Distraídos por la convocatoria de elecciones anticipadas, los participantes en la conversación pública española –de algún modo hay que llamarla– han pasado alegremente por alto un estudio sobre la percepción social de la meritocracia publicado en la revista Nature Human Behaviour. Nos alertó al respecto el sociólogo Luis Miller, quien señaló en X que el apoyo a la meritocracia entre los españoles resulta ser uno de los más bajos del mundo: andamos entre Kazajistán y Kenia. ¡Se dice pronto! Sucede que hemos hablado bastante sobre la meritocracia en los últimos años, sometida como está a la severa crítica de la izquierda académica; una crítica que ha encontrado respuesta desde la propia izquierda en Nadie merece nada, brillante ensayo de la filósofa Jahel Queralt que acaba de publicar Anagrama. Así que parece aconsejable dar crédito a esa evidencia empírica y sopesar sus consecuencias a la luz de la actualidad. Pero vayamos por partes.
Los autores del estudio son Alexander Cappelen y Bertil Tungodden, miembros de la Escuela Noruega de Economía sita en la hanseática ciudad de Bergen; su punto de partida es que el ideal meritocrático es empleado a menudo para justificar la desigualdad: quien rinde mejor nos parece acreedor de una mayor recompensa. Desde este punto de vista, la desigualdad de ingresos estaría justificada si responde a un rendimiento superior; no lo estará si es resultado de la pura suerte (brute lack) o refleja un privilegio heredado. Esta justificación conoce tres subtipos: los meritócratas aceptarían la desigualdad basada en el rendimiento y no la que proviene de la fortuna; los igualitaristas eliminarían tanto las desigualdades derivadas de la fortuna como las derivadas del rendimiento; los libertarios aceptarían ambas. Y este argumento se contrapone al que justifica la desigualdad por razones de eficiencia desentendiéndose de la justicia: solo si pagamos mejor a quien más rinde podremos motivar a los trabajadores o atraer talento allí donde sea necesario.
Pues bien, un experimento reciente a gran escala –donde el sujeto experimental es tratado como un tercero imparcial que decide a distancia cómo redistribuir los ingresos ajenos– muestra que la justificación de la desigualdad que tiene mayor aceptación en las sociedades occidentales es la meritocrática “pura”: quien más méritos presenta debe ser debidamente recompensado. Y si atendemos a las diferencias entre los sesenta países incluidos en el estudio, cuyos niveles de desigualdad y redistribución son muy distintos entre sí, se comprueba que el apoyo a la equidad meritocrática es mayor en países que son ricos, más igualitarios y más individualistas… así como en aquellas sociedades donde los vínculos familiares son más débiles y las instituciones políticas más democráticas. Resulta de ahí la previsible conclusión de que el apoyo a la justicia meritocrática está mediado por el entorno económico, cultural y político en el que vive cada cual. Claro que también puede deducirse que la redistribución se percibe como legítima cuando la desigualdad responde a diferencias en fortuna, origen social o falta de oportunidades; una redistribución que compense diferencias en talento o esfuerzo, en cambio, se ve con malos ojos.
El gráfico que expone los resultados del experimento no tiene desperdicio y gradúa el apoyo que se presta en cada país a los distintos tipos ideales descritos por los autores: equidad meritocrática, igualitarismo antimeritocrático, libertarismo ultrameritocrático. Y aunque cada lector tendrá sus preferencias, no sería descabellado afirmar que la equidad meritocrática –donde las recompensas se otorgan en función del rendimiento– ha sido característica de las sociedades más exitosas de la modernidad. Eso no quiere decir que la preferencia expresada por los habitantes de una sociedad se corresponda con el tipo de meritocracia prevalente en ella; uno puede pasarse horas analizando la correlación entre preferencias y realidades en el gráfico de marras. Pero no es este el lugar para hacerlo, ni tampoco es aconsejable desgranar en detalle los resultados del experimento. Baste señalar que España se encuentra ciertamente en una compañía singular en la parte de la tabla que reúne a los países donde menos apoyo tiene la equidad meritocrática. Es un apoyo similar al que recibe el igualitarismo; ambos están por debajo del que obtiene el libertarismo ultrameritocrático, ganador en nuestro caso. ¡Ver para creer! Por introducir algunos términos de comparación: la adhesión a la equidad meritocrática es algo mayor en Alemania o Chile; es bastante mayor en Reino Unido, Francia o los Estados Unidos; y es mucho mayor en Corea del Sur, Portugal, Japón o Italia.
