Hace unas semanas, un grupo de colegas nos reunimos para trabajar y hacer público un breve decálogo que elevara la exigencia para la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados de cara a la próxima designación de cuatro consejeros electorales en el Instituto Nacional Electoral.
Ahí señalamos que una de las etapas críticas del proceso es la integración de un Comité Técnico de Evaluación que, por ley, debe evaluar objetivamente a las y los aspirantes para entregar a la Jucopo una quinteta de candidaturas idóneas por cada cargo a renovar. Además, el comité propone a dicha junta la metodología de evaluación y calificación, y desde ahí se puede allanar el camino de unos o entorpecer la llegada de otros.
La razón de ser del Comité es evitar que la designación sea el resultado exclusivo de una negociación política y mucho menos la imposición mayoritaria del partido en el poder. Eso ya ha sucedido en el pasado. En 2003, las mayorías guiadas por Elba Esther Gordillo, entonces jefa de la bancada del PRI, y Germán Martínez, del PAN, excluyeron a la fracción parlamentaria del PRD en el nombramiento de los nueve consejeros electorales que organizarían la elección de 2006. Cuestionados de origen, quedaron incapacitados para lidiar con el conflicto poselectoral que pronto les estallaría. Hoy la autoridad electoral sigue pagando las facturas de aquella integración atropellada. Mal haríamos en repetir los mismos errores.
Por esto, los miembros del comité –quienes filtran a los aspirantes hasta llegar a una quinteta por cada cargo, de la cual saldrán, por decisión de la Jucopo, las cuatro designaciones para ser votadas por el pleno del Congreso–deben actuar con la mayor imparcialidad posible. El INAI y la Jucopo acertaron al proponer como integrantes del Comité a personas con un amplio prestigio, no solo por sus méritos académicos sino por su imparcialidad. Ana Laura Magaloni, José Roldán Xopa, Blanca Heredia, Silvia Giorguli y Diego Valadez tienen una amplia trayectoria académica y un prestigio reconocido por todas las fuerzas políticas.
Luego llegó la titular de la CNDH y corrompió, con impericia y tremenda irresponsabilidad, un proceso que apenas comienza. Primero envió a la Jucopo un oficio que proponía a Carla Humphrey como integrante del Comité Técnico, lo que obligó a la propia aludida a aclarar públicamente que ella, en realidad, aspira a ser consejera y no parte del comité que la evaluará. Segundo, porque el anuncio no lo hizo la ombudsperson como titular de la CNDH, sino el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Tercero, porque tanto en el oficio fallido como en el que lo sustituye, en donde ahora se pone a Sara Lovera en lugar de Carla Humphrey, se propone a uno de los defensores y voceros más reconocidos de la 4T: John Ackerman.
El problema de fondo es mucho más grande que el ego de Ackerman. Solo diré que una persona que funge como consejero del instituto de formación política de un partido político, en este caso Morena, está muy lejos de tener un perfil idóneo para integrar el Comité Técnico. Que tenga voz y voto para decidir cuáles son los mejores perfiles para ser consejeros electorales del INE es mala señal, porque se trata de la misma institución que organizará las elecciones en las que participarán como candidatos los mismos cuadros que él hoy adoctrina (¿querrá también hacerlo con quienes busquen ser consejeros del INE?).
Por eso, me parece que hay que poner la lamentable decisión de la CNDH en un contexto mucho más amplio. Primero, como consecuencia lógica de haber atropellado en primera instancia la propia autonomía de la CNDH mediante una designación impresentable que resultó, ironías de la vida, de un minifraude electoral en el pleno de la Cámara de Senadores, en noviembre pasado. Se trata de un caso ilustrativo del efecto dominó, en donde la primera pérdida de autonomía y legitimidad tiene consecuencias encadenadas, no solo en yerros declarativos, sino en decisiones que violentan los mismos derechos que la Comisión debe tutelar. Desde su nombramiento al frente de la CNDH, Rosario Piedra ha dado de qué hablar por las peores razones posibles. Comenzó negando que en México sean asesinados periodistas y apenas hace unas semanas acicateó la ira de organizaciones civiles al minimizar el número de feminicidios que se han registrado bajo el sexenio de López Obrador o la falta de medicamentos para niños con cáncer.
En segundo lugar, la decisión debe leerse en el contexto de la “verdad histórica” en torno a un supuesto fraude en la elección de 2006, sobre la que se ha construido el trayecto épico del presidente López Obrador. El relato de esta “verdad” va también aparejado a la idea de que los organismos autónomos son una anomalía del estado mexicano y que solamente oponen resistencia al cambio y, en consecuencia, son un foco de corrupción ya no digamos administrativa, sino esencialmente moral. Es esta idea la que anima a los defensores del gobierno a declararse contra la autonomía como si esta fuera la fuente del, para ellos, “descrédito” del INE.
Morena se ha convertido en la versión recargada del viejo autoritarismo priista. Sin embargo, sus más férreos defensores aceleran un proceso autodestructivo, ese sí muy distinto al instinto de supervivencia priista. Miran iracundos al pasado al mismo tiempo que son incapaces de administrar el presente y, peor aun, de proponer un futuro. Es dentro de esta narrativa que hoy, más que un asalto al INE, se comienza a perfilar lo que parece un ajuste de cuentas hacia quienes no han querido aplaudir ni festejar las piruetas de Palacio Nacional. No olvidemos que el rencor es el principal resorte de la maldad.
Por lo pronto, las bancadas del PRI, PAN y PRD han cuestionado la integración del comité. Resta verificar si se trata de un descarrilamiento irremediable o si el proceso aun puede salvarse, a pesar de todo.
es investigador del CEIICH-UNAM y especialista en comunicación política.
