La pregunta no es si el INE va a sostenerse o no, sino si las elecciones de 2027, y las siguientes, se harán con criterios de imparcialidad y eficiencia. La crisis que vive el Instituto Nacional Electoral ya es suficiente para preocuparnos, pero hay un problema anterior, menos escandaloso y quizá más importante: construimos un sistema electoral en el que los problemas de una institución pueden convertirse en problemas para la elección de gobernador en Nuevo León, los ayuntamientos de Chiapas y los votos de todo el país.
El asunto viene de lejos, pero no por la corrupción, sino por el modelo que construimos. Hay quienes aseguran que el Instituto nunca debió tener un Consejo negociado entre los partidos políticos. A mí me parecía sensato, sobre todo porque el país atravesaba una transición que requería la confianza –y el veto, y la complicidad– de todos los jugadores. Había que conseguir que los partidos aceptaran perder elecciones y reconocieran a una autoridad que había estado bajo el control del gobierno. El modelo tenía defectos pero consiguió algo no menor: que los votos contaran y que los perdedores se fueran a casa, sin importar si eran gobierno o no.
Hay muchas cosas que no me gustan de ese modelo, pero lo que sucedió en 2014 fue para mí un punto de inflexión para peor. Ese año centralizamos las elecciones. O, para ser precisa, creamos un modelo híbrido con un acento muy marcado en la centralización. La idea parecía razonable: el INE era eficiente, los institutos electorales estatales duplicaban funciones y la centralización permitiría gastar menos y proteger las elecciones locales de las trapacerías de los gobernadores canallas.
Los organismos electorales locales, convertidos en OPLE, dejaron de tener consejeros nombrados por los congresos estatales: en adelante los designaría el INE. La autoridad nacional asumió funciones como la ubicación de casillas, la capacitación de sus funcionarios, la fiscalización y la geografía electoral. También podría asumir la organización de elecciones locales. La solución a los abusos de los gobernadores fue entregar más poder al centro. A nadie se le ocurrió pensar que ese centro podía terminar cooptado.
A mí me preocupó desde su concepción. Soy una convencida de que las bondades del arreglo federal superan los vicios de los caciques estatales. Me inquietaba la sobrecarga administrativa del INE, los riesgos para el deslinde de responsabilidades y, sobre todo, la yuxtaposición de dinámicas políticas locales con las federales. La nacionalización de la vida pública termina por hacer depender el trabajo de un alcalde de la popularidad de un presidente, y ahora también hace depender buena parte de la organización de una elección municipal de las decisiones tomadas en una oficina de la Ciudad de México.
Al centralizar funciones se concentraron los riesgos. ¿Recuerdan la reciente suspensión de vuelos en Estados Unidos? Una falla obligó a detener los despegues en todo el país. Los aeropuertos no estaban averiados, pero dependían de una red que sí lo estaba.
Nassim Nicholas Taleb tiene una idea poderosa sobre este tipo de sistemas. En Antifrágil, el matemático explica que la fortaleza no consiste solamente en resistir las crisis, sino en tener la capacidad de beneficiarse de ellas. Los sistemas antifrágiles mejoran con cierta dosis de desorden, errores y experimentación. Sus partes pueden fallar sin llevarse al conjunto por delante y, además, sus errores producen aprendizaje. Un sistema federal no es automáticamente antifrágil, pero tiene condiciones para serlo: permite respuestas distintas, distribuye responsabilidades y evita que cada fracaso local se convierta en una catástrofe nacional. Para eso necesita instituciones locales que puedan tomar decisiones y aprender de sus aciertos y errores. Justamente lo que teníamos en los años noventa en algunos estados, donde pudo haber alternancia.
Regreso al INE y a su escandalosa crisis. Guadalupe Taddei dejó la presidencia, pero también salieron quienes encabezaban la secretaría ejecutiva, el Registro Federal de Electores y otras áreas estratégicas. En noviembre se sumaron las renuncias de los titulares de Fiscalización y Asuntos Jurídicos. Claro, hay cientos de profesionales que siguen trabajando, pero es preocupante la inestabilidad de una estructura directiva en plena organización electoral.
Los consejeros aseguran que todo marcha en tiempo y forma. El segundo informe parcial del calendario electoral registra actividades concluidas y en ejecución, ninguna fuera de plazo o en riesgo, aunque el mismo INE da cuenta de decenas de modificaciones al calendario.
Mi preocupación no es que las casillas no se instalarán, sino el contagio. En 2027 se renovarán 17 gubernaturas, además de congresos, ayuntamientos y otros cargos locales. Las tareas se entrelazan, las decisiones se encadenan y si un sistema informático no está disponible cuando se necesita, o si una disputa en el Consejo General impide aprobar un acuerdo, las consecuencias pueden llegar a elecciones locales.
En nombre de la eficiencia creamos un arreglo que conserva los costos institucionales del federalismo, pero reduce algunas de sus ventajas. Tenemos 32 organismos locales con consejeros, funcionarios, presupuestos y experiencia, sujetos a decisiones nacionales. Es como pagar por varios sistemas de respaldo ¡y conectar todos a un solo interruptor!
Sé que en muchos estados la centralización mejoró un ecosistema podrido. Pero no en todos. Hay organismos locales con distintas capacidades, algunos con equipos técnicos sólidos y experiencia suficiente para asumir más responsabilidades sin comprometer la imparcialidad. ¿Cuáles podrían hacerlo? ¿Cuáles necesitan fortalecerse? La respuesta automática equivocada es que todo debe decidirse desde el centro.
Lo menciono porque existe una alternativa a seguir concentrando funciones. La propia Constitución, en su artículo 41, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el 125, contemplan la posibilidad de que el INE delegue determinadas atribuciones a los organismos locales, previa evaluación de sus capacidades profesionales, técnicas, humanas y materiales y con el voto favorable de al menos ocho consejeros.
El problema es que esa delegación es excepcional y debe aprobarse antes del inicio del proceso electoral local correspondiente. No es una solución que pueda improvisarse ahora, pero sí una posibilidad para imaginar otro diseño sin necesidad de modificar la Constitución. La crisis actual, no temo decirlo, amenaza con llevarnos a una elección accidentada y cuestionada en 2027, pero no tiene por qué arrastrarnos para siempre.
Regreso a Taleb. Las redundancias y la autonomía pueden parecer caras e ineficientes cuando todo funciona bien pero cuando aparece una crisis descubrimos para qué servían. La alternancia comenzó en los estados. En los estados puede haber respuestas otra vez. ~