Después de tres días de negociación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, ambos países llegaron a un acuerdo el pasado viernes para evitar el incremento en los aranceles a las importaciones de productos mexicanos y frenar la migración centroamericana. En un evento realizado la tarde del sábado en Tijuana, el presidente López Obrador declaró en tono festivo que “Ayer se impuso la política sobre la confrontación y debo reconocer que hubo voluntad para buscar una salida negociada al conflicto de parte del presidente Donald Trump y de sus principales colaboradores. Al presidente Donald Trump no le levanto un puño cerrado, sino la mano abierta y franca, y le reiteramos nuestra disposición a la amistad, el diálogo y la colaboración”. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard destacó: “No habrá tarifas y salimos con la dignidad intacta”.
Sin embargo, el sabor de la victoria se tornó amargo cuando la mañana del 10 de junio, el presidente Trump mencionó que se había firmado y registrado otro acuerdo sobre seguridad y migración que más adelante el gobierno mexicano revelaría porque requería la aprobación del Congreso. Agregó que, en caso de no cumplirse, volvería la amenaza de los aranceles a productos mexicanos. Ante estas declaraciones, Ebrard afirmó que no hay ningún acuerdo secreto entre los dos países.
La estrategia que se presentó la noche del viernes consiste en enviar 6 mil elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala, aumentar los puntos de control a migrantes a lo largo del país y recibir a los solicitantes de asilo en lo que los Estados Unidos resuelven su situación migratoria. El gobierno mexicano proveerá empleos, servicios educativos y médicos. Por su parte, el gobierno estadounidense se comprometió a acelerar los procesos de asilo y a impulsar las acciones planteadas en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica elaborado por la CEPAL para atender las causas de la migración. En 45 días se revisarán los resultados de la estrategia y, si no se han reducido el número de migrantes, se plantearía la posibilidad de que México se convierta en un “tercer país seguro”, como el vicepresidente Mike Pence informó la tarde del 9 de junio.
A pesar de que Trump y López Obrador han celebrado la negociación, un clima de duda permea sobre los términos que pactaron ambos países y sus implicaciones. El peso se recuperó y los mercados internacionales se mostraron más tranquilos luego del anuncio de acuerdo. Sin embargo, para Soumaya Keynes, editora de The Economist, algunas compañías que operan en ambos países perciben incertidumbre al no existir las garantías de que más adelante no se impondrán aranceles a sus productos. A diferencia de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, donde ambas naciones poseen economías sólidas, la maniobra del gobierno de Trump es interpretada como un abuso a una nación cuya economía depende de su vecino del norte. De la misma opinión es Pascal Lamy, ex director general de la Organización Mundial del Comercio, quien dijo que la “toma de rehenes” le funcionó a Trump, en alusión a que sus acciones van en contra de la diplomacia internacional y los reglamentos de la organización. Aunque el economista francés reconoció que la posición del gobierno mexicano era complicada, opinó que, al ceder, el gobierno mexicano está abriendo las puertas a futuras amenazas tarifarias. Nancy Pelosi también cuestionó el triunfalismo de Trump al señalar que “las amenazas y los berrinches no son una manera de negociar la política exterior” y que obligar a los migrantes a solicitar asilo en México mientras esperan entrar a Estados Unidos viola sus derechos. En México, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, señaló que la soberanía y la dignidad del país han sido lastimadas y que el gobierno de López Obrador tiene mucho qué explicar sobre los términos del acuerdo. El empresario Claudio X. González cuestionó la actitud del gobierno mexicano en sus redes sociales: “No recuerdo un gobierno mexicano más sujeto a los caprichos y vaivenes políticos en EE.UU. […] Vaya sacudida de ‘real politik’ la que se ha llevado un gobierno que presumía de ‘soberanía’”.
En un artículo publicado en el New York Times, se reveló que los acuerdos alcanzados la semana pasada en realidad fueron pactados en marzo por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la ex secretaria de Departamento de Interior de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. Además de la presencia de la Guardia Nacional a lo largo del territorio nacional para impedir el paso de los migrantes, ambos países se comprometieron entonces a expandir el Protocolo de Protección a Migrantes, el cual establece que los migrantes que entren a los Estados Unidos a través de su frontera sur podrán regresar a México mientras se realizan sus juicios migratorios. Por lo tanto, no existió ninguna novedad en el acuerdo migratorio recién firmado.
México ya inició su estrategia para reducir la migración centroamericana y evitar regresar a las mesas de negociación en 45 días, con la creación de una comisión especial para la atención de asuntos migratorios y el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur. En una conferencia de prensa celebrada la tarde del martes, el canciller Ebrard comentó: “Nosotros confiamos en tener éxito”.
Para conseguirlo será necesario incrementar el presupuesto para programas relacionados con la atención de migrantes. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que los centros de detención a migrantes ahora se convertirán en albergues y se implementará un programa de renta de viviendas para que los migrantes puedan tener dónde quedarse. A su vez, el registro migratorio estará a cargo de militares. El presidente aseguró que los recursos para este programa provendrán de la venta del avión presidencial, calculada entre 130 y 150 millones de dólares. Por su parte, el presupuesto del gobierno estadounidense para el hospedaje y cuidado de refugiados supera los 2 mil 800 millones de dólares.
La relación bilateral con Estados Unidos ha sufrido momentos de tensión desde el siglo XIX, con la guerra entre ambos países que concluyó con la cesión del territorio que actualmente corresponde a California, Nuevo México, Arizona, parte de Colorado y Nevada, hasta la amenaza de la construcción del muro fronterizo por parte del gobierno de Trump. Sin embargo, se han logrado algunos pactos que han permitido a ambos países atender problemas comunes, como la inseguridad y el narcotráfico. Por ejemplo, la Iniciativa Mérida, firmada entre los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón en 2008. En dicho convenio, el gobierno estadounidense se comprometió a destinar recursos para combatir el tráfico de armas y drogas en México. El programa fue severamente criticado por organismos no gubernamentales por considerar que violaba derechos humanos e incrementaba la ola de violencia. A una década de su implementación, un análisis de Insight Crime muestra que ha sido inefectiva para atacar dos obstáculos a la seguridad en México: la corrupción y la violencia. El presidente López Obrador declaró que en su administración ya no se utilizarían los recursos para ese programa, sino para el desarrollo de las comunidades en el sur del país y en Centroamérica. Pero su continuidad no ha quedado clara a raíz del nuevo acuerdo migratorio.
Bajo los términos pactados hace una semana, México aceptaría frenar a los migrantes incluso antes de que entren a su territorio. En caso de fracasar y que las autoridades fronterizas estadounidenses detengan a más de 132 mil 887 personas en la frontera con México, Trump amenazó con medidas más severas que la imposición de aranceles graduales a productos mexicanos. En caso de que en 45 días se reanuden las negociaciones, el canciller Ebrard y su equipo ya preparan una estrategia, cuyas condiciones no han querido revelar. Por lo pronto, la ratificación del T-MEC parece estar a salvo, así como el comercio entre ambos países. Aunque, en la opinión de León Krauze, el precio a pagar ha sido una vuelta a las políticas migratorias punitivas y la aceptación de miles de potenciales refugiados sin contar con recursos suficientes. Desde esta perspectiva, los motivos para celebrar son pocos.
Con investigación de Karla Sánchez.
