El chiste de peor gusto en el caso de Cassandra Vera es la sentencia que la condena a un año de prisión por trece tuits humorísticos sobre el asesinato de Carrero Blanco. Una democracia liberal ha mandado a la cárcel a alguien por hacer chistes malos.
Aunque la sentencia no es firme y aunque normalmente esa condena no conlleva el ingreso en prisión, resulta obscena. En los últimos tiempos se han producido otros casos parecidos en España: una quema de la imagen de Juan Carlos de Borbón se sancionó con 2.700 euros de multa, el cantante César Strawberry fue condenado a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, otros tuiteros han sido condenados o procesados. La balanza no siempre cae del mismo lado, y en otras ocasiones ha sido la izquierda la que ha pedido que se emprendan acciones contra obispos que pronuncian homilías homófobas o contra la campaña de Hazte Oír. Un efecto secundario es que estas tendencias censoras acaban convirtiendo en mártires de la libertad de expresión a grupos y personas desagradables.
Mucha gente parece interesada en evitar que circulen las palabras e ideas que no le gustan. Pero, por supuesto, son las ideas y palabras que no gustan a alguien las que requieren la protección que ofrece la libertad de expresión. Y, por otra parte, esta protección se ofrece al margen del valor de lo que se enuncia: defender el derecho a emitir una opinión no significa que coincidamos con ella, ni que esa opinión esté protegida de la crítica, la refutación o el escarnio. Como ha escrito Germán Teruel, “el reconocimiento de la libertad de expresión conlleva que haya ciertas manifestaciones expresivas odiosas, dañinas o peligrosas socialmente que van a estar amparadas constitucionalmente”. La libertad, sostenía Teruel, exige responsabilidad, respeto e indiferencia.
En el caso de Cassandra Vera el artículo que se aplica (el 578 del Código Penal) tiene, para algunos expertos, aspectos discutibles. Parece además pensado para combatir otra cosa: una actividad terrorista dotada de órganos de propaganda y capacidad de movilización social. A Vera, como a otros, se les aplica una legislación originalmente diseñada para solucionar problemas diferentes. A menudo, no se está empleando para combatir el terrorismo, sino para procesar y condenar a gente que dice estupideces en Twitter. Casos como este, como ha escrito Tsevan Rabtan, tienen el efecto de deslegitimar las medidas contra la justificación y el enaltecimiento del terrorismo en general.
Este ejemplo resulta especialmente llamativo: la víctima del terrorismo era también el presidente del gobierno de un dictador. Y el atentado (donde hubo otras víctimas, dos de ellas mortales) se produjo hace más de cuarenta años, mucho antes de que naciese Vera. Los asesinos se beneficiaron de la ley de amnistía. El magnicidio es un momento icónico de la historia de España. Como muchos hitos puede sufrir una cierta despersonalización y es objeto de reinterpretaciones, frecuentemente frívolas e insensibles. Intentar evitarlo produce injusticias. Si se hiciera de forma eficaz, el resultado sería una sociedad donde no se podría hablar de muchas cosas.
También, como ha explicado Miguel Ángel Presno Linera, a propósito de casos como el de Strawberry y Vera, “resulta incomprensible jurídicamente que no se tenga en cuenta el ‘contexto’ en el que se emitieron; en el primer caso, el Tribunal Supremo revocó la absolución acordada por la Audiencia Nacional – ‘No se ha acreditado que César [Strawberry] con estos mensajes buscase defender los postulados de una organización terrorista, ni tampoco despreciar o humillar a sus víctimas’- y le condenó entendiendo que la finalidad de sus mensajes no era relevante y que lo que había que valorar era lo que, realmente, había dicho”. Estas interpretaciones tampoco tienen del todo en cuenta la forma en que funcionan las redes sociales. Las redes no pueden ser un lugar sin ley y la libertad de expresión siempre está regulada, pero también se debe tener en cuenta el tipo de comunicación que se establece en ellas: el uso expresivo, los efectos que se pueden o desean conseguir. Leer algo sin atender al contexto, no dar valor a la intención y no discriminar entre lo que se dice en serio y lo que se dice en broma es leerlo mal.
Las expresiones que producen estas condenas son reprobables, pero este tipo de respuestas legales tienen efectos más amplios. También sirven para amedrentar: para empobrecer nuestra conversación y nuestra democracia, y para hacernos menos libres a todos.
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).
