Tenía un profesor de historia que siempre me decía: “El pacto con la monarquía consiste en que el rey es un cuadro colgado en la pared”. Era una manera muy gráfica, muy inmediata, de establecer que la corona, en una democracia parlamentaria, está vaciada de funciones.
La propuesta es controvertida. Por un lado, un rey despojado de soberanía da la medida de la nación liberal: aquí no hay más soberanos que los ciudadanos. Pero es cierto que puede plantear preguntas desde algún utilitarismo: ¿a qué sirve un rey desposeído? Y no es menos verdad que la idea de una institución no electiva, de transmisión hereditaria, vitalicia y no sometida a rendición de cuentas encuentra difícil acomodo en las modernas sociedades de sufragio, tanto más en tiempos de la democracia deliberativa y el decisionismo pop.
La Constitución dice que el rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Pero, contra las tesis sobre la futilidad de la corona, no debe entenderse lo simbólico como sinónimo de irreal o inauténtico. En el proyecto de las naciones no existe ningún punto programático por encima de la permanencia del Estado. Lo escribió Michael Oakeshott: “La nave del Estado no tiene rumbo ni puerto de arribada, ni más empresa que la de mantenerse a flote”. La Constitución reserva al rey, por tanto, la crucial encarnación de una realidad que por ser inmaterial, intelectual y abstracta tiene una aprehensión árida, aunque vital. En suma: le pone cara y ojos al Estado.
Pero esta personificación no debe despistarnos: la monarquía se justifica en la historia de una nación y no en la biografía de un hombre. Si se comete el error de hacer descansar la legitimidad de la institución sobre los hombros de una sola persona, entonces la primera se vendrá abajo tan pronto como la naturaleza del segundo se manifieste humana; o sea, falible. Esto es lo que pudo suceder no hace tanto en España, en una crisis resuelta por abdicación. Por supuesto, el único responsable de la conducta privada reprochable de un rey es el propio monarca; en este caso, don Juan Carlos. Pero es hora de apuntar que, de todos los vicios imputables a los españoles del 78, la coquetería del juancarlismo fue uno de los peores.
El juancarlismo fue la solución que muchos españoles, en especial de izquierdas, creímos encontrar para reivindicar el orden constitucional sin renunciar al alma republicana, y para aliviar las dudas que nos suscitaba una institución cuyo proceso de selección soslayaba las urnas: no éramos monárquicos, éramos juancarlistas. El error fue mayúsculo, cuánto más grave por prevenible, porque el debate sobre el gobierno de los hombres o el de las leyes lleva resuelto más o menos desde Aristóteles (con permiso de Carl Schmitt).
Entonces, ¿ha llegado el momento de hacernos, por fin, monárquicos sin subterfugios? La respuesta corta es que no hay respuesta corta.
Que la monarquía sirve con algunas ventajas sobre la república al papel de continuación del Estado lo han explicado bien Javier Tajadura y Josu de Miguel. Sustraer la institución del juego de las mayorías favorece su neutralidad e independencia, y previene la división social. El rey, a diferencia del presidente de la república, no es una figura de parte, sino supra partes. Me permito recordar que, cuando en Europa quebraron dos tercios de las democracias del periodo de entreguerras, fueron monarquías las supervivientes, con las excepciones de Suiza, Finlandia y Francia (hasta Vichy). Quizá, también, porque la corona elimina la incertidumbre y la eventualidad de una interrupción institucional: “El rey ha muerto; viva el rey”.
Esto no significa que la monarquía no se sostenga sobre un equilibrio difícil: cuando no estás respaldado por votos, entonces tienes, como la nación de Renan, que someterte a un plebiscito todos los días. Puede parecer una paradoja, pero, en ausencia de potestas, la auctoritas de un rey no admite tacha. Y tampoco perder el paso de los días. La monarquía debe acompañar a la sociedad con los valores de su tiempo, razón por la que ya urge resolver la discriminación sucesoria por razón de género.
