La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel afirma que el PP y el grupo de Correa crearon un “sistema de corrupción institucional”, en el que líderes políticos otorgaban a empresarios contratos públicos inflados y a medida a cambio de regalos y comisiones. El resto del dinero se utilizó para pagar sobresueldos a miembros del partido. Como consecuencia de esta sentencia, la Audiencia ha condenado a 33 años de prisión al extesorero del partido Luis Bárcenas, y a 51 al empresario Francisco Correa. La lista de delitos es larga, e incluye blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad continuada en documento mercantil, estafa procesal y delitos fiscales. Aunque no cumplirán tantos años, ya que el Codigo Penal lo impide (“El máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido”), las penas son muy altas.
Pero lo que realmente ha provocado la moción de censura del PSOE tiene que ver con unos párrafos contundentes sobre la credibilidad del presidente del gobierno: “Los señores Arenas, Álvarez Cascos, García Escudero, Rajoy, etc. niegan […] la existencia de una caja b en el partido. Sin embargo, el Ministerio Fiscal rebate la veracidad de dichos testimonios al indicar -argumentación que comparte el tribunal […]- que se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja b del partido”. Esto implicaría, en cierto modo, que Rajoy miente. Según Tsevan Rabtan, en una ponderada tribuna en El Mundo analizando la sentencia, “los magistrados no creen a los dirigentes del PP, pero no pueden jurídicamente ir más allá, por ser los hechos anteriores a la reforma que introdujo la responsabilidad de las personas jurídicas y por tratarse, en muchos casos, de sospechas, al menos en esta parte de la trama, sobre personas indeterminadas.” Las consecuencias judiciales de la sentencia son muy pequeñas para los mencionados: solo responde el PP, como partícipe a título lucrativo, que tiene que devolver 245.492,80 euros.
Es decir: los jueces saben que el entramado está ahí, pero el proceso para demostrarlo es largo. Como termina Rabtan, “la sentencia del caso Gürtel es otra enorme carretada de estiércol. Sus páginas nos muestran la porquería fluyendo sin obstáculo en los alrededores y dentro del partido. Nos revelan una política de omertá ante la mugre, de ignorancia deliberada.” El PP tiene que responder políticamente. Rajoy tiene que dimitir.
Esto son palabras vacías: Rajoy no dimitirá. Su respuesta ha sido cínica y victimista. En rueda de prensa, con actitud defensiva y arrogante, se preguntó quién reparte los certificados de credibilidad en España, y usó el argumento de la mayor representación parlamentaria para explicar por qué tiene razón. ¿Cómo puede ser culpable si tiene 137 escaños? El PP es un partido desleal a pesar de que proclama las bondades de la moderación y el constitucionalismo. Responde a las agresiones que amenazan su poder con juego sucio, insinuando incluso que si el partido es culpable, los demás también lo son.
El debate sobre la moción de censura le beneficia. Pedro Sánchez planteó su moción sabiendo que difícilmente podría salir adelante. La moción se planteó más como un “imperativo ético” y un intento de mostrar el estado de urgencia actual que como un plan alternativo de gobierno. Es lo que le han reprochado en Ciudadanos, que piden elecciones ya o un presidente independiente que convoque elecciones en otoño.
La intención del PSOE no era en principio ganar la moción sino posicionarse y poner en evidencia a los demás partidos, especialmente Ciudadanos, que recientemente votó con el PP los presupuestos de 2018. Ante la posibilidad de que fracase, Podemos ya ha avisado de que propondrá su propia moción para convocar elecciones inmediatamente. El partido de Iglesias ha perdido completamente su relato. El debate de izquierda caviar sobre el chalet de Iglesias y Montero ha afectado su credibilidad. Es normal que quieran recuperar relevancia.
De pronto estamos en una guerra de mociones que es una guerra de posiciones. Todos necesitan la ayuda de los demás, por simple aritmética, pero hacen como si pudieran actuar solos. No nos acostumbramos al multipartidismo. 213 diputados del total de 350 en el Congreso (un 60%) quiere que Rajoy abandone el cargo, pero no se ponen de acuerdo. Sánchez, Iglesias, Rivera pelean por controlar el relato y quieren salir los primeros en la foto post-Rajoy. Mientras, el presidente hace lo de siempre: definirse a partir de la indefinición de los demás.
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).
