La salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el forcejeo alrededor de los libros de texto se ha leído como un pleito administrativo o como una disputa ideológica. Pero la pregunta relevante no es si un funcionario se va o se queda. La pregunta es: ¿qué criterio organiza hoy la escuela pública mexicana?
Durante años, el eje del sistema fue el aprendizaje medible. Con todos sus defectos, la discusión giraba alrededor de resultados: lectura, matemáticas, permanencia escolar, profesionalización docente. Había planes publicados, evaluación institucional, concursos abiertos para ingreso y promoción. La prueba PISA era incómoda, pero era referencia. No era un sistema justo ni perfecto, pero tenía un norte reconocible: el aprendizaje importaba.
Hoy el criterio se ha desplazado. Desaparecieron los organismos de evaluación. La formación docente se redujo a cifras simbólicas: el presupuesto destinado a ese rubro, dividido entre el magisterio nacional, representa apenas decenas de pesos por maestro. Los libros precedieron a los programas. El debate dejó de centrarse en cuánto y cómo aprenden los niños y comenzó a girar alrededor de quién escribe la historia y qué relato debe transmitirse.
De acuerdo con Aurelio Nuño, ex secretario de Educación (2015-2017), hoy hay alrededor de 1.5 millones de alumnos menos que en 2018; la cobertura cayó en todos los niveles; en PISA 2022 México retrocedió 14 puntos en matemáticas; menos del 1% de los estudiantes alcanza niveles avanzados en lectura y apenas 2% en matemáticas. No son sus opiniones, son indicadores públicos.
Pero el problema no comienza con el dato. Comienza cuando el dato no provoca reacción social.
Cuando el criterio cambia, la escuela cambia por dentro. Antes, con todas sus limitaciones, un maestro sabía qué debía lograr en cada grado escolar. Sabía que la aritmética no era opcional porque de ella dependía el álgebra; que sin comprensión lectora no hay pensamiento crítico; que había una secuencia acumulativa que no podía romperse sin consecuencias. La evaluación no era perfecta, pero enviaba una señal clara: el aprendizaje importaba.
Hoy esa señal es más difusa. Si el sistema no mide con claridad, si no hay consecuencias institucionales por el rezago, si la conversación pública no gira alrededor de resultados concretos, el maestro se queda solo. El alumno puede avanzar de grado sin dominar lo básico y nadie –más allá del propio docente– asume responsabilidad estructural. El problema no es abstracto: se ve cuando un adolescente no puede resolver un ejercicio simple o cuando un joven no distingue un hecho de una opinión. No es un debate ideológico. Es un problema de criterio operativo.
Sería cómodo atribuir todo a la decisión gubernamental del sexenio pasado. Y en parte lo es: hubo una redefinición deliberada del eje del sistema. Pero esa explicación es incompleta. El deterioro educativo actual no solo es consecuencia de López Obrador; es también resultado de no haber convertido el aprendizaje en una causa social compartida. Y esto antecede por mucho al expresidente.
Entre 2013 y 2018 se construyó un andamiaje técnico alrededor del aprendizaje. Se introdujeron reglas impersonales y se debilitó el régimen clientelar. Eso fue relevante. Lo que no se logró fue algo más difícil: legitimidad social. ¿Esta ausencia era responsabilidad exclusiva del gobierno? No lo creo.
Hablamos de evaluación en lenguaje técnico. La defendimos como política pública, no como una garantía concreta para que cada niño aprendiera lo que necesita. La conversación pública giró más en torno al conflicto laboral que en torno a la lectura y las fracciones. Creímos que bastaba con tener razón técnica. Nos equivocamos.
Y aquí conviene una pregunta incómoda para quienes criticamos el rumbo actual. Si el proyecto que hoy gobierna ganó elecciones con un criterio distinto al nuestro, ¿por qué suponemos que habría de gobernar con el nuestro? Si la mayoría no defendió la evaluación cuando desapareció, ¿qué nos hace pensar que defendería su restauración mañana? El problema no es solo el instrumento desmontado, sino la incapacidad de convertir el aprendizaje en una causa más allá de un círculo técnico.
Ese vacío no fue neutro. Permitió que el eje del sistema se cambiara sin resistencia social. Cuando el aprendizaje no es causa común, la escuela puede organizarse alrededor de otra cosa: la lealtad al gobierno en turno, la repetición del relato oficial –que presenta al pasado como corrupción y al presente como redención–, la identificación política con Morena o la expansión de becas y programas sociales como sustituto de resultados. Entonces deja de estar orientada al aprendizaje y se convierte en una estructura al servicio del poder. Y cuando eso ocurre, deja de formar personas capaces de pensar por sí mismas.
El deterioro educativo no es un fenómeno aislado. Una sociedad que no exige aprendizaje difícilmente exigirá límites al poder. Cuando se debilita la capacidad de distinguir un dato de una opinión, también se debilita la posibilidad de sostener una conversación pública libre. La democracia puede conservar elecciones y procedimientos, pero pierde ciudadanos capaces de deliberar con criterio propio.
Por eso la discusión sobre libros o funcionarios es secundaria. Una sociedad puede corregir un mal libro. Lo que no puede permitirse es perder el acuerdo básico sobre lo que la escuela debe garantizar: que un niño de tercero de primaria lea con comprensión; que una adolescente entienda proporciones y fracciones; que un joven sea capaz de distinguir un hecho de una opinión. Eso no es tecnocracia. Es ciudadanía básica.
Si la crisis fuera solo institucional, bastaría con otra reforma. Pero el problema es más profundo: el aprendizaje nunca se convirtió en conversación pública sostenida.
La tarea es concreta y no empieza en el escritorio oficial. Empieza cuando las familias exigen saber qué y cuánto están aprendiendo sus hijos. Mientras la educación no se vincule con lo que de verdad preocupa a las personas –la inseguridad, el empleo, la corrupción, el futuro de sus hijos–, seguirá siendo un asunto técnico y no una causa social.
Recuperar el aprendizaje como eje implica hacer visibles metas claras por grado escolar, publicar resultados comprensibles, explicar cómo la lectura protege frente a la manipulación y cómo las matemáticas abren oportunidades reales de empleo. Implica que universidades, medios y sector privado hablen de aprendizaje con la misma insistencia con la que hablan de violencia o crecimiento económico.
Solo cuando esa conexión es evidente, la escuela deja de ser política sectorial y se convierte en asunto de todos.
Aprender nos une, si somos capaces de convertirlo en esa causa. ~