En todo caso, es posible mantener una posición accidentalista con respecto a la forma del Estado, que de ninguna manera ha de entenderse como flaqueza de compromiso con el sistema. Nada de eso: el accidentalismo ha de partir de la convicción de que el Estado democrático es necesario y contingente es su jefatura, que debe supeditarse al fin último de su permanencia. Y ha de formularse desde un juicio positivista; lo dijo Ortega hace más de cien años: “En esta materia no es decorosa al siglo XX otra postura que la experimental”. Es decir, que la mejor defensa de la monarquía parlamentaria del 78 es la que se desprende de una evaluación de resultados, entendiendo bien que esa auditoría tiene proporciones seculares: para qué tocar aquello bajo lo cual los españoles nos hemos procurado el periodo más largo de estabilidad, prosperidad y libertades de nuestra historia.
En efecto, de una forma tal vez contraintuitiva, la asepsia accidentalista contribuye mejor a la flotabilidad del Estado, y aleja la cuestión de su jefatura del pringoso juego identitario. La república o la monarquía no pueden ser vocaciones reveladas. No conviene ser monárquico o republicano al modo en que se es del Real Madrid, o de cualesquiera otros equipos de los que es esa gente tan rara que no es del Real Madrid. No se recuerda auxilio más patoso que el que han prestado a la corona en los últimos años algunos de los más fervorosos monárquicos: hay amores que matan. La ambición de apropiación de un símbolo que aspira a ser compartido es la vía más rápida hacia su liquidación. Tampoco se conoce actuación más irresponsable que la de quienes, bajo un gobierno que les era indeseable, han pretendido que el rey, poder neutro y moderador por definición, fuera un contrapeso al Ejecutivo.
En cuanto a los republicanos, no acertarán quienes depositen ilusiones en que un cambio de régimen resolverá los problemas de España de un plumazo. Ni el desempleo estructural, ni el abandono escolar temprano, ni la politización del Poder Judicial, por poner algunos ejemplos, remitirán como por milagro bajo una jefatura de Estado republicana. Siendo honestos, tampoco parece que alberguen tan altas esperanzas los más aguerridos activistas de la república. La cuestión se plantea en el terreno de lo performativo, como se plantean los debates de nuestra época. Y aunque probablemente es inevitable, tengo para mí que al país le va mejor cuando hablamos de instituciones y de políticas públicas que de identidades y guerras culturales.
En último término, las amenazas que se ciernen sobre la monarquía son las amenazas que se ciernen sobre el Estado, cuya permanencia encarna aquella. O, mejor dicho, son amenazas cuyo destinatario final es el Estado. Que la corona sea el blanco de los ataques de quienes impugnan el orden del 78 da una idea de hasta qué punto los símbolos no son cosa baladí. Estos ataques han provenido, tradicionalmente, de la periferia nacionalista. No obstante, desde la década pasada se ha abierto camino una nueva izquierda, generacionalmente emancipada de los relatos que llevaron a la vieja socialdemocracia y al viejo eurocomunismo a suscribir su lealtad al sistema. Una izquierda que discute la monarquía, la nación y la Constitución. Y, dado que las preferencias de los ciudadanos son endógenas a las de los partidos, hace ya algún tiempo que me rondan la cabeza preguntas incómodas: ¿cuánto tiempo sobreviviría la monarquía a un cambio de postura del PSOE respecto a la forma del Estado? ¿Y la Constitución? ¿Qué clase de contrato jurídico, que tipo de cohesión social, podrían sustituir a los del 78?
Tentar las respuestas provoca cierto vértigo, pero vengan a socorrernos las palabras de Malraux: “Vale más el hombre por cómo ahonda en sus preguntas que por cómo responde a ellas”. No es fácil aventurar el futuro que aguarda a la monarquía, pero es preciso advertir que su suerte no puede ser ajena a la que corra el conjunto del Estado. Así que, sobre todo, si le queremos hacer un favor a Felipe VI, esta vez no nos hagamos felipistas.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