¿Es España un país poco meritocrático?
¿Y por qué los españoles son partidarios del libertarismo ultrameritocrático (aceptan con más facilidad toda clase de desigualdades) y prestan un menor apoyo tanto a la equidad meritocrática (que fija las recomensas en función del rendimiento) como al igualitarismo antimeritocrático (que en la práctica descree del ideal meritocrático)? Se trata de un resultado sorprendente y acaso necesitamos que otros estudios vengan a confirmarlo, porque uno esperaría que el igualitarismo tuviera más peso en una sociedad que –aun registrando mayores niveles de desigualdad que la media de los países de la UE– se caracteriza por una suerte de igualación hacia abajo: hay pocos ricos en España y la estadística se ve obligada a atribuir esa condición a personas con un modesto nivel de ingresos en términos comparados. Y si de algo hemos venido pecando desde antiguo es de un familismo amoral que percibe como aceptable el recurso al trato de favor o la red social o familiar como medios de acceso al empleo o las fuentes de ingresos. ¿Somos en la práctica un país poco meritocrático y de ahí que aceptemos la desigualdad económica sea cual sea su origen, sin importarnos demasiado ni la desigualdad de oportunidades ni la pura fortuna? O sea, ¿rechazamos la meritocracia porque no conocemos su mejor versión? Al fin y al cabo, si los críticos de izquierda hubieran logrado difundir con éxito sus reproches al ideal meritocrático, el resultado natural habría sido la prevalencia del igualitarismo y no del libertarismo.
Incluso si logramos ponernos de acuerdo sobre la conviencia de aplicar la equidad meritocrática, sin embargo, quedará por resolver el problema de la igualdad de oportunidades: ¿qué hacemos cuando las decisiones adoptadas por distintos individuos responden a una desigualdad inicial de oportunidades? Y luego está el problema que comporta fijar la recompensa que obtendrán quienes mejor rendimiento ofrecen: ¿cuánta desigualdad está justificada? La recompensa puede ser proporcional o lo contrario, como ocurre en aquellos mercados donde el ganador se lo lleva todo; la evidencia experimental sugiere que solemos aceptar el tipo de desigualdad que beneficia a las estrellas del pop, las modelos o los futbolistas. Pero es probable que este tipo de mercados sean percibidos de manera distinta al resto, aceptándose en ellos un mayor grado de desigualdad por entenderse que quienes triunfan en ellos poseen rasgos excepcionales que quedan fuera del alcance de los mortales que se afanan en los departamentos de contabilidad de la pequeña empresa o la oficina pública que queda al final de la calle.
Para el debate sobre la meritocracia y el diseño de las políticas públicas relacionadas con ella es asimismo de interés una idea que los autores formulan como nota al margen. Cappelen y Tungodden llaman la atención sobre la manera en que el índice Gini mide la desigualdad económica: como desviación respecto de una igualdad absoluta entre los miembros de una sociedad. Pero la mayoría de la gente rechaza que semejante grado de igualdad sea justo, lo que puede viciar la conversación subsiguiente.¿No sería mejor que creásemos un índice que midiese la desigualdad de oportunidades y no la desigualdad de resultados? Tal como veremos después, son tantos los factores que influyen sobre esta última y tan difícil resulta corregirla sin cometer injusticias –por ejemplo vulnerando la autonomía personal– que más nos vale actuar sobre la primera. Si logramos proporcionar suficientes oportunidades a la mayor parte de los ciudadanos, aunque difícilmente conseguiremos que todos ellos disfruten de iguales oportunidades, la distribución resultante de ingresos gozará de mayor legitimidad.
Cuidado, saltaría la filósofa Jahel Queralt llegados a este punto: nadie merece nada. El título de su libro es una impecable síntesis del argumento central de su reflexión sobre la meritocracia; una meritocracia, subraya, que la izquierda hace mal en atacar. Y la ataca, viene a decirnos en su libro, porque no la entiende. Ella misma se sitúa en la izquierda e introduce en su ensayo elementos autobiográficos que la retratan como una beneficiaria de la meritocracia: alguien que ha logrado mejorar la posición socioeconómica que ocupaba la familia en la que nació, un movimiento ascendente que pudo ser común durante el desarrollismo y sin embargo es hoy mucho más inusual de lo que nos gustaría.
