La línea 12 del Metro de la Ciudad de México nació con una enfermedad degenerativa. Anunciada como la gran obra del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, la obra costó 26 mil millones de pesos, 47.9% más que los 17 mil 583 millones estimados al inicio del proyecto, recursos aprobados por su entonces secretario de Finanzas y hoy presidente nacional de Morena, Mario Delgado.
Había pasado poco más de un año de su inauguración cuando el servicio de 11 de sus 20 estaciones debió ser suspendido debido a distintas fallas y a un problema de compatibilidad detectado entre las ruedas y los rieles, que generaba un riesgo de descarrilamiento de los trenes. Los trabajos de rehabilitación efectuados durante la gestión de Miguel Ángel Mancera se llevaron más de 20 meses y costaron más de 1,100 millones de pesos, aunque una vez concluidos, funcionarios del propio Sistema de Transporte Colectivo reconocieron que la línea había nacido “con problemas endémicos que no se van a solucionar nunca en su vida” y que requeriría mantenimiento “de una manera permanente”.
En 2015, una comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar las irregularidades en la línea 12 concluyó que se cometieron al menos cinco delitos en su construcción, que incluían peculado, pagos indebidos y uso indebido del ejercicio público, al tiempo que pidió iniciar investigaciones para establecer posibles responsabilidades de Ebrard, Delgado y el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.
En medio de los procesos iniciados por las irregularidades en la construcción de la “línea dorada”, que derivaron en sanciones contra 33 funcionarios de su administración, el hoy secretario de Relaciones Exteriores buscó la protección del fuero mediante una diputación plurinominal, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le negó la candidatura por violentar las reglas. Fue entonces que salió del país en un viaje que debía durar tres días y se convirtió en un exilio de más de dos años, que Ebrard atribuyó a una campaña de desprestigio en su contra promovida por su sucesor, el propio Mancera.
El desplome de un tramo elevado de la línea 12, una enorme tragedia que cobró la vida de 25 personas y dejó a otras 79 lesionadas, pudo tener su origen en una falla estructural en la construcción. Pero debe considerársele uno más de los numerosos y cotidianos actos de negligencia, que pasan por alto fallas constantes derivadas de los sistemas obsoletos con los que opera este sistema de transporte, y que apenas en enero quedaron exhibidas con el incendio en el puesto central de control del Metro que dejó sin servicio las líneas 1, 2 y 3 durante varias semanas.
Antes, ya se habían presentado el choque de trenes en la estación Oceanía de la línea 5 y en la estación Tacubaya de la línea 1. El absurdo ha llegado a extremos como que, ante el fallo de los tableros electrónicos que controlan la circulación de los trenes para evitar alcances y colisiones, los trabajadores del Metro han debido recurrir a controlar el tránsito de los convoyes a ciegas y con post-its.
La crisis del Metro se hace evidente en su presupuesto, que no ha hecho más que disminuir desde que Claudia Sheinbaum llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Si en la administración pasada los recursos para el Sistema de Transporte Colectivo pasaron de 12 mil 748 millones a 17 mil 548 millones de pesos, en los últimos tres años se le han recortado 2 mil 467 millones 80 mil 563 pesos; es decir, la austeridad le quitó al Metro 1.4 de cada 10 pesos que le se le destinaban antes del cambio de gobierno.
Parte de los primeros deslindes ha pasado por culpar a las empresas que construyeron el tramo que colapsó, así como a Miguel Ángel Mancera, por los avales dados en su administración para que la línea 12 volviera a operar. Claudia Sheinbaum rechaza el “austericidio” que varios analistas ven en el contexto de la tragedia del Metro y niega cualquier autoría en los recortes presupuestales y subejercicios que podrían haberse traducido en falta de inversión en mantenimiento.
El argumento al que no podrá recurrirse esta vez es al de los corruptos gobiernos anteriores y su complicidad con constructoras “buenas para robar”. Los grupos políticos que hoy administran los recursos de la ciudad, y que han estado al frente de ella por poco más de veinte años, fueron parte de esos “gobiernos del pasado”. Por ahora, se escuchan llamados a no politizar la tragedia, a mostrar unidad y sensibilidad. Pero será cosa de días para ver a las figuras centrales de esta historia apuntarse con los dedos, si sospechan que el colapso puede costarles sus aspiraciones políticas.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
