Desde 2022, la población nacida en el extranjero en España ha aumentado en una media de 665.000 personas al año. En 2025 representó un tercio del crecimiento en población inmigrante de toda la UE, según la Rockwool Foundation. En un cuarto de siglo, España ha pasado de tener un inmigrante de cada veinte residentes a casi uno de cada cinco, contaba un reportaje reciente del Financial Times que señalaba que nuestro país está realizando el último gran experimento europeo en términos de migración.

La inmigración es un factor decisivo en el crecimiento económico de nuestro país. Ha servido para ralentizar el envejecimiento y para transformar los colegios y los barrios. Muchos efectos -yo creo que la mayoría- han sido positivos; otros son más discutibles. Uno de los problemas es la sensación de que no hay una estrategia clara ni control sobre los cambios.

Como en muchos temas, parte de la discusión está viciada por visiones maximalistas (la inmigración solo trae beneficios o solo genera conflictos), y aunque la opinión real suele ser más matizada, no es raro que pervivan tópicos. Algunos son xenófobos, otros son bienintencionados y otros tienen un tono utilitarista que da un poco de asquete (los grandes deportistas que llevan nuestras camisetas, los trabajadores que pagarán nuestras pensiones, etc.): todos incluyen simplificaciones y elementos de ficción. Hace unos días, en una encuesta de 40dB sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes, el único beneficio que reconocía la mayoría era el efecto sobre la natalidad. Un estudio de Funcas realizado por Héctor Cebolla y María Miyar matiza la idea de que la inmigración pueda contrarrestar el envejecimiento: lo ha amortiguado, pero no puede revertir las tendencias de fondo. La población inmigrante de 55 años o  más ha crecido un 43% entre 2021 y 2025, frente al 25% del grupo de 20 a 54 años. España atrae a inmigrantes pero no los retiene con la misma facilidad; a los que más retiene son mayores. A largo plazo, dice el estudio, “el modelo exigiría flujos crecientes de inmigración de países que también envejecen y cuyos excedentes demográficos disminuyen”. La inmigración tampoco corrige otros desequilibrios demográficos de nuestro país: como es natural, quienes vienen suelen establecerse en zonas económicamente más dinámicas y jóvenes, y no más despobladas y envejecidas.

El crecimiento de la población presenta otros problemas: como ha explicado Alicia González en un formidable reportaje en El País, tenemos infraestructuras de un país de 40 millones de habitantes cuando somos 50 millones (más unos cien millones de turistas al año). El aumento de la población y las distintas formas de familias que exigen más hogares y la falta de nueva construcción a causa de trabas administrativas, económicas, electorales e ideológicas hacen que el problema de la vivienda parezca irresoluble. Madrid y Barcelona tienen los alquileres más caros de Europa en comparación con el salario, solo por detrás de Londres y Lisboa.

España ha sido la gran economía avanzada que ha crecido más deprisa en los últimos años, pero los salarios llevan treinta años estancados: a veces me pregunto cómo es posible que hablemos de otras cosas. Como con otros asuntos, parece que en la apuesta por la inmigración hay más un intento de salir del paso a corto plazo que una visión de país. Y la polarización y su sistema de disonancias cognitivas construyen una especie de sonambulismo, que ya se ha convertido en nuestra forma de vida.