En el caos no hay orden. A pesar de su sencillez, la afirmaciĆ³n conlleva incertidumbre y ansiedad, cuando la ausencia de orden se traduce en la constante ruptura de una sana convivencia, en la que los individuos puedan enfocar su atenciĆ³n a resolver sus necesidades. Cuando la energĆa creativa se gasta en apagar infiernitos, poca queda para la innovaciĆ³n y el emprendimiento.
Si hay una palabra que define al gobierno del presidente LĆ³pez Obrador, es caos.
A lo largo de cuatro aƱos, la Ćŗnica encomienda del presidente ha sido destruir certezas. Y no me refiero a aquellas relacionadas con creencias personales, sino a las que se han construido desde lo colectivo y han dado origen a diversas instituciones para que los individuos puedan desarrollarse, defenderse y proteger aquello que les es trascendente: su patrimonio, su desarrollo profesional, el cuidado de su salud, su integridad fĆsica, sus derechos humanos. Desde la desapariciĆ³n de las estancias infantiles y el Seguro Popular hasta la instrumentaciĆ³n de iniciativas y decretos que transgreden los lĆmites constitucionales, no hay freno a la voluntad presidencial.
O no lo hubo, por lo menos, hasta diciembre de 2022.
En los poco mĆ”s de cuatro meses desde que la ministra Norma LucĆa PiƱa tomĆ³ posesiĆ³n como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la NaciĆ³n, este tribunal se ha erigido como la instituciĆ³n que empieza a poner orden en el caos presidencial.
La suspensiĆ³n concedida por el ministro PĆ©rez DayĆ”n respecto a la primera parte del plan B, (la publicada en el Diario Oficial de la FederaciĆ³n (DOF) el 27 de diciembre del aƱo pasado) dio certeza a los procesos electorales en el Estado de MĆ©xico y en Coahuila. A su vez, la concedida por el ministro Laynez Potisek, que suspende la aplicaciĆ³n de la segunda parte del Plan B (publicada en el DOF el 2 de marzo de 2023), representa para los ciudadanos la certeza de la discusiĆ³n y debate a profundidad sobre los beneficios y lĆmites legales que presenta tal iniciativa, discusiĆ³n y debate que no tuvo lugar en la CĆ”mara de Diputados debido a la embestida de Morena, que faltĆ³ a todas las reglas del proceso legislativo.
La celeridad en la resoluciĆ³n de los asuntos por sus consecuencias en la vida nacional, que se traduce en el cumplimiento del principio de la justicia pronta y expedita, es otro aspecto positivo para resaltar en este nuevo periodo de la SCJN. Tomemos como ejemplo la relevancia de la cada vez mayor militarizaciĆ³n de la seguridad pĆŗblica emprendida por este gobierno. La controversia constitucional 90/2020, presentada por la entonces presidenta de la mesa directiva en la CĆ”mara de Diputados, Laura Rojas HernĆ”ndez, en contra del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pĆŗblica de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, se resolviĆ³ apenas el pasado 29 de noviembre, casi dos aƱos y medio despuĆ©s de su interposiciĆ³n ante la Corte. En cambio, la acciĆ³n de constitucionalidad 137/2022, presentada por senadores y senadoras de la oposiciĆ³n en contra del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley OrgĆ”nica de la AdministraciĆ³n PĆŗblica Federal; Ley de la Guardia Nacional; Ley OrgĆ”nica del EjĆ©rcito y Fuerza AĆ©rea Mexicanos; y Ley de Ascensos y Recompensas del EjĆ©rcito y Fuerza AĆ©rea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad PĆŗblica, publicado en el DOF del 9 de septiembre de 2022, se resolviĆ³ ayer 18 de abril, es decir, solo seis meses despuĆ©s de su presentaciĆ³n en octubre del aƱo pasado.
Esta resoluciĆ³n constituye una defensa expresa de la ConstituciĆ³n y los derechos humanos de la ciudadanĆa, especĆficamente lo contenido en el artĆculo 21 de la Carta Magna, que ordena que la Guardia Nacional permanezca bajo el mando de la SecretarĆa de Seguridad Ciudadana y no bajo el mando de la Sedena. TambiĆ©n abre la puerta a la generaciĆ³n de estrategias mĆ”s efectivas en el campo de la seguridad pĆŗblica, que partan de la certeza de las atribuciones y lĆmites de los cuerpos de seguridad civiles en relaciĆ³n a los castrenses. Contenido el incendio, es posible que la tierra se regenere, permitiendo asĆ la siembra de semillas nuevas.
Que acuse recibo la ministra Loretta Ortiz Ahlf, a quien se ha turnado la controversia constitucional y solicitud de suspensiĆ³n para sesionar con cuatro comisionados presentada por el INAI: el funcionamiento institucional en plenitud de las atribuciones constitucionalmente conferidas al INAI no puede esperar. En sus manos estĆ” subsanar la violaciĆ³n a los derechos humanos de millones de mexicanos ejecutada por los senadores del grupo parlamentario del partido en el poder. No debe haber ni un asomo de afinidad entre la ministra Ortiz y el senador Salgado Macedonio, que quiere restituir la capacidad operativa del INAI a capricho y ācuando se quieraā.
Los mexicanos han resistido cuatro aƱos extenuantes de un gobierno cuyas principales caracterĆsticas son la corrupciĆ³n, la destrucciĆ³n y la falta de rendiciĆ³n de cuentas. Han generado olas de acciĆ³n ciudadana que han frenado iniciativas de reformas constitucionales nocivas para el orden democrĆ”tico. Gracias a la Suprema Corte, hoy pueden dedicar su tiempo y esfuerzo a la generaciĆ³n de agendas ciudadanas que recuperen el diĆ”logo constructivo y propositivo, no solo reactivo. Si bien no todos los ministros gozan de la confianza desde sus propias actuaciones āy la vigilancia activa de los ciudadanos que asumen su poder a travĆ©s del involucramiento directo en la vida polĆtica del paĆsā , hoy sabemos que contamos por lo menos con ocho de ellos para restituir el maltratado Estado de Derecho y el imperio de la ley en nuestro paĆs.
Hay, por fin, orden en medio del caos. ~
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