En realidad, como algunos hemos señalado en algún momento, la izquierda debería cesar sus ataques contra la meritocracia por la sencilla razón de que nadie –tampoco la izquierda– ha sabido presentar un modelo alternativo: todos queremos que nos atienda el mejor médico y nadie querría convertirse en un buen médico si serlo estuviese mal pagado. Recordemos que la meritocracia es un ideal que nace con la modernidad liberal y viene a reemplazar la asignación de recompensas propia del Antiguo Régimen (donde el nacimiento determina una posición social estamentalmente prefijada), oponiéndose así tanto al reparto basado en la influencia (como en las distintas formas de nepotismo) como a una igualación coercitiva que desacopla mérito y recompensa (caso del socialismo). En lugar de arrameter contra el ideal meritocrático a la vista de sus inevitables deficiencias, ¿no sería mejor que dedicásemos nuestros esfuerzos a mejorar su funcionamiento práctico?
Una meritocracia sin mérito moral
Queralt parte de la premisa de que nadie merece nada por la sencilla razón de que no somos autores de nuestras vidas; o bien lo somos en una medida tan pequeña que no basta para convertir las decisiones individuales en criterio para la asignación de recompensas. Y no somos autores de nuestras vidas, sean exitosas o fracasadas, porque venimos fuertemente condicionados de serie: la lotería natural a la que se refiere John Rawls reparte de manera desigual no solamente los atributos y los talentos con los que habremos de desenvolvernos a lo largo de nuestra existencia, lo que incluye un buen número de rasgos genéticos heredados, sino también un entorno familiar determinante para que podamos activar (o no) nuestras capacidades innatas. Queralt aporta un conjunto de evidencias no solo abrumador, sino también sorprendente: incluso la vulgaridad de nuestros nombres y apellidos puede influir sobre nuestro destino. ¿Qué decir entonces de los obstáculos que debe superar quien nace en un hogar pobre donde nadie lee cuentos o se carece de acceso a las redes sociales que proporcionan buenas oportunidades? Aunque la pensadora catalana se inclina por momentos hacia un determinismo à la Sapolsky, no deja de señalar que incluso en el interior de una misma familia se observan trayectorias divergentes; ni siquiera los hermanos gemelos tienen los mismos hábitos o inclinaciones. ¡No todo está escrito!
En cualquier caso, su propuesta consiste en defender una meritocracia sin mérito moral. Porque nadie es del todo responsable de su suerte y por eso conviene distinguir entre una demanda de eficiencia (que cada puesto sea ocupado por el candidato mejor preparado) y una demanda de justicia (que cada cual haya tenido la oportunidad de convertirse en el mejor candidato que sus capacidades le permiten ser). No es tan difícil, sugiere Queralt: “¿Acaso no podemos reconocer que alguien es el más capacitado para un puesto y, al mismo tiempo, ser plenamente conscientes de que su trayectoria ha estado atravesada por el azar?”. Pero tal vez tampoco sea tan fácil: igual que vivimos como si no fuéramos a morir, pues de otro modo cada día sería un suplicio, vamos construyendo un relato biográfico del que salimos favorecidos. Si nos ha ido bien, diremos que el mérito es nuestro; si nos ha ido mal, echaremos la culpa al mercado o la mala suerte. Me malicio que Queralt se conformaría con algo más modesto: que fuésemos conscientes de la ventaja injusta –pues no nos la hemos ganado– que pueden llegar a proporcionarnos nuestro origen social o la fortuna genética. ¿O es que vivir gratis en un piso familiar o poseer un abrumador atractivo físico no facilitan la vida? Sin necesidad de torturarnos pensando que nada merecemos, bien podemos concluir que no merecíamos tanto o que los demás no merecen menos que nosotros.
