Ayer volví por primera vez en una semana a algunos de los edificios colapsados y a otros tantos que resultaron seriamente afectados por el sismo del 19 de septiembre. Mi primera impresión fue que estaba frente a una tragedia encapsulada, porque todo a su alrededor empieza, o por lo menos eso aparenta, a volver a la normalidad: vi corredores a lo largo del circuito de Ámsterdam pasar frente a lo que queda del edificio que hacía esquina con la calle de Laredo sin siquiera inmutarse; en donde estaba el edificio de Torres Adalid y Miguel Negrete ya solo queda un terreno bardeado con triplay, y los paseadores de perros en la colonia Narvarte sortean hábilmente las cintas de protección civil para que nada ralentice su paso.
Pero después me di cuenta que los que están encapsulados son los que creen que la normalidad llega levantando los escombros, mirando para otro lado cuando se pasa frente a un edificio agrietado, evitando las calles cerradas, bardeando los terrenos o dividiendo a los damnificados porque cada caso se tratará de manera individual.
Es cierto que no podemos vivir en un estado de emergencia permanente, pero este temblor no acaba hasta que se nombren a todos los responsables de los actos de corrupción y negligencia que provocaron la muerte de centenas de personas y la pérdida total o parcial de su patrimonio. Todos los casos son igualmente indignantes, pero menciono dos al vuelo:
I. El helipuerto en la colonia Condesa (Nuevo León 238): Los vecinos de los inmuebles aledaños denunciaron su construcción en noviembre del año pasado. En enero de este año la PAOT inició una investigación de oficio que tres meses después concluiría que “el uso de suelo para helipuerto se encuentra prohibido”. Hubo una clausura, que por supuesto no impidió que se siguiera trabajando en la construcción, una promesa de demolición, ¡y un amparo contra esa demolición! Hoy, tras el sismo, más de cincuenta familias están desalojadas a causa de esta cadena de omisiones y negligencias. Mientras, la Dirección General Jurídica, el Instituto de Verificación Administrativa y el Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc intentan zafarse de su responsabilidad.
El edificio de Nuevo León 238, en la Colonia Condesa, contaba con 8 pisos y un helipuerto al momento de colapso. #EnPunto con @DeniseMaerker pic.twitter.com/WfIoQQVOLi
— Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 4 de octubre de 2017
II. El Colegio Rébsamen saldó una clausura por construcción irregular con una multa de 21 mil pesos. Animal Político ha documentado espléndidamente esta historia de corrupción, documentos falsos y autoridades con respuestas esquivas que le costó la vida a 26 personas, 19 de ellos menores de edad.
La delegación Benito Juárez, en la que vivo desde hace varios años, ha levantado la voz, indignada por los acontecimientos, y ha prometido “demandar la reparación del daño a los afectados, y sancionar a los responsables por engañar a la autoridad y utilizar materiales de construcción de mala calidad”. ¿Se dan cuentan de lo que pretenden hacer? Ellos no fueron responsables de nada, ya se lavaron las manos; a ellos, la autoridad, los engañaron. Casi son otros damnificados. Mientras tanto, publican una lista de edificios colapsados y en “alto riesgo” pero omiten las acciones que van a derivarse de eso. Si tu edificio está clasificado como alto riesgo y ya está evacuado, ¿qué sigue? ¿Alto riesgo significa que tiene remedio? ¿El remedio lo va a implementar la delegación o los vecinos deben organizarse para ello? La delegación suspendió todas las labores de obras. ¿Con esa suspensión vigente los vecinos de inmuebles de alto riesgo pueden apuntalar sus columnas? ¿Si vives a lado de unos de estos inmuebles también estás en “alto riesgo”? Imagino que la autoridad sabe que los edificios en alto riesgo no van a implosionar sin afectar a las construcciones aledañas.
El #19s no termina. Hagamos ahora temblar a las autoridades del gobierno de la ciudad de México y de nuestras delegaciones.
Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.
