El 13 de noviembre de 2022 quedarĆ” marcado como un hito en la historia moderna de la democracia mexicana. Luego de cuatro aƱos de resultados deficientes y desastrosos en salud, economĆa, educaciĆ³n, seguridad social, seguridad pĆŗblica y certeza jurĆdica, la sociedad civil mexicana ha despertado, con la profunda convicciĆ³n de defender las instituciones, ciertamente perfectibles, que han permitido que la democracia se consolide.
La marcha ahora conocida como āMarea rosaā tomĆ³ las principales ciudades del paĆs bajo la consigna de āel INE no se tocaā, un pronunciamiento firme y claro de libertad, democracia y civilidad de cientos de miles de mexicanas y mexicanos contra la pretensiĆ³n autoritaria del gobierno federal de controlar al organismo que desde 1996 permanece independiente al poder ejecutivo, garantizando la participaciĆ³n ciudadana a travĆ©s del voto.
Pero el mensaje de las calles no fue asimilado por su principal destinatario. En lugar del respeto a la conformaciĆ³n e integraciĆ³n del instituto electoral, vino la orden de una marcha convocada por el presidente, organizada y promovida con recursos pĆŗblicos, para sanar el ego herido del presidente. Pero Ć©l serĆ” el gran perdedor de su apuesta, considerando que la movilizaciĆ³n del prĆ³ximo domingo 27 desde ya carece del que fue el rasgo principal de la Marea rosa: la espontaneidad. Organizarte tu fiesta porque nadie mĆ”s tuvo la iniciativa de celebrarte no es lo mĆ”s halagador del mundo.
Lo que sigue, por el lado del poder, ya se ha visto. En un desarrollo narrativo parecido al que observamos durante la consulta de revocaciĆ³n, el presidente seguirĆ” en su mundo de ecos, llamando a una marcha que ignora el llamado de la ciudadanĆa. Y recursos pĆŗblicos serĆ”n desviados para un acto de promociĆ³n indebida de la figura del presidente (el artĆculo 134 Constitucional prohĆbe expresamente la propaganda gubernamental que incluya nombres, imĆ”genes, voces o sĆmbolos que impliquen promociĆ³n personalizada de cualquier servidor pĆŗblico, incluido el presidente).
Los fracasos de esta administraciĆ³n se siguen acumulando, en detrimento de las personas que mantienen con su trabajo a este paĆs. El Coneval dio a conocer el 22 de noviembre que el nĆŗmero de personas en situaciĆ³n de pobreza en MĆ©xico aumentĆ³ en 3.8 millones durante los primeros dos aƱos del sexenio. Mientras, el metro de la Ciudad de MĆ©xico estĆ” inundado con el rostro y el nombre del presidente.
Los ataques al INE desde el poder se van a intensificar, aun cayendo en lo absurdo. En su comparecencia ante el Senado, la titular de la CNDH, Rosario Piedra, informĆ³ haber emitido una recomendaciĆ³n al INE sobre la matanza de henriquistas que reclamaban el fraude electoral en las elecciones de 1952, 38 aƱos antes de la creaciĆ³n del primer IFE, y 44 antes de la creaciĆ³n del organismo cuya autonomĆa defiende hoy la ciudadanĆa.
En la CĆ”mara de Diputados, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, anunciĆ³ que espera que la reforma constitucional del presidente en materia electoral se discuta en el pleno los dĆas 29 y 30 de noviembre. En caso de que no proceda (lo que serĆa indudablemente un triunfo de la Marea rosa), la reforma a leyes secundarias electorales, que contradice lo establecido en la propia ConstituciĆ³n, se discutirĆa en comisiones a partir del 7 de diciembre, en una ruta similar a la seguida para la militarizaciĆ³n de la seguridad pĆŗblica, cuya ejecuciĆ³n hoy se encuentra suspendida por las decisiones de dos jueces de distrito.
La reforma en materia polĆtico-electoral propone la elecciĆ³n de consejeros y magistrados electorales por la vĆa del voto popular individual y directo, sobre candidaturas designadas por el presidente, militante de Morena; por el Congreso, donde Morena tiene mayorĆa simple (el primer mandatario recientemente cometiĆ³ el delito electoral de llamar a votar por un ācarro completoā en favor de su partido en todas las prĆ³ximas elecciones, para reformar a su antojo la ConstituciĆ³n y controlar al INEC, el nuevo instituto electoral que propone), y por el poder judicial, representado por la SCJN, cuyo titular ha sido cuestionado por acadĆ©micos y especialistas por su expresa simpatĆa por el proyecto obradorista.
Someter a los Ć”rbitros electorales al modelo de democracia descrito constituye un grave riesgo para la democracia. Los consejeros y magistrados no representan mayorĆas polĆticas; su integraciĆ³n por la vĆa directa participativa pondrĆa en entredicho los principios que los hacen legĆtimos ante la ciudadanĆa, que son su imparcialidad, objetividad, independencia y profesionalismo. Por otro lado, al situarlos en el lugar de polĆticos en campaƱa, los pone en la necesidad de contar con financiamiento, lĆcito e ilĆcito (es decir, los expone a las componendas de los āsobres amarillosā), asĆ como de generar alianzas polĆticas que les garanticen el triunfo. Es decir, magistrados y consejeros perderĆan su calidad de ciudadanos profesionales, para trasladarlos al dominio de los intereses polĆticos, con todo el efecto corruptor que esto implica. Independientemente de lo anterior, el oficialismo tambiĆ©n tiene en la mira hacerse de los cuatro consejeros a renovarse en el 2023.
Pero la sociedad civil es un factor determinante que el presidente no considerĆ³ en sus cĆ”lculos para el control polĆtico: las mexicanas y los mexicanos han recordado y se han apropiado de su poder soberano. La Marea rosa serĆ” un muro con el que el presidente se va a topar una y otra vez. Ya sea a travĆ©s de una sencilla prenda rosa con que los ciudadanos inunden las redes sociales, en cĆvico y pacĆfico gesto de resistencia democrĆ”tica, el prĆ³ximo 27 de noviembre, o a travĆ©s de juicios polĆticos para la defensa de sus derechos polĆticos ante el Tribunal Electoral, el mandato social se ha dado y no estĆ” dispuesto a ser ignorado una vez mĆ”s por el poder.
El INE no se toca, como no se toca la libertad ni la dignidad personal de millones que creen en sĆ mismos y en un mejor futuro para sus hijos y su paĆs. Ese es un lĆmite en el que no hay concesiĆ³n ni posibilidad de retroceder.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