Insiste Queralt en que la razón por la que hemos de defender la meritocracia es que proporciona un innegable beneficio colectivo. Y por eso recela de la meritocracia como ideología que justifica las recompensas exorbitantes que reciben los ganadores en el juego del mercado, proponiendo en cambio mecanismos que limiten las diferencias socioeconómicas resultantes. Quien paga no es la meritocracia, señala Queralt, sino el mercado; el salario de los empleados públicos, por ejemplo, queda fuera del mercado: el médico español gana menos dinero que el médico estadounidense. Y si ganamos más es porque hemos tenido suerte con la lotería natural y social en la que participamos antes de nacer; las recompensas asignadas en función de los méritos deben por ello ser moduladas.
Sin embargo, Queralt es demasiado inteligente para defender a estas alturas una versión democrática del socialismo: la historia comparada demuestra que necesitamos incentivos económicos para que nuestras sociedades sean eficientes e innovadoras y los Estados puedan usar la tributación para suministrar bienes públicos. ¡No seamos antiguos! Su propuesta es menos estrambótica y arranca de una sencilla constatación: la moral del éxito que separa de manera tajante entre ganadores y perdedores, como sabe cualquier aficionado al cine norteamericano, se extiende con más facilidad allí donde las desigualdades son muy grandes y la precariedad salarial ponga en aprietos a los ciudadanos más desventajados. Le dejo la palabra:
No propongo un sistema en el que todos cobren casi lo mismo. Una sociedad justa es una sociedad libre y, por lo tanto, inevitablemente desigual. (…) Lo que sugiero es algo más modesto: que cuando los salarios permiten una existencia segura y las distancias económicas no se traducen ni en vulnerabilidad ni en privilegio desmedido, la presión por dotar al éxito de una significación moral particular pierde intensidad.
En realidad, está todo inventado: la dificultad estriba en encontrar el equilibrio óptimo entre incentivos y recompensas, aplicando de paso aquellas políticas redistributivas que nos aproximen al ideal de la suficiencia de oportunidades –igualdad es mucho pedir– sin por ello lastrar la prosperidad económica. Esa dificultad se ve agravada por la falta de coherencia en que incurre el más pintado cuando lo suyo se pone en juego: narra Queralt su encuentro en Madrid con el filósofo Michael Sandel, quien acudió a la entrevista en compañía de un hijo que casualmente se desempeña como filósofo y cuyo libro el insigne Sandel –azote de la meritocracia– quería promocionar. Preguntado por las ventajas de que goza su vástago por el solo hecho de serlo, Sandel renunció a contestar: consejos vendo, que para mí no tengo. De manera análoga, la fijación de límites salariales parece más factible en las ricas e igualitarias sociedades escandinavas que en esos vastos Estados Unidos cuyo business –como dijo Calvin Coolidge– es el business.
En el caso español, como atestigua el sonado caso de Maricarmen, que ha fallecido después de que su desahucio atrajese la atención del gobierno –pues hay muchos otros desahucios que no han llamado su atención– y nos condujese a unas elecciones anticipadas, la asignación de recompensas no solo debe tomar en consideración a los actores privados, sino también al poder público. No ha sido la difunta Maricarmen la única persona que ha disfrutado en nuestro país de contratos blindados de arrendamiento procedentes de la ley franquista de 1964, por más que muchos de ellos –o más bien sus herederos– aceptasen de buena lid su terminación llegado el momento. Algo de eso se trasluce igualmente en el debate sobre las pensiones: quien hoy recibe mucho más de lo que contribuyó durante su vida laboral se niega en redondo a hacer las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad de un sistema y hacerlo más justo para quienes hoy están en activo. Quiere así decirse con ello que la relación entre los méritos y las recompensas es mucho más peliaguda de lo que solemos pensar si introducimos en la ecuación no solo las recompensas asignadas por el mercado (que puede estar más o menos intervenido), sino también las proporcionadas por el poder público (que puede ser más o menos intervencionista). Porque no solo el mercado puede ser injusto; también el poder público beneficia a unos en detrimento de otros y a veces lo hace sin el debido fundamento.
Y así es como el ideal meritocrático va perdiendo fuelle. Si reina la impresión de que lo decisivo es disfrutar de una posición de ventaja, ya nos la conceda el origen familiar o el poder público, sean cuales sean los méritos que cada cual atesore y con independencia de las decisiones que uno haya adoptado a lo largo de su vida, nadie podrá sorprenderse de que los españoles –volvamos al estudio académico con el que empezamos– se muestren partidarios del libertarismo: que gane quien mejor se las apañe y que nadie le impida disfrutar de lo que ha ganado.
