Cuando hablamos de redes sociales en México, Facebook es la preferida. Según la Asociación Internet.mx, 95% de los internautas mexicanos la usan, lo que quiere decir que casi 70 millones de usuarios conforman un imponente mercado para la empresa de Mark Zuckerberg.
En los 14 años de existencia de esta plataforma, los mexicanos conectados han trasladado a Facebook parte de su vida afectiva, productiva y cívica, que diluye los entornos físico y digital, pero también los del trabajo con el ocio, haciéndola parte de la vida cotidiana en una suerte de continuum a través de los dispositivos móviles que llevamos prácticamente adheridos al cuerpo.
Por eso las campañas electorales en México se han trasladado a las redes sociales como campo de disputa electoral, desplazando en buena medida a la televisión y a otros medios. Si en la era televisiva la comunicación política cobró forma de spot, ahora las etiquetas (hashtags) son el anclaje de significados políticos.
No es pues una sorpresa que el Instituto Nacional Electoral haya firmado un acuerdo con Facebook toda vez la centralidad de la empresa como mediadora ineludible de la actividad política. Sin embargo ¿qué alcances puede tener el acuerdo anunciado? El convenio de colaboración contempla cursos para funcionarios, medios y organizaciones civiles; la transmisión de los debates presidenciales por Facebook Live; y la difusión de material para estimular la participación ciudadana, pero llega cuando Facebook enfrenta las críticas más severas en su historia.
La ley electoral no contempla la regulación de las redes sociales, de esta forma Facebook solo manifiesta su intención, mas no obligación de cumplir con el convenio que no prevé nada en relación con las noticias falsas; mientras que el INE se compromete a darle a Facebook los resultados de la votación en tiempo real, sin especificar condiciones. El acuerdo significa tráfico y atención de usuarios para la red social. Qué gran acuerdo para Facebook, una compañía extranjera con intereses comerciales, que no especifica qué hará en su plataforma con esa información de interés público, ni aclara el destino de los datos producto de las interacciones asociadas a nuestros perfiles y que la red es especialista en comercializar (likes, shares, comentarios, etc). En cambio, qué mal acuerdo para el INE que además de ir contra lo que se debate a nivel internacional, solo contará con las buenas intenciones de Facebook.
La empresa nunca había sido tan cuestionada por servir de plataforma para la dispersión de discursos radicales y noticias falsas que vulneran a las democracias, polarizan y engañan a los ciudadanos. El 31 de octubre de 2017, Facebook, junto con Google y Twitter, fueron requeridas por el Senado de los Estados Unidos para dar explicaciones y buscar soluciones ante la intromisión rusa en las elecciones de 2016 a través de sus respectivas plataformas. “Se trata de un asunto de seguridad nacional del siglo XXI”, dijo al introducir la comparecencia el Senador Lindsay Graham en una sesión en la cual quedó de manifiesto que Facebook, si bien de manera no dolosa, recibió publicidad mediante las cuentas falsas creadas por la Agencia de Investigación de Internet, ligada al gobierno ruso. Aunque el representante de Facebook, Colin Stretch, señaló que el volumen de propaganda fue equivalente a 0.004% del total del contenido, 126 millones de ciudadanos pudieron haber estado expuestos.
A diferencia de Estados Unidos, en donde predomina el ánimo de colaboración con las empresas tecnológicas, Alemania es el país que ha adoptado medidas más severas en cuanto a los alcances de esta colaboración. Este año comenzará a multar a Facebook, Google y Twitter si no retiran los discursos de odio y radicales de sus plataformas; Francia y Gran Bretaña han amenazado con medidas similares. El presidente de Francia Emmanuel Macron manifestó a principios del año su intención de prohibir las noticias falsas en periodos electorales y de obligar a las empresas tecnológicas a removerlas y a declarar el origen del financiamiento obtenido por estas.
Sería injusto dejar de señalar los esfuerzos de las empresas por perfeccionar algoritmos y redoblar esfuerzos humanos para atajar el problema, el cual está lejos de estar resuelto, tan es así que en declaraciones sin precedente directivos de Facebook asumieron públicamente que las redes sociales pueden ser negativas para la democracia. Este año Mark Zuckerberg anunció cambios en el algoritmo para priorizar noticias de amigos por encima de medios y marcas, además de que se preguntaría a los usuarios en una encuesta sobre la confiabilidad de los sitios.
En este escenario de crecientes cuestionamientos a la empresa tecnológica la máxima autoridad electoral de México firmó un convenio del cual podemos esperar muy poco al no considerar ninguno de los puntos más controversiales del papel de la red social en las campañas. ¿Cuál es el volumen de información falsa al que los ciudadanos están siendo expuestos? ¿Qué herramientas tienen los mexicanos para denunciar las noticias falsas? ¿A qué se compromete la empresa en este tenor más allá de capacitar a funcionarios y medios?
Un complejo tema es el volumen de recursos que estarían siendo invertidos en la red social por sitios que fabrican propaganda que pretende radicalizar el discurso y articular cámaras de eco, las cuales cancelan todo tipo de debate informado al favorecer que solo interactuemos con quienes piensan igual que nosotros y que son propicias para anidar la polarización.
Basta navegar por Facebook para constatar la presencia de sitios anonimizados que radicalizan el discurso en contra de un candidato o candidata que busca la presidencia de México y que registran miles de seguidores.
El INE está lejos de poder resolver tan complejo tema por sí solo, sobre el cual no hay regulación y la cual, a pesar de todo, sería un camino riesgoso para la libertad de expresión y lleno de obstáculos de orden jurídico. El fenómeno de las noticias falsas es transnacional, esquivo y de difícil contención mediante leyes nacionales. Lo que resulta urgente es una discusión pública sobre el papel de las empresas tecnológicas en la democracia mexicana, no cursos de capacitación y mucho menos ofrecerle a Facebook los resultados de la elección en tiempo real. Por ahora, la colaboración amplia y multisectorial parece ser el camino más sensato y posible. Medios, academia, gobierno, partidos y sociedad civil de manera conjunta con las empresas tecnológicas, podrían emprender una cruzada nacional contra la desinformación como lo hizo Francia ante su proceso electoral el año pasado. Si bien Facebook es central en el ecosistema digital, éste está compuesto por otras compañías relevantes como Google y Twitter cuya participación en la contención de este fenómeno es imprescindible.
Las noticias falsas están lejos de ser una invención de las redes sociales. Detrás de su fabricación hay intereses políticos de todas las filiaciones. Los políticos prefieren la falsedad para no enfrentar la verdad sobre casos de corrupción e ineficiencia, escribe con razón el periodista James Ball en su libro Post Truth sobre las noticias falsas en Gran Bretaña y Estados Unidos; una realidad presente en otros contextos como el nuestro.
A los mexicanos nos gustan las redes sociales, 64% de la población total las usa; para ponerlo en perspectiva, de acuerdo con la consultora We are social, Estados Unidos, que es el país con más usuarios de redes sociales en el mundo, registra una penetración de 99% y Japón 56%. México constituye un gran mercado para las empresas tecnológicas y de esa dimensión debería ser su compromiso con la promoción de la vida cívica. Más allá de que Facebook capacite a funcionarios del INE, transmita los debates e implemente un megáfono para llamar a votar el primero de julio, es tiempo de acuerdos amplios y multisectoriales para salvar la democracia.
Investigadora de medios, Internet y cultura digital
