parte de la AdministraciĆ³n PĆŗblica.
A travĆ©s de investigaciones, los mexicanos sabemos tambiĆ©n que, de los contratos otorgados en el aƱo 2020 por la Sedena para la construcciĆ³n del AIFA, el 30% se otorgĆ³ a 13 empresas en particular. Una de ellas, a nombre de Luis Soto Montoya, recibiĆ³ 22 adjudicaciones por un monto total de casi 80 millones de pesos. Esta empresa resultĆ³ ser una pequeƱa tlapalerĆa, a pesar de lo cual fue contratada para proporcionar todo el material hidrĆ”ulico que una obra de la magnitud de un aeropuerto internacional requiere. En otro ejemplo, la empresa Mercantil AvalĆ³n, contratada para proporcionar maquinaria pesada, consignĆ³ en los contratos celebrados como proveedor del gobierno de LĆ³pez Obrador una direcciĆ³n falsa.
El trabajo de distintos medios de comunicaciĆ³n y organizaciones de la sociedad civil dedicadas al combate a la corrupciĆ³n tambiĆ©n ha revelado operaciones de comercio realizadas por elementos del ejĆ©rcito con recursos cuyo origen resulta por lo menos sospechoso, dado el ingreso promedio de estos. Tal es el caso del director general de operaciones del AIFA, el general Isidro Pastor, que adquiriĆ³ tres automĆ³viles en efectivo por un precio total de casi un millĆ³n ochocientos mil pesos, a pesar de que su ingreso como miembro activo de las fuerzas armadas es hasta por 109 mil pesos mensuales. O de la adquisiciĆ³n de un departamento de lujo por parte del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, asĆ como los excesivos gastos realizados por Ć©l y sus familiares en viajes de esparcimiento.
A la luz de estas irregularidades, la publicaciĆ³n de la declaraciĆ³n patrimonial y de intereses de los 23 ingenieros es no solo pertinente, sino imperativa. Abusando del concepto de seguridad nacional, que no logrĆ³ demostrar a plenitud, la ConsejerĆa JurĆdica de Presidencia intentĆ³ evitar transparentarlas. Frente a ello, la intervenciĆ³n del INAI es una declaraciĆ³n clara en favor de la importancia de defender los organismos autĆ³nomos constitucionales que los mexicanos hemos creado para vigilar el ejercicio del poder y la administraciĆ³n de los recursos pĆŗblicos. TambiĆ©n vuelve a quedar en relieve la trascendental funciĆ³n que ejerce la SCJN como punto de equilibrio entre el poder de los ciudadanos y el poder de gobierno.
El ataque a ambas desde el foro presidencial de las conferencias maƱaneras es tambiĆ©n la declaraciĆ³n mĆ”s contundente de la administraciĆ³n actual a favor de la opacidad y la vulneraciĆ³n a los derechos de transparencia y rendiciĆ³n de cuentas. A la luz de las evidencias de lo que se pretende ocultar, no se requiere mayor explicaciĆ³n. A su pesar, los mexicanos aĆŗn contamos con instituciones desde las que se redignifica el ejercicio del servicio pĆŗblico. Gracias a ellas es que la RepĆŗblica y los valores que la sostienen, aĆŗn resisten. ~
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
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